“El Instituto de Acceso a la información está hundido en la opacidad”

La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, es contundente al escoger los adjetivos para describir el momento que está atravesando la institución llamada a garantizar el derecho de acceso a la información pública: es un instituto «pasivo, neutralizado, silenciado y hundido”, dice la funcionaria. Sustenta su señalamiento en el bajo nivel resolutivo que tiene la institución.  «Anteriormente teníamos entre 12 y 16 audiencias a la semana. En estas semanas, en estos meses atrás, tenemos de cinco a cuatro», ejemplifica.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El pleno del IAIP está integrado por cinco comisionados. El año pasado cambió la configuración del mismo con la llegada de tres nuevos comisionados: Ricardo Gómez,  Javier Suárez y Roxana Soriano. Esta renovación marcó un giro, dice Escobar, quien señala que desde entonces se empezaron a tomar decisiones de parte de la mayoría del pleno que no van en sintonía con el derecho de acceso a la información pública. La comisionada acaba de publicar un comunicado en el que denuncia ataques y persecución en su contra por parte de los tres nuevos comisionados que, según ella, buscan presionarla para dejar su cargo. Sobre esos señalamientos habla en esta entrevista y también desmenuza los retrocesos en materia de acceso a la información que percibe en los últimos meses. 

¿Podría hablarnos de la denuncia pública que hizo sobre ataques en su contra?

Yo me he venido posicionando, dando mi opinión y generando un voto disidente dentro del Instituto junto con el comisionado Grégori Rodríguez, quien ha venido marcando posturas en contra de algunas decisiones que han venido en detrimento del derecho de acceso a la información pública. A partir de eso, se han venido una serie de ataques hacia mi persona, ataques y acciones que han consistido específicamente en generar un ambiente hostil para el ejercicio de mis funciones, de hostigamiento, de aislamiento, de decir que no se me entregue información de manera interna, de descrédito, de buscar desacreditar mi trabajo también a nivel interno y externo, y generar acciones para incriminarme con denuncias que vengan a cuestionar mi trabajo dentro del Instituto. 

Todo esto me parece sumamente grave porque se ha venido mostrando que lo que se busca es tener condiciones para que ya no siga el ejercicio del cargo, y por eso me parece sumamente importante denunciarlo en un país democrático, en un país donde hemos sido nombrados cumpliendo los requisitos formales y haciendo todos los procedimientos con base a los principios de máxima publicidad, participación ciudadana, que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Me parecen sumamente graves las acciones que se están haciendo en mi contra.  Reunieron al personal, sin mi presencia, a causa de una entrevista que le concedí a La Prensa Gráfica porque no les pareció el contenido, para desacreditarme, para decirles que yo estoy desestabilizando el Instituto, para decirles que yo filtro información a la sociedad civil y a la prensa, que yo los controlo, incluso, a las organizaciones de la sociedad civil y prensa. Me refiero a las actuaciones del comisionado presidente Ricardo Gómez, del comisionado nombrado por el sector de periodistas Javier Suárez y la comisionada Roxana Soriano, nombrada recientemente por el sector profesionales en diciembre. Ellos tres tienen voto mayoritario del pleno del Instituto y deciden, por ejemplo, cosas sumamente importantes como lo que tiene que ver con cambios de criterios resolutivos, del conocimiento público de las adendas de los informe de probidad, también que tiene que ver con la publicación de la evaluación de desempeño. Yo he venido marcando una posición clara y firme de rechazo de estas decisiones, y de estar en contra de que el Instituto se vaya convirtiendo en una tapadera más de la opacidad que pueden generar algunas instituciones públicas. 

Usted menciona que esos tres comisionados buscan atacarla porque podrían estar velando por otros intereses. ¿Cuáles? ¿Qué señales ha visto al respecto?

Talvez no puedo asegurar, porque no tengo claridad a qué tipo de intereses están respondiendo. Lo que sí tengo claridad, y lo puedo decir de manera rotunda, es que el interés principal es que el Instituto de Acceso a la Información Pública no sea realmente el garante del acceso a la información pública. Desde el momento que un colegiado toma decisiones como no grabar las sesiones de plenos y que no haya un escrutinio público en las sesiones de pleno, desde el momento que un colegiado toma la decisión de no publicar un informe de evaluación de los entes obligados (oficinas de acceso a la información),  desde ese momento va marcando una dinámica donde queda claro que el interés principal no es fortalecer la institucionalidad para garantizar el derecho de acceso a la información, sino que el interés principal es otro.

¿Cuáles han sido las acciones puntuales en su contra?

La situación vino a cambiar desde el año pasado, pero se ha arreciado esa estrategia de desacreditarme, de aislarme, de buscar también incriminarme con denuncias. Desde hace como un mes, más o menos, viene dándose toda esta serie de ataques y se me acusa de que filtro información a la prensa y filtro información a la sociedad civil. Se me incrimina por supuesta denuncia del personal interno, por acoso laboral, o por una supuesta divulgación de datos personales y confidenciales. Toda esta estrategia que se ha venido marcando, obviamente, tiene un objetivo claro que es generar un ambiente de hostigamientos hacia mi persona, pero además de eso generar condiciones para que el ente que nombra, que en este caso es el Ejecutivo, tenga las condiciones para deshabilitarme en el ejercicio de mi cargo.

¿A partir de qué situación comenzó a notar esta persecución?

La entrevista que di a La Prensa Gráfica me generó un problema interno. Me preguntaron cómo veía al instituto y les dije que tiene un nivel resolutivo bajo. No estoy mintiendo: nosotros anteriormente teníamos entre 12 y 16 audiencias a la semana. ¿Cuántas tenemos ahora? En estas semanas, en estos meses atrás tenemos de cinco a cuatro audiencias, las audiencias se suspenden por cualquier razón, a la gente se le dice: «No, discúlpenos. Vamos a suspender, por motivos de agenda». Ya las partes convocadas… ¿Y cuál es el motivo de agenda? Nadie sabe.

 ¿Qué acciones va a tomar ante esta situación que está atravesando?

Obviamente es activar la institucionalidad. No voy a detallar las acciones que puedo hacer, pero sí creo que es importante activar la institucionalidad para hacer estas denuncias. Hay una clara discriminación; hay una una clara violencia hacia mi persona; y, además de eso, hay una limitante al ejercicio de mi cargo, porque aquí el punto es que soy funcionaria pública, soy comisionada, legalmente nombrada con todos los requisitos legales, y eso me habilita a que puedo ejercer el cargo; pero también soy una mujer, y como mujer me han puesto limitantes. Estoy haciendo el análisis de acudir a otras instancias, internacionales o nacionales, para poder hacer el ejercicio de mis funciones.

¿Cómo califica el trabajo del IAIP en este momento? ¿Cómo lo describe?

Me parece que es un Instituto pasivo; un Instituto neutralizado; un instituto silenciado; y un Instituto que, a pesar de sus pocos años y de todos los avances que había tenido, está totalmente hundido. Es un Instituto hundido en cualquier otra cosa, menos en ser el ente garante del derecho de acceso a la información pública.

¿En qué se respalda para hacer esa afirmación?

Una institución garante del derecho a acceso a información en este momento tuvo que haber ya dado algún pronunciamiento sobre todo el tema de la información –que debe ser de acceso público– que tiene que ver con la crisis sanitaria por la Covid-19, porque ante eso estamos ventilando un derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud. El instituto no ha dicho nada al respecto, no ha dicho nada tampoco sobre las denuncias que existen de reservas de información que han ingresado al Instituto. No dice nada tampoco sobre la divulgación de imágenes de personas que están vacunándose, que tienen derecho a ser vacunadas, pero que no deben de ser expuestas ante ningún medio –ni ante nadie–, porque es un derecho, independientemente de quién sea. Tampoco dice nada sobre la protección de la imagen como un dato personal. ¿Qué papel está haciendo el Instituto actualmente? ¿Qué es lo que está haciendo?  ¿Por qué no se publica el informe de evaluación del año pasado?  Allí hay municipalidades. Ahí están otros órganos del Estado. Es como tener la foto de cuáles son los niveles de transparencia que tenemos ahora, no nada más para seguir procedimientos sancionatorios; también es para ver qué se puede mejorar y en qué podrían mejorar las instituciones para garantizar que esos portales de transparencia estén actualizados.

¿Qué papel está haciendo el Instituto? Está totalmente hundido en la opacidad. Es un instituto hundido en la opacidad que, obviamente, al decir eso me genera consecuencias y me comienzan a atacar. Dentro del pleno hay varias  voces en contra, pero soy la más persistente, la que deja constancia, la que tiene apertura con la prensa, porque hay que decir que la prensa pide declaraciones de todos los comisionados y resulta que nadie se las quiere dar. Esa también es una acción que no es de un ente garante del acceso a la información pública, porque un garante tiene una apertura con la prensa, con quien sea. Sea afín, que si le guste o no le guste, porque desde el momento que estás haciendo las cosas de manera legal, de manera correcta, desde ese momento no tenés por qué huirle a la prensa.

¿De quién fue la decisión de no publicar la evaluación de desempeño de las oficinas de información pública?

En noviembre del año pasado, con la configuración de Ricardo Gómez, Javier Suárez, Grégori Rodríguez, Yanira Cortez y mi persona, aprobamos –por unanimidad– las notas del informe de evaluación; las notas, más no así todo el informe, porque hay un informe general y un informe específico para cada entidad que ha sido evaluada y que se les envía. Esos informes todavía no estaban listos en noviembre. Esos informes los presentaron en diciembre. Ya estaba nombrada la comisionada Soriano cuando fueron presentados y alegó que ella acababa de llegar –y era cierto–, que no tenía información al respecto y que no podía aprobar ese informe. En otro momento –porque no es la primera vez que se nombra un comisionado– es que se aprueba por mayoría y la persona que no lo conoce, pues dice que no vota, porque no conoce. Sin embargo, ella propuso que se le diera tiempo para revisarlo. Después de este pleno de diciembre, había un evento público que estaba programado para el 9 de diciembre, que es precisamente el día contra la corrupción. Era un evento que se suspendió. Esa actividad era precisamente para divulgar las notas del informe de evaluación. Esto no era nuevo. No es por este gobierno. Esto se ha hecho con los gobiernos anteriores también. El informe de evaluación, las notas del informe de evaluación eran públicas desde el año 2015. Entonces, el año pasado se decide no publicar. Después de eso, en enero, yo propuse nuevamente retomar el tema y la señora todavía estaba revisando el informe. Me he enterado que ya tuvo algunas reuniones con el equipo, que hasta ahorita no sabemos cuáles son las observaciones a los informes, pero ya pasaron cuatro meses y ese informe no sale y no va a salir. ¿Por qué? Hay un recurso de nulidad que ha interpuesto un ente obligado pidiendo que se deje sin efecto el informe de evaluación, porque alegan que tiene deficiencias, alegan cosas que no son ciertas, que son hasta improcedentes porque ni siquiera está aprobado el informe. Ese es el problema.

A petición de ella, los demás comisionados respaldan la petición de seguir prolongando la publicación del informe. También a petición de ella fue que los plenos no fueran grabados, cuando en otros países los plenos no son solo grabados, son hasta transmitidos en redes sociales. No se entiende o no han logrado comprender que estamos en un Instituto de acceso a la información pública: que su esencia es el principio de máxima publicidad.

Otra decisión que han tomado es que cualquier informe que generen las unidades administrativas debe ser aprobado por pleno. Entonces, ahí está que yo he pedido información de las unidades específicas y me han dado la respuesta de que «por acuerdo de pleno, no pueden entregarme información hasta que el pleno los apruebe». Es absurdo que en un instituto de acceso a la información pública tenga que haber autorización para que me entreguen información, a mí, que soy parte del colegiado.

Mi posición ha sido muy firme y por eso he estado recibiendo una serie de ataques que han caído en una situación de difícil tratamiento. Yo ya tengo temor de toda la persecución que están haciendo. Ya tengo temores también personales. Ya tengo temores profesionales también de todo lo que son capaces de inventar, simplemente, porque les hago estorbo.

¿Teme por su seguridad personal?

Totalmente, porque las actuaciones que veo no son actuaciones de personas profesionales que tengan la capacidad de tolerar una posición disidente, como la mía. Disidente en el marco de la legalidad, en el marco de las funciones que he ejercido. Temo porque no hay tolerancia a esas posiciones. Por el contrario: hay ataques. Arman cosas para comenzar a atacar a nivel interno y a nivel externo. Esos ataques son los que me tienen preocupada. Temo por mi seguridad y la de mi familia porque, por lo que he visto, no estoy tratando con personas profesionales. Y estos ataques se dan en todas las sesiones del pleno, todas las semanas.

 

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