El oficialismo blinda a funcionarios por compras durante la pandemia

Ningún empleado del sector salud o proveedor podrá ser denunciado o demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra la pandemia del Coronavirus. La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Foto FACTUM/ Salvador Meléndez


Con 63 votos y dispensa de trámite, el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó una ley que brinda inmunidad a los funcionarios, proveedores, organizaciones hospitalarias y personal de salud, ante demandas y denuncias judiciales o administrativas en el contexto de la pandemia del Coronavirus. Se trata de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia Covid-19”, que permitirá que el personal de salud esté exento de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial relacionada con tratamientos médicos en el contexto de la pandemia.

La ley también faculta al Ministerio de Salud y demás miembros del Sistema Integrado de Salud  a adquirir por contratación directa tratamientos médicos sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

En su artículo 2, la ley declara la pandemia de Covid-19 de “orden público”, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución de la República. Eso quiere decir que tendrá efecto retroactivo porque aplicará para los casos ocurridos antes de su aprobación.

“La población los colocó acá para que respondieran por sus derechos, no para que vinieran con iniciativas como la que van a aprobar para generar inmunidad y realizar de facto un fuero a sus funcionarios que en el marco de la atención de la pandemia están fuertemente señalados por casos de corrupción”, recriminó la diputada por FMLN, Anabel Belloso, durante la discusión de la ley.

El Gobierno de Nayib Bukele acumula numerosos señalamientos sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia. La Fiscalía General de la República investiga más de $155 millones en compras del gobierno durante la cuarentena.  También investigaciones periodísticas revelaron irregularidades en las compras, como las mascarillas sin certificación adquiridas por $3.8 millones que les fueron entregadas a policías y soldados.

Quien solicitó la modificación de agenda para introducir la pieza de correspondencia, a iniciativa del presidente de la República, por medio del Ministerio de Salud, fue el diputado por Nuevas Ideas, José Urbina, exasesor del ministro Francisco Alabí.

Jorge Castro,  quien también trabajó para Alabí como asesor jurídico, defendió la propuesta: “He escuchado un debate amplio y suficiente, mientras mueren personas. He escuchado también «contratación directa». Me parece increíble que hagan aseveraciones del tipo de contratación. Y óiganlo bien, aquí no está en discusión el tipo de contratación, sino la compra en una situación de emergencia”, dijo el diputado de Nuevas Ideas.

Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, comentó: “Esta discusión se debió haber dado en la Comisión de Salud, en debate amplio, en un debate necesario para dotar al Gobierno de las herramientas y que los procesos sean transparentes. Pero (…) más parece que la finalidad de este decreto  busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver para el manejo de la pandemia”.

Pese a los señalamientos de fondo y de forma, en el pleno legislativo y en redes sociales, la ley fue aprobada con 63 votos. A diferencia de las anteriores iniciativas, esta no fue celebrada con aplausos.  

La fracción legislativa del partido Nuevas Ideas durante la votación en la segunda sesión plenaria, el 5 de mayo de 2021, donde se aprobó reformar la ley de imprenta y blindar la compra de insumos médicos para el gobierno.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez

Reformas a la Ley de Imprenta y Fodes

La Asamblea Legislativa también aprobó con 68 votos, y dispensa de trámite, reformas a la Ley de Imprenta, en su artículo ocho, para que los periódicos que tienen ediciones impresas no gocen de exenciones arancelarias para la importación de materias primas, maquinaria y equipos ni deducciones del impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de esas fuentes. También se incorporaron dos artículos, 16-A y 16-B,  para que se considere defraudación tributaria el uso indebido de esa ley. La iniciativa fue presentada por el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de la bancada del FMLN.

Al final del día, los grupos parlamentarios de oposición se unieron al bloque oficialista cuando se introdujo una propuesta del Ministerio de Hacienda para desembolsar hasta $153 millones de la deuda que tiene el gobierno con las alcaldías municipales a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).
El gobierno de Nayib Bukele cortó la erogación del Fodes desde mayo de 2020, aduciendo la focalización de todos los recursos estatales para contrarrestar la pandemia de Covid-19 en El Salvador. Desde entonces, las 262 alcaldías, o al menos las que captan menos recursos de tasas municipales, cayeron en mora con sus compromisos y las llevó a una crisis financiera bajo la que sus municipios entraron en un deterioro gradual.

Tras las elecciones del 28 de febrero en las que Nuevas Ideas ganó la amplia mayoría en la Asamblea Legislativa y a cinco días de su toma de posesión, los diputados, incluidos los de oposición como Arena, se unieron para darle permiso a Hacienda para el desembolso de una parte del Fodes adeudado.

El FMLN propuso que el dinero del Fodes se priorizara para los municipios más pobres del país y los que, por ende, tienen mayores necesidades. Pero el bloque oficialista, que con Arena alcanzó 78 votos, votó en contra de la iniciativa efemelenista.

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