El acuerto migratorio firmado por los países del Triángulo Norte y Estados Unidos sirve a Donald Trump para amarrar a su base electoral y a los centroamericanos para afianzar sus alianzas con Washington. A los que no sirve para nada es a los migrantes que siguen buscando huir hacia el norte.
Las sanciones vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen de Maduro, señalados por Estados Unidos e investigaciones periodísticas, de expandir economías criminales alimentadas por el petróleo venezolano.
Parecería que la política exterior del nuevo gobierno será una de sumisión hacia Estados Unidos, de aceptación de su tutelaje. Ello no es bueno, presidente electo. Debemos ser socios de Estados Unidos, pero no podemos ser sumisos ante ellos.
No parece ser el mejor momento para el enfoque anticorrupción de Washington para la región: Jimmy Morales tiene éxito esquivando investigaciones, JOH se blindó tras su reelección y Sánchez Cerén puede decir que EUA utilizará el tema para presionarlo por el asunto chino.
Agentes federales de EEUU retuvieron por dos horas a Fred Merino en el aeropuerto de Houston. Es el hermano de José Luis Merino, cuyo nombre aparece en investigaciones del FBI y la DEA.
Desde la Casa Blanca la narrativa oficial proclama que hay seres humanos, ciudadanos estadounidenses, con menos derechos por ser más morenos y porque sus ancestros nacieron en países como El Salvador. Trump cumple un año.
Con la cancelación del TPS y el inicio de la campaña electoral en El Salvador, los mismos reflejos históricos se disparan irracionalmente. De ahí la emergencia de tres mitos que en nada abonan a un enfoque realista de solución.
Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en Estados Unidos, subraya las alternativas que existen de momento para que los salvadoreños adscritos al TPS obtengan la estabilidad migratoria y eviten regresar a El Salvador.
Si el poder legislativo decide no otorgar la estabilidad migratoria, solo quedarán dos caminos para los salvadoreños: retornar a su país o pasar de nuevo a la clandestinidad y quedarse como indocumentados, según Óscar Chacón.
El gobierno quiso jugar con la semántica al intentar vender que el anuncio de la administración Trump no marca el final del TPS para 190,000 salvadoreños sino que es, por el periodo de gracia de 18 meses, un logro gestado en San Salvador.
