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Estados Unidos sanciona a Alba Petróleos

Los señalamientos por corrupción y nexos con el crimen organizado que pesan sobre la petrolera venezolana PDVSA vuelven a enlodar a sus socios centroamericanos. Esta vez en forma de sanciones impuestas desde Washington al conglomerado público privado que  durante más de una década fue patrimonio del FMLN y de José Luis Merino, uno de sus líderes más cuestionados.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas que impusó a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a Alba Petróleos, su filial salvadoreña, según lo confirmó la semana pasada. La nicaragüense Albanisa, también subsidiaria, está incluida en las sanciones.

“Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50% o más”, confirmó por correo electrónico un vocero del Departamento del Tesoro en Washington, el pasado miércoles 5 de marzo.

El 28 de enero pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a PDVSA porque “la empresa petrolera estatal… ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares… para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”.

En ese anuncio, el Tesoro ya advertía que las sanciones podían aplicar a algunas subsidiarias de PDVSA, lo que hoy se confirma en los casos de Alba Petróleos y Albanisa.

Documentos oficiales de la petrolera venezolana establecen que PDV Caribe, una de las subsidiarias de PDVSA, es dueña del 60% de Alba Petróleos, el conglomerado público privado fundado en 2006 en El Salvador bajo el amparo político del FMLN y José Luis Merino, uno de los hombres fuertes del partido de izquierda,  que concluye su segundo periodo al frente del Ejecutivo  el próximo 1º de junio.

En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51% del total de Alba de Nicaragua (Albanisa). Empresas sombrilla vinculadas al régimen de Daniel Ortega son propietarias del otro 49%.

Las sanciones a PDVSA son extensivas a las dos filiales y a otras en el Caribe en virtud de la llamada regla del 50% establecida por OFAC en casos de terceros vinculados a la entidad principal que ha sido sancionada y bloqueada por el gobierno estadounidense. En virtud de esa regla, “cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más de uno a más personas bloqueadas es considerada una persona o entidad bloqueada”.

En términos prácticos eso significa que Alba Petróleos y Albanisa están sujetas a las mismas sanciones que PDVSA. Entre otras cosas, ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con los entes bloqueados ni venderles bienes, servicios o tecnología.

PDVSA ha estado desde hace poco más de una década en el centro de un entramado político y económico regional que incluye consorcios público-privados como Alba Petróleos y Albanisa que, según investigaciones oficiales y periodísticas en varios países latinoamericanos, sirvieron primero como plataforma para expandir la geopolítica antiestadounidense del expresidente Hugo Chávez a través de préstamos blandos para la compra de petróleo venezolano.

Desde 2006, en el caso de Nicaragua, y desde 2009, en el caso salvadoreño, los gobiernos de ambos países se convirtieron en los principales aliados del chavismo en Centroamérica y las dos compañías hoy sancionadas, en punta de lanza de conglomerados económicos a menudo asociados con economías criminales como el lavado de dinero.

Las sanciones llegan en medio de una crisis política y social sin precedentes en Venezuela, que ha derivado en procesos criminales y sanciones en Estados Unidos por narcotráfico contra varios líderes del chavismo. De acuerdo con OFAC, funcionarios públicos relacionados con Alba Petróleos y Albanisa, como Merino en El Salvador, también podrían ser sujetos de sanciones.

La empresa del comandante Ramiro y el FMLN

Las sanciones a Alba Petróleos vuelven a poner el reflector sobre los socios centroamericanos del régimen que preside Nicolás Maduro, señalados por Estados Unidos, investigaciones periodísticas y en pocos casos investigaciones locales, de expandir economías criminales alimentadas por el petróleo venezolano.

La decisión del Departamento del Tesoro sobre Alba Petróleos y Albanisa pone, además, presión internacional a grupos de poder y funcionarios salvadoreños y nicaragüenses que se han beneficiado de los blindajes políticos que tienen en sus países.

Daniel Ortega y Hugo Chávez durante un encuentro en Managua en 2012. Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

En el caso de Alba Petróleos, el conglomerado estuvo desde su fundación a cargo de José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez, un excomandante guerrillero del FMLN reconvertido en diputado y funcionario durante sucesivos gobiernos de izquierda en El Salvador. Desde la década pasada, Merino ha estado en la mira de diversas agencias estadounidenses, y su nombre incluso aparece mencionado en un expediente abierto por la Fiscalía salvadoreña. Merino, sin embargo, es depositario de fuero en El Salvador gracias a que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró viceministro en 2016.

Uno de los primeros directivos de Alba Petróleos fue Asdrúbal Chávez Jiménez, primo del difunto Hugo Chávez y directivo de PDVSA desde 2014. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Petróleo y Minería en 2014, año en que, según una investigación abierta por fiscales federales estadounidenses, se desviaron 1.2 billones de dólares desde la petrolera estatal venezolana a cuentas personales del funcionarios del régimen de Maduro.

En 2017, 14 congresistas estadounidenses pidieron a la administración Trump que investigara a Merino por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”. En marzo de 2018, autoridades estadounidenses retuvieron a Fred Merino, hermano de José Luis, en el aeropuerto internacional de Houston en relación con investigaciones abiertas al líder del FMLN. Fred Merino fue, desde su fundación, uno de los hombres fuertes de Alba Petróleos.

El petróleo venezolano y las ganancias que produjo a Alba Petróleos, que según datos proporcionados por el conglomerado a Hacienda en 2015 llegó a 1.1 millardos de dólares, también sirvieron para financiar campañas electorales del FMLN, según confirmó en enero pasado en San Salvador un asesor cercano al candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 3 de febrero.

“Para la campaña (de Hugo Martínez, candidato a la presidencia) ya no había dinero venezolano… A la de (Mauricio) Funes le metieron y a la del profesor (Salvador Sánchez Cerén) le metieron mucho más”, dijo el asesor, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para comentar en público discusiones internas del partido.

Martínez perdió y el FMLN está en una de las peores crisis de su historia.

También Albanisa

En Nicaragua, de acuerdo con una investigación de la red periodística Connectas, Albanisa ha sido uno de los principales frentes financieros del régimen de Ortega, que utilizó el dinero venezolano para alimentar los programas de asistencia social y las alianzas políticas que lo han mantenido en el poder.

En julio del año pasado, el Tesoro sancionó a Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, en el marco de una brutal represión del régimen a protestas masivas contra el orteguismo en varias ciudades del país. Según el acta de sanciones impuestas a López, este funcionario “participó en… corrupción, incluida la malversación de viene estatales, la expropiación de bienes privados para ganancia personal y.. sobornos.”

La creciente sequía financiera de Albanisa y las sanciones a esta filial de PDVSA parece estrechar el cerco alrededor del gobierno de Daniel Ortega, que está bajo la tormenta desde el año pasado por la represión desatada contra sus ciudadanos. Ortega, sin embargo, ha sobrevivido varias veces a sanciones y castigos llegados desde Washington.


La versión original de este artículo fue publicada en InSight Crime y se reproduce aquí con autorización.

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