* La versión original de esta columna fue publicada en inglés.
El presidente Trump invocó la Alien Enemies Act, de 1798, para detener y remover a individuos asociados con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. El 15 de marzo, cerca de 300 supuestos miembros fueron deportados a El Salvador.
Esta acción provocó muchas preguntas. Una de ellas es si el sistema penitenciario de El Salvador es realmente un destino legal para los deportados.
Las obligaciones de los Estados Unidos bajo el Derecho Internacional
En 1994, los Estados Unidos ratificaron la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). Este tratado busca fortalecer la prohibición de la tortura y establecer medidas preventivas. El Artículo 3 del CAT prohibe a los estados parte remover a un individuo a un país donde hay motivos suficientes para creer que hay un riesgo de tortura. Esto se conoce como el principio de non-refoulement.
La prohibición de la tortura es absoluta. Esto significa que ninguna circunstancia puede justificarla. Ese mismo carácter absoluto tiene el principio de non-refoulement para prevenir que un individuo sea sometido a torturas. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas así lo ha reconocido en sus comentarios generales y en decisiones individuales.
El principio de non-refoulement también ha sido reconocido en otros instrumentos ratificados por los Estados Unidos. En 1992, los Estados Unidos adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos . En el Artículo 2 de este pacto se impone un deber a los estados parte a evitar remover a una persona de su territorio cuando esta enfrenta un riesgo de daño irreparable, tal como la tortura, prohibida en el Artículo 7.
Estas obligaciones internacionales requieren que los Estados Unidos realicen una evaluación cuidadosa de los riesgos que los individuos enfrentan ante una deportación a otro país, asegurándose de cumplir con la prohibición absoluta contra la tortura y el respeto al principio de non-refoulement.
¿Qué pasa en las cárceles de El Salvador?
El Salvador está bajo un régimen de excepción desde 2022. En 2024, más del 1.7 % de la población del país estaba en prisión. Organizaciones de derechos humanos han mostrado preocupación por las condiciones carcelarias en este período.
La organización local Cristosal ha reportado que en el segundo año del régimen de excepción continuaron las detenciones arbitrarias, la suspensión de garantías procesales, y los detenidos enfrentaron torturas y tratos inhumanos, provocando en algunos casos la muerte. Su informe documenta 261 muertes bajo la custodia del Estado salvadoreño; muchas con señales de tortura.
Amnistía Internacional encontró que al menos 190 detenidos murieron por tortura o falta de atención médica. Reportaron abusos, incluyendo privación de alimentos, agua, y atención médica, condiciones insalubres, y uso excesivo de la fuerza.
En su reporte de 2024, Human Rights Watch retomó las preocupaciones de organizaciones locales e internacionales sobre detenciones masivas arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. El informe, además, señala que las autoridades no han investigado a nadie por estos abusos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado una profunda preocupación por muertes bajo custodia y ha reportado casos de tortura. Ha llamado a que se realicen investigaciones sobre la responsabilidad del Estado.
Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reconocido la crisis en las prisiones salvadoreñas. En su reporte de 2023 sobre Derechos Humanos cita evidencia creíble sobre tortura por funcionarios del gobierno, así como hacinamiento carcelario, falta de cuidado médico, alimentos y agua potable.
Conclusión
Por primera vez en décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha usado la Alien Enemies Act para deportar personas a un país cuyas prisiones son conocidas por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura, condiciones deplorables y detenciones arbitrarias. Al hacer estas deportaciones sin una evaluación cuidadosa de los riesgos, Estados Unidos podría estar violando las obligaciones internacionales que ha asumido y exponiendo a los individuos a un daño. Este caso señala la importancia de seguir los estándares internaciones en las decisiones sobre migración y seguridad nacional, especialmente cuando las vidas humanas están en riesgo.
*Daniel Olmedo es abogado salvadoreño. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en gremiales empresariales, firmas de abogados y en la Sala de lo Constitucional. Fue profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho de Competencia. Ha sido directivo del Centro de Estudios Jurídicos y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador. Escribió el capítulo La Constitución Económica en la obra conjunta Teoría de la Constitución, editada por la Corte Suprema de Justicia.
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