El secretario de prensa de la Presidencia, un ex asesor jurídico del Gobierno, un exfuncionario del partido Arena y el alcalde de San Miguel también fueron incorporados a la Lista Engel de Estados Unidos, que sanciona a actores corruptos o antidemocráticos de Centroamérica.
La Cumbre de las Américas de 2022 se celebrará sin países que viven bajo dictaduras como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es una incógnita qué aportará El Salvador sobre anticorrupción y democracia.
La Unión Europea busca recuperar los fondos malversados por el expresidente salvadoreño…
Al final todos los salvadoreños seremos alcanzados por la ausencia de integridad de jueces y magistrados al servicio de un círculo íntimo concentrado en Casa Presidencial.
La Lista Engel se centra no solo en las formas tradicionales de corrupción, sino, también, en los esfuerzos que han tratado de socavar la investigación de dicha corrupción, o de socavar la propia democracia.
Doce expedientes de actos sospechosos de corrupción entre marzo y septiembre de 2020 fueron el motivo para que la luna de miel de la CICIES y el gobierno terminara.
La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Ningún funcionario, proveedor o personal de salud podrá ser demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra el Coronavirus.
La comisionada Presidencial Carolina Recinos y el ministro de Salud Francisco Alabí son investigados por negociaciones ilícitas en las compras durante la pandemia. La Fiscalía también pidió a España informes del empresario Francisco Javier Sánchez-Brunete, quien vendió insumos médicos por $12 millones.
¿Estamos condenados a que el partido de turno tenga que comprar voluntades para gobernar? ¿Cómo se combate la corrupción desde la Asamblea Legislativa? Invitadas: Alicia Miranda (Nuestro Tiempo), Karla Hernádez (Arena) y Yanci Urbina (FMLN).
El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo a El Salvador y a Colombia en el polo de corrupción y mala gestión de fondos públicos que ocurrió en Latinoamérica durante el pandémico 2020. La falta de fiscalización ciudadana, una de las razones.
Aunque la exministra de Salud Ana Orellana salió por la puerta de atrás en las primeras semanas de la emergencia nacional, no estuvo ajena a las contrataciones cuestionadas que ahora son auscultadas por la Fiscalía.
Diecisiete casos de irregularidades en compras públicas de insumos médicos y alimentos son los que indaga la Fiscalía. Las sospechas se basan en delitos de negociaciones ilícitas del Ministerio de Salud y otras dependencias del gobierno.
El Tribunal de Ética Gubernamental mantuvo en el olvido durante 15 meses un aviso por una supuesta falta ética del abogado Luis Javier Suárez Magaña, ahora comisionado del IAIP. El TEG archivó la denuncia cuando el abogado fue elegido como comisionado.
Mauricio Funes, acusado en cinco casos de corrupción, negó la autenticidad de los Audios Presidenciales y dijo que para creer en ellos hacía falta peritajes. Este año, la Fiscalía realizó dos exámenes que confirmaron la validez de las grabaciones de Factum.
La Cámara de Vigilancia Penitenciaria cambió su criterio habitual y ordenó a un juzgado realizar un cómputo de pena favorable para el expresidente Antonio Saca (Arena), condenado a 12 años de cárcel por dos casos de corrupción.
