La corrupción está en El Salvador desde siempre. Esa es la opinión de José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, una organización internacional que trabaja contra la corrupción. En esta entrevista habla sobre la poca efectividad que puede tener una batalla contra la corrupción si es a la medida, o si solo busca perseguir a opositores políticos.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el pasado 1 de junio que declaraba una “guerra contra la corrupción”. Para Ugaz, en esta declaración hay un riesgo anunciado: “La concentración del poder absoluto implica corrupción absoluta”.
Buekele tiene el control del Órgano Legislativo, donde su partido cuenta con mayoría; y del Judicial, donde fueron nombrados jueces afines al oficialismo.
La falta de controles al poder se puede convertir en un peligro para el futuro, advierte Ugaz.
“El presidente cuenta con un apoyo masivo y no hay contrapesos: hay un poder único, unilateral”, afirma el abogado peruano, quien estuvo de visita en El Salvador para presentar, junto a la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el informe Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador.
José, tú tienes experiencia aquí en el país, viviste aquí un tiempo y parece que has estado pendiente de la situación. ¿Cuál es el diagnóstico general que podés hacer en el tema corrupción?
El Salvador está en la media latinoamericana, es un país que tiene una alta percepción de corrupción. Y corrupción que no es episódica, no es coyuntural, no depende de quién esté en el poder o de qué partido de turno le toque gobernar, sino que es una corrupción sistémica. Quiere decir que está enquistada en las propias estructuras del poder y que por lo tanto, va a existir independientemente de quién asuma el gobierno.
Y la prueba de eso es que si hacemos un recuento de los últimos años, veremos que con el presidente (Francisco) Flores hubo varios escándalos de corrupción. Luego viene Calderón Sol, también una situación similar; Saca, Funes… Ahora hemos visto que han intervenido propiedades y bienes del ex presidente Cristiani, y en el caso de este mismo gobierno ya se ha hablado de por qué se dictan estas leyes, por ejemplo, referidas a las compras en las pandemias, en las que se prohíbe preguntar y no solamente se prohíbe preguntar, sino que se establece expresamente que nadie que haya intervenido en esos procesos va a asumir responsabilidad civil o penal por posibles irregularidades en las que haya incurrido.
Eso evidentemente implica entonces que El Salvador, digo, como muchos países de la región, tal vez con la excepción de Uruguay, Costa Rica y Chile, somos países en los que la corrupción está presente desde el día uno de nuestra fundación.
Estamos mal armados desde el día uno. Pero entonces, ¿Cómo tendríamos que desarmarnos y volvernos a armar para que esto ya no sea este problemón que es?
La respuesta es muy simple. Ejecutarla es muy complicado. Necesitamos profundas reformas estructurales en nuestros países. En el caso de El Salvador, esta situación de inequidad, de grave corrupción, de beneficio de unos cuantos a costa de las grandes mayorías, le costó una guerra con muchísimos muertos y años de conflicto que puso a la población en una situación desesperada. Y, después, como consecuencia de esa guerra han vivido fenómenos de violencia muy complejos, como este último de las pandillas o maras que ahora están en medio de una controversia por las medidas del gobierno.
Entonces, yo sí creo que lo que se requiere acá es voluntad política, no para gobernar con un puño autoritario, sino para entrar en la profundidad de lo que es la estructura de una democracia y hacer algunas reformas indispensables.
Por ejemplo, las reglas de la política. Los partidos políticos no son organizaciones democráticas. Hay una crisis de representación. Quienes aparecen como líderes de los países no son quienes representan los verdaderos intereses de la ciudadanía. El financiamiento de la política es un problema, normalmente es una situación muy oscura, incluso vienen fondos del crimen organizado. El sistema educativo es un sistema altamente deficiente, con buenos estándares para una élite minoritaria, pero una mayoría que está en procesos educativos bastante deficientes. Y lo mismo con la proveeduría de servicios básicos, el servicio de salud, de acceso al agua potable, de trabajo, de tener una vida digna, una vivienda que sea acorde con la dignidad humana, etc.
Entonces, todo esto tiene que ser revisado en profundidad para realmente construir una democracia. El problema es que muchos de los que llegan al poder, en América Latina, son personajes que se reclaman líderes que hablan de la democracia, que hablan de la integridad, pero en el fondo tiene un espíritu absolutamente autoritario que lo que busca es beneficiarse él o ella, los de su entorno, su grupo familiar, su grupo de amigos o los grupos económicos que están de alguna manera vinculados.
Entonces, como quiera que la corrupción no es un problema episódico, sino un problema sistémico. Por lo tanto, requiere una solución sistémica que implique profundas reformas en la estructura. Tenemos que empezar a rearmar a nuestros países poniendo el bien común como un elemento central. Y esto implica también procesos de revocación, porque parte del problema de América Latina es que hemos normalizado la corrupción. Nos parece que es una forma de vivir y que es la forma en la que podemos movilizarnos o ascender socialmente. Hacemos broma de eso en la mesa de la familia: «Ay, me paró un policía y le tuve que dar unos pesos para que no me ponga la multa, jajaja, qué gracioso»; «Mirá, voy a votar por este candidato. Yo sé que roba, pero algo hará».
Hiciste una relación muy buena entre la guerra civil que hubo acá con la corrupción que la ocasionó, porque no había una equidad. Había gente muy desfavorecida. La mayoría de gente aquí no haría esa relación. Entonces quiere decir que algo ha fallado. ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda que la corrupción es tan grave como para ocasionar ese tipo de consecuencias?
Efectivamente hay una desconexión mental entre la corrupción y el efecto que genera para mí, para la persona individual. Hay quienes sostienen que la corrupción lo que tiene son víctimas anónimas porque la propia víctima no se da cuenta de que está sufriendo las consecuencias de la corrupción. Hace poco vi un reportaje donde le preguntan a una señora pobre, en mi país, si iba a ir a votar a las elecciones y ella dijo “para qué voy a ir a votar, si a mí el resultado no me afecta ni para bien ni para mal”, pero señora, si usted elige un candidato corrupto, alguien que se va a llevar los recursos del Estado, eso va a tener un impacto en usted. Y ella dice: “no, si yo soy tan pobre qué impacto puede tener”.
La semana pasada, el 1 de junio, el presidente Bukele cerró su discurso de cuatro años con tres anuncios. El tercer anuncio era una guerra contra la corrupción. Eso es curioso, porque hay bastantes funcionarios señalados, funcionarios de este gobierno, por corrupción en materiales periodísticos, en la lista Engel, ¿Qué debería de ser una verdadera guerra contra la corrupción?
Lo que me temo es que como el actual presidente ha tomado una serie de decisiones que han quebrado la estructura de un sistema democrático, con lo que tiene hoy día como reglas de juego, utilizar la corrupción o la lucha contra la corrupción puede convertirse en una persecución de sus opositores y sus enemigos, lo que en otros países se llama el lawfare, no. Se utiliza un elemento positivo, como es la lucha contra la corrupción, para perseguir a gente acusándola de corruptos.
Entonces, en un país donde se ha intervenido el Poder Judicial, donde se ha despedido al fiscal general, donde se ha expulsado a una comisión internacional que el propio presidente invitó a venir al país porque era una oferta de su campaña, precisamente para que contribuyan, coadyuven al Ministerio Público salvadoreño, a investigar corrupción; donde se ha bloqueado, interviniendo también el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se han desarticulado grupos especiales antimafia o de investigación de corrupción o de delitos. Lo que quedaría es un riesgo muy alto de que habiéndose concentrado en el poder en una sola persona o en un grupo muy pequeño, que es el presidente y el Congreso que lo apoya incondicionalmente, esto se pueda convertir en un arma para la persecución política. Esto lo hemos visto ya, es un libreto gastado y pasó exactamente lo mismo en Venezuela, ha pasado lo mismo en Nicaragua y bueno, en el propio Perú, durante el régimen de Fujimori; se han utilizado como quiera que hay concentración de poder estos libretos para perseguir a personas que son opositores políticos o que tienen negocios, que son competencia del grupo que está en el poder o simplemente críticos al gobierno.
Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no estamos viviendo en un sistema donde hay contrapesos. Ahora hay un poder único, unilateral, con un apoyo masivo por las decisiones que ha tomado respecto del control de las pandillas y la seguridad ciudadana. Y eso, sin duda alguna, se convierte en un peligro para el futuro.
Y estos libretos que dices que ya están gastados, ¿Cómo terminan?
Terminan mal. Mira cómo ha terminado Ortega o cómo ha terminado Maduro. Más de cinco millones de venezolanos que han salido andando de su país porque no hay condiciones de vida básicas, no hay para comer. Los hemos visto hurgando en la basura y cuando levantan su voz son reprimidos, son llevados a cárcel, sin juicio, sin derecho a la defensa, sin acusación. ¿Suena conocido, no? Donde se hacen audiencias masivas no se le da derecho a nadie a defenderse. Los jueces no tienen ninguna posibilidad de actuar con criterio y conciencia porque reciben instrucciones. Se han creado figuras como la de la flagrancia permanente, porque para cualquiera que sabe algo de derecho es una, es un sinsentido absoluto. Pero esas reglas son funcionales a los regímenes autoritarios. ¿Cómo terminan los regímenes autoritarios? Terminan mal. A la larga puede tomar más o menos tiempo, pero quienes así empiezan, normalmente, o terminan en el banquillo de los acusados. Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel y probablemente morirá en prisión. O terminan defenestrados en procesos violentos y, en algunos casos, perdiendo la vida. Estas soluciones aparentemente mágicas que nos proveen de resultados inmediatos, si es que no se resuelve el problema de fondo, si es que en El Salvador no se reconstruye el tejido social y no se resuelven los problemas de falta de trabajo, de pobreza, de desigualdad. El efecto positivo que se puede haber conseguido con esta mano dura que se ha aplicado a las pandillas puede durar no mucho tiempo. Y el costo que esto está teniendo, respecto de quienes mueren en prisión, de quienes están como desaparecidos, torturados, injustamente detenidos, es un costo que no se debería aceptar en un sistema democrático.
¿Cuáles serían las red flags que vos le dirías a la población: “Vaya, si sus funcionarios o su gobierno hacen estas cosas es que son corruptos o hay indicios de corrupción”?
Yo lo primero que quisiera decir es que hay que ser idiota para no darse cuenta de que El Salvador no podía seguir como estaba. Por cierto, estaba ya en una condición de Estado fallido. El Estado no podía controlar la violencia pandillera y por lo tanto había que hacer una intervención y una intervención absolutamente profunda, intensa y de mano dura. El problema es que entendemos por mano dura. Una cosa es mano dura con arbitrariedad y violación de derechos y otra cosa es mano dura en el contexto de el respeto a los estándares mínimos de una democracia. Cuáles son los indicios típicos que anuncian un régimen corrupto y de gran corrupción, diría yo. En primer lugar, la concentración de poder, los monopolios. Esto está estudiado hace mucho tiempo. La concentración de poder implica corrupción. La concentración del poder absoluto implica corrupción absoluta. Y eso es un riesgo que aquí ya viene anunciado.
En segundo lugar, cuando quien concentra el poder empieza a tomar decisiones y a promulgar leyes que violan los fundamentos constitucionales de un país, porque no le importa la Constitución, porque puede ingresar con personal armado a un congreso y decir: “o ustedes hacen lo que yo quiero o aprieto el botón”. Definitivamente no tiene ningún parámetro de control de su conducta. Y cuando uno tiene una conducta descontrolada, empieza a dar este tipo de leyes que aseguran impunidad, que contradicen la constitución, que rompe un equilibrio de poderes, entonces esa es una segunda bandera roja muy, muy típica de lo que puede venir en un esquema de gran corrupción.
En tercer lugar, cuando no hay transparencia se toman decisiones en cuartos cerrados, en oscuridad, se miente a la población, se presentan situaciones que no necesariamente se condicen con la realidad y pretenden hacer creer a todo el mundo que lo que están viendo en esa propaganda es la realidad. Y entonces, cuando se interviene el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando es uno solo el gobierno que controla la información y dice e informa lo que él quiere que se conozca, pero no es capaz de abrir su información para que cualquier ciudadano pueda saberlo, algo tiene que ocultar; y eso es sin duda alguna, una tierra de cultivo para corrupción, asegurada.
Creo que El Salvador marca todas esas cajitas. Pero, dicho eso. ¿Ves una posibilidad de que El Salvador dé una vuelta en u, un viraje hacia el otro lado para salir de eso?
Yo no creo que eso vaya a venir por generación espontánea del presidente, que es quien hoy día conduce las riendas del país. Creo que él está bastante ensoberbecido con los resultados y las encuestas y el hecho de que se haya creado esta expectativa del llamado milagro salvadoreño que otros países de la región están mirando con expectativa. Por lo tanto, de ahí no creo que vaya a venir nada, porque además el poder normalmente enceguece, ensoberbece y hace difícil la autocrítica. Pero yo creo que esto, como evidentemente va a tener su desgaste. La ley de la gravedad opera, aunque a uno no le guste. Probablemente los cambios van a venir por dos lados, no por una reacción ciudadana, en un momento en que la situación se vuelve insostenible o por presión de la comunidad internacional, como ocurre en tantos otros países, cuando se ve que efectivamente esto dejó de ser una democracia y se convirtió en una autocracia o una cleptocracia peligrosa para el resto de la región.
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