Fue en el año 1530 que el erudito protestante William Tyndale acuñó por primera vez la expresión “chivo expiatorio” en alusión al animal al que se le transmitirían los pecados cometidos por el pueblo del Israel bíblico, es decir, un animal o criatura que carga con los pecados. Y hasta nuestros días, esta expresión es sinónimo de “culpable elegido”. La historia nos ha demostrado que a lo largo de ella han existido tanto “culpables confesos” como “culpables elegidos”. Hablemos en esta columna de los elegidos. De una elegida.
Ese es el caso actual de la alcaldesa Nercy Montano, la llamada “Novia de Soyapango”. Ella es, a mi criterio, parte ahora de esa lista interminable de culpables elegidos.
El caso de Montano a simple vista parece pintarse como un hito o como un parteaguas en el gobierno de Nayib Bukele. “El partido político de turno metiendo presa a una de los suyos” es lo primero que muchos valoraron. Otros, en redes sociales, al percatarse de la detención trajeron al escenario aquello dicho por Bukele: “Al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso”. Pero la realidad es que este caso no representa ningún cambio en la dirección que el Estado salvadoreño lleva en materia de lucha contra la corrupción ni tampoco es significativo ante la corruptela que ha tomado lugar en el seno de la administración pública.
Y es que, como se concluye en el reciente informe presentado por la UNCAC Coalition sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) por parte del Estado salvadoreño, en este país no existe una política pública en materia de anticorrupción ni esfuerzos estratégicos coordinados entre la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones, para combatir la corrupción. Esta conclusión deriva de varios factores. Uno de los principales es el secuestro político de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, actores indispensables para perseguir efectivamente la corrupción a nivel político. Sin embargo, desde mayo del año 2021, estas dos instituciones claves se han despojado a sí mismas de su atribución constitucional de hacer cumplir la ley.
El mismo informe señala deficiencias en el sistema que por años la Asamblea Legislativa ha omitido apuntalar —incluida la actual con con mayoría oficialista—, como es la ausencia de una ley efectiva que combata el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Incluso, como hace unas semanas señalaba una organización de la sociedad civil, la información sobre cuáles diputados han presentado su declaración de probidad y los que no lo han hecho —las mismas que permitieron evidenciar la corrupción de Francisco Flores o Mauricio Funes— está ahora vedada para el público, pues la clasificaron como información “reservada”.
Volviendo a “la Novia de Soyapango”, lo que más llama la atención en medio del escándalo por su detención, por el derroche de dinero público y por las protestas de trabajadores municipales porque no les habían pagado los salarios de varios meses, es que la Fiscalía, desde que la llegó a ocupar Rodolfo Delgado, ha tenido en todo este tiempo elementos irrefutables para perseguir la corrupción cometida por funcionarios públicos de la actual administración de Nayib Bukele.
Un ejemplo de ello son los más de 20 avisos por corrupción que la extinta CICIES presentó en el año 2021 a la Fiscalía en el marco de la pandemia. Tampoco podemos olvidar que el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a miembros del círculo cercano de Bukele por actos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico, entre otros delitos, sin que hasta la fecha el fiscal general demuestre tener el interés de impulsar algún tipo de investigación que al menos disipe las acusaciones.
Por si fuera poco, medios de comunicación como El Faro han dispuesto de audios y fotografías que evidencian negociaciones de funcionarios del mismo círculo del presidente Bukele con las pandillas. Frente a esto, las autoridades judiciales, fiscales y policiales han actuado de forma coordinada y uniforme: guardando un silencio ensordecedor. Y es que ante la avalancha de casos de corrupción que la administración Bukele debe sortear a diario y que parecen ser más recurrentes, no quedaba más que aprovechar la oportunidad de cargar contra Montano con el fin de aparentar que en este país “se combate la corrupción”.
Pero la evidencia antes expuesta es irrefutable y muestra que mientras más cercanos los corruptos son del poder, menos probabilidades existen de que estos sean procesados. Por el contrario, mientras más lejanos están, más sacrificables serán. Este esquema está muy lejos de considerarse una política pública que verdaderamente combata la corrupción. Por el contrario, no es más que una continuación de los viejos esquemas que fomentaron la corrupción en el pasado.
Finalmente, una verdadera política que combata la corrupción será aquella que devuelva la plena independencia a los jueces, magistrados y fiscales para que persigan la corrupción en donde el poderoso y corrupto hasta hoy sigue siendo intocable.
*Wilson Sandoval es abogado salvadoreño. Especializado en transparencia. Maestro en Ciencia Política por la UCA y maestro en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
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