La próxima semana dará inicio la IX Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California. En esta se reunirá la mayor parte de jefes de Estado y de gobierno del continente para debatir asuntos políticos y revalidar compromisos como el acordado en la última de las cumbres que se llevó a cabo en Lima en el año 2018, el llamado “Compromiso de Lima contra la corrupción”. Si bien la Cumbre aún no empieza de manera formal, ya existe una diversidad de situaciones diplomáticas que han tomado espacio en las noticias internacionales. Entre estas la no invitación del gobierno de los Estados Unidos a gobernantes de países considerados dictaduras consolidadas, como son los casos de Ortega (Nicaragua), Maduro (Venezuela) y Díaz-Canel (Cuba).
Sobre la participación de El Salvador, no existe información oficial a la fecha. Pero, ¿en qué condiciones llega el país a esta nueva Cumbre con relación a los compromisos de Lima y en general para con la democracia? Para el año 2021, un informe del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres rescataba aspectos positivos del Estado salvadoreño como la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que pretendía combatir la corrupción tanto pasada como presente. Sin embargo, este tipo de esfuerzos ya no existe luego de la salida forzada de la CICIES del país, posterior a que esta intentase fiscalizar al Ejecutivo salvadoreño. A ello se suma la completa anulación de la separación de poderes desde el pasado 1 de mayo de 2021, cuando el congreso destituyó al fiscal general y magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Los ejemplos anteriores, lejos están de ser avances democráticos o ejemplos replicables para el resto de la región y son más bien retrocesos frente al punto de partida de los compromisos de Lima que promueven la autonomía e independencia de los Órganos de control superior o la implementación de políticas y planes nacionales de gobierno abierto. La participación por lo tanto del Estado salvadoreño puede quedar bastante reducida a sus antecedentes en eventos similares como la Asamblea de las Naciones Unidas, la cual se limitó a selfies del presidente Bukele y a críticas a dicho espacio por resultar “irrelevante”. Otra opción es la de promocionar efusivamente proyectos en renders como Surf City o de la implementación del bitcoin que reporta solo pérdidas económicas para un país al borde del impago de créditos y que es rechazado ampliamente por la población como moneda.
Sin embargo, cualquier discurso en torno a lo anterior no solo estará lejos de honrar el compromiso democrático asumido en Lima por El Salvador, también será una acción desesperada por mantener la apariencia de un país que en la narrativa oficialista se compara con Costa Rica o Suiza en un intento de desviar la atención de la masa que no percibe una realidad en la cual más de 200 salvadoreños intenta a diario abandonar el país y que se encuentra a las puertas de la prórroga de un tercer régimen de excepción en donde inocentes han muerto en manos del Estado sin ejercer su derecho a defensa. Los Estados participantes en la Cumbre deben tener la plena certeza de que, en El Salvador, los Derechos Humanos hoy no valen nada y que compartirán mesa con un gobierno que guarda silencio ante la puesta en evidencia de un pacto Estado-pandillas que se cobró la vida de 84 salvadoreños dos meses atrás en actos terroristas.
En la Cumbre, ha de proponerse por parte del país anfitrión la adopción del “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática”, el cual deberá ser discutido por los gobernantes allá presentes. Dicho plan conlleva las recomendaciones de sectores sociales salvadoreños, entre estas que los Estados respeten el derecho de acceso a la información pública, la libertad de expresión y de prensa, así como el compromiso de combatir el lavado de activos virtuales -como el bitcoin- etcétera. El Estado salvadoreño estará ante la disyuntiva de asumir este tipo de compromisos de manera pública que hoy en día no forman parte de su ADN, pero especialmente estará ante una comunidad internacional que lejos está de aplaudir los supuestos logros de un país que hoy se hunde en una narrativa oficialista de odio y venganza.
*Wilson Sandoval es abogado salvadoreño. Especializado en transparencia. Maestro en Ciencia Política por la UCA y maestro en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
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