El Ministerio de Salud blinda información estadística tras investigación de la Fiscalía

Los datos de los sistemas informáticos que registran enfermedades comunes y crónicas, el flujo de pacientes atendidos por Covid-19 y el abastecimiento de insumos en los hospitales, entre otros, fueron declarados como información reservada por el Ministerio de Salud por un período de siete años. 

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez

Una semana después de los allanamientos hechos por la Fiscalía General de la República en varias oficinas de gobierno por presuntas irregularidades en compras públicas que ascienden a más de $155 millones, el Ministerio de Salud (Minsal) engavetó por los próximos siete años la información estadística sobre la adquisición de medicamentos e insumos médicos, el comportamiento de enfermedades crónicas e infecciosas, la carga laboral del personal sanitario y el flujo de atención de pacientes con Covid-19, entre otros. 

El pasado 16 de noviembre de 2020 el Minsal, a cargo del ministro Francisco Alabí, colocó en el Índice de Información Reservada los datos de 49 sistemas informáticos institucionales de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, que tiene como funciones el análisis, diseño, desarrollo e implementación de todos los sistemas de información institucional. Esa dirección, según el organigrama institucional actualizado a finales de julio de 2020, es una dependencia del Viceministerio de Gestión y Desarrollo en Salud. 

Los sistemas de información ahora reservados incluyen información de interés que se generó durante la pandemia, como el flujo de pacientes hospitalizados por Covid-19, registro de llamadas y evaluación de síntomas y factores de riesgo relacionadas
a los casos sospechosos del virus. También han sido guardado los datos de las personas que estuvieron en los centros de contención durante la cuarentena donde fueron reportadas decenas de violaciones a derechos humanos.

Los sistemas incluyen datos sobre el control y seguimiento de la evolución de la epidemia de SIDA en El Salvador; la vigilancia epidemiológica semanal de las enfermedades más comunes, como dengue y enfermedades respiratorias; el registro de padecimientos crónicos de insuficiencia renal y cáncer, junto a los registros de comercialización de alcohol y tabaco. 

Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza, viceministro que tiene a cargo la dirección de Tecnologías, no ha aparecido de momento en las pesquisas que lleva la Fiscalía por irregularidades en las compras de insumos durante la pandemia de la Covid-19. La reserva de la información estadística durará hasta 16 de noviembre de 2027, según un documento disponible en el Portal de Transparencia del Minsal, que fue publicado el pasado 17 de noviembre.  

Por segunda ocasión en los últimos cuatro meses, el Ministerio de Salud hace uso del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para ocultar la información de interés público a los ciudadanos. Esta vez, se respalda en literal h, que consigna que se podrá declarar información reservada a “la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”. También el Minsal se acuerpa en los artículos 20 y 21, literal c, que establecen que establece el plazo y “que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la información en referencia”. 

En junio de 2020, el Minsal ordenó ocultar los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. El ente encargado de regir las políticas de salud en El Salvador puso bajo llave, por dos años, los datos de pruebas para diagnosticar o descartar el coronavirus a través de  pruebas de PCR, por sus siglas en inglés, tomadas con hisopos en la nariz y garganta. En septiembre de este año, el ministerio también puso bajo reserva, por un año, el Plan Nacional de Salud incluyendo sus anexos. 

Claudia Umaña,  presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), que forma parte del Grupo Promotor para la Ley de Acceso a la Información Pública, considera que este tipo de reservas de información refleja el poco compromiso del gobierno de Nayib Bukele con la transparencia y acceso a la información de interés para la población. 

“En referencia al artículo 21 de la LAIP hay que probar que el daño es más alto de saber la información, que no saberla. Por eso debemos de conocer esas especificaciones escritas, muy detalladas, porque esa información es muy importante. Hay que saber cómo se puede amenazar la salud conociendo esta información que es un poco contraintuitivo”, dijo Umaña a Factum.  

Factum contactó al viceministro Alvarenga para conocer las razones para reservar la información de los 49 sistemas informáticos. Contestó una llamada y pidió que esta revista le llamara dos horas después. Tras ese tiempo no volvió a responder.

La investigación por compras irregulares

El Ministerio de Salud está en el epicentro de una investigación penal, por sospechas de los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, por compras de insumos, entre ellos mascarillas y botas de hule, realizadas durante el confinamiento por el coronavirus.  Siete empresas salvadoreñas y tres sociedades extranjeras que le vendieron insumos médicos al gobierno durante la emergencia nacional también están siendo investigadas. 

Las primeras indagaciones fiscales y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) apuntan a instituciones dirigidas por los ministros más promovidos por el gobierno de Bukele, a familiares de funcionarios, exfuncionarios y a simpatizantes de Nuevas Ideas: Pablo Anliker, ministro de Agricultra; Francisco Alabí,  ministro de Salud; Jorge «Koky» Aguilar, quien fuera presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes); Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda; y el diputado Gustavo Escalante, ex de Arena y ahora un respaldo público para la actual administración.  

Además de las compras, la investigación incluye la revisión de los procesos de atención de pacientes. Los mensajes de correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por las gerencias de operaciones del Minsal, del Hospital Nacional “Dr. José Antonio Saldaña” y del personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones también serán revisados por los fiscales. 

En sus escuetas declaraciones sobre el caso, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que es imposible que en un estado de emergencia pueda cumplirse toda la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).  Durante la emergencia nacional por la pandemia, el presidente Nayib Bukele avaló que el gobierno hiciera compras directas a través de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). Hasta este momento se desconoce qué hizo el gobierno con los más de $3 mil millones que tuvo entre enero y agosto de 2020 para atender la emergencia por el Covid-19.