Fiscalía investiga más de $155 millones en compras del gobierno durante la cuarentena

Diecisiete casos de irregularidades en compras públicas de insumos médicos y alimentos son los que indaga la Fiscalía. Las sospechas se basan en delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios del Ministerio de Salud y otras dependencias del gobierno. La Fiscalía, que también tiene una orden judicial para revisar los correos institucionales de algunos funcionarios públicos, no fue auxiliada por la Policía en los allanamientos y, por el contrario, policías obstaculizaron el procedimiento. 

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez


El ministerio de Salud (Minsal), administrado por Francisco Alabí, está en el epicentro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre compras que hizo esta institución durante la cuarentena por coronavirus y que ascienden a $155 millones 318 mil 359. Las indagaciones fiscales involucran al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conducido por Pablo Anliker; el Ministerio de Hacienda, dirigido por Alejandro Zelaya; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que administró Frederick Benítez; una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge «Koky» Aguilar; la empresa de una excuñada de la comisionada presidencial Carolina Recinos y otra empresa del diputado Gustavo Escalante, disidente del partido opositor Arena y simpatizante del actual gobierno.

En casos específicos como el del Minsal, la investigación es sobre cuestionamientos en compras por más de $4 millones, monto que incluye la adjudicación de un contrato a uno de los familiares del ministro Alabí. Mientras que en el caso del MAG, la investigación se centra, de momento, en las compras de insumos médicos y canastas de alimentos por $139.3 millones. En el ministerio de Hacienda, los allanamientos fueron motivados por la compra -con sobreprecio, según un reporte periodístico- de 300 mil protectores faciales.

Las investigaciones sobre las compras públicas del gobierno de Nayib Bukele durante el período de la cuarentena domiciliaria obligatoria, decretada por la emergencia nacional que generó la pandemia de la Covid-19 en El Salvador, se dieron a conocer por la Fiscalía luego de allanamientos que hizo la institución para los que no contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), como lo establece la ley. Esta vez, por el contrario, la PNC actuó en defensa del gobierno de Bukele y obstaculizó el trabajo de los fiscales.

En el allanamiento que ocurrió en las instalaciones del Ministerio de Salud, en San Salvador, el 10 de noviembre pasado, agentes policiales acudieron para asegurar el acceso al recinto y para no permitir que los fiscales portaran armas dentro del edificio. Revista Factum constató ese día que hubo fiscales a quienes los policías no les dieron entrada y fue el jefe de la unidad anticorrupción, German Arriaza, quien tuvo que interceder para que la FGR pudiera hacer su trabajo. En una conferencia de prensa de la Fiscalía el jueves 12 de noviembre, Ana Silvia Cortez, jefa del equipo fiscal que lleva la investigación, aseguró que el Juzgado Decimotercero de Paz otorgó la orden de allanamiento al Ministerio de Salud el 9 de noviembre anterior. Cortez dijo: «El personal de seguridad privada que estaba en la entrada del Minsal nos dijo que tenían órdenes de no dejarnos entrar. Estas personas nos dijeron que habían sido amenazadas con perder su trabajo si dejaban entrar a un fiscal».

«Vi personal policial dentro de la institución. Llegó el señor Douglas García Funes, jefe de las Unidades Especializadas de la PNC, en forma prepotente, y me dijo: ‘Yo no vengo a auxiliarlos a ustedes, yo vengo en apoyo a los ministros'», comentó. La versión del gobierno se resumió en mensajes de redes sociales en los que se reclamó que los fiscales entraron armados al ministerio, al sugerir que pudo haber actos intimidatorios. Pero Cortez indicó que no existió ninguna limitación contra los empleados del ministerio que se encontraban en la hora del allanamiento.

Tras las escenas en que los policías no permitían que los fiscales hicieran su trabajo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, respaldó las acciones de la FGR que dirigió el fiscal general, Raúl Melara, y exhortó a que la Fiscalía debe trabajar sin ningún tipo de interferencias. El mensaje de Engel también fue rechazado por las redes sociales del gobierno y por el mismo presidente Bukele.

Las investigaciones por las compras millonarias no solo son contra las instituciones del gobierno. Siete empresas salvadoreñas y tres sociedades extranjeras que le vendieron insumos médicos al gobierno durante la emergencia están siendo investigadas por indicios de negociaciones ilícitas. Son 17 procesos de compra los investigados, así lo revelan las tres órdenes de allanamiento giradas por el Juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador a las que Revista Factum tuvo acceso e informes fiscales. Los allanamientos fueron realizados entre las 6 de la mañana del 9 de noviembre y terminaron a las 6 de la mañana del 12 de noviembre. 

Tres de esas investigaciones surgieron a partir de avisos interpuestos por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicies), que hizo una auditoría sobre los casos, y que fueron revelados por medios de comunicación independientes durante la emergencia sanitaria, según consta en los documentos de allanamiento.  Los casos ocurrieron cuando la atención estaba centrada en el colapso de los hospitales nacionales y del Seguro Social por la cantidad de pacientes graves por el coronavirus. 

«Es de interés considerar que como consta en las diligencias presentadas, en especial con los avisos de irregularidades emitidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), la falta de formalidades y la falta de cláusulas en los contratos tanto del Ministerio de Agricultura como el resto de contratos que se han tenido a la vista, así como el resto de diligencias presentadas, constituyen indicios suficientes para, sobre la base de lo expuesto, acreditar el allanamiento solicitado», se lee en uno de los allanamientos autorizados por el Juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador.

El Minsal, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el MAG, Hacienda, la ANDA y el titular del Fonaes son los investigados por supuestas irregularidades en compras públicas. 

Las negociaciones efectuadas en la iniciativa gubernamental “Reto recicla”, una iniciativa  del gobierno para recuperar botellas de plástico, y con la proveedora de servicios de alimentación Blanca Judith Meléndez Portillo, expareja del hermano de la comisionada presidencial Carolina Recinos, también son indagadas. 

El presidente Nayib Bukele, durante la emergencia nacional por la pandemia, dio aval para que sus ministerios hicieran compras directas y se saltaran los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Se respaldaron en la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) y hasta este momento se desconoce qué hizo el gobierno con los más de $3 mil millones que tuvo entre enero y agosto de 2020 para atender la emergencia. 

La investigación, además de incluir la verificación de documentación de las compras del Ministerio de Salud, incluye la revisión de los correos electrónicos de la exministra de Salud Ana Orellana, quien firmó las primeras órdenes de compra de la emergencia y que fue sustituida en abril pasado por el actual ministro, Francisco Alabí, de quien también se investigará sus correos institucionales. 

Los mensajes institucionales enviados y recibidos por el exgerente general de operaciones del Minsal Elmer Mendoza; de la directora del Hospital Nacional “Dr. José Antonio Saldaña”, Carmen Melara de García; y del jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, Walter Elenilson Coto Monterrosa, también serán analizados por los fiscales. 

La Fiscalía verificará el rol que tuvieron en las negociaciones de las compras la viceministra de Operaciones de Salud, Karla Díaz de Naves, los  técnicos de la Dirección Nacional de Hospitales y Patricia Geaninne Gutiérrez, quien hasta el pasado 15 de octubre fue la jefa de la Unidad de Abastecimiento, según el Portal de Transparencia del gobierno. 

Policías restringen la labor de la Fiscalía durante el allanamiento en el Ministerio de Salud el 10 de noviembre de 2020. Foto FACTUM/Bryan Avelar

Las mascarillas plásticas que no usaron los médicos

NetworkLAT Inversiones, una empresa de insumos tecnológicos dedicada a la importación, exportación y venta de toda clase de productos, inscrita el Registro de Comercio el 13 de octubre de 2013, está señalada por haber vendido un millón de mascarillas de plástico no certificadas marca Respitec, elaboradas en Guatemala, a un precio unitario mayor al ofrecido a los mayoristas guatemaltecos en redes sociales. Esa compra le costó al Minsal casi $4 millones. 

La empresa está dentro de las allanadas por la Fiscalía, según la orden del juez Decimo Tercero de Paz de San Salvador.

Esas mascarillas, que son azules, tienen un triángulo al frente, parecido al de una plancha, y tienen impreso el logo del nuevo gobierno, según la orden de compra 168-2020 en poder de Factum. Fueron adquiridas por el gobierno a un precio unitario de $3.30, que es superior al ofrecido a los mayoristas guatemaltecos en redes sociales. En páginas de Facebook y sitios de internet guatemaltecos, estas son vendidas por unidad a  un precio de entre $2 y $3

Dos millones de filtros desechables hechos con gabachón quirúrgico fueron comprados por el gobierno salvadoreño junto a esas mascarillas de plástico.

Una investigación de esta revista constató que esas mascarillas no tienen los permisos sanitarios que garantizan la prevención de contagios. Los supuestos filtros KN95 y los materiales no tóxicos con las que fueron elaboradas no aparecen en el registro  de 9,231 mascarillas que ya pasaron las pruebas de rendimiento de filtración del virus por parte del Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por su siglas en inglés), a través de su laboratorio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

La mencionada agencia es la que respalda a la  Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos para entregar sus certificaciones de calidad. Las Respitec fueron adquiridas por el gobierno para el personal de las unidades de salud, pero por la falta de certificación sanitaria los médicos no las usaron y fueron entregadas a policías, soldados y a varios pacientes que fueron dados de alta. 

Los negocios de Koky Aguilar

Las compras efectuadas a Insema, compañía propiedad de Jorge Aguilar, un funcionario del gobierno de Bukele que encontró la manera de hacer negocios en medio de una crisis sanitaria, según reveló una investigación de la plataforma digital de periodismo colaborativo Salud con Lupa, también está señalada de irregularidades durante los procesos de compra. 

La empresa de reciclaje de plástico propiedad de Aguilar le vendió protectores faciales al Ministerio de Salud valorados en un cuarto de millón de dólares. El trato fue efectuado cuando Aguilar ya era presidente del Fonaes, una dependencia del MARN. 

En la documentación que tiene en su poder la Fiscalía está el expediente del proceso de compra de las caretas del Ministerio de Salud y una nota enviada el 14 de julio de 2020 por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en el que informó que durante la realización del “Reto recicla” la realización de pagos estuvo a cargo de Fonaes y de ANDA. 

En ese reto, según información oficial, por cada botella entregada por los ciudadanos el gobierno pagó $0.05. En 48 horas, aseguró el MARN, se recolectaron 4.5 millones de botellas de plástico. 

Sospechas en las compras de las canastas de alimentos

La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la FGR también analizará un informe emitido el 9 de septiembre de 2020 por el ministro de Agricultura, Pablo Anliker Infante, referente a las canastas de alimentos que fueron compradas a la sociedad Inversiones de Café Zarco (IDECAFEZ). 

En esta coyuntura se conoció que el MAG no quiere que se conozcan los detalles de las compras que hizo entre el 22 de junio y 26 de julio de 2020.

Esta semana, el ciudadano Carlos Palomo Sosa fue notificado por el MAG de que, a pesar de sus gestiones a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), no recibirá las listas de los proveedores ni el detalle de la modalidad de compras efectuadas por ese ministerio a medio año. El gobierno también oculta la información que permitiría conocer si fueron pagadas con fondos ordinarios del presupuesto de ese ministerio o con recursos provenientes del Fopromid. 

La justificación del gobierno para no entregar esa información es que el departamento respectivo aún no les remite los detalles de las compras y contratistas. “Es muy probable que la razón se deba a las condiciones generadas por la emergencia en el contexto de la pandemia Covid-19, pues este ministerio no está laborando con el 100% del personal”, fue la resolución de ese ministerio. 

La empresa Trade Winds, que según un informe que el MAG presentó ante la Asamblea Legislativa fue una de las proveedoras de las cestas solidarias que fueron entregadas en los hogares, también es investigada. 

La Prensa Gráfica publicó en septiembre que esa empresa, fundada en 2005, fue adquirida en 2010 por Adela de Aguilar y Jessica Zarco, cuñada y hermana de Jorge Aguilar. 

Ministro de Hacienda y las compras con sobreprecio

Mientras que el seguimiento a la compra de otros 300,000 protectores faciales con un sobrecosto que el gobierno hizo a SYGM Asesores surgió en la Fiscalía tras una denuncia que fue puesta en contra del actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando se desempeñaba como viceministro de Ingresos. Según la orden de allanamiento, un ciudadano acusó al funcionario por los delitos de administración fraudulenta, negociaciones ilícitas y enriquecimiento ilícito. 

SYGM, según un reportaje de Salud con Lupa, es una sociedad mercantil que tenía seis meses de haber sido creada en el momento de la compra, y vendió las caretas con un sobreprecio de 121% por unidad. 

Alabí le compró botas de hule a su tía política

El ministro de Salud, Francisco Alabí, quien fue ascendido de cargo durante la pandemia (pasó de viceministro a ministro) y es uno de los funcionarios más promovidos por el presidente Nayib Bukele, es de uno de los 

es uno de los principales blancos de la investigación fiscal. Una auditoría de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) efectuada al proceso de compra de botas de hule que hizo el Minsal a la sociedad Autodo lo ubica en el epicentro de los señalamientos. 

Esa sociedad, que se dedica a vender repuestos para vehículos, tiene como presidenta y representante legal a  Celina Quiñónez. Ella, según una investigación de la revista Gato Encerrado, es la tía política del ministro de Salud y la madre de sus primos hermanos José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñónez, que son miembros de la junta directiva de la sociedad. Un posible conflicto de interés y faltas éticas, al favorecer a un familiar directo con un contrato, a juicio de los abogados del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), no debería pasar desapercibido. 

El Minsal, según detalló la Fiscalía, negó el acceso a información de esa compra a la Cicies y ocultó el nombre del primer proveedor, José Ángel Quiñónez, por tener un parentesco con el ministro Alabí. 

El diputado que le vendió al gobierno mascarillas defectuosas

El pasado 1 de julio de 2020, según consigna una de las órdenes de allanamiento, dos ciudadanos pusieron un aviso en la Fiscalía luego de que el periódico digital El Faro publicó que Grupo GME Inversiones, una empresa fundada y dirigida por el diputado disidente del partido Arena Gustavo Escalante, recibió uno de los contratos de emergencia del Ministerio de Salud en una compra de mascarillas valoradas en $344,000. El 22 % de las 800,000 mascarillas que Escalante le vendió al gobierno eran defectuosas.

Escalante y su hermano, Manuel José, antes de la emergencia, según la publicación periodística, nunca habían vendido mascarillas. La certificación de Registro Único de Contribuyentes de la Sociedad ya está en poder del ministerio público. 

La excuñada de Carolina Recinos fue proveedora del GOES

La Fiscalía también incluye en sus reportes la compra de servicios de alimentación por $549,359.41 concedida a Blanca Judith Meléndez Portillo, expareja de Herberth Orlando Recinos, gerente de Fondeo y Cooperación de Bandesal y hermano de la comisionada presidencial Carolina Recinos. 

Los desayunos, almuerzos y cenas fueron solicitados para el personal del Centro de Operaciones de Ilopango y Caballería. 

La contratista, cuestionada por El Diario de Hoy, que hizo pública la relación con la mujer que es la mano derecha del presidente Bukele, dijo que aunque tiene un hijo con el hermano de Recinos no mantiene una relación familiar que le haya permitido obtener un contrato con el gobierno. 

La empresa española que le vendió siete veces al Minsal

Por su parte, tres empresas extranjeras también son sujetas de las investigaciones de la FGR. La sociedad española Javi Performance Parts SL, según la auditoría hecha por la Cicies, también es señalada de irregularidades en las ventas que hizo al Minsal. 

Un informe del 28 de agosto de 2020, firmado por el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Minsal, Wilfredo Alfaro García, notificó que esa institución hizo siete compras a la sociedad española. El Diario de Hoy informó el pasado 20 de junio que el gobierno salvadoreño compró a esa sociedad, que vende respuestos para autos, un total de 1,500,000 mascarillas, 150,000 gabachones médicos no estériles y 300,000 caretas no estériles por un monto de casi $12 millones.  

La compañìa con transacciones sospechosas

Shanghai Beyond Import & Export Co, que según su sitio de internet se estableció en el mercado en 2002, y la empresa de porcelanas y cerámicas Lasca Desing, que vendió mascarillas a los ministerios de Gobernación y Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social también son etiquetadas en las órdenes judiciales por reportar irregularidades en la administración de fondos públicos. 

Solo el Minsal adquirió a través de Lasca Design 3 millones de mascarillas y mil termómetros por un monto de $3.5 millones. A finales de mayo, según informó El Faro, hubo un retraso en la entrega de estos insumos médicos debido a que un banco estadounidense reportó una transacción sospechosa entre las cuentas del gobierno salvadoreño y la empresa que tiene sede en Miami, Florida. A la fecha, Salud no ha informado si ese lote ya ingresó al país o si fue distribuido.

En este caso, la Fiscalía entregó al juzgado que ordenó los allanamientos una nota titulada CICIES/146/2020, «con la cual se pone en conocimiento del señor Fiscal General de la República de las irregularidades encontradas en las auditorías realizadas producto de la administración de fondos públicos en relación a la pandemia Covid-19».

La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía, que está a cargo de esa investigación, inició el lunes 9 de noviembre de 2020 una serie de allanamientos para determinar o descartar si existieron negociaciones ilícitas por parte de funcionarios o empleados públicos con proveedores. 

Además de las empresas, las oficinas de los Ministerios de Salud, de Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, el Fonaes y ANDA también fueron registradas, pese al bloqueo de las investigaciones que intentó hacer la PNC.

El fiscal Raúl Melara dijo que el procedimiento fue “irregular” y que la PNC trató de obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. “La obediencia ciega no exime de responsabilidades a nadie”, dijo el funcionario, quien ha sido blanco de ataques en las últimas horas por parte del presidente Nayib Bukele. 

El ministro de Salud, Francisco Alabi, desestimó la auditoría de la Cicies, que señala irregularidades en los procesos de compra gubernamentales durante la pandemia. La denuncia, dijo el funcionario, fue puesta por un miembro de esa comisión a nivel personal y de manera “apresurada”, aunque la Fiscalía lo desmintió y aclaró que fue el mismo Ronalth Ochaeta, vocero interino de la Cicies, quien alertó sobre las irregularidades. 

“Se está hablando de irregularidad en los procesos de compra cuando el informe dice que hay errores de forma, que pueden suceder en el día a día, porque es una urgencia en que las condiciones de compra estuvieron de manera extraordinaria (por la pandemia)”, dijo Alabí en su defensa.  

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