Gobierno tuvo más de $3 mil millones para encarar la pandemia

El presidente de El Salvador mantiene un discurso político en el que afirma que por culpa de los diputados en la Asamblea Legislativa su administración no tiene “ni un centavo partido por la mitad” en concepto de deuda que el gobierno puede adquirir para atender la emergencia del coronavirus. Nicolás Martínez, presidente del Banco Central de Reserva hasta el jueves 17 de septiembre, contradijo a su jefe y luego dejó su cargo.

Foto cortesía/Ilustración FACTUM/Andrea Maida

El gobierno salvadoreño contó con más de $3 mil millones entre enero y agosto de 2020 para atender la emergencia del nuevo coronavirus en el país, reveló un informe del Banco Central de Reserva (BCR) que fue dado a conocer a los diputados de una comisión legislativa especial que investiga los gastos con dinero público en los que ha incurrido el presidente Nayib Bukele durante la pandemia. El informe del BCR detalla que, en específico, el gobierno recibió en concepto de deuda externa, interna y donaciones hasta $3,251,276,257.37 en ese período. La información dada a conocer por el BCR a los diputados llevó consigo otra revelación: el presidente Nayib Bukele mintió.

La Asamblea Legislativa aprobó a Bukele, entre marzo y abril de este año, que el gobierno de El Salvador pudiera endeudarse hasta por $3 mil millones, ante la insistencia presidencial de tener fondos disponibles para la atención de la emergencia nacional. Pese a haber tenido la autorización legislativa, desde mayo, el mandatario responsabilizó a los diputados de no haber recibido “ni un centavo partido por la mitad”, ignorando su deber de buscar junto al Ministerio de Hacienda el dinero prestado del que ya tenía autorización legislativa.

Desde mayo, el presidente hizo suya la campaña de no haber recibido, en deuda, “ni un centavo partido por la mitad” para enfrentar la pandemia, por culpa de los diputados. La campaña fue difundida a través de sus redes sociales y sus funcionarios adoptaron la frase. Incluso, la expresidenta de la Corte de Cuentas Carmen Elena Rivas replicó el mensaje al asegurar que, según su auditoría, el gobierno de Bukele no había recibido dinero proveniente de deudas. La Corte de Cuentas es una institución independiente cuyo deber es auditar los gastos de las instituciones públicas. De hecho, Rivas se comprometió desde principios de abril a supervisar todos los gastos que hiciera el gobierno para la atención de la pandemia. Rivas, sin embargo, replicó el discurso presidencial y luego ya no fue reelegida para el cargo de presidenta de esa corte.

El discurso de no haber ingresado al fondo estatal ni un centavo partido por la mitad que se ideó el presidente quedó desmentido y aclarado por un empleado suyo: el presidente del BCR, Nicolás Martínez. En el informe que presentó a la Asamblea Legislativa este miércoles 16 de septiembre, Martínez explicó a los diputados que solo en concepto de deuda externa, es decir préstamos internacionales y colocación de títulos en el mercado internacional, el gobierno de Bukele recibió $1,643 millones. Así también, apuntó que se reportó el ingreso a las cuentas estatales de otros $1,595 millones en concepto de deuda interna, o sea Letes y Cetes. Y un monto de $12.5 millones en donaciones para el país.

Martínez aclaró que Bukele ya tomó $1,036 millones del dinero proveniente de deuda externa y que solo queda un restante de $606 mil por tomar. Así también ya se gastó casi el total de Letes y Cetes adquiridos entre enero y agosto de este año, pues de los $1,595 millones solo le queda por tomar $418 mil. 

“¿En qué gastó el presidente Bukele más de $2,600 millones?”, cuestionaron los diputados. La respuesta a esa pregunta, dijo el presidente del BCR, no la tenía él, pues el banco desconoce los destinos de los fondos públicos, una potestad del mismo presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, con la venia de la Asamblea Legislativa.

Resumen de cómo el expresidente del Banco Central de Reserva contradijo al presidente Bukele en relación a los fondos a disposición del gobierno de la república para afrontar la pandemia. Ilustración FACTUM/Andrea Maida.

Otra revelación que hizo Martínez como presidente del BCR es que el gobierno de Bukele colocó en julio pasado $1,000 millones en títulos, por los que tendrá que pagar, para recuperarlos, una tasa de interés anual de 9.5 por ciento, la más alta en los últimos seis años. De hecho, Martínez incluyó en su informe las últimas cuatro colocaciones de títulos que ha hecho El Salvador. La más antigua es del 18 de septiembre de 2014, cuando el gobierno se endeudó con $800 millones, con una tasa de interés anual de 6.38 por ciento, pagaderos a 2027. Para la siguiente, el 28 de febrero de 2017, el gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén adquirió una deuda de 601.1 millones con una tasa de interés anual de 8.63 por ciento, que se cancelarán en 2029. En el gobierno de Nayib Bukele, el 6 de agosto de 2019, se emitió deuda por $1,097 millones, a una tasa de interés anual de 7.12 por ciento, que se terminarán de pagar en el año 2050. Y la última que ocurrió el 7 de julio de 2020: $1,000 millones, con 9.5 por ciento de interés anual y pagaderos a 2052.

Pero la sesión de este miércoles 16 de septiembre de 2020 ayudó también para que el entrevistado por los diputados de la comisión investigadora aclarara que, al contrario del discurso del presidente Bukele, el gobierno sí ha tenido a plena disposición el dinero de la deuda, sin tener que acudir a la ratificación de la Asamblea Legislativa. Ya había pasado más de una hora y media de sesión en la comisión legislativa que investiga los gastos en que incurrió el presidente salvadoreño con dinero proveniente de deudas y donaciones. El diputado del PDC Rodolfo Parker tomó la palabra para cuestionar a Martínez sobre el dinero que, según el informe, el BCR asegura que el gobierno sí ha tenido a disposición.

—Se expresó por parte suya, señor presidente, que de lo que ingresó hay ciertas porciones que estaban condicionadas a autorizaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Es correcto? —preguntó el diputado Parker al presidente Martínez, del BCR.

—Sí. De lo que ingresa en ese concepto de deuda externa, ingresa a las cuentas y allí está, pero Hacienda no puede utilizarlo si no tiene autorización de la Asamblea Legislativa de modificación en las partidas presupuestarias. Entonces, por ejemplo, el préstamo del Fondo (Monetario Internacional, FMI) de casi $400 millones pasó allí un mes, hasta tener la autorización para poder moverlo —respondió Martínez a Parker.

—Sí, pero… ¿ingresó, señor presidente? —cuestionó Parker. 

—Ingresó, ingresó… —contestó Martínez.

—Yo lo que quería es que quede claro, porque si no se relativiza y complica sus expresiones y nos complica a nosotros como comisión. Entonces, para claridad de la comisión, ese dinero del FMI de casi $400 millones ingresó y dispuso el gobierno de él. ¿Es correcto? —insistió Parker.

—Ingresó… Es correcto y… —dijo Martínez, antes de ser interrumpido por Parker.

—Sí, pero a esta fecha dispuso de él… ¿Es correcto? —preguntó Parker, subiendo el volumen de su voz.

—Es correcto —respondió el presidente del BCR.

El diputado regresó con un nuevo cuestionamiento y le pidió a Martínez que aclarara en público acerca de la emisión de títulos por $1,000 millones del 7 de julio pasado: ¿cuánto dinero tenía restricción legislativa? Es decir, de cuánta plata de esa deuda no podía disponer Bukele sin el permiso de la Asamblea Legislativa. El presidente del BCR le respondió a la comisión que de los $1,000 millones solo $354 millones necesitaban de una autorización de diputados para hacer modificaciones presupuestarias. Lo demás, $646 millones, fue dinero del que ya dispuso Bukele, pese a su discurso de no tener “ni un centavo partido por la mitad”.

Luego de su participación en la comisión legislativa del miércoles 16 de septiembre, Nicolás Martínez se despidió de su personal en el BCR al día siguiente. Aduciendo situaciones de “fuerza mayor”, escribió una nota de despedida en la que anunciaba su renuncia al cargo. “Por medio del presente les comunico mi renuncia al cargo de presidente del BCR por motivos de fuerza mayor (…). Me despido orgulloso de (…) haber sido de las pocas instituciones públicas y privadas con el menor índice de personas contagiadas y de fallecidos. Después de transcurridos unos años, este será reconocido como el mayor logro institucional: haber ayudado a proteger la vida del personal del BCR”, se lee en un mensaje institucional de despedida al que Factum accedió a través de una fuente que prefiere guardar anonimato.

Mensaje institucional con el que Nicolás Martínez se despidió del personal del Banco Central de Reserva, luego de poner su renuncia como presidente de esta institución.

Martínez es un economista con 22 años de especialización en materia de banca central. Ha asistido a la cooperación estadounidense en el país y fue especialista económico del extinto Ministerio de Planificación entre 1993 y 1994. Factum contactó con los secretarios de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia, Ernesto Sanabria y Sofía Medina, respectivamente, para tener una postura oficial de la separación de Martínez de su cargo, si en realidad se trató de una renuncia o de una destitución por parte del presidente Bukele por haberlo desmentido. Ninguno de los funcionarios citados respondió a la solicitud.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Conan Castro, sí emitió un comentario sobre la separación de Martínez de la presidencia del BCR. “Él presentó su renuncia. Tengo entendido que tiene otras visiones particulares”, dijo Castro de forma escueta cuando fue abordado por la prensa este viernes 18 de septiembre.

El gobierno de Bukele ha dejado de transparentar sus gastos, en especial los relativos a la pandemia, y los destinos de este dinero público. También ha mantenido una acometida contra el Instituto de Acceso a la Información Pública al reformar su reglamento y llevar comisionados afines a sus intereses de ocultar información de su gobierno. En los últimos meses, algunos medios de la prensa salvadoreña han revelado compras que hizo el gobierno de Bukele para atender la emergencia y que tienen indicios de corrupción al estar involucradas empresas de familiares de funcionarios públicos, o adquisiciones de artículos con sobreprecios. Por el momento, ni la Fiscalía General de la República, ni la Corte de Cuentas, ni la Cicies  –creada por el mismo Bukele– tienen casos judicializados sobre estas irregularidades.