Podría sonar extraño, pero el Centro Nacional de Registros -el CNR- se ha convertido en el último refugio de la democracia. O mejor dicho: es la última barrera que tiene la población para saber lo que el gobierno pretende ocultar. Lo que la nueva élite, aprovechándose del gobierno, quiere mantener a oscuras. Es la última ventana de la transparencia.
¿Cómo esta oficina llena de burocracia, con computadoras viejas e información difícil de procesar se convirtió en el contrapeso de un gobierno que se aprovecha del autoritarismo para enriquecerse?
Porque la información de los registros públicos de comercio y propiedad aún son públicos. Aún, pese a todo, le pertenecen a la gente.
Los registros públicos pueden ser consultados por cualquiera; es la puerta que tiene la población para acceder a información de cómo se conforman las empresas del país y de cómo las propiedades cambian de manos.
Gracias a esa información pública el periodismo ha podido contar cómo funcionarios se han servido del gobierno para mejorar su calidad de vida. Factum ha buceado en registros públicos para contar, por ejemplo, cómo el presidente del Banco Central de Reserva pagó de forma exprés dos créditos hipotecarios en cinco meses. Préstamos de más de medio millón de dólares que usó para pagar una casa y un apartamento y que debían pagarse en 35 años.
Esta semana, además, Factum publicó otra investigación relevante sobre lo que está ocurriendo en el centro histórico de San Salvador. Gracias a una meticulosa búsqueda de los registros públicos ahora sabemos que la Ciudad Bitcóin que prometió el gobierno en 2022 no se está construyendo en La Unión; está emergiendo en el revitalizado centro de San Salvador.
Tres bitcoiners, que se benefician económicamente con el gobierno Bukele, han comprado propiedades en el centro histórico. La gentrificación en San Salvador -que implica el desplazamiento de los usuarios habituales del centro- será una mina de oro para los critpoinversores. La ciudad dorada será para unos pocos: para los únicos que celebran que el bitcóin esté por las nubes.
No solo ha sido Factum. Las investigaciones de Redacción Regional, que se han nutrido de una exhaustiva revisión de los registros públicos, nos han contado cómo la familia presidencial también se aprovechó de las exenciones de impuestos para convertirse en nuevos dueños del centro histórico. No solo eso: ese medio también nos contó cómo el presidente Bukele se convirtió en eso que tanto criticaba cuando le importaban los votos: en un terrateniente, dueño de un feudo, en el mandamás de la finca que ordeña sin control.
¿Y por qué es la última ventana de la transparencia?
Porque el gobierno ha cerrado sistemáticamente el acceso a la información pública. El Instituto de Acceso a la Información es una sucursal de Nuevas Ideas; los datos más básicos, de salud, de seguridad, de educación, han sido puestos bajo reserva; la información sobre el patrimonio de los funcionarios ha sido cuidadosamente guardada bajo llave. Porque el gobierno no quiere ser descubierto.
El despertar cuando esto acabe será terrible. Pero los lamentos no serán suficientes cuando nos demos cuenta que se habrán llevado hasta las puertas.
Las búsquedas de información pública en el CNR aún permiten que la sociedad se entere de algo. Y no es poco en esta coyuntura de oscurantismo.
Pero eso puede cambiar repentinamente. Esta semana, por ejemplo, vimos cómo la Asamblea Legislativa, servil y oportuna para los intereses de unos pocos, estuvo a punto de cercenar aún más el acceso a la información.
Los registros públicos, protegidos en diferentes leyes, quedaron excluidos de las recién aprobadas leyes de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. La intención, sin embargo, era quitar ese acceso para que la oscuridad fuera total.
El CNR es la última barrera que nos queda para, al menos, enterarnos del salvaje hurto que El Salvador está viviendo. Defendamos nuestro derecho a saber.
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