La protección de los datos personales es una obligación del Estado. De eso no hay duda. El problema comienza cuando nos preguntamos: ¿Cuál es el Estado que supuestamente quiere proteger mis datos? O mejor aún: ¿Nuevas Ideas, que durante cinco años ha demostrado una alergia a la transparencia y ha probado que la vigilancia digital es lo suyo, realmente quiere proteger los datos personales de la sociedad salvadoreña?
Ocurre lo mismo con el Bitcóin: el problema no es que existan o se usen criptoactivos; el problema es que quien los usa y se lucra de ellos no es confiable.
Partimos de una premisa clara: Nuevas Ideas, el partido de la familia presidencial, no es de fiar, como tampoco lo fueron los partidos que anteriormente accedieron al control del Estado. Y las evidencias sobre este punto se han acumulado durante estos años. En noviembre pasado se aprobaron las leyes de ciberseguridad y de protección de datos, leyes que en apariencia buscan proteger a los ciudadanos, pero que esconden una intención mucho más oscura: silenciar cualquier voz disidente en el panorama digital.
El “derecho al olvido”, incluido en la ley de protección de datos, es una herramienta especialmente peligrosa. Bajo la excusa de proteger la privacidad de los individuos, se abre la posibilidad de eliminar información de interés público, incluso si esta es veraz.
Imagine un escenario donde investigaciones sobre corrupción, abusos de poder o violaciones de derechos humanos son borradas de internet por considerarse “inadecuadas” o “no pertinentes”. Los señalados de esos abusos nunca tuvieron tanto control.
¿Quién decidirá si una información publicada por un medio debe olvidarse? El gobierno. Juez y parte, como todo en esta época donde los contrapesos son vagos recuerdos.
Carlos Marroquín, el funcionario de seguridad que ayudó a un peligroso pandillero a salir de la cárcel y fugarse hacia México, se debe estar frotando las manos. Y los que quedan.
La nueva ley de protección de datos, en su artículo 8, dice que “el titular de datos personales tendrá derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se encuentre en bases de datos o registros físicos”. Es ingenuo pensar que este gobierno, que enterró la transparencia, entregará la información personal que ahora mismo niega a los ciudadanos.
¿O ya olvidaron que fue este mismo gobierno el que negó información real a los familiares de las víctimas del Covid? ¿Las entregarán ahora que estrenamos leyes? ¿O admitirán que la policía espía y perfila como delincuentes a los opositores políticos? ¿Esas bases se las entregarán a quienes las pidan haciendo uso de las nuevas leyes?
¿Lo creen? ¿No? Nosotros tampoco.
Tampoco hay que olvidar que este gobierno que ahora aprueba leyes que supuestamente quieren proteger digitalmente a sus ciudadanos es el mismo que en el pasado calló cuando se descubrió la existencia de Pegasus para espiar a periodistas. Es el mismo que dos meses después, a inicios de 2022, aprobó una reforma para la creación de los agentes digitales encubiertos, es decir, cuando se legalizó el espionaje.
Mientras el gobierno salvadoreño se jacta de su compromiso con la innovación y la tecnología, estas leyes muestran su verdadero rostro: un régimen autoritario que busca controlar todos los aspectos de la vida pública, y ahora el mundo digital.
El Salvador se encamina hacia una distopía digital donde la libertad de expresión y la libertad de prensa son sacrificadas en el altar del control y la propaganda. Nada nuevo, es cierto, pero es necesario aceptarlo y asumir esos costos. El olvido será selectivo, únicamente para quienes tienen el privilegio de que sus canalladas se borren.
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