¿Presidente ad eternum? Bukele se viste de Maduro y Ortega

En América Latina, permanecer en el poder más allá de lo reglado no es algo nuevo. En el pasado, en esta región, golpes militares se apoderaron de los diferentes órganos del Estado, gobernado bajo zozobras, violaciones a derechos humanos y convirtiéndose en dictaduras de manual. Sin duda, han sido períodos muy dolorosos en la historia de esta región. Pero como la historia parece ser cíclica, varios mandatarios, en épocas recientes, han reformado constituciones, han manipulado a la Corte Suprema de Justicia e incluso se ha llegado a clamar que existe un derecho humano a la reelección, con tal de enquistarse en el poder.

La artimaña es fácil: el mandatario se considera a sí mismo un ungido, y bajo la sujeción de los demás órganos del Estado, sólo él es capaz de llevar las riendas de su país y su pueblo “merece” tenerlo cuántas veces él lo considere, así sea ad eternum. Bajo esta narrativa y premisas hemos visto a Chávez, Ortega, Maduro, Morales, Correa, y ahora, por qué no, a Bukele, buscar perpetrarse en el poder.

La alternancia en el poder no es aspiracional dentro de una democracia, sino más bien una de sus piedras angulares. A nuestras jóvenes democracias latinoamericanas les costó bastante salir de las dictaduras militares y los conflictos armados internos en los años setenta y ochenta, como para tener que repetir esta lección casi sesenta años después.

Sin embargo, una de las diferencias más sustanciales entre los años setenta y ochenta es el desarrollo de los derechos humanos en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en la materia, ha desarrollado vasta jurisprudencia y estándares interamericanos en derechos humanos desde su primera sentencia en 1987, en diferentes temáticas, incluida la reelección indefinida. En su Opinión Consultiva 28 de 2021, a petición de Colombia, la Corte IDH analizó si la reelección indefinida en un sistema presidencial es contraria a los derechos humanos. La respuesta corta a esto es: Sí, es contraria a los derechos humanos.

En primer lugar, la Corte señaló que no existe un derecho humano a la reelección indefinida, pues esta viola principios básicos de la democracia representativa, como la periodicidad de las elecciones, el pluralismo político, la obligación de evitar que una persona se perpetúe en el poder y la necesidad de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poderes.

La Corte IDH va más allá y analiza si la prohibición de dicha medida viola los derechos políticos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). La Corte señala que, en un sistema presidencialista —como el de El Salvador y la mayoría de los países latinoamericanos—, quien ostenta la presidencia tiene una concentración de poder. Esto se debe a que no solo tiene la posibilidad de nombrar a su gabinete, sino que las constituciones, en general, le confieren importantes atribuciones, incluyendo facultades para nominar o elegir a las autoridades que integran otros poderes públicos (como por ejemplo el defensor del pueblo, la contraloría del Estado, o incluso a magistrados de las altas cortes, fiscales generales o defensores públicos). Por lo tanto, la permanencia de una persona en la presidencia por un largo período afecta la independencia y la separación de poderes.

Como consecuencia de lo anterior, la Corte IDH establece que la permanencia en el cargo amplía la posibilidad, por parte del Ejecutivo, de nombrar o remover a los funcionarios de otros poderes públicos o de los órganos encargados de controlarlos. De ahí la necesidad de un sistema de frenos y contrapesos que incluya limitaciones temporales claras al mandato del presidente.

Además, la Corte IDH estableció que quienes buscan la reelección presidencial tienen una amplia ventaja, pues su exposición mediática y la familiaridad para los electores es mayor. El propio ejercicio del poder puede fomentar la idea de que la continuidad de la misma persona en el cargo es indispensable para el funcionamiento del Estado.

Lo anterior, sin tener en cuenta que cuando los controles presidenciales no están en pleno funcionamiento, se pueden utilizar recursos públicos para, directa o indirectamente, favorecer su campaña de reelección.

La Corte incluso señala que mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja. Asimismo, considera que la reelección indefinida obstaculiza que otras fuerzas políticas, distintas a la del presidente en funciones, puedan ganar el apoyo popular y ser electas, afecta la separación de poderes y, en general, debilita el funcionamiento de la democracia.

En consecuencia, en una reelección indefinida –como la que va a llevar a cabo Bukele–, los mayores perdedores no son solo la democracia representativa, sino también sus ciudadanos, quienes están perdiendo la posibilidad de la alternancia en el poder y del pluralismo político.

Tristemente, el espejo de Nicaragua y Venezuela, países con regímenes autoritarios desde hace años y donde la posibilidad de elegir libremente está desvanecida, parece ser la nueva normalidad de los y las salvadoreñas.

Que Bukele busque perpetuarse no es algo que tome por sorpresa. Lo que sí sorprende es el silencio rampante de la comunidad internacional ante algo que pudo haberse evitado.

* Belissa Guerrero Rivas, es abogada salvadoreña y consultora internacional de derechos humanos. En el pasado laboró para Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito en Vietnam, entre otros. Posee una Maestría en Prácticas de Derechos Humanos por Gothenburg University, Roehampton University y Tromso University y un postítulo en Derechos de las Mujeres por la Universidad de Chile y una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA-El Salvador).