23029 Vistas |  3

Bukele devuelve a las sombras el presupuesto del OIE

El 2 de junio de 2019, en el primer decreto de la administración de Nayib Bukele, la Presidencia clasificó como “secreto de Estado” toda la información de su unidad de inteligencia, incluida la que tiene que ver con su presupuesto. Los gobiernos del FMLN escondieron fondos bajo el amparo del secretismo legal del OIE. Por esos manejos, el expresidente Funes es acusado de lavado de dinero y peculado y el gobierno de Sánchez Cerén es investigado. Pese a la promesa de Bukele de “eliminar la partida secreta”, su gobierno ahora se desdice al declarar secreto estatal este dinero público.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El gobierno de Nayib Bukele puso en categoría de “secreto de Estado” toda la información administrativa y presupuestaria del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) un día después de haber asumido la Presidencia de la República, el 2 de junio de 2019. El primer decreto ejecutivo de la administración Bukele, firmado por el secretario jurídico Conan Tonathiu Castro, declaró reserva a un presupuesto que sirvió a los dos últimos gobiernos del FMLN para disponer de dinero cuyo manejo ahora es parte de acusaciones e investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

“Todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, incluidos los aspectos administrativos, presupuestarios de personal, organización y funcionamiento del mismo, serán considerados como clasificados y secretos de Estado”, dice el nuevo artículo 75-B del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), reformado por el Consejo de Ministros de Bukele.

El primer decreto ejecutivo del gobierno de Nayib Bukele es en realidad un pliego de reformas al RIOE con el que creó los nuevos ministerios y las secretarías, dio nuevas atribuciones al Ministerio de Obras Públicas y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, entre otros, y dictaminó el cese de plazas de trabajo en las secretarías que cerró el nuevo gobierno. También allí incorporó un nuevo capítulo, concerniente al OIE, con dos artículos con los que cerró la puerta para que se conozca el presupuesto que tendrá el organismo.

OIE secreto de Estado

Reformas hechas al Organismo de Inteligencia del Estado en la primera decisión tomada por la administración de Nayib Bukele.

El reglamento reformado no solo declara ahora como secreto de Estado el dinero público para el OIE y su manejo, también deja ir una advertencia: “Su divulgación por cualquier persona constituirá el delito de revelación de secretos de Estado, tipificado en el artículo 355 del Código Penal”. Violar un secreto de Estado tiene una pena de dos a seis años de cárcel. Pero la nueva disposición del Ejecutivo de incluir el presupuesto del OIE como información reservada y elevar esa reserva a la categoría de secreto de Estado podría tener vicios de ley, según la opinión de expertos.

El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, fue consultado por Factum sobre esta reforma. Arévalo respondió que es un principio del derecho que ningún reglamento ejecutivo puede ampliar ni reducir la incidencia de una ley de la República.

La Ley del OIE dice algo distinto al nuevo artículo del reglamento. El artículo 8 de la ley establece que son consideradas como información clasificada las actividades a las que se dedica el OIE, pero no menciona las áreas administrativa ni presupuestaria, como sí lo hace ahora el RIOE.

Otro punto que resalta es que el mismo artículo 8 de la Ley del OIE solo establece que esos datos son “clasificados”, pero no los considera “secreto de Estado”, como también lo dicta ahora el reglamento reformado por el gobierno de Bukele.

“El reglamento de una ley no puede desarrollar algo más allá del alcance previsto por la ley y mucho menos ir en contra de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que es la ley específica que regula el derecho constitucional de derecho a la información”, dijo Arévalo en una conversación con Factum. Otros abogados que fueron consultados y que pidieron la reserva de su identidad indicaron que el nuevo artículo del decreto ejecutivo podría ser llevado a la Corte Suprema de Justicia bajo un recurso de inconstitucionalidad.

El gobierno de Bukele, hasta el cierre de este artículo, no respondió a los cuestionamientos que Factum hizo llegar a través de su secretario de Prensa, Ernesto Sanabria. Esta revista consultó los criterios que usó el Consejo de Ministros del nuevo gobierno para clasificar información presupuestaria del OIE cuando resoluciones de la Sala de lo Constitucional y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de los últimos años han determinado que el manejo de dinero público debe ser de acceso abierto.

También se consultó a la Presidencia por qué desde el primer decreto ejecutivo del gobierno de Bukele se le da reserva total al presupuesto del OIE, teniendo en cuenta que los dos gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, usaron esta partida para hacer manejos financieros por los que ahora el expresidente Mauricio Funes es acusado por lavado de dinero y peculado y la administración de Salvador Sánchez Cerén es investigada.

El IAIP, por jurisprudencia, ha establecido que el OIE es una institución que es parte de los entes obligados a brindar acceso a información pública. Si bien el instituto ha confirmado que este organismo puede actuar en reserva, lo que concierne a su presupuesto y el manejo del dinero público puede ser de carácter público.

El IAIP, de hecho, comunicó el 28 de mayo de 2019, tres días antes de que terminara la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, que había resuelto a favor de los ciudadanos Jaime Alberto López y Sonia Beatriz Hernández, quienes solicitaron el año pasado a la Presidencia conocer el “registro diario de transacciones presupuestarias aplicadas con cargo al objeto específico (partida presupuestaria) 54315 del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018” del OIE.

La información que López y Hernández solicitaron fue denegada en un primer momento por la Presidencia, para lo que adujo reserva de la información. No era la primera vez que el gobierno rechazaba transparentar el presupuesto del OIE. Ese mismo año, la administración de Sánchez Cerén le negó información financiera a la Corte de Cuentas de la República y se amparó en el secretismo que la ley le otorga al OIE. Una investigación de El Faro determinó entonces que el gobierno de Sánchez Cerén había abultado la billetera de los gastos reservados hasta por 147.96 millones de dólares en sus años de gestión.

La resolución del IAIP ordenó que se entregara la información a López y Hernández por no tener ningún carácter de reserva. En su posicionamiento, los comisionados del instituto expresaron que “la población tiene derecho a ejercer contraloría social sobre el gasto público, incluso aquellos montos destinados al OIE, sin que implique conocer aspectos que puedan poner en riesgo de forma clara la seguridad nacional, seguridad pública y otros bienes jurídicos protegidos”.

El instituto, para argumentar su resolución, se alimentó de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que en sentencias previas había determinado el derecho a conocer el manejo que se hace del dinero de los impuestos en general, incluso el de instituciones como el OIE.

López, quien es director de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) adscrita a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), confirmó a Factum que la Presidencia brindó la información que el IAIP ordenó entregar. Dijo también que conoce sobre el decreto ejecutivo número 1 del gobierno de Bukele y sobre la decisión de volver a ocultar la información presupuestaria del OIE.

El gobierno de hecho ya empezó a rechazar solicitudes de información referidas al OIE. El abogado Roberto Burgos pidió a la Presidencia el 10 de junio pasado que se le brindaran los nombres de los organismos de inteligencia que dependen del presidente de la República, el organigrama del OIE, las funciones de la Unidad de Análisis Económico del OIE y el nombre de los consultores externos contratados por esa unidad y el monto del pago de sus honorarios.

La Presidencia le respondió a Burgos, el 2 de julio siguiente, que el único organismo de inteligencia que depende del presidente de la República es el OIE, a pesar de que Bukele, en sus primeras intervenciones públicas como mandatario, acusó a dirigentes de su expartido, el FMLN, de estar detrás de un plan de desestabilización de su gobierno gracias a información que recogieron “las tres agencias de inteligencia del Estado”.

De hecho, el OIE no es la única oficina de inteligencia. La Policía Nacional Civil tiene una unidad de inteligencia, así como la Fuerza Armada de El Salvador tiene vigente a su Conjunto II de Inteligencia.

Aparte de la respuesta que le dio la Presidencia a Burgos, lo demás lo declaró en reserva. Sin embargo, la nueva administración de Bukele no se basó en su nuevo artículo 75-B del RIOE, sino en una declaratoria de reserva que hizo el OIE en 2015, durante el gobierno de Sánchez Cerén.

Burgos apeló ante el IAIP y el instituto admitió el recurso. El abogado comentó que aún no le han dado una fecha para la audiencia en la que luego se decidirá si la información que pidió debe ser pública o se mantendrá en reserva.

El IAIP, en su comunicado del 28 de mayo, hizo una exhortación final al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa para que aprobaran una ley que pueda servir para controlar los llamados gastos reservados de la Presidencia relacionados al OIE y puedan conocerse montos y destinos del dinero público.

Cinco días después, el 2 de junio, el nuevo presidente, Nayib Bukele, respondió al llamado, aunque no de la manera esperada: en lugar de transparentar el presupuesto del OIE, lo convirtió en secreto de Estado. Pese a su promesa de campaña de eliminar la partida secreta.

El gobierno de Nayib Bukele reconfirmó con su decisión la práctica de los gobiernos del FMLN de escudarse en la Ley del OIE para manejar dinero público en secreto. Los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén se abrigaron en la reserva de la funcionalidad de la unidad de espionaje del gobierno.

Solo en la presidencia de Funes, de 2009 a 2014, la Fiscalía determinó que por el presupuesto del OIE pasaron más de 350 millones de dólares, aparte de los 147.96 millones que se atribuyen a la administración de Sánchez Cerén.

El OIE es una oficina que tiene a su cargo el acopio y análisis de información sobre riesgos, amenazas y posibles vulneraciones y atentados a la soberanía nacional. La inteligencia es un mecanismo de resguardo de los estados para mantener su orden establecido y evitar la insurgencia en el territorio. Para ello esta oficina dispone de recursos propios y tiene acceso a bases de datos en poder de las instituciones públicas. También hace seguimiento de personas, espionaje y se respalda con informantes.

Los antepasados del OIE tampoco fueron transparentes y su manipulación siempre fue cuestionada. La extinta Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (Ansesal), por ejemplo, sirvió para que los gobiernos militares de la década de los setenta del siglo pasado pudieran identificar, con trabajo de inteligencia, opositores políticos en las organizaciones populares, en los medios de comunicación y en las iglesias para luego ejercer represión.

Todos los archivos que recopiló Ansesal, cuando fue cerrada por la Junta Revolucionaria de Gobierno luego del golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero en 1979, fueron sustraídos y su destino fue desconocido. Sin embargo, los escuadrones de la muerte de principios de los años ochenta usaron listados de opositores políticos y personas relacionadas a los movimientos armados insurgentes para cometer ejecuciones extrajudiciales.

Durante la guerra de los años ochenta, tras la eliminación de Ansesal, surgió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), adscrita al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. La DNI ha sido mencionada en las investigaciones de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA en noviembre de 1989. Los Acuerdos de Paz de 1992 eliminaron a la DNI y fue entonces que surgió el OIE, “sometido al poder civil” y dependiente del presidente de la República, que actuaría apegada al respeto a los derechos humanos. Pero el OIE, a la fecha, mantiene rasgos de la identidad de sus antecesores.

Las funciones del OIE son reservadas. Pero su administración y los dineros públicos que maneja han estado en el centro de debates jurídicos en esta década. Pese a que la Ley Orgánica del OIE y su reglamento dictan que el trabajo de inteligencia es clasificado, resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del IAIP han delimitado la restricción y han abierto entradas para que el presupuesto oculto de esta oficina pueda conocerse, puesto que se trata de dinero que proviene de los impuestos.

¿TE HA GUSTADO EL ARTÍCULO?

Suscríbete al boletín y recibe cada semana los contenidos en tu email.