IAIP compartió a Casa Presidencial información confidencial de ciudadanos

En la primera quincena de junio de 2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública mandó a Casa Presidencial reportes que contenían datos personales de solicitantes de información. Tras la suspensión de estos envíos, el presidente del Instituto autorizó el traslado de datos estadísticos de las solicitudes de información. Los demás comisionados, que desconocían esta situación, piden al presidente del IAIP responsabilizarse de haber autorizado el envío de los reportes estadísticos, por haber puesto en riesgo la autonomía de la institución. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) entregó a la Presidencia de la República, al menos durante dos semanas, información confidencial de los ciudadanos: reportes que contenían datos personales de los usuarios que solicitaron información a través de su portal. El Instituto suspendió el envío de esos informes el 16 de junio de 2019, pero Casa Presidencial se percató y pidió que se los continuaran enviando. El presidente del IAIP, sin notificarle al resto de los comisionados, autorizó que la Unidad de Tecnología del Instituto elaborara nuevos reportes para el Ejecutivo.

Se trató de dos momentos que comprometen al IAIP. En el primero, hubo una filtración de información confidencial; y en el segundo, una intervención de un comisionado para generar reportes, sin datos personales de los usuarios, para la Presidencia de la República. La explicación que da la Unidad de Tecnología del IAIP de la transferencia  de información confidencial a la Presidencia es que un código programado en el portal generó el envío automático de las notificaciones a Casa Presidencial. 

 “Incluía todos los datos personales: el nombre, e incluía el requerimiento, y recordemos que la gente en el requerimiento a veces pone número de DUI, número de teléfono, correos electrónicos”, detalló el jefe de la Unidad de Tecnología del IAIP, Jorge Martínez, en una reunión con los comisionados del IAIP el 23 de septiembre, según consta en una grabación a la que Revista Factum tuvo acceso. 

El IAIP administra, desde el pasado 31 de mayo, el portal https://www.transparencia.gob.sv/, donde los ciudadanos pueden solicitar información a 285 instituciones, desde ministerios hasta alcaldías. Cada vez que un usuario pide información, debe colocar una imagen de su DUI, su dirección, números telefónicos y su ocupación. Todo eso, que por ley debería ser resguardado, es lo que fue expuesto la primera quincena de junio de 2019.

El Instituto le entregó esa información confidencial a una institución a la que debe fiscalizar. 

Y ni el mismo IAIP tiene claro cuánta información confidencial llegó a la Presidencia por esa filtración. Tampoco ha establecido quién deberá responder por ello: “Estamos en un proceso de determinarlo por medio de una auditoría externa, para que sea bajo esa valoración que determinemos todo lo demás”, dijo Martínez, el jefe de la Unidad de Tecnología del IAIP,  en una entrevista con Revista Factum el pasado 1 de noviembre.

Según Martínez, cuando él se dio cuenta de los reportes enviados a inicios de junio le avisó al presidente del IAIP, René Cárcamo: “Le comuniqué al doctor de manera verbal que habíamos encontrado esa situación y que se había suspendido para evitar cualquier malentendido hacia nosotros, pero él me decía que si había la posibilidad de seguírselos enviando”, afirmó el jefe de Tecnología en la sesión del 23 de septiembre, según consta en el audio de la reunión. 

El problema no terminó ahí.  La Unidad de Tecnología acató la orden del presidente del Instituto y mandó nuevos informes durante un mes, desde el 19 de agosto al 19 de septiembre pasado, que contenían cinco campos: el número de referencia, tipo, fecha de ingreso, estado y fecha de vencimiento de la solicitud de información. Pero a la Presidencia no le bastó, y empezó a pedir que le agregaran una columna con más información. 

Casa Presidencial  (CAPRES) quería saber por adelantado la información que los ciudadanos le piden a todas las instituciones. Cuando el IAIP dejó de enviar información confidencial, el Gobierno continuó instigando para que le reportaran algo que por ley es prohibido y contó con la complicidad del presidente del Instituto, quien comprometió la independencia de la institución, según testimonios, un audio de una sesión privada, actas, memorandums y correos electrónicos intercambiados en los últimos meses.

La intervención del presidente del Instituto inició después de la filtración inicial. El jefe de Tecnología del IAIP asegura que, además de ordenarle por escrito la entrega de reportes con los cinco campos mencionados arriba, el comisionado presidente lo conminó verbalmente a que enviara a la Presidencia otra columna que detallara cuál era la información que estaban pidiendo los ciudadanos, a pesar de que, según él, le advirtió que ese campo almacenaba datos personales de los solicitantes.

 El IAIP fue creado para proteger a los ciudadanos de abusos de instituciones que no quieren entregar información pública. El artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con la cual se rige el Instituto, establece como una infracción grave revelar datos personales de los ciudadanos porque esta es información confidencial. Y, según el artículo 56 de la misma ley,  “divulgar o utilizar información reservada o confidencial, por mala fe o negligencia” es una causa de remoción de un comisionado. 

Cárcamo autorizó el envío de los reportes estadísticos a CAPRES a espaldas de los otros comisionados que conforman el pleno del IAIP. Ellos lo interpelaron por esa decisión en la sesión del 23 de septiembre. Según el audio al que Factum tuvo acceso,  una de las comisionadas reprochó al comisionado presidente la “falta de coraje” por no asumir la responsabilidad de haber dado la autorización de elaborar los reportes estadísticos.

El presidente del IAIP marginó un memo con fecha 30 de julio, con la orden de que se diera cumplimiento al envío de informes sobre solicitudes de información a CAPRES.

Los comisionados al margen

Los demás comisionados del IAIP se enteraron de que la institución estaba enviando los reportes sobre las solicitudes -en su versión pública- a la Presidencia hasta el pasado 19 de septiembre, fecha en que ordenaron parar la generación de los informes.

“A mí me da vergüenza con ellos (con los técnicos del IAIP). Es que aquí se trata de tener la valentía suficiente y decir ‘yo autoricé y punto‘… Tengo una pregunta, René. Si decís que te diste cuenta el 21 de agosto que se estaban haciendo esos envíos de informes, ¿Por qué no le dijiste pare el envío de esos informes porque no tiene autorización?”, cuestionó una de las comisionadas durante la reunión, según la grabación. 

“Sí, tenés razón, no lo hice”, le contestó el presidente del Instituto.

El reclamo de la comisionada se dio porque Cárcamo intentó responsabilizar al jefe de informática del envío de los reportes, a pesar de que él, el presidente del IAIP, firmó el memorandum del 30 de julio para autorizar el inicio de los envíos. 

Los comisionados escucharon a Cárcamo y también al jefe de Tecnología. Preguntaron sobre tres reuniones que tuvo el equipo técnico del Instituto de Acceso con personal de la Presidencia. Esta es parte de un diálogo que se dio entre Martínez y el presidente del IAIP en la sesión de la interpelación, según la grabación:

— Ya lo habíamos conversado con ellos (personal de la Presidencia) y con usted, dijo Martínez. 

 —  Conmigo no lo había conversado, respondió Cárcamo. 

— Doctor, ellos ya venían con la posición de que iban a recibir el informe. ¿Con quiénes estaban hablando de recibir el informe? Al principio no era conmigo.

— Sí, pero el informe no… lo que habíamos tratado es el tema del histórico.

 — Doctor…

— No, a mí no me cuestione, yo le estoy preguntando también.

— No, doctor. En esa primera reunión se mencionó que teníamos que ver la posibilidad de remitírselos a ellos, y usted estaba ahí, y usted lo sugirió. Y ¿Por qué dijo que lo sugirió?: Porque necesitábamos presupuesto, y que este podía ser un enganche, replicó Martínez.

— Con usted no he hablado de presupuesto.

— Doctor, doctor, pero usted me dijo que si hacíamos esto era un enganche para poder obtener…

— Por favorrrrr, interrumpió Cárcamo. 

— Déjelo que hable, terció otra comisionada. 

El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), René Cárcamo, durante una firma de convenio de cooperación con una empresa, el 31 de octubre de 2019.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez

Los comisionados, después de recibir el informe del técnico, se desmarcaron de la decisión tomada por el presidente del IAIP de enviar los reportes diarios a la Presidencia, y han calificado lo ocurrido como un atentado contra la autonomía y credibilidad de la institución.

“Los comisionados que no conocíamos y que no autorizamos tal decisión exigimos al presidente Cárcamo asuma su responsabilidad y que cualquier situación que se derive de estos hechos será él a título personal que debe de responder”, se pronunciaron al final de la reunión del 23 de septiembre, según consta en el acta de esa sesión.

 El presidente del IAIP, aún con el veredicto de sus compañeros, insiste en que no puso en riesgo la credibilidad de la institución porque únicamente autorizó el envío de reportes estadísticos. “Si así hubiese sido (autorizar entrega de información confidencial), yo sería el primero en dar un paso al costado, porque estaría incumpliendo con la LAIP y con el juramento que uno hace”, dijo a Revista Factum el pasado 1 de noviembre.

Gabriela Gámez, oficial de acceso a la información de la Presidencia, envió un correo al jefe de tecnología del IAIP el 19 de agosto pidiéndole que agregara más información a los reportes que estaban enviando. “Ingeniero, comentarle que adicional a estos datos y en las reuniones sostenidas por mis compañeros con su persona también se le solicitó que agregara otra columna en la que se especificara qué información había sido requerida a la entidad”, se lee en el correo enviado en esa fecha.

Ella fue contratada por la presidencia de Nayib Bukele como la oficial de acceso a la información justo después de haber renunciado al cargo de jefa de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública del IAIP. De hecho, Gámez participó en las primeras reuniones para coordinar lo del envío de los informes hacia Casa Presidencial, pero lo hizo como empleada del Instituto. Luego se cambió de cancha. Ya tenía experiencia trabajando con el equipo jurídico de Bukele porque fue oficial de acceso interina de la alcaldía de San Salvador durante 2017, cuando Bukele era alcalde de ese municipio.

Revista Factum la buscó para que explicara por qué la Presidencia estaba requiriendo información de las solicitudes al IAIP, a lo que ella únicamente respondió vía correo electrónico:   “Aclararle que no se solicitó información relativa a datos personales de solicitantes”.

Por más presupuesto

El señalamiento del jefe de tecnología del IAIP va más allá. No solo afirma que su jefe lo conminó a entregar información que comprometía datos de los ciudadanos, sino que sostiene que le dijo que lo harían para obtener más presupuesto para  el IAIP de cara  2020.

“Me lo dijo verbalmente y le dije que si estaba seguro que se iba a realizar esto. Lo dijo en el vehículo, y en el informe lo menciono, que veníamos de una tercera reunión (con personal de CAPRES)”, confirmó Martínez a Revista Factum.

En el informe que cita Martínez, él recrea esa reunión con las siguientes palabras: “En el regreso a las Oficinas del IAIP, el Comisionado Gregori (Rodríguez), me consultó lo siguiente: ¿Cuál es su posición ante esto? Mi respuesta fue: “esto no se debe hacer, la LAIP expresamente menciona que los canales correctos son vía solicitud de acceso a la información pública y nosotros no debemos estar haciendo eso, que la imagen y el prestigio institucional se verá manchada si esto sale a la luz”.

El informe de la Unidad de Tecnología agrega: “Además, comente (sic): ‘Uds., comisionados, ¿están seguros de hacer esto, saben el riesgo de lo que sucederá si se enteran los instituciones y la sociedad civil?’. La respuesta del comisionado presidente fue: ‘ingeniero, estamos claros, pero recuerde que también existe el tema político y en este momento necesitamos presupuesto para movernos de instalaciones y otros proyectos'”.

Cárcamo también niega que haya hablado de conseguir más fondos, tal como lo sostiene el técnico:  “Aquí hay muchas expresiones verbales que dan preocupación, porque hay muchas cosas que se llega casi a una historia de terror. Lo que sí se le dijo es que entregue información estadística”, sostiene el funcionario.

El Instituto es, por ley, el ente rector de la información pública, es decir, supervisa que instituciones como Casa Presidencial, que son entes obligados, entreguen la información en su poder. El presidente del IAIP cree que el envío de los reportes no generó un conflicto de intereses entre el ente rector y un ente obligado. Para él, su único error ha sido no haber comunicado a sus compañeros que se le estaban enviando esos reportes a CAPRES.

¿Y a cuenta de qué una institución de presupuesto limitado, y con sobrecarga de trabajo, dedica personal para hacerle informes a Casa Presidencial?  “No se pensaba hacerlo de manera permanente. Tenemos un sinfín de actividades de relaciones inter-institucionales. Diariamente entes obligados, de cualquier naturaleza, nos solicitan opiniones jurídicas. Nosotros hemos dicho: somos una institución de puertas abiertas, con ese afán es que se hace”, justifica el presidente del Instituto en la entrevista con Factum. 

El origen del problema

La extinta Secretaría de Transparencia del último Gobierno del FMLN entregó al IAIP el portal transparencia.gob.sv los últimos días de mayo, antes de la llegada de Bukele a la presidencia. Esa página se convirtió en lo que ahora se conoce como Sistema de Gestión de Solicitudes, que es administrado por el Instituto, y que centraliza las solicitudes de información tanto del Ejecutivo como de alcaldías. El IAIP empezó a administrar ese portal a partir del 31 de mayo de 2019, tras la firma de un convenio con la desaparecida secretaría.

“Es evidente que hay una intervención ilegítima, porque la Presidencia eventualmente puede convertirse en objeto del escrutinio ciudadano. Entonces, ¿por qué interviene en un momento en que la solicitud ni siquiera ha sido admitida? Que se filtre la información en el Instituto es que estamos ante un acto arbitrario que atenta ante los principios mismos de la LAIP”, señala Roberto Burgos Viale, un estudioso del derecho al acceso a la información.

En 2014, cuando Burgos trabajaba en el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), solicitó a Transparencia información de quiénes eran los encargados de administrar los datos de los ciudadanos en transparencia.gob.sv y por qué ese portal incluía campos que no eran necesarios para gestionar la información. Lo hicieron porque les pareció sospechoso que desde aquel momento se quería forzar a la ciudadanía a usar formularios que recopilaban datos personales.

“No hay problema que existan esos sistemas de gestión que van a ser utilizados para fines estadísticos. El asunto es cuando ya se comparte esa información con entes obligados”, opina Burgos.

El problema, a juicio del abogado, no es que el IAIP gestione un portal donado por el anterior Gobierno, sino que el Instituto no tenga auténtica independencia de la Presidencia, porque está amarrado a recibir fondos del Ejecutivo. Y detecta un problema aún mayor: que se estén filtrando datos de los usuarios, aprovechando el  vacío legal que existe en cuanto a la custodia y manejo de datos personales.

El Gobierno salvadoreño aprobó recientemente un acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de datos biométricos (la huella dactilar, por ejemplo) de migrantes. El IAIP salió al paso de este acuerdo con un comunicado en el que recordó que es el encargado de velar por la protección de los datos de los ciudadanos.  El mismo Instituto que internamente se debate sobre el manejo que le han dado a la información de las solicitudes ciudadanas publicó: “Al pueblo salvadoreño se le reitera que el IAIP trabaja para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales que se encuentran en manos de las instituciones del Estado” .

En El Salvador no hay una ley específica para la protección de datos de los ciudadanos. Los diputados de la Asamblea Legislativa arrancaron esta semana la discusión de dos proyectos de ley sobre la palestra. El IAIP ha pedido que, en sintonía con una de esas propuestas, le amplíen sus facultades para ser el vigía de los personales de la ciudadanía.