Un Gobierno que está rompiendo el orden constitucional y que no cree en la separación de poderes no tiene la solvencia para impulsar una reforma a la Constitución, dice Tim Muth, doctor en derecho de Harvard, quien ha dado seguimiento a la política de El Salvador por dos décadas y ha escrito sobre esta por 17 años. En fechas recientes compartió un documento donde detalla los 215 artículos que el Equipo Ad Hoc propone reformar de la Constitución de la República. En esta entrevista hace un análisis sobre algunos de los cambios propuestos y alerta sobre otros, como lo rápido que sería modificar la Constitución a futuro.
En las últimas semanas circuló en redes sociales un documento que comparaba la actual Constitución de la República con el borrador de reforma que ha elaborado el Equipo Ad Hoc. El autor es Tim Muth, un abogado estadounidense con un doctorado en derecho de Harvard Law School que trabaja en el área de derechos civiles. Desde 2004 escribe sobre las noticias, conflictos y política del país en su página El Salvador Perspectives.
Revista Factum conversó con él para conocer su análisis sobre las propuestas de reforma. En su cuadro comparativo destacan algunos cambios de diseño en el Estado, como la eliminación de la Sala de la Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, así como los nuevos métodos de participación del electorado como el plebiscito, el referéndum revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas.
Tanto su tono para hablar como sus comentarios son sobrios, pero directos. Frente a la posibilidad de una apertura a la despenalización del aborto cuando la vida de la madre esté en peligro o el reconocimiento a las uniones entre personas no heterosexuales considera que es mejor que ambos temas estén mencionados, aunque sea de manera ambigua, a su ausencia.
El Ejecutivo dio esta semana la estocada final al Órgano Judicial con la aprobación de un decreto para sacar del sistema de justicia a todos los jueces mayores de 60 años. Ya el 1.º de mayo se había hecho del control de la cúpula judicial con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Muth señala que este gobierno no cree en la separación de poderes y, por tanto, “no tienen la autoridad moral para proponer cambios a la Constitución”.
El abogado también apunta que “hay algo muy peligroso en el borrador del Equipo Ad Hoc y es la nueva manera para reformar la Constitución en el futuro: solo se necesita una mayoría simple en la Asamblea Legislativa y después la ratificación por voto popular y no ahonda sobre el proceso del voto popular”.
Al elaborar este cuadro comparativo entre la actual Constitución de El Salvador y la propuesta del Equipo Ad Hoc, ¿encendió alguna alerta este ejercicio para usted?
Más preguntas que una alerta. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas revisiones a tantos artículos de la actual Constitución? 215 artículos han cambiado y muchos con cambios muy pequeños y no muy importantes; pero otros con cambios totales, como eliminar al Tribunal Supremo Electoral o el cambio de la Sala de lo Constitucional a un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia.
¿Estamos frente a una reforma constitucional o un rediseño del Estado?
Para mí lo más importante es el proceso que sigue, si en la Asamblea Legislativa va a ser solo un voto sobre todo el documento o quizás 215 votos, artículo por artículo. Y creo que es una pregunta muy importante, porque podemos imaginar a un diputado o una diputada que diga que el derecho humano al agua es algo que debe estar en la Constitución, pero que tenga dudas sobre dar un año más para una presidencia de seis años y no de cinco años. ¿Un diputado puede separar votos en las diferentes partes? Ahorita no sabemos el proceso. El vicepresidente (Félix Ulloa) dice que será decisión del presidente Bukele cuándo y cómo va a entregar la propuesta a la Asamblea.
¿Cree que la reforma cumplirá el proceso detallado en la Constitución?
Sí, creo que van a seguir con el proceso de aprobación en la legislatura actual y después la ratificación en la legislatura que viene de las elecciones en 2024. Para las personas interesadas en el proceso, las elecciones en 2024 tendrán mucha importancia porque para el segundo voto de la reforma es necesario mayoría calificada. La oposición o las personas que no quieran cambiar la Constitución necesitan tener al menos 29 diputados para prevenir los cambios.
Entre los cambios más fuertes están los de materia electoral y de ordenamiento jurídico, ¿son propuestas sustanciales?
El país no necesita estos cambios. Me parece que son cambios solo de forma y no reales. Creo que se deben a que el presidente Bukele tiene grandes conflictos con ambos: con la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Se eliminan, pero el país necesitará las funciones de ambos, entonces van a continuar, solo que con otros nombres y algunas atribuciones diferentes.
En el borrador proponen crear un instituto electoral y una sala de lo electoral en sustitución del Tribunal Supremo Electoral, ¿hay ambigüedad en las atribuciones de estos?
Quizá es un cambio bueno hacer una separación entre el proceso de administrar las elecciones y que haya una entidad para esta función y una diferente encargada de las reglas sobre partidos políticos, quién puede ser candidato, etc. Son funciones bien diferentes, puedo entender un cambio en este sentido.
También eliminan el periodo de campaña electoral, detallado actualmente en el artículo 81, y remiten a otra ley para determinar esto, pero esa ley deberá trabajarse después. Eso ocurre en varios artículos, ¿podría dificultar muchos procesos esto? Por ejemplo con las elecciones.
Sí, hay muchos ejemplos en el borrador donde dice que van a tener una ley sobre eso. Por ejemplo, en el conflicto de los derechos a la vida y de la mujer embarazada, dice que después una ley determinará el balance de los intereses de los dos. Hay que recordar que cuando no hay ley, no importa qué dice la Constitución, los ciudadanos no pueden gozar de esos derechos. Igual con el ejemplo de la propaganda electoral, si la Asamblea no hace leyes para implementar los cambios, habrá periodos de incertidumbre.
En la propuesta del artículo 68 dicen que “reconoce el derecho del cuerpo electoral a expresarse mediante las consultas ciudadanas, siendo estas el plebiscito, el referéndum revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas”. ¿Ayudaría esta apertura a que la ciudadanía tenga mayor participación en las decisiones del país?
Es posible. Hay ejemplos en los Estados Unidos. En el estado de California hay derechos y prácticas muy fuertes con los referéndum populares en las elecciones. Casi cada año hay 10 o 20 propuestas de la ciudadanía para leyes nuevas. Y a veces no son a leyes bien pensadas. Pero creo que hay algo muy peligroso en el borrador del equipo Ad Hoc y es la nueva manera para reformar la Constitución en el futuro: solo se necesita una mayoría simple en la Asamblea Legislativa y después la ratificación por voto popular y no ahonda sobre el proceso del voto popular. Entonces, es posible imaginar que un día un presidente muy popular propone reformarla el día uno, el día tres la Asamblea pasa la reforma y el día cinco con el voto de la gente ya tenemos una constitución reformada en solo una semana. Quizás necesita más tiempo para hacer elecciones, pero podemos imaginar un proceso muy rápido que solo necesita una mayoría del voto popular. Entonces, todos los derechos en la Constitución solo tienen esta protección que es muy débil.
Muchos han destacado la apertura en temas como la despenalización del aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo o las uniones de personas no heterosexuales, como en los artículos 1 y 2. ¿Quedan claros estos derechos en la redacción o podría ser solo retórica?
Nadie puede decir –bueno, sí, alguno podría, je, je– que no son derechos importantes el ser libre de discriminación por identidad de género u orientación sexual y la Constitución actual dice nada sobre esto. Entonces es un avance. ¿Es suficiente para proteger a las personas de discriminación? Dependerá de las cortes y la calidad de los jueces. Pero es mejor que esté a que no esté. Y por otro lado, quizá es un poco para decir al mundo que en El Salvador se tiene una Constitución moderna, progresista y que es un país avanzado en estos temas, pero todo dependerá de lo que pasa en las cortes.
En términos generales, ¿qué ventajas y qué peligros encuentra en estas propuestas?
Hay cambios importantes, por ejemplo el derecho humano al agua es algo que el Foro del Agua, las universidades, la iglesia y muchas personas en el país están clamando desde hace muchos años. Creo que el cambio para reconocer los intereses de la mujer embarazada es otro cambio importante, al igual que reconocer los problemas de discriminación contra la comunidad LGBT y otros. Pero el problema es quién está proponiendo el borrador, es un gobierno que nadie puede negar que muchas veces está rompiendo el orden constitucional. Creo que la hipocresía del gobierno es más evidente en las propuestas sobre acceso a información pública, porque este gobierno tiene más información bajo reserva que los anteriores. Tengo dificultad para creer que ellos están actuando de buena fe y más después del autogolpe del primero de mayo para remover magistrados de la Sala de lo Constitucional sin el debido proceso y solo porque el presidente actual y su partido en la Asamblea creen que tienen una interpretación de la Constitución que es correcta, que es diferente a los fallos de la Sala (de lo Constitucional). Y es evidente que el Ejecutivo y Legislativo no creen en este principio fundamental de la separación de poderes. Cuando tenemos actores que no creen en la separación de poderes, ellos no tienen la autoridad moral para proponer cambios en la Constitución.
Algunos expertos en derecho creen que cambiar la Constitución “es de manual” para un gobierno autoritario. ¿Ve alguna amenaza de esto?
Creo que hay una amenaza. Y creo que hay un problema porque a la ciudadanía ahorita no le importan las ideas que no pueden tocar, como la separación de poderes y las cortes independientes, porque en el pasado las tuvieron, pero igual hubo gobiernos corruptos, presidentes ladrones, entonces se preguntan: “¿qué vale la democracia?, ¿qué vale la Constitución si no pudo prevenir los actos corruptos de gobiernos anteriores?”. Creo que es un punto válido, pero creo que no es una buena idea la de eliminar la posibilidad de controlar a un presidente o una asamblea o un fiscal. Cuando hay un balance de poderes, los diferentes poderes se pueden chequear uno a otro y el país está más protegido.
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