«No es casual que la independencia judicial esté en crisis en el triángulo norte»

La Fundación para el Debido Proceso ha observado por dos décadas la selección de magistrados en El Salvador y la región. La directora del programa de independencia judicial de esa organización, Ursula Indacochea, habló con Revista Factum sobre la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la cual tiene varias sospechas;  y también acerca los hechos del pasado 1 de mayo, cuando el oficialismo se tomó la Sala de lo Constitucional. 

FOTO FACTUM/Cortesía


Úrsula Indacochea es una abogada peruana especialista en los procesos de selección de funcionarios de la alta magistratura en los países de la región. Trabaja para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una organización con sede en Washington D.C. que ha seguido la elección de magistrados en el país en las últimas dos décadas. “Tenemos un lazo muy fuerte con El Salvador porque los fundadores de DPLF fueron miembros de la Comisión de la Verdad de ese país”, comenta. 

Indacochea dirige el programa de independencia judicial para la DPLF. “Hemos observado durante los últimos 20 años procesos de selección, no solo en El Salvador sino casi en todos los países de la región. Tenemos esa perspectiva comparada y nuestra observación no la hacemos desde cualquier lugar, sino desde el derecho internacional y los estándares de derechos humanos que se aplican a este tipo de procesos”, detalla. 

Revista Factum conversó con esta abogada acerca del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recién realizado por la Asamblea Legislativa, del cual desconfía porque cree que «podría ser perfectamente una farsa porque los mismos diputados no creen en el mérito».  Su análisis parte desde la observación de  los procesos de preselección de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Sobre este último tiene una buena opinión,pero en el de FEDAES detecta retrocesos.

Califica como «trágicos» los hechos del primero de mayo, cuando los parlamentarios destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Y, además, cuestiona el nombramiento de Óscar López Jerez como magistrado de la Sala de lo Constitucional y presidente del Órgano Judicial: «Darle a una persona, cuyos méritos no han sido objeto de revisión, la presidencia de la corte, es una señal muy alarmante», señala. 

¿Hay un síntoma común contra la independencia judicial en los países del triángulo norte?

La independencia judicial puede parecer un concepto muy técnico, muy abstracto, pero es fundamental para el Estado de Derecho y el equilibrio y separación de los poderes. Se requieren tribunales independientes para resguardar que exista democracia. No es casual que en los tres países del triángulo norte la independencia judicial esté en crisis. Esto tiene que ser leído en el contexto de corrupción en los sistemas de gobierno, en los sistemas políticos, en las élites políticas, que se traslada a la necesidad de controlar. No quiero decir cooptar, porque no en todos los países están en el mismo proceso, pero sí de controlar tanto las altas cortes como la fiscalía general. Además es una necesidad. Para mí el núcleo de un régimen autoritario es querer eliminar a la oposición y consolidarse en el poder. Para eso necesitan el control de las cortes y de la fiscalía, para asegurarse un marco legal favorable a sus intereses y tener impunidad. Y para usar la persecución penal de las fiscalías de manera selectiva y también para perseguir a quienes ejerzan algún tipo de oposición relevante o amenacen sus posiciones de poder. 

El pasado uno de mayo la Asamblea Legislativa de El Salvador fue conocida a nivel mundial por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional  y también al fiscal general de la República. Desde su perspectiva, ¿fue correcto el mecanismo usado por los diputados?

La justificación que han dado es que tienen competencia para hacerlo, porque acá hay dos procesos: destituir y nombrar. Son dos cosas separadas. Ambos tienen unos pasos, una serie de garantías. Nunca he visto, en todos los años que llevo haciendo esto, un caso en el que se hayan violado absolutamente todas las garantías existentes. No solo las que tienen que ver con la independencia judicial, sino otras como nombrar directamente sin un proceso, que solamente vulnera los estándares de los procesos de selección, también vulnera las competencias constitucionales de otros órganos que están involucrados en este tipo de mecanismos, como del Consejo (Nacional) de la Judicatura. Este tiene la competencia para una preselección y se ha ignorado y se ha anulado por una designación directa. Es trágico. 

Sobre ese mismo hecho, ¿cuáles son los principales retrocesos para la garantía de independencia judicial?

Puedo hacer una enumeración de cosas que se han violado al removerlos: el principio de legalidad al hacerlo por causales que no están claramente establecidas en la ley de manera previa; y todas las garantías del debido proceso que están en las sentencias de la Corte Interamericana desde hace más de 20 años. Tenemos claro que no se puede remover a los jueces de altas cortes ni a ningún de esa forma. También se violó el derecho a la defensa, derecho a conocer los cargos, derecho a tener cargos individualizados, derecho a ejercer una defensa, a poder ofrecer pruebas, a poder recurrir la decisión. Todo eso ha quedado totalmente anulado. Y no estamos hablando de la remoción de cualquier funcionario. No es lo mismo, por ejemplo, remover al contralor general de la República que remover a un juez. Aún cuando hubiese causales legales previas, que no existieron, en el caso de los jueces se requiere que esas causales sean graves. Y tienen que ser causas que no estén vinculadas al contenido de sus decisiones. En este caso, en la pieza de correspondencia, se observa un claro desacuerdo con sus sentencias y esa es la razón por la que se les remueve. Aún cuando muchos de los suplentes, que también son removidos, ni siquiera participaron en esas sentencias. 

¿Y en materia de derechos humanos qué alarmas enciende?

Una de las cosas que aparece en la pieza de correspondencia es que se acusa a los magistrados de proteger ciertos intereses. Igual al fiscal lo acusan de proteger ciertos intereses y de tener filiación político-partidaria. Sin embargo, no hay otra muestra más clara de una conexión con un partido que la de los magistrados que han asumido, porque aceptaron ser nombrados de esa manera, aceptaron ser parte de esto y prácticamente tenían la maleta hecha para entrar por la fuerza a la casa de la justicia. Siendo además dos de ellos magistrados de la corte. ¿Qué respeto al estado de derecho pueden tener dos magistrados que ya estaban ahí y que son capaces de avalar con su aceptación un acto dado tan dañino como este? Además hay dos temas que resaltar: que se haya nombrado a magistrados que ya integraban la Corte me parece una estrategia maquiavélica porque rompe y ataca no solamente a la Sala de lo Constitucional, que se desmantela, sino a la Corte entera. Rompe la confianza que existía de los jueces con sus pares, manda el mensaje de que los intereses del gobierno ya estaban dentro de la judicatura mucho antes del primero de mayo y que han estado siendo observados todo el tiempo.

La Asamblea eligió una Sala de lo Constitucional de facto y ahora eligen cinco magistrados para el periodo 2021-2030. ¿Cómo se traduce para nuestro sistema de justicia que en la práctica esta legislatura eligió diez de los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia?

Es un proceso que inició con una legitimidad por los suelos. Como observadora no siento garantías de que realmente hayan hecho una evaluación. Podría ser perfectamente una farsa porque los mismos diputados no creen en el mérito, no han hecho ni siquiera el esfuerzo de nombrar magistrados de la Sala de lo Constitucional de la lista de los preseleccionados para este concurso, personas que hayan pasado por un filtro previo. Y se ha lanzado preguntas a los candidatos sobre las cláusulas pétreas, sobre temas que tienen que ver con la interpretación constitucional cuando los magistrados no van a integrar la Sala de lo Constitucional, van a integrar otras salas, la Sala de lo Civil, principalmente. A mí no me genera ninguna confianza y podría ser perfectamente una simulación. 

Cinco de los magistrados electos pasaron por los filtros de la FEDAES y del CNJ, ¿qué balance hacen ustedes de ambos procesos de preselección?

Sobre la FEDAES, nosotros sacamos un análisis sobre el nuevo reglamento donde decimos que nos pareció un retroceso respecto al anterior. En cuanto al CNJ, creo que el CNJ y la presidencia de la doctora Josa Parada han hecho grandes avances en comparación al 2018, aunque todavía faltan cosas por mejorar. Pero por supuesto que frente al primero de mayo esto brilla como si fuera oro. Se notan esfuerzos de racionalidad. Pero la mitad de la lista, con candidatos de la FEDAES, no pasó por el mismo escrutinio, eso está un poco fuera de las manos de la misma FEDAES, el modelo es disfuncional. Pero ciñéndonos a ese modelo, creo que en el caso de las FEDAES se ha retrocedido y en el caso del CNJ se ha avanzado. 

¿Por qué el modelo de selección de candidatos de la FEDAES está mal?

Primero porque el modelo en general está mal ya que une en una misma lista a candidatos que han sido seleccionados con mecanismos distintos. Por lo tanto, no se puede establecer si el mejor calificado del CNJ tiene más méritos que el más votado de las FEDAES. Es difícil ordenarlos por mérito, porque han pasado por parámetros de medición distintos. Segundo, el parámetro de medición del voto directo no es adecuado para identificar el mérito. El único país que lo tiene, que es Bolivia, ya lo quiere cambiar porque las personas no son elegidas necesariamente por ser las más preparadas ni las más adecuadas, sino porque son las que mejores redes de influencia tienen para conseguir votos. Por eso es que los candidatos provienen de la judicatura no postulan por la FEDAES, postulan por el CNJ. 

¿Cuáles son los avances y retrocesos que tuvo esta Asamblea Legislativa en la elección de magistrados durante la etapa final?

Hubo muchísimos retrocesos. Si bien el proceso de selección de sus etapas previas, tanto en la FEDAES como en el CNJ, tuvo algunas cosas por mejorar, definitivamente la etapa final de comparecencia y entrevistas en la Asamblea Legislativa ha sido un retroceso. En las mismas preguntas a los candidatos y candidatas se advertía el condicionamiento del apoyo político en función de una cierta apertura o coincidencia de intereses con el partido de gobierno. También hubo un retroceso en materia de participación ciudadana y transparencia, porque no se permitió a la sociedad civil la entrada a las entrevistas. Eso no había ocurrido y era una práctica consolidada que la sociedad civil pudiera no solo presenciar sino participar directamente de las entrevistas.

¿Están claros los mecanismos de selección usados por los parlamentarios?

No, no están claros, aunque se pueden deducir de las preguntas que hicieron (en la Comisión Política). El proceso de selección tiene un perfil de magistrado que está establecido en las normas reglamentarias y claramente las preguntas que los diputados hicieron a los candidatos y candidatas muestran que ellos no estaban siguiendo los criterios para encontrar ese perfil. Estaban movidos por sus propios criterios y estos tenían que ver con una apertura o coincidencia de los candidatos con la línea de gobierno. 

En el caso del magistrado Óscar Alberto López Jerez, ¿fue correcto el proceso realizado por la Asamblea para asignarle tres años más en la Sala de lo Constitucional, en la presidencia de esta y de la CSJ?

Es nefasto. No solamente fue incorrecto, ni siquiera existió un proceso, no se postuló. El magistrado López Jerez no fue entrevistado, sus méritos no han sido calificados en igualdad de condiciones con el resto de candidatos, por lo tanto es una violación flagrante del principio de igualdad y de los procedimientos con base al mérito para elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y darle a una persona, cuyos méritos no han sido objeto de revisión, la presidencia de la corte, es una señal muy alarmante. 

La actual legislatura, de mayoría oficialista, no tuvo necesidad de consenso con ningún sector para elegir magistrados, ¿hay peligro en esto?

Sí, porque la concentración de poder no es muy amiga de la independencia judicial. Existen algunas teorías que demuestran que en países donde hay competencia entre los partidos, que hay un poco de fragmentación, se tiende a elegir jueces más independientes porque los partidos no tienen la seguridad de que van a seguir en el poder siempre y por lo tanto prefieren elegir árbitros imparciales e independientes para asegurarse de ser tratados con justicia cuando pierdan el poder. Pero cuando no existe esa competencia y existe una súper mayoría, están dadas todas las condiciones para elegir personas que sirvan a los intereses de esa coalición mayoritaria. Eso ha ocurrido en varios países, El Salvador no es el único, aunque sea el ejemplo más reciente, y esas personas que se prestaron para hacerle el juego a la política desde la justicia, muchas veces han terminado tras las rejas. En mi país, en Perú, la fiscal de Alberto Fujimori está en la cárcel ahora mismo. 

Hizo referencia al gobierno de Fujimori, ¿qué coincidencias encuentra entre esa etapa de Perú con el momento que actualmente vive El Salvador?

Quizá es muy pronto para decirlo, el régimen de Fujimori duró diez años, pero lo primero cooptado fue la fiscalía y el Consejo de la Judicatura. El régimen de Fujimori fue muy consciente de lo importante que era cooptar las cortes del Tribunal Constitucional para lograr reelegirse y para lograr que la nueva constitución que impuso en el año 93 se cumpliera a cabalidad. Y en cuanto al Consejo de la Judicatura, vieron el potencial que tenía este órgano para controlar a los demás jueces o para expulsar a los jueces incómodos. Entonces los pasos que se están siguiendo por el gobierno de Bukele son de manual, ya lo hemos visto y sabemos más o menos cómo sigue. 

Si los nuevos magistrados terminan sumisos al presidente Nayib Bukele, al igual que la Asamblea, los magistrados y el fiscal de facto, ¿cuál es el camino que queda a la ciudadanía para exigir su derecho a la independencia judicial?

Creo que hay que confiar, fortalecer y acuerpar a las asociaciones de jueces. En Guatemala los jueces honestos se agruparon en la Asociación de Jueces por la Democracia, en Honduras ocurrió igual. Y en Perú existió en la época de Fujimori una Asociación de Jueces Democráticos. Ese es un espacio que no se debe perder, que se tiene que respaldar. La ciudadanía que quiera independencia tiene que respaldar a los jueces porque ese es el segundo paso que se necesita para controlar la justicia: se controlan primero las cabezas de los órganos de justicia y después estas cabezas controlan al resto, a través de mecanismos disciplinarios. Pero si ese segundo paso no se da, y si todavía hay jueces capaces que tienen estabilidad, que no los pueden remover sin un proceso, porque sí está regulado, yo creo que todavía hay un espacio de resistencia a la cooptación total del sistema de justicia. 

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