La Constitución muerta (para los funcionarios)

En la iniciativa de reforma a la Constitución del 29 de abril de 2024, los diputados firmantes afirmaron lo siguiente —o ciertamente se adhirieron al texto que les elaboraron—:

“[…] no será extraño aceptar que en alguna medida nuestra Constitución es ‘viviente’ y que hay cláusulas muertas, si la sociedad y los tribunales u otros operadores de la Constitución no quieren hacerlas funcionar. En base a ello, es necesario generar la cláusula de reforma que permita a nuestra Constitución ser parte de los cambios generacionales, fortaleciendo así el sistema de protección a derechos fundamentales; sin que ello pase por reformas constitucionales informales —mutaciones—, por vía de interpretación, que en la realidad terminan por imponerse; lo cual, en algunas ocasiones, no es sano para el soberano o los titulares de los derechos fundamentales”.

¿A qué cláusulas muertas se están refiriendo? A lo mejor se están refiriendo a los muchos artículos de la Constitución que se han negado a cumplir no solo los diputados sino también el resto de funcionarios públicos que promueven, ejecutan o aplauden sus medidas.

Seguramente les parece una cláusula muerta el artículo 154 de la Constitución, que reza:

“El periodo presidencial será de cinco años y comenzará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones  ni un día más”.

Se trata de una disposición constitucional que ha estado vigente y lo sigue estando, aunque la Sala de lo Constitucional actual y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) creyeron haberla aniquilado y enterrado varios metros bajo tierra.

Y es que, a pesar de la resolución emitida por la Sala el 3 de septiembre de 2021, la prohibición de la reelección presidencial inmediata es uno de los pilares fundamentales de la vida republicana de El Salvador, pues ha sido prohibida en los sucesivos textos constitucionales de 1841 (art. 44), 1871 (art. 43), 1872 (art. 84), 1880 (art. 78), 1886 (arts. 82, 148 y 53), 1939 (arts. 91 y 94), 1950 (arts. 26, 62 y 65), 1962 (arts. 27 y 63) y finalmente la Constitución de 1983 (arts. 152, ord. 1 y 6, 88, 75, 131, ord 16, 154, y 248 ord. 3).

Sin duda, para los diputados, el artículo 30 también es una cláusula muerta, porque se han negado a cumplirlo, y han prorrogado un régimen de excepción por dos años ya. O tal vez se refieren también al artículo 13 de la Constitución, que dice:

Ningún Órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas […]”.

Tal como lo reportan organizaciones de derechos humanos, el mayor número de capturas al amparo el régimen de excepción, se han ejecutado sin orden judicial o fiscal y sin investigación previa.

O, la que sigue por considerar muerta —para ellos, claro— es el artículo 60, inciso segundo y tercero de la Constitución, según el cual: 

“En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos  y la conservación de los recursos naturales. La historia nacional y la Constitución deberán ser enseñadas por profesores salvadoreños”.

¿O qué tal el artículo 63, inciso primero? Este dice lo siguiente:

“La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación”. 

Sí, para ellos, el artículo 63 parece estar muerto, porque bajo el eslogan de “Crear una nueva historia en El Salvador” están arrasando con el patrimonio cultural de nuestro país. ¿Por qué desechar el valor que tenían esas baldosas del Palacio Nacional? Quizás sea porque su única realidad es borrar el pasado e intentar convertir la mentira en verdad. 

Seguramente mandarán a eliminar y reescribir la legislación vigente e intentarán afirmar que nunca existió, incluso, también, a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. En esta Convención, ya se vislumbraba por la UNESCO que “el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles”.

¡Qué reales parecen ahora los relatos y los diálogos de George Orwell en “1984”, en relación a la destrucción de todo lo que documente el pasado! Decía Orwell:

“Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron… Sólo existirán en versiones neolingüísticas, no sólo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará; hasta los eslóganes serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de «la libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia”.


*Sandra Santos es abogada salvadoreñaCatedrática de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

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