¿Es un error revertir la ley de minería metálica en El Salvador? Sobre eso conversamos con Pedro Cabezas, experto ambientalista y especialista en minería, tras el anuncio de la intención del presidente Nayib Bukele de impulsar la extracción de oro.
Durante la COP16, el Gobierno de El Salvador mostró que no tiene mucho interés en proteger su biodiversidad. Las ausencias injustificadas de la Cancillería en eventos de alto nivel y el bajo perfil de los funcionarios negociadores así lo demuestran.
El país acude a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) con rezagos en la actualización de su plan de acción en biodiversidad, cumplimiento de metas, investigación científica y transparencia.
La familia Guerrero, que construye más de 1200 apartamentos en zonas exclusivas, ha incrementado sus ingresos en los últimos cinco años. Lo ha hecho bajo el amparo del Gobierno Bukele, que le ha permitido construir sin presentar estudios de impacto ambiental.
La ampliación de la carretera Panamericana en el tramo Los Chorros, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya inició las obras de terracería para la construcción de un viaducto, deja su huella sobre las faldas de la Cordillera del Bálsamo.
La burbuja en la que toman sus decisiones los magistrados los desconecta del impacto de sus decisiones sobre la violación de derechos humanos.
Samuel Lizama y Cesia Romero fueron removidos de la Cámara Ambiental de San Salvador. Con su salida, abogados y ambientalistas temen retrocesos y exacerbación de la impunidad ante daños al medioambiente.
Una de las maravillas naturales de El Salvador lleva años recibiendo contaminación de restaurantes, quintas y comunidades. La desidia del Estado ha creado el escenario perfecto para que los depredadores ambientales se lucren del lago que contaminan.
La Cámara Ambiental de San Salvador ordenó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, a que “no otorgue el permiso ambiental de ubicación y construcción del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”.
La desidia de la Asamblea Legislativa ha llevado a que el Ministerio de Medio Ambiente esté imposibilitado de multar infracciones administrativas luego de una inconstitucionalidad en agosto de 2015.
