¿Para qué sirve el periodismo?

En las últimas semanas he leído diversos comentarios en las redes sociales que categorizan el periodismo como si se tratara de una fuerza política que solamente está en contra del gobierno y que no aborda de igual forma, es decir de forma crítica, a otras instituciones como la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Luego de que fue creada y difundida una fan page llamada “Dipurratas”, el término cobró mayor fuerza en todos los comentarios en Facebook y Twitter, y así  una serie de improperios que siguen la misma retórica propagandística de las decenas de páginas virales que repiten el mismo discurso del presidente de la República contra sus «enemigos» en sus cadenas nacionales o conferencias de prensa, como si se tratara de un mismo guion.

Sobra añadir que el periodismo investigativo ha puesto su lupa en los últimos años sobre las instituciones públicas, incluida la Asamblea con sus diputados y la Corte Suprema de Justicia con sus magistrados, incluidos los jueces de distintas jurisdicciones. Alcadías y sus titulares y presidentes y directivos de autónomas, inclusive.

La Real Academia Española (RAE) define el periodismo como la “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”. Ninguna acepción se refiere a hacer promoción ni campañas en pro o en contra, sino, simplemente, difusión de la información que se obtiene mediante su tratamiento a la luz del método periodístico.

Si me he permitido volver a la definición básica de qué es el periodismo es porque la sociedad salvadoreña, la actual, en significativos porcentajes, se ha vuelto bastante emocional, proclive al prejuicio, a las alabanzas y a los aplausos, más polarizada, con fe ciega en sus creencias de supuestas conversaciones con Dios en espacios donde se hacen políticas públicas, donde se tiene que legislar y llegar a acuerdos de nación.

Veo que cada vez se sustituye el orden y el respeto a las diferencias que nos demanda la Constitución, que es nuestro propio manual de instrucciones o nuestra propia biblia estatal para poder convivir con nuestra diversidad de puntos de vista, por una opinión de una sola persona que se ve a sí misma como el redentor de una nación.

El periodismo es una actividad profesional que se rige por la rigurosidad del método, por la corroboración de la información y por la ética. La misma definición planteada por la RAE nos habla de interpretación, y la interpretación se logra con los datos, con información verificable de acceso público, con números, con hechos.

Ahora bien, contrastemos los datos y preguntémonos quién lleva la batuta en toda esta pandemia aquí en El Salvador: ¿Es la Asamblea Legislativa? ¿Es la Sala de lo Constitucional? ¿Es el personal médico que está en primera línea? O es el poder ejecutivo, que maneja el presupuesto general de la nación (el dinero de todos), que, a su vez, administra la salud pública, la seguridad, la economía, incluso la cultura y la educación de los ciudadanos. Entonces, ¿quién maneja toda la información que los periodistas necesitamos para hacer nuestro trabajo y ofrecer a la ciudadanía información real de lo que está sucediendo con, ahora sí aterricemos, la pandemia por Covid-19 que afecta a nuestra sociedad?

El fanatismo político, equiparable al fanatismo religioso, y la manipulación de un discurso que juega con las esperanzas de los simpatizantes (creyentes) empujan a que los salvadoreños y salvadoreñas estemos divididos, a que sigamos la misma estrategia que polarizó nuestra historia y que no responde a la verdad de los más de 20 mil indígenas masacrados por aquella dictadura de Maximiliano Hernández Martínez que duró casi 15 años y que algunos añoran hoy en día. Una reforma agraria y la reivindicación de derechos contra la represión del estado y los intereses de pocas familias. El asesinato de Monseñor Romero, los campesinos y guerrilleros que lucharon contra la represión del estado y el ejército de El Salvador; las políticas de Arena y la empresa privada contra la oposición de los efemelenistas. Y así hasta que llegamos a los tiempos de los “nayiliebers” creyéndose un océano inmenso contra un supuesto 3 por ciento de la población al que el presidente Nayib Bukele dice, según él, no reconocer.

Para nuestra buena fortuna, el oficio periodístico no se basa en las creencias, sino en los hechos, como la corrupción que desenmascaró Salud con Lupa, que puso en evidencia la venta de caretas por cientos de miles de dólares que le vendió la empresa del funcionario gubernamental Koky Aguilar al gobierno de su jefe Bukele, en medio de una pandemia. Y que, de esta misma manera, nos permite cuestionar y fiscalizar la administración de Francisco Alabí, actual ministro de Salud, que decidió comprarle a su colega funcionario.

El periodismo también plantea las preguntas de cuál es el inmobiliario que tiene el nuevo Hospital El Salvador, que pertenece al inventario del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y en qué exactamente se han, supuestamente, invertido 25 millones de dólares en una infraestructura que solamente ha sido remodelada y publicitada en sobremanera, cuando decenas de personas esperan por una cama en el sistema de salud público salvadoreño, en el que algunos no logran ni siquiera ser anotados en una lista de espera y otros fallecen buscando ser atendidos.

El periodismo también tiene la función social de fiscalizar y cuestionar para que las autoridades respondan por los protocolos del Plan Invernal 2020 de Protección Civil, que no dio una alerta temprana para preparar los albergues para los posibles afectados, horas antes de las decenas de catástrofes que ya tenían señaladas en sus mapas de riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones que produjo la tormenta Amanda y Cristóbal, previendo a su vez los posibles contagios de Covid-19 entre la población más vulnerable.

En tiempos tan complicados, donde incluso empresas de medios de comunicación se han visto debilitadas económicamente por la pandemia del coronavirus, y han tomado medidas que perjudican a sus periodistas como reducirles el salario o dejarlos suspendidos hasta que pase la emergencia, o en las que su personal ha contraído la enfermedad, como lo reportó el Canal 33, mientras realiza su labor de informar, algunas personas creen, o lo dicen con malicia y conciencia de que están difamando, que los periodistas somos «pagados» cuando, a través de nuestras investigaciones, revelamos casos de corrupción en el gobierno. La mejor campaña para los corruptos es buscar desacreditar a quienes los descubren.

Con las preguntas correctas y la poca la información disponible se ponen en evidencia los resultados positivos o negativos del manejo que el gobierno ha hecho de esta pandemia. En estos últimos días, la publicación de Salud con Lupa sobre la venta de caretas que hizo la empresa del funcionario Koky Aguilar al gobierno empujó a Bukele a separarlo temporalmente del cargo. El presidente ya había puesto en un pedestal a Aguilar en la reciente crisis de la ANDA, luego de la campaña de reciclaje de toneladas de botellas plásticas que el mismo funcionario mandó a recolectar. El periodismo de investigación libre e independiente sirve para que un lector, un televidente o un radioescucha también pueda tomar sus decisiones con mejor información en sus manos.


*Gerson Nájera realizó sus estudios de comunicación social y periodismo en la UCA. Desde 2012 trabaja como productor audiovisual independiente. Trabajó como fotógrafo para La Prensa Gráfica y desde 2017 es fotoperiodista y documentalista de Revista Factum.

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