El Estado salvadoreño debe cambiar la actitud que tiene respecto a la libertad de expresión en el país. Esa fue una de las sugerencias de Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia especial realizada este jueves 3 de diciembre en la que participaron Revista Factum, El Faro, Revista Gato Encerrado y Focos TV, junto con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y DPLF.
Foto y video FACTUM/Gerson Nájera
“Si sólo asumimos la voz oficial como la voz correcta es un síntoma muy grave”, dijo el relator especial Pedro Vaca quien lamentó las denuncias por violaciones al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, promovidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La centralización de la información, la opacidad de esta administración, el uso de recursos públicos para atacar a periodistas y medios de comunicación fueron los aspectos expuestos en la audiencia virtual.
La APES, a través de su presidenta Angélica Cárcamo, sostuvo que entre el inicio de la actual presidencia a noviembre de este año, la asociación registra un total de 98 vulneraciones contra la prensa. Cárcamo también llamó la atención sobre la información de interés público que el Ejecutivo ha puesto bajo reserva o sobre las elecciones irregulares de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP.
En la audiencia también intervinieron José Luis Sanz, director de El Faro; Karen Fernández, periodista y conductora de Focos TV; César Castro Fagoaga, jefe de redacción de Revista Factum; y Sonia Rubio, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Sanz describió los ataques digitales contra la prensa, seguimientos a periodistas, uso de fondos públicos para desacreditar a medios de comunicación, auditorías selectivas de parte del Ministerio de Hacienda y las declaraciones estigmatizantes contra mujeres periodistas. Fernández fue la encargada de hacer las peticiones a la CIDH, para que solicite al Estado cesar los ataques, abrir el diálogo con los medios de comunicación y para que respete y promueva el derecho a la libertad de expresión y prensa.
En su intervención, la representación del Estado salvadoreño no respondió a ninguno de los señalamientos de los medios de comunicación. En su defensa, los funcionarios dijeron que la situación de la libertad de expresión es mejor que en 1978 y hasta se atrevieron a sugerir que hay un sesgo periodístico por motivos electorales.
La comisionada de la CIDH Margarette Macaulay cuestionó a la representación del gobierno de Bukele por señalar a los medios de comunicación y por su falta de compromiso en las investigaciones de ataques directos a periodistas. Ante la falta de argumentos, pidió al gobierno que incluya esas respuestas en un informe escrito.
Para cerrar, el relator Vaca dijo que el Estado debe reconducir su tono en aras de su deber de preservar el derecho a la libertad de expresión en el país. También aseguró que en una sociedad democrática no es el Ejecutivo quien debe decidir sobre calidad del periodismo en un país. “El lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo (…) Estos son síntomas reservados para régimenes autoritarios”, dijo el relator especial.
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