Foto Archivo FACTUM/Gerson Nájera

El 2020, además de catastrófico por la pandemia del coronavirus, será recordado como el año en que El Salvador dio pasos hacia atrás en materia de transparencia y anticorrupción.  Incrementó la cantidad de información reservada por las instituciones de Gobierno, se conformó un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) afín a la Presidencia y algunos funcionarios se resistieron a rendir cuentas a instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Ministerios que realizaron millonarias compras durante la pandemia le pusieron candado a la información de adquisiciones consumadas, en clara violación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no quiso transparentar la compra de los paquetes alimentarios que distribuyó durante la pandemia, e impuso una reserva de dos años a esa información. Lo poco que se sabe sobre ese gasto es gracias a investigaciones periodísticas que revelaron algunas irregularidades, como lo publicado por Revista Factum sobre la compra de atún a una empresa fantasma mexicana.

El Ministerio de Salud, protagonista en la atención de la emergencia, blindó toda la información estadística de la pandemia. El ministro Francisco Alabí impuso una reserva de siete años a la información sobre el flujo de atención de pacientes con Covid-19, el comportamiento de enfermedades crónicas e infecciosas, y a todo lo relacionado con la adquisición de medicamentos y a la carga laboral del personal de Salud.

El blindaje de información no sólo fue para ciudadanos y periodistas. El Ejecutivo también se resistió a dar información a instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República (CCR) o la misma Fiscalía General de la República (FGR). El 1 de diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda bloqueó el acceso de auditores de la Corte de Cuentas que realizaban un examen especial a los fondos que están destinados para las alcaldías y para los salarios de la Asamblea Legislativa.

No se trató de un caso aislado. El 10 de noviembre, la Policía Nacional Civil obstaculizó el trabajo de fiscales que participaban en un allanamiento en el Ministerio de Salud, como parte de una investigación de compras por $155 millones durante la pandemia.

Los síntomas de opacidad no terminan ahí. También se debilitó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la institución que durante sus primeros siete años de existencia fue el guardián de la información pública y un pilar para la transparencia en El Salvador. El Gobierno de Nayib Bukele armó un IAIP con tres comisionados afines a sus intereses: primero eligió como comisionado presidente a Ricardo Gómez Guerrero, quien a la fecha se ha adherido a los votos de los comisionados que fallan en sintonía con los intereses del Ejecutivo.

Luego llegó Luis Suárz, exgerente de La SIGET. Él fue nombrado a puerta cerrada en representación del gremio de periodistas. Su elección fue cuestionada por la Asociación de Periodistas de El Salvador, que señaló irregularidades en el proceso. Finalmente, el presidente de la República nombró como comisionada a la abogada Roxana Soriano, quien fue precandidata a diputada por su partido Nuevas Ideas y preside una organización no gubernamental que ha mostrado su respaldo a varias decisiones del Ejecutivo. Entre ella, Guerrero y Suárez tienen los tres votos necesarios para cualquier decisión administrativa. Uno de los primeros acuerdos que tomaron gracias a esa correlación fue dejar de grabar las reuniones del pleno y ahora estas son secretas.

Los nuevos comisionados han revertido criterios emitidos por los plenos anteriores. Una de sus decisiones más relevantes fue revocar una resolución del IAIP que ordenaba a la Corte Suprema de Justicia entregar el expediente de la investigación patrimonial que la Sección de Probidad hizo al presidente Bukele, cuando este era alcalde de San Salvador. De oficio, y sin tomar en cuenta las recomendaciones del equipo jurídico, el comisionado presidente propuso revertir la decisión de junio de 2020 y emitieron una nueva resolución favorable para el presidente.

La Presidencia también realizó reformas jurídicas que alteraron el funcionamiento del IAIP. Modificó el reglamento de la LAIP para restarle poder al pleno del Instituto y para poner más trabas para pedir desclasificación de información reservada. Estas, de momento, han quedado en suspenso, mientras la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisa dos demandas.