El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) mantuvo en el olvido durante 15 meses un aviso por una supuesta falta ética del abogado Luis Javier Suárez Magaña. El tribunal investigó el caso en medio de la elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por el sector periodistas. Y en cuanto Suárez Magaña fue elegido por la Presidencia de la República, el TEG archivó la denuncia.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
El día que el abogado Luis Javier Suárez Magaña se presentó en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para asumir como comisionado propietario tenía una mancha en su expediente: enfrentaba un procedimiento administrativo sancionador en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), según información entregada por el mismo Tribunal de Ética a través de su Unidad de Acceso a la Información Pública.
El expediente con referencia 117-A-19 revela que la denuncia contra Suárez Magaña pasó 15 meses en el TEG sin que le dieran trámite. Fue retomada hasta el pasado 26 de agosto de 2020, cuando, según el acta de cierre oficial del proceso de la elección de comisionado del IAIP por el sector periodistas, Suárez Magaña ya se había inscrito para participar en representación de la Asociación de Periodista Independientes de El Salvador (ASPIES). Esa asociación es la misma que postuló a Juan Carlos Turcios como comisionado por el sector periodistas en febrero pasado. Turcios renunció a su cargo dos días después de su nombramiento tras ser separado de tres audiencias públicas, debido a sus vínculos con el Ejecutivo.
El TEG recibió el aviso el 5 de mayo de 2019. Un usuario anónimo denunció que Suárez Magaña utilizaba misiones oficiales para realizar trabajos privados de su profesión como abogado, con el conocimiento de su jefe, cuando era oficial de información del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación (ISRI), entre octubre de 2014 y enero de 2020.
Pero la mancha en su expediente no dañó sus aspiraciones de convertirse en comisionado. Poco más de un mes después de su nombramiento en el Instituto, el pasado 14 de octubre de 2020, y justo un día después de que esta revista solicitó la información sobre el proceso, el TEG archivó la denuncia sin dar lugar a una sanción.
El artículo 33 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que se refiere a los trámites iniciales de este tipo de procesos, establece que una vez recibida una denuncia, el Tribunal deberá iniciar una investigación preliminar y solicitarle al titular de la institución señalada, en este caso el ISRI, que rinda un informe sobre el funcionario cuestionado dentro de un plazo máximo de diez días.
Sin embargo, la petición del informe llegó al correo electrónico de la actual presidenta del ISRI, Mayra Ligia Gallardo Alvarado, un año y tres meses después de que el Tribunal de Ética recibiera la denuncia en su portal web. La información requerida en la investigación fue liberada por la actual presidenta del ISRI el pasado 9 de septiembre de 2020, el mismo día que Suárez Magaña fue juramentado como comisionado.
El expediente del TEG tiene impresa la denuncia anónima, el intercambio de correo entre instituciones con el requerimiento y respuesta de la información del funcionario, evaluaciones de desempeño laboral y los permisos otorgados en las misiones oficiales, que fue el punto que dio pie a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. Suárez Magaña, según detalla en el informe de la directora del ISRI, no tiene reportes ni señalamientos de sanciones realizadas por su jefe inmediato, el exdirector del ISRI Alex Francisco González. Además, según los documentos, el ahora comisionado obtuvo buenas evaluaciones.
En el siguiente paso del proceso, el TEG resolvió archivar el caso porque con la evidencia documental que recogió no encontró elementos para determinar una posible falta ética.
El expresidente del ISRI, señalado ante el TEG de haber avalado que el comisionado Suárez Magaña hiciera actividades particulares en horarios de trabajo, dice que le “sorprende” la investigación que hubo en el Tribunal de Ética. Él no fue entrevistado por dicha institución, y dijo que por la forma en que son otorgados los permisos en las instituciones de gobierno, las jefaturas pueden ser engañadas por algunos trabajadores.
“Si usted le presenta al titular un escrito, o una invitación a un evento que tiene que ver con el desarrollo de la institución, pues se otorga, pero todo eso también pasa incluso por el proceso de recursos humanos. Ya si usted es sorprendido en su buena fe y todo lo demás, no podría yo decir eso”, dijo el expresidente del ISRI, quien en julio de 2019 también fue sobreseído por el TEG por un aviso donde, al igual que a Suárez Magaña, lo acusaron de realizar actividades particulares en horarios de trabajo.
A Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) e integrante del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, le parece alarmante y le genera preocupación que el Tribunal de Ética se haya tardado 15 meses para iniciar la investigación de un empleado público.
“Cuando pasa tanto tiempo genera preocupación y duda de por qué esto no avanzó. ¿Eso pasa con todos los procesos?, ¿O solo pasó con este o qué sucedió? ¿Por qué no le dio trámite si su obligación es darle trámite?”, cuestionó Castro.
Consultado al respecto, el presidente del Tribunal de Ética, Néstor Castaneda, atribuyó el retraso a la carga de trabajo: “El Tribunal resuelve todos los procedimientos en orden cronológico; no obstante, dada la carga laboral por la cantidad de casos activos pueden existir demoras como sucedió en el de ref 117-A-19”.
“No puede ser que un expediente pase inmóvil durante 15 meses. La obligación del Tribunal de Ética es investigar, tiene todas las facultades para hacerlo. Recibe el aviso y se tiene que activar toda la institucionalidad del TEG y hacer su trabajo”, señaló Castro.
La abogada Xenia Hernández Castro, especialista en derecho al acceso a la información pública, considera que este caso demuestra la lentitud del Tribunal de Ética para resolver denuncias contra funcionarios o empleados públicos.
“Estamos viendo que el tiempo en que se ha tardado en resolver este caso en particular es desproporcionado. Se ha extralimitado en la investigación y eso mismo no ha permitido que, por ejemplo, la persona denunciada pudiera ejercer cualquier tipo de trámite sin tener o un proceso pendiente”, dijo Hernández Castro.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece en el artículo 54 que uno de los requisitos para ser nombrado comisionado es no haber sido condenado o sancionado por el TEG, por lo que Suárez Magaña no tuvo inconveniente para recibir una constancia en esa institución. Sin embargo, a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil les hace ruido que sea entregada una solvencia a una persona que tenga un proceso abierto, porque consideran que provoca un dilema ético sobre quiénes son los seleccionados para velar por el derecho al acceso a la información, pues, a su juicio, deben ser intachables.
Revista Factum hizo gestiones con la oficina de Comunicaciones del IAIP para hablar con el comisionado Suárez Magaña sobre su proceso en el Tribunal de Ética, pero este no respondió.
Luis Javier Suárez Magaña, comisionado del IAIP por el sector periodistas, nombrado por Casa Presidencial en septiembre de 2020. Foto FACTUM/Gerson Nájera
Los primeros frutos del nuevo comisionado
El IAIP, institución que ha permitido que se revele información de interés público como los viajes del expresidente Mauricio Funes o las declaraciones patrimoniales de funcionarios, fue creado para velar por el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. En los dos meses que lleva como comisionado, Suárez Magaña ha participado en audiencias sobre bloqueo a información que han realizado el gobierno de Nayib Bukele, con el que trabajó hasta un día antes de ser nombrado como comisionado.
Hasta el pasado 9 de septiembre, era el gerente de Operaciones Institucionales y encargado de la Unidad Género Ad-Honorem de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), donde tenía un salario base mensual de $5,110.09.
El pasado 26 de octubre, Suárez Magaña hizo bloque con el presidente del IAIP, Ricardo Gómez y con el comisionado suplente Gerardo Guerrero Larín, para revertir una decisión tomada por el anterior pleno del Instituto de Acceso. De oficio, sin que mediara la solicitud de ninguna de las partes y sin escuchar a la ciudadana apelante, firmó una resolución que favorece al presidente de la República, Nayib Bukele, al revertir la orden dictada a la Corte Suprema de Justicia de entregar los informes con los que el presidente logró desvanecer inconsistencias detectadas en su patrimonio cuando era alcalde de San Salvador.
El comisionado, además, se ha ausentado de dos audiencias importantes que involucran al Ejecutivo: una sobre el incumplimiento por parte del del consejo directivo de FOSOFAMILIA de nombrar a un oficial de información, que fue suspendida el 23 de septiembre de 2020 por su ausencia. Ese día, el comisionado solicitó un permiso personal, del cual no detalló la razón por ser “confidencial” (citando el artículo 24 de la LAIP), para poder iniciar a las 10:00 de la mañana a su jornada laboral.
Tampoco estuvo en la audiencia en contra del Ministerio de Agricultura, el pasado 3 de noviembre, en el caso en que el ciudadano Carlos Palomo apeló ante el IAIP por no tener respuesta a su solicitud de las órdenes y listados de compras realizadas durante la pandemia. A los integrantes del Grupo Promotor les parece curioso que Suárez Magaña se haya ausentado en ambos casos.
Hoy teníamos audiencia por las órdenes y listados de compras del Ministerio de Agricultura durante la pandemia (pública oficiosa), pero dado que un comisionado no llegó, se suspendió.
Una semana más para obtener información que ni si quiera debería estar pidiendo.
— Carlos Palomo (@caepalomo) November 3, 2020
A disposición de Medina
Once días antes de la asamblea virtual de la elección de los comisionados que representan al sector periodistas, Suárez Magaña envió una carta a la secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, para comprometerse a prestar sus servicios de la mejor manera posible en caso de resultar electo. Medina, quien estaba a cargo de la logística del proceso, es una mujer de confianza y pieza clave en la administración del presidente Bukele. El ahora comisionado le externó en ese documento el “respeto y admiración a su labor y a su equipo de trabajo”.
La carta está resguardada en la versión pública del expediente de la elección del comisionado del sector periodistas, al cual Revista Factum tuvo acceso a través de una petición hecha a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia. La versión del expediente disponible en la página web de Presidencia hasta la noche de este 8 de noviembre de 2020 no tenía ese documento.
“Si por la gracia de Dios, resultare electo para tan digno cargo, me comprometo en prestar mis servicios lo mejor posible (quitar: que se pueda), respetando la ley y la Constitución de la República de El Salvador”, dice textualmente la carta firmada por Suárez Magaña.
El Grupo Promotor sostiene que el proceso de elección del comisionado Suárez Magaña fue opaco y estuvo plagado de irregularidades. Lo más grave, dicen, es que esto ocurrió en la institución que debe garantizar el acceso a la información en el país, por lo que sus integrantes deben de elegirse de manera transparente.
“Deben de llegar personas no solo independientes, porque es un ente de control, sino también personas libres de cualquier cuestionamiento. Si un candidato tiene un expediente abierto (en el TEG), lo menos que se espera de alguien que va a ir a una institución de esta naturaleza es que lo transparente y que se sepa”, dijo Castro.
La Presidencia modificó el Reglamento de la Ley de Acceso de Información Pública (Relaip) en medio de la elección del comisionado que representa al sector periodistas, según consta en el Diario Oficial del 31 de agosto de 2020. Quitó a los aspirantes a comisionados la obligación de presentar las solvencias del Tribunal de Ética Gubernamental y de antecedentes policiales.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló que la Presidencia eligió al nuevo comisionado sin la participación de las tres asociaciones de periodistas que exige la ley.
Por su parte, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentó el pasado 28 de septiembre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) dos avisos de demanda para que le exija al Ejecutivo que le entreguen la documentación relacionada a la elección de los comisionados Suárez Magaña y Ricardo Gómez Guerrero, representante de sector universidades y actual presidente del IAIP.
ALAC busca constatar que ambas elecciones no estuvieron apegadas a la Ley de Acceso a la Información. “Alegamos que en el proceso de periodistas no hubo transparencia y en el de universidades pasó el mismo esquema, falta de transparencia y una posible falta de idoneidad en el cargo”, explicó Wilson Sandoval, coordinador de ALAC.
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