Una abogada con título sospechoso es la nueva ficha del Gobierno en IAIP

La nueva comisionada del IAIP, Roxana Soriano, fue precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas. Preside una ONG con posturas favorables al Gobierno del presidente Bukele y la postuló como candidata a comisionada una asociación de abogados dirigida por un empleado de Casa Presidencial.

Foto FACTUM/Tomada de Facebook


Roxana Seledonia Soriano, recién nombrada comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se graduó de licenciada en ciencias jurídicas de la Universidad Militar. Su nombre quedó registrado en el informe Vidales, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que reveló anomalías en la obtención de títulos de decenas de abogados.

La Fiscalía determinó en 2001 que 169 abogados obtuvieron su título con trampas, de forma irregular. La investigación también detectó casos sospechosos en siete universidades, entre estas la Universidad Militar, donde la ahora comisionada obtuvo su título.

La Universidad Militar cerró en el año 2000 porque el Ministerio de Educación canceló su permiso de funcionamiento tras identificar irregularidades en la emisión de títulos e incumplimiento de requisitos de funcionamiento.  Educación, según está consignado en el informe Vidales, detectó falsedades en los expedientes, alteraciones en las calificaciones y extensión de certificaciones de notas de asignaturas que no estaban en el pénsum de esa universidad, lo que a la Dirección Nacional de Educación Superior le pareció “evidencia clara de fraude académico”.

Cuando el fiscal Roberto Vidales entregó la investigación de los títulos irregulares, el título de Soriano, extendido por la Universidad Miliar, quedó pendiente de investigación, según consta en el documento oficial difundido en 2001 por el ministerio público.

Soriano, según la hoja de vida con la que se postuló para comisionado, ahora estudia una maestría en negocios internacionales en la Universidad Matías Delgado y desde 2003 es la apoderada legal de Avianca Holding y grupo TACA en El Salvador. Pero no sólo tiene experiencia como litigante. También entró al ruedo político este año con el oficialista partido Nuevas Ideas. Fue precandidata a diputada por el departamento de San Salvador, pero quedó en la posición 46 en las elecciones internas de ese partido, según publicó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

La Constitución de la República exige honradez y competencia notoria para todos los jueces del país, y en el artículo 218 establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada”.

El pasado 19 de agosto, el presidente Nayib Bukele suspendió del IAIP a la comisionada Cesia Mena, quien había sido designada como suplente desde 23 de febrero de 2019 hasta febrero del 2025, en representación de las asociaciones de profesionales. La Presidencia dijo que la remoción obedecía a que recibió un escrito de un abogado que trabaja en CEPA denunciando que Mena trabajaba como asesora  del FMLN en la Asamblea Legislativa. El mismo presidente que en agosto removió a una comisionada por trabajar en la fracción legislativa del FMLN es el mismo presidente que cuatro meses después nombra a una comisionada con vínculos con Nuevas Ideas, su partido político.

La comisionada Soriano también es la presidenta de la Fundación para la Gobernanza en El Salvador (FUNDAGOB), una organización no gubernamental que ha hecho público su afecto al Gobierno de Bukele. Durante el encierro por la pandemia, por ejemplo, se pronunciaron para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “no obstaculizar el trabajo humanitario que el señor presidente Nayib Bukel está haciendo al frente de la lucha contra el Covid”.

En sus más recientes apariciones públicas, y basada en una publicación anónima del sitio La Página, FUNDAGOB pidió a la Fiscalía investigar a periodistas del periódico digital El Faro.

Tanto la cuenta de FUNDAGOB como la de la abogada Soriano (@VALKIRIARS) fueron eliminadas recientemente de la red social Twitter, pero en el historial almacenado en la web aún hay rastros de sus interacciones con diferentes funcionarios de Gobierno y personajes de la oposición política.

Tuits -ahora borrados- de la abogada Soriano que muestran su apoyo al actual gobierno.

Se pidió una entrevista con la nueva comisionada para preguntarle sobre su relación con Nuevas Ideas y sobre su título, pero la oficina de comunicaciones del Instituto respondió que “no dará declaraciones por el proceso de inducción institucional en el que se encuentra”.

Los lazos con la Casa Presidencial

Soriano fue propuesta como candidata a comisionada por la Asociación de Abogados Empleados Judiciales y en el Ejercicio de la Libre Profesión (ASAJELP), dirigida por el abogado Luis López Jeréz, quien trabaja en Casa Presidencial con el secretario jurídico del Gobierno Conan Castro.

Luis López Jerez es a su vez hermano del magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, Óscar López Jerez.  Se contactó vía telefónica a Luis López para preguntarle por la postulación de Soriano, pero no respondió la llamada ni las preguntas a su número de Whatsapp.

Roxana Soriano, al centro (izq), junto al abogado Luis López Jerez, abogado que trabaja en Casa Presidencial.

Antes de Soriano, llegó al IAIP el comisionado Luis Javier Suárez. Él fue empleado del Gobierno de Bukele hasta un día antes de ser nombrado en el Instituto de Acceso. Suárez llegó en representación del sector periodistas, en un proceso a puerta cerrada, en el que se dejó fuera a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

En el Instituto de Acceso a la Información Pública las decisiones se toman por mayoría. Basta que tres comisionados se pongan de acuerdo para emitir una resolución.  Soriano, excandidata del partido de Gobierno, y Suárez, exgerente de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), sólo necesitan un voto más para obtener mayoría. El comisionado presidente Ricardo Gómez ha mostrado, desde su llegada, plegarse al bloque afín al Ejecutivo. Dos síntomas de esto es que no censuró las reformas que la Presidencia hizo al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para quitarle competencias al pleno de la institución; y votó, en un caso sin precedentes, para revertir una resolución que afectaba los intereses del presidente de la República: la que ordenaba que se hiciera público su expediente patrimonial.

Las instituciones del Ejecutivo son las más denunciadas en el IAIP. La comisionada Soriano y el comisionado Suárez serán ahora los encargos de resolver casos donde mayoritariamente los demandados son ministerios, entre estos todos los casos de opacidad de información de compras durante la pandemia por el coronavirus.

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