El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo a El Salvador y a Colombia en el polo de corrupción y mala gestión de fondos públicos que ocurrió en Latinoamérica durante el pandémico 2020. La falta de fiscalización ciudadana, debido al bloqueo al acceso a la información pública, a juicio de Transparencia, fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
“Una explosión de irregularidades y casos de corrupción” asociados a las adquisiciones hechas por el gobierno de El Salvador durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 destacan en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 publicado este jueves 28 de enero por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción a escala internacional.
El informe, que ha sido difundido por agencias de noticias internacionales, cita a El Salvador y Colombia como ejemplos en el polo de corrupción y mala gestión de fondos que se ha anidado en Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
“La Covid 19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos superando”, resumió Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
La anulación del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) durante el estado de Emergencia decretado por la pandemia, situación que estuvo vigente entre los meses de marzo y junio, a los ojos de la organización, abrió las puertas a procesos de contratación gubernamentales poco transparentes y a irregularidades “alarmantes”.
Seis meses después del fin del confinamiento obligatorio, según los testimonios de periodistas, ciudadanos y especialistas en datos recabados por esta revista, varias oficinas gubernamentales no han respondido a solicitudes de información pública relacionadas con compras, estadísticas del nuevo coronavirus, listas de proveedores, entre otros datos de interés público.
“El país sufrió un importante revés con la derogación a causa de la pandemia de una importante ley de acceso a la información. Esta ley era la única vía que permitía a la sociedad civil monitorear el uso adecuado de los fondos del gobierno para adquisiciones relacionadas con la Covid-19”, lamentó la organización que es un referente en mediciones de corrupción.
Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 en todo el mundo. Presentación/Funde
El Índice de Percepción de Corrupción cita como uno de los casos de corrupción más graves el contrato de $12 millones entre el gobierno salvadoreño y una empresa española de repuestos para automóviles para la adquisición de insumos médicos a sobreprecio, una investigación revelada por el periódico El Faro. También cuestionó la falta de criterios del gobierno para seleccionar a los beneficiarios de los bonos de $300 entregados a inicios de la emergencia nacional.
En una escala donde cero significa “corrupción elevada” y 100 significa “sin corrupción”, El Salvador se ubica en la casilla 36, entre 180 países, puntaje que comparte con Albania, Argelia, Costa de Marfil, Kosovo, Tailandia y Vietnam. El puntaje es dos puntos mayor que 2019, cuando se ubicó en la casilla 34, sin embargo para las organizaciones de la sociedad civil ese indicador no es significativo debido al bloqueo de datos que ocurrió durante la cuarentena y que pudieron haber generado esa variación.
“Si bien se han obtenido dos puntos más que en la edición anterior, la calificación sigue indicando que hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país: desde el año 2012 no se superan los 40 puntos en el IPC. Durante un año de gestión del presidente Bukele (1 de junio 2029 a 1 junio 2020), la percepción de altos niveles de corrupción se mantiene, indicando que no importa el partido que llegue al gobierno, para muchos la corrupción siempre está presente”, señaló en un comunicado la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional.
Comportamiento de El Salvador en el IPC entre 2012 y 2020. Para Funde, esto representa un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Presentación/Funde
Mientras la población salvadoreña estaba encerrada en sus casas tras la aprobación de un decreto legislativo que estuvo vigente por 89 días, la prensa salvadoreña reveló irregularidades en las compras públicas. Los casos trascendieron y algunos han sido judicializados.
En la actualidad, la Fiscalía investiga diecisiete casos de compras públicas valoradas en más de $155 millones.
La adjudicación de un contrato a uno de los familiares del ministro de Salud, Francisco Alabí, y las compras de insumos médicos y productos para canastas de alimentos valoradas por $139.3 millones están siendo indagados judicialmente desde noviembre pasado.
A juicio de las organizaciones de la sociedad civil, el pase libre que tuvieron las instituciones públicas para hacer compras directas, sin ejecutar los pasos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y la falta de acceso a información oportuna de las compras generó despilfarro de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
Transparencia Internacional considera que “una concentración alarmante de poder en el Ejecutivo ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción asociados con las adquisiciones relacionadas con Covid-19”. Las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, el bloqueo de los derechos civiles a través del confinamiento y las medidas extraordinarias por la pandemia debilitaron los sistemas de pesos y contrapesos y redujeron el margen de acción de la sociedad civil en su rol de fiscalización, apuntó la organización.
A Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) e integrante del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, considera que el índice internacional refleja la reprobación de El Salvador en materia de anticorrupción y la negativa del gobierno de rendir cuentas.
Castro lamenta el bloqueo al acceso de la información pública y la pérdida de independencia del Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) ha desencadenado el panorama de opacidad sobre las adquisiciones en las instituciones públicas.
“Estamos debajo del promedio regional, muy distantes de Costa Rica y eso nos tiene que generar mucha atención justamente tenemos que fortalecer la institucionalidad alrededor del combate a la corrupción para que exista mayor transparencia y rendición de cuentas”, dijo a Revista Factum.
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