El Ministerio de Turismo compró mascarillas cinco veces más caras

Las medidas gubernamentales para evitar abusos al consumidor fueron ignoradas por el Ministerio de Turismo, institución que durante la crisis sanitaria por la Covid-19 compró mascarillas un dólar más caro que el precio establecido. Las gestiones de esas compras, junto a las contrataciones de los hoteles para centros de contención, estuvieron a cargo de un militante del partido Nuevas Ideas, grupo político del presidente Nayib Bukele.

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez


El Ministerio de Turismo (Mitur) incumplió la fijación de precios que estableció el mismo gobierno al inicio de la declaratoria de emergencia nacional por la Covid-19 para evitar abusos en el mercado y compró mascarillas y agua embotellada a precios superiores a los impuestos por la Defensoría del Consumidor (DC), según revela un informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR). 

Ocho días después de que el gobierno anunció el primer confinamiento por la pandemia, el pasado 19 de marzo de 2020, el Ministerio de Turismo adquirió 100 cajas de mascarillas con un sobreprecio de $5,028 al proveedor Figuesan. 

Esas mascarillas quirúrgicas descartables, marca Nipro, que según el acuerdo de fijación de precios de la DC tenían un precio máximo por unidad de $0.26, fueron compradas por el Mitur a Figuesan a $1.26 por cada unidad. Si la compra hubiera sido hecha con el precio establecido por la DC, ese ministerio hubiera pagado $1,300, pero en realidad canceló una factura cinco veces superior, de $6,328, con dinero público, detalla la auditoría de la CCR.

La corte identificó el sobreprecio en una compra total de $24,143.58 que le hizo Mitur a ese proveedor. Seis termómetros láser, 25 galones de alcohol gel, 36 camas individuales, dos laptops, 22 cajas de vitamina C, 50 resmas de papel tamaño carta, entre otros productos fueron comprados por el Mitur a Figuesan.

Orden de compra por libre gestión de Mitur a Figuesan, donde mascarillas se vendieron cinco veces más caras según los límites establecidos por la Defensoría del Consumidor.

Esa no fue la única compra a precios excesivos que hizo la institución dirigida por la ministra Morena Valdez a esa empresa, que se dedica, según el registro, a actividades inmobiliarias, de servicios, consultorías financieras y exportación e importación de toda clase de productos. El 5 de mayo de 2020 emitió una factura por $2,458 para pagar 40 cajas de mascarillas quirúrgicas y 200 mascarillas KN-95, todas sin marca, con un sobreprecio por unidad de $0.03 y  $0.58, respectivamente. En esa compra, el excedente de pago fue de $184.

Factum gestionó una entrevista con la ministra Morena Valdez, a través del departamento de comunicaciones del Mitur, para consultarle por todas las inconsistencias en las compras que señala la CCR en su informe. Sin embargo, una semana después de esa gestión y hasta el cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

El silencio ha sido el común denominador de los funcionarios señalados por 17 compras irregulares de insumos médicos y alimentos durante la pandemia y que actualmente son investigados por la Fiscalía General de la República. 

Esta revista también buscó al representante legal de Figuesan, Raúl Orlando Figueroa Chacón, a través de tres de sus familiares, pero no fue posible contactarlo. Tampoco fue posible localizarlo en el número telefónico que está  registrado en los datos generales de la empresa en el Registro de Comercio, pues al marcarlo responde una contestadora que remite a la extensión y una operadora responde: “Lo siento, pero el buzón de esta persona no puede aceptar más mensajes”. 

Al teléfono con el que Figuesan se presenta en internet en las guías locales, (503) 22783202, tampoco fue posible establecer comunicación. Una operadora responde que el número telefónico no existe o ha sido cambiado.

No existe explicación hasta el momento de por qué el Mitur de Morena Valdez compró mascarillas con sobreprecios a esta empresa. Figuesan fue fundada en 1998 por el matrimonio conformado por Raúl Orlando Figueroa Chacón y Leonor Argentina Sandoval de Figueroa, junto a sus hijos Raúl Orlando y Orlando José, ambos de apellidos Figueroa Sandoval, según el Registro de Comercio. La empresa es dirigida actualmente por Raúl Orlando Figueroa Chacón, quien tiene los cargos de presidente y representante legal.

La auditoría de la CCR revisó el manejo, ejecución y liquidación del presupuesto asignado para afrontar la emergencia por la Covid-19. También detalla que Figuesan le vendió al Mitur 100 garrafones de agua embotellada marca Alpina a un precio unitario de $3.39, que es $1.16 más caro que el valor fijado por la DC durante la pandemia. Esa compra tuvo un sobreprecio de $116, según el informe oficial de auditoría, del cual Revista Factum posee una copia.  

Las dos adquisiciones, detalladas en órdenes de compra que están disponibles en el portal de transparencia y que fueron consultadas por esta revista, fueron hechas a través de contrataciones por la modalidad de libre gestión que fue permitida por el órgano ejecutivo, con el aval de la Asamblea Legislativa, durante la emergencia sanitaria, para que los ministerios no hicieran los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Además, se respaldaron en la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). 

El encargado de esas compras irregulares, según la auditoría de la CCR, es el director administrativo del Mitur, Marvin Antonio López Esquivel, militante de Nuevas Ideas que compitió en julio pasado como precandidato a regidor para la Alcaldía de Soyapango, pero que no fue elegido. López Esquivel, según el informe, también tuvo a su cargo la contratación de 21 hoteles y una casa de un primo del ministro de Salud, Francisco Alabí, para centros de contención sin que hasta este momento exista un registro que confirme que fueron utilizados. Por esa contratación de $764,135.90, la ministra de Turismo enfrentará un juicio de cuentas.

Marvin Antonio López Esquivel, del partido Nuevas Ideas, encargado por el Ministerio de Turismo para hacer las compras irregulares con sobreprecios que ahora le señala la Corte de Cuentas de la República.

“Determinamos que el Ministerio de Turismo efectúo pagos por alojamientos contratados, los cuales no figuran en los reportes que el Ministerio de Salud confirmó como utilizados por cada centro de contención”, consigna el reporte de la CCR. 

El periódico digital El Faro publicó el pasado 30 de noviembre que el Mitur también pagó un excedente de $171,217.6 a Hotesa, un consorcio de hoteles que fue fundado por José Adán Salazar Umaña, conocido como «Chepe Diablo», empresario que fue investigado por lavado de dinero en El Salvador. Varios de esos hoteles están bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).  La CCR señala que el servicio en los centros de contención habilitados por el gobierno incluían el servicio de alimentación; sin embargo, la comida no fue servida. Las órdenes de compras, disponibles en la web de transparencia, reconfirman esa observación. 

La auditoría de la CCR también detectó que el Mitur pagó $37,335.20 a Hotel Torogoz, ubicado en el final de la 35 avenida norte, de San Salvador, bajo el concepto de alojamiento; sin embargo, el Ministerio de Salud no reportó ese lugar como centro de contención. Además, no hubo una auditoría externa que respaldara las contrataciones realizadas durante la emergencia. 

“Se nos informó que la administración no contrató firmas de auditoría para evaluar las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia nacional; en consecuencia, el análisis pertinente no fue realizado”, dice el informe. 

Hotesa, a través de un comunicado, sin dar explicaciones sobre los señalamientos puntuales, se limitó a decir que desmiente la información publicada en El Diario de Hoy y El Faro sobre la auditoría de la CCR. Además, agregó que se sienten «orgullosos» de que “el gobierno y nuestros hermanos salvadoreños hayan tenido a su disposición siete hoteles (de esa cadena), donde fueron alojados cómodamente durante la cuarentena que afectó a los salvadoreños a causa de la pandemia”. 

La cadena de hoteles también amenazó a esos dos medios de comunicación con demandarlos judicialmente para detener “estos ataques periodísticos”. 

El juicio de Cuentas al que será sometido el Mitur por la compra de mascarillas y otros hallazgos que resultaron de la auditoría podría desembocar en ilícitos penales, de los que la CCR tendrá que informar, consecuentemente, a la Fiscalía General.

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