Casa Presidencial hizo, en privado, una asamblea con dos asociaciones de periodistas para votar por un nuevo comisionado del IAIP, un día antes de la fecha que la misma presidencia anunció. Las gremiales Aspies y Cafocares estuvieron en la votación pese a que la ley ordena la participación de un mínimo de tres asociaciones proponentes. El gobierno dejó fuera a la APES. Tampoco permitió que el Grupo Promotor de la LAIP observara el proceso.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El gobierno salvadoreño ocultó la votación para el nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por el sector de periodistas, programada para el pasado miércoles 2 de septiembre, pero que en realidad se llevó a cabo el martes 1, sin previo aviso del cambio de fecha. La asamblea de asociaciones de periodistas se desarrolló en secreto y con la participación exclusiva de los representantes de dos gremiales que propusieron candidatos, por lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), excluida del proceso, exigió la nulidad de la votación.
La Presidencia de la República, en específico la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Sofía Medina, no compartió ningún enlace para que el público en general pudiera observar la votación, esperada para las 10 de la mañana del 2 de septiembre. Incluso hubo candidatos a quienes no les compartieron una dirección en internet para presenciar la asamblea. Tampoco los miembros del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) pudieron acceder a la votación en calidad de observadores. El Grupo Promotor y la APES calificaron de opaco e ilegal todo el proceso.
Las dos únicas asociaciones que votaron fueron la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies) y la Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Redactores de El Salvador (Cafocares). La votación de este martes 1 de septiembre era para que las asociaciones de periodistas, que pueden proponer candidatos, votaran por las ternas (propietarios y suplentes) que el presidente de la república necesita para escoger al nuevo comisionado del IAIP. Casa Presidencial no ha explicado cómo la asamblea de este 1 de septiembre, donde solo había dos asociaciones participantes, cada una con un solo voto, pudo haber seleccionado a una terna de candidatos.
Los reclamos del Grupo Promotor de la LAIP y de la APES se repitieron tras ocurrir el mismo escenario de febrero de este año, cuando Casa Presidencial colocó a un empleado del ministerio de Gobernación como comisionados del IAIP: una votación con solo dos asociaciones proponentes y a puertas cerradas, sin ninguna información de los criterios de votación de los participantes.
“La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República ha procedido a realizar un proceso irregular y caracterizado por la opacidad, la falta de participación ciudadana, la falta de participación de entes electores y, según informes recibidos, en una fecha distinta a la que se señaló en el acta de cierre”, detalló el Grupo Promotor de la LAIP en un comunicado de prensa emitido el miércoles 2 de septiembre.
El acta de cierre al que hizo referencia el Grupo Promotor fue hecha el viernes 21 de agosto pasado por la “Comisión de proceso de selección de conformación de ternas de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública”, siempre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. En esa acta de cierre, la comisión dejó plasmadas las candidaturas de Jackeline Mirella Cáceres y Claudia Patricia Castillo como comisionadas propietarias y Luis Alvarado González como suplente por parte de Cafocares, y a Luis Javier Suárez Magaña como propietario y a Gerardo José Guerrero Larín como suplente en representación de Aspies.
Suárez era, hasta julio de este año, empleado de la SIGET, una dependencia gubernamental.
En esa misma acta la comisión informó, a manera de conclusión, que quedaba programada una asamblea general con Cafocares y con Aspies para las 10 de la mañana del 2 de septiembre de 2020, a través de Microsoft Teams, para la votación de candidaturas. Pero la secretaría de Medina adelantó la fecha sin previo aviso público y la asamblea se celebró el 1 de septiembre.
Revista Factum confirmó con el presidente de Cafocares, Mauricio Cáceres, que la asamblea general se llevó a cabo un día antes de la fecha prevista oficialmente. “Ayer fue la asamblea y durante la asamblea hubo votación”, respondió Cáceres este miércoles 2 de septiembre a la pregunta del periodista de Factum de cuándo había sido la sesión para votar por los candidatos a comisionados por el sector de periodistas, refiriéndose a que, en efecto, fue el martes 1 de septiembre.
Cáceres aseguró que dio su voto por los candidatos de su asociación, Cafocares, pero adelantó que no tiene conocimiento de ninguna resolución de Casa Presidencial, ya que recordó que pese a que las asociaciones tengan derecho a voto es el presidente de la República, Nayib Bukele, el que tiene la decisión última para nombrar al nuevo comisionado.
El representante de Cafocares dijo que desconocía que la ley ordena que para la elección del comisionado por el sector de periodistas es requisito obligatorio la participación de al menos tres asociaciones, tal como lo manda el artículo 53 de la LAIP, al cuestionarle por qué accedieron a participar de esa votación a sabiendas de que solo había dos gremiales de periodistas y que ello se sabía desde el acta de cierre del 21 de agosto. Tampoco quiso responder por la participación de su asociación de periodistas en un evento a escondidas, sin ningún acceso para el público en general en internet, cuando se trata de la elección de un funcionario que velará por la transparencia en la materia pública. Cáceres resumió su respuesta en que no puede contestar “si está bien o no” ya que hay “época de pandemia”.
La elección fallida de febrero
La elección del nuevo comisionado del IAIP es para completar la vacante que dejó la primera comisionada representante del sector de periodistas en la historia del instituto, Herminia Funes, quien renunció a su cargo el 5 de abril de 2019 por diferencias con René Cárcamo, quien fue elegido en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén como presidente del IAIP.
Cárcamo terminó renunciando tras una investigación de Revista Factum que reveló que el nuevo presidente del IAIP estaba detrás de un entramado en el que el instituto enviaba datos personales de peticionarios de información pública a Casa Presidencial, tanto en la administración de Sánchez Cerén como en la nueva administración de Nayib Bukele. Herminia Funes había terminado su período de seis años en el cargo, pero había accedido a permanecer más tiempo hasta que la Presidencia nombrara a quien la sustituyera, pero renunció tras sus desavenencias con Cárcamo. Lo mismo había decidido su comisionada suplente, Olga Chacón, quien también dejó el IAIP tras un nombramiento fallido de nuevos comisionados por el sector de periodistas en febrero de 2020.
El nombramiento fallido ocurrió el mismo fin de semana en que ocurrió la invasión militar a la Asamblea Legislativa por parte del presidente Bukele el domingo 9 de febrero de 2020. Un día después, el nuevo comisionado por el sector de periodistas, Juan Carlos Turcios, se presentaba en el instituto. Lo mismo hizo su suplente, Mauricio Fuentes, quien, junto a su padre, Antonio Fuentes, dirige la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies), la gremial proponente de ese dúo de comisionados. Turcios fue en el pasado un entretenedor en programas juveniles de televisión y hasta antes de ser nombrado comisionado del IAIP era el encargado de las comunicaciones del Ministerio de Gobernación, un cargo político de confianza. Turcios era la mano derecha en las comunicaciones del ministro Mario Durán, un político del círculo cercano del presidente Bukele.
La elección que ocurrió ese fin de semana de febrero también estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y fue, como la del martes 1 de septiembre pasado, privada, sin acceso a observadores que habían pedido tener presencia en el proceso de votación, y con las mismas dos asociaciones proponentes: Aspies y Cafocares. En febrero de 2020, la secretaría Medina tampoco permitió la observación del Grupo Promotor de la LAIP y tampoco permitió la participación de la APES como asociación que pretendía presentar candidaturas y tener derecho a voto.
Los peticionarios de información pública, durante las audiencias presenciales de apelación, renegaron de la presencia de Turcios, por tener un sesgo político claro a favor de ocultar información del gobierno de Nayib Bukele y pidieron su recusación. Fueron en total cinco recusaciones en dos días continuos que Turcios recibió y por las que los demás comisionados decidieron apartarlo de los casos en los que los solicitantes pedían información pública del gobierno de Bukele.
Juan Carlos Rodríguez Turcios (derecha) fue nombrado a escondidas del gremio de periodistas como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), por parte de Casa Presidencial. Renunció al tercer día. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.
Turcios renunció al tercer día de haberse presentado y con él también renunció Fuentes, una de las cabezas de Aspies, quien volvió a presentar una candidatura para esta última elección del 1 de septiembre, el abogado Luis Javier Suárez Magaña, quien recientemente era empleado de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget), una autónoma del gobierno, así como lo había sido Turcios para el Ministerio de Gobernación cuando fue elegido.
La APES fue apartada
La gremial afectada, la APES, pidió la nulidad del proceso alegando que hubo un proceso viciado y con ilegalidades, exactamente igual al que sucedió en febrero de este año, cuando Bukele nombró a los comisionados fugaces Turcios y Fuentes. La presidenta de APES, Angélica Cárcamo, aseguró que la asociación mantuvo comunicación constante con la comisión presidencial y que se le informó que la APES tiene procesos internos y filtros para la selección de candidaturas que toman tiempo, aparte de que la asociación había entrado en otro proceso interno de elección de su junta directiva. Además, la APES aún no ha obtenido su acreditación como gremial de periodistas que la otorga el Ministerio de Gobernación, a cargo de Mario Durán y en donde trabaja el excomisionado Turcios, por lo que también se le imposibilita ser parte de las asambleas generales y proponer candidaturas.
Todas estas causas fueron expuestas este mismo miércoles 2 de septiembre en una conferencia de prensa de la APES, presidida por Cárcamo, quien dijo que la Secretaría de Comunicaciones que maneja Sofía Medina nunca respondió a las solicitudes de prórroga del proceso, para que la APES pudiera participar en plenitud con sus candidaturas y sus votos y se pudiera cumplir lo que ordena la ley al establecer, como mínimo, tres asociaciones de periodistas proponentes de candidaturas.
Cárcamo denunció que Cafocares propuso dos candidaturas propietarias y solo una suplente, por lo que también las ternas de candidatos estaban incompletas, a parte de tener vicios de nulidad.
La presidenta de la APES también recordó otra irregularidad: la secretaría de Medina no dio el espacio legal para impugnar candidaturas y el proceso de votación, que es potestad de cualquier ciudadano salvadoreño. De hecho, el proceso organizado por la secretaria fue sin ninguna publicidad ni transparencia. Cárcamo dijo que Medina tampoco ha respondido a las impugnaciones que envió la APES el martes 1 de septiembre, en las que se pide la nulidad del proceso completo y que reanude con la garantía de participación de más asociaciones y con la máxima publicidad, como mandata la LAIP.
“Es muy preocupante la opacidad con la que se está realizando este proceso. No sabemos quiénes quedaron como comisionados propietarios y suplentes. No podemos verificar la idoneidad de los cargos, desconocemos si todos los candidatos cumplían con las solvencias que establece la ley. Y lamentamos que otras asociaciones de periodistas se presten a participar en ese tipo de dinámicas que son bastante oscuras”, dijo Cárcamo, y anunció que la APES prepara un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar todo el proceso.
La gremial que aporta comisionados fallidos
Aspies, la asociación de periodistas manejada por padre e hijo, es la que llevó la candidatura de Juan Carlos Turcios, el empleado del Ministerio de Gobernación en la administración Bukele, para ser comisionado propietario al IAIP. La debacle de Turcios como comisionado de una institución que promueve la transparencia y la máxima publicidad de las decisiones y acciones del estado salvadoreño terminó en una vuelta a su antiguo cargo en las comunicaciones de ese ministerio.
Mauricio Fuentes, hijo de Antonio Fuentes, actual presidente de Aspies, también se vio obligado a renunciar, al advertir el proceso ilegal por el que fueron nombrados por Bukele como comisionados. Pero la asociación de los Fuentes reincidió con la presentación de candidaturas de empleados del actual gobierno. Es lo que sucede con el abogado Luis Javier Suárez Magaña, quien hasta hace unas semanas era gerente de operaciones de la SIGET, una institución de gobierno dentro de la administración de Bukele. Suárez Magaña, aunque es candidato a comisionado por el sector de periodistas, no tiene en su currículum ninguna actividad previa que lo vincule al periodismo, pero sí a su profesión como abogado.
El miembro de Aspies Nelson Fuentes, al centro, en su breve paso como comisionado suplente del IAIP. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Factum acordó una entrevista con Antonio Fuentes el lunes 31 de agosto. Fuentes pidió que la entrevista fuera telefónica y que se hiciera a las 2 de la tarde del martes 1 de septiembre. A esa hora el periodista de Factum llamó al presidente de Aspies, pero solo en esa ocasión no respondería a su teléfono, porque para los siguientes intentos él ya lo había apagado. Otro intento fallido ocurrió el miércoles 1 de septiembre a mediodía, cuando no respondió a la llamada y luego, así como un día antes, decidió apagar su celular.
A Fuentes se le buscó para preguntarle por qué Aspies estaba participando nuevamente en un proceso con vicios de ilegalidad y con una candidatura con sesgos a favor del gobierno de Bukele. También se le quería cuestionar si Aspies tiene algún convenio con el gobierno para permanecer presentando candidaturas de empleados de gobierno para ocupar un cargo que requiere de la mayor independencia posible de cualquier influencia política y económica.
Cualquiera de los candidatos que resulten elegidos, como ocurrió con el caso de Turcios y de Fuentes en febrero pasado, según fuentes del Grupo Promotor, podrían pasar la misma suerte que sus predecesores: ser separados de las audiencias de apelación de información por ser el resultado de un proceso irregular dentro de Casa Presidencial.
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