Una auditoría confirma que la UTE malgastó el impuesto a la seguridad

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública efectuó un examen financiero interno para verificar el manejo del impuesto a la seguridad que entre 2018 y 2019 hizo la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), Kenia Elizabeth Melgar, luego de una investigación de Revista Factum. La auditoría arrojó tres observaciones sobre presuntas ilegalidades que Melgar habría cometido y que no pudo justificar. El informe se abordará a finales de agosto en una sesión presencial de la comisión que supervisa el trabajo de la directora.

Foto FACTUM/UTE


La UTE dejó sin dinero al Programa de Atención de Víctimas y Testigos en el segundo semestre de 2018. Usó el dinero del impuesto a la seguridad que le correspondía a este programa para comprar televisores, aires acondicionados, computadoras y más equipos de oficina para otras áreas distintas, y compró casi una decena de vehículos, incluida una camioneta de más de 30 mil dólares, sin permiso de la autoridad que la supervisa. Esas fueron las tres observaciones que destacó un examen financiero interno que hizo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública al manejo del dinero del impuesto a la seguridad que hizo Kenia Elizabeth Melgar, directora de la UTE.

El examen, efectuado por la Dirección de Auditoría Interna del ministerio y entregado en junio de 2020, da cuenta de cómo la directora Melgar no pudo justificar las observaciones que hicieron los auditores ministeriales, quienes llegaron a advertir posibles violaciones legales de la funcionaria por no suplir las necesidades del Programa de Atención de Víctimas y Testigos y para el que, en junio de 2018, iban dirigidos 652 mil dólares derivados del impuesto a la seguridad.

En diciembre de 2018, Revista Factum publicó un reportaje acerca de los gastos de la directora de la UTE en vehículos, aires acondicionados, plantas eléctricas, computadoras, proyectores, televisores, cámaras fotográficas y hasta impresores, en detrimento de las necesidades del Área de Protección de Víctimas y Testigos (APVT), que para entonces estaba al punto de colapso y había negado sus servicios porque no podía cubrir todas las solicitudades de protección integral para las personas.

La Asamblea Legislativa, encargada de aprobar los destinos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC, es decir, el impuesto a la seguridad), asignó en el decreto 44 del 2018 un total de 652 mil dólares para la UTE. La aprobación en el pleno legislativo se dio el 28 de junio de ese mismo año. Ese dinero tenía dos fines: 252 mil dólares para pagar bonos de 300 dólares a los agentes policiales supernumerarios que prestan sus servicios a la UTE y al sistema judicial, por el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2018, y 400 mil dólares para el funcionamiento del Área de Protección de Víctimas y Testigos (APVT).

La APVT tenía pocos recursos económicos debido a que la demanda de víctimas y testigos que requerían protección estatal creció en los años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Los índices de violencia subieron en esa administración, así como las ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades. Los casos de desplazamiento forzado por violencia también aumentaron y las oficinas y albergues de la APVT empezaron a saturarse. En 2015, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 103, la más alta del hemisferio occidental ese año.

La CESC, es decir el impuesto a la seguridad, de hecho, fue creado en 2015 por el mismo gobierno de Sánchez Cerén como un refuerzo económico a las instituciones encargadas de la seguridad pública. La UTE, en especial su Programa de Protección de Víctimas y Testigos, como lo recalca la misma ley que le dio vida a la CESC, es receptora del dinero que se recauda con este gravamen del 5 por ciento a cada transacción de bienes y servicios electrónicos dedicados a las comunicaciones.

La auditoría descubrió que la directora Melgar dirigió, de los restantes 400 mil dólares asignados para la APVT, la cantidad de 321 mil 425 dólares (un 81.46 por ciento) para abastecer otras áreas de la UTE y no necesariamente a la APVT, a la que dedicó solo 73 mil 176 dólares (un 18.54 por ciento). En su defensa, Melgar, si bien aceptó a los auditores las orientaciones presupuestarias que hizo con el dinero de la CESC otorgado en junio de 2018, argumentó que la APVT pertenece a la UTE y que sus funciones, como cualquier otro departamento, son interdependientes. Por ello, según Melgar, no haber dirigido el dinero de la CESC hacia la APVT específicamente no debe entenderse como una situación fuera de orden, ya que esa área no es independiente de la UTE.

La APVT tiene la responsabilidad directa de la administración de albergues diseminados en El Salvador para salvaguardar la integridad de víctimas y testigos de crímenes que ofrecen sus testimonios a la Fiscalía General de la República para presentarlos en los tribunales de justicia. La APVT se encarga de la atención integral de estas personas, como la alimentación y la salud mental, que son cuidadas por agentes policiales, por lo que también la Policía Nacional Civil ofrece sus servicios para sus funciones. Si bien la APVT está adscrita a la UTE, al menos hasta 2018 sus oficinas estaban separadas físicamente y la APVT mantenía una dirección reservada para garantizar al máximo la protección de las personas.

Kenia Elizabeth Melgar, directora general de la UTE.

Los auditores del Ministerio de Seguridad le recordaron a Melgar que más allá de las explicaciones sobre las funciones interdependientes de la APVT con la UTE, el decreto legislativo 44 del 28 de junio de 2018 dirige específicamente 400 mil dólares al Programa de Atención de Víctimas y Testigos y recalcaron que dicho programa es parte de las líneas de trabajo que están plasmadas en el presupuesto de la UTE, por lo que la asignación directa de ese dinero proveniente de la CESC para la APVT no da espacio para ninguna interpretación personal. El funcionamiento de la APVT, según la línea de trabajo presupuestaria, es “otorgar medidas de protección y atención a víctimas y testigos, a través de la protección, alojamiento, manutención, asistencia médica, psicológica y legal que se debe proporcionar a las víctimas, testigos y/o cualquier otra persona que se encuentre en riesgo o peligro debido a su intervención en la investigación de un delito o proceso judicial”. Los auditores aclararon que si bien hubo compra de bienes y servicios con el dinero del impuesto a la seguridad, estos no tuvieron como destino directo la APVT, sino otras áreas de la UTE, contrario a lo que ordenó el decreto legislativo.

Y mencionaron a Melgar el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado: “No se podrá disponer ni utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto”. Los auditores le informaron a la directora de la UTE que su explicación no le sirvió para superar la observación.

Otro hallazgo en el manejo que hizo Melgar con el dinero del impuesto a la seguridad en 2018 es que la APVT había pedido con anterioridad un refuerzo económico de 221 mil 894 dólares para comprar activos fijos: vehículos, aires acondicionados, computadoras de escritorio y portátiles. Los auditores descubrieron que la UTE sí compró vehículos en diciembre de 2018, así como aires acondicionados y computadoras, pero ninguno de estos artículos fue adquirido para el uso exclusivo de la APVT, sino que fueron distribuidos en otros departamentos de la UTE.

Melgar dio la misma explicación para justificar los gastos y los auditores le volvieron a informar que la nueva observación tampoco fue superada. Peor, el examen contra Melgar advierte que “esta reorientación podría ser considerada como una infracción a la ley, como una adquisición de bienes para una finalidad distinta a la que originalmente se solicitaron”.

Carros comprados sin permiso

La directora de la UTE aprobó en diciembre de 2018 la compra de seis vehículos sedán Nissan Versa año 2019, un microbús Hyundai H-1 año 2018, un panel RAM Van700 año 2019 y una camioneta Honda CR-V año 2018. Solo la camioneta costó 31 mil 889 dólares. El gasto total con el dinero del impuesto a la seguridad para comprar esos vehículos fue de 100 mil 770 dólares. Estas compras se hicieron sin que Melgar contara con la autorización de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia (CCSJ).

La CCSJ es la entidad supervisora del trabajo de la UTE. De hecho, sus miembros son quienes eligen a la persona que dirigirá esa unidad. La comisión está integrada por los titulares de cinco instituciones claves del sistema judicial salvadoreño: el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría General de la República. El presupuesto de la UTE se canaliza a través del Ministerio de Seguridad, al igual que el dinero del impuesto a la seguridad. Fueron los titulares de estas instituciones quienes tuvieron que dar el permiso para que la directora Melgar comprara los vehículos por un monto mayor a los 100 mil dólares.

Melgar respondió a los auditores que hubo dos solicitudes para que la CCSJ autorizara la compra, una el 30 de octubre y la otra el 5 de diciembre de 2018. La directora presentó para el examen financiero dos autorizaciones individuales, una que se la dio el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y la exprocuradora general Sonia Cortez de Madriz. Los auditores cuestionaron a Melgar por haber ofrecido la autorización individual de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María Josa de Parada, pero no la presentó.

Los examinadores de los gastos que hizo Melgar con el dinero de la CESC le recordaron a la directora de la UTE que los permisos deben provenir del pleno de la CCSJ y no de forma individual. La auditoría reveló que en ninguna de las actas de las sesiones que tuvo la CCSJ entre octubre y diciembre de 2018 hay un acuerdo de la comisión coordinadora para aprobar la compra de vehículos nuevos. Tampoco hay un punto de acta en el que la CCSJ haya acordado que la UTE abriera a licitación pública la adquisición de los vehículos, que fueron comprados al Grupo Q. Melgar tampoco pudo superar esa tercera observación de la auditoría.

Los resultados de la auditoría son del conocimiento de los cinco miembros de la CCSJ, de la directora misma y de la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, a quien también le fue remitido el informe, para que intervenga sobre los hallazgos en el manejo financiero que Melgar hizo del impuesto a la seguridad.

La dirección de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia confirmó que la CCSJ recibió un petitorio para analizar el examen especial y que a su vez se acordó que este informe de auditoría se agregue como tema de agenda para que se discuta en una sesión presencial que tendrá la comisión. El próximo 27 de agosto está agendada la sesión mensual de la CCSJ y es posible que, si así lo acuerda la comisión, esta sea presencial y entonces se aborde la auditoría contra Melgar, sobre quien la comisión deberá tomar una decisión tras los hallazgos en el uso del impuesto a la seguridad.

Melgar no quiso brindar declaraciones a Factum sobre la auditoría en su contra, informó la oficina de comunicaciones de la UTE, ya que, según la directora, es un asunto que aún no se ha discutido en la CCSJ.

El Programa de Atención de Víctimas y Testigos sigue teniendo carencias. Los albergues siguen siendo insuficientes, aunque las solicitudes de protección en los meses de la emergencia por la Covid-19 disminuyeron, aseguraron dos fuentes de la UTE que pidieron la reserva de su identidad. Prevén, sin embargo, que las condiciones precarias regresen con la reactivación del país tras la pandemia y el programa, nuevamente, no pueda abarcar la totalidad de solicitudes de personas que piden que les protejan su integridad física. El próximo 27 de agosto, la CCSJ celebrará su sesión mensual. Las comunicaciones de la Corte Suprema dijeron que los titulares estudian la posibilidad de que esa sesión sea la primera presencial desde que se declaró la emergencia nacional y puedan entonces revisar la auditoría.

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