“ ¡Mi hijo va a morir encarcelado y ellos van a tener la culpa!”, dice la madre de Cristian, uno de los jóvenes capturados durante el régimen de excepción. En medio de la agresiva embestida del gobierno de Bukele contra las pandillas, familiares y organizaciones de derechos humanos continúan denunciando decenas de capturas arbitrarias.
Foto FACTUM/Bryan Avelar
Quizá Cristian aún no lo comprende bien, pero ahora está en una prisión acusado de ser un temible pandillero. Hace tres semanas, cuatro uniformados entraron a su casa, cuando su madre lo había dejado un rato a solas para ir a pagar los recibos del agua y la luz. Los agentes lo capturaron y se lo llevaron en una patrulla, esposado, con los brazos hacia atrás. Quizá Cristian aún no lo comprende bien porque es un joven de 22 años que, según su madre, es autista.
Un policía se paró frente al portón de las bartolinas policiales de la delegación centro de San Salvador, conocidas popularmente como “El Penalito”, la tarde del martes 5 de abril, un día después de la captura. A su lado, un joven delgado, alto y moreno veía hacia el horizonte con la mirada perdida y los brazos esposados hacia atrás. El policía miró fijamente un rato, como buscando un rostro entre la multitud de mujeres que se aglomeraban frente a El Penalito para preguntar por sus familiares, hijos o esposos detenidos en los últimos días. El joven era Cristian.
Cristian tenía una mancha de sangre en la nariz. El policía se dirigió, abriendo paso junto al joven, hacia una mujer mayor. Ella, de 49 años, vestía una blusa morada y una falda negra, larga y de lona. Era la mamá de Cristian. La mujer le dio una pequeña bolsa blanca al policía y se lanzó abrazando el torso de su hijo, quien se mantuvo todo el tiempo inmutado, sin decir nada y con la mirada puesta en el horizonte.
Otro policía que estaba cerca de la escena regañó a su compañero y le preguntó a gritos qué estaba pasando. El agente que llevaba a Cristian reaccionó doblándole el brazo al joven y se lo llevó de vuelta a la delegación. Al ver a su hijo sometido, la mujer rompió a llorar y siguió al policía haciendo un ademán de querer golpearlo, pero sin lograr lanzar el manotazo. Mientras lloraba, la madre gritaba desconsolada: “¡Juicio va a caer sobre usted! ¡Mi hijo no debe nada, él no es nada! ¡Mi hijo es autista y usted lo sabe! ¡Dios se va a encargar de vengarse de usted!”.
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Los trastornos del espectro autista afectan la comunicación y el comportamiento, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés). Una persona autista tiene conductas particulares que pueden manifestarse en la dificultad para desarrollar vínculos afectivos, de acuerdo con los expertos en la materia.
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Para el 5 de abril, un día después de que la Policía capturó a Cristian en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, “El Penalito” ya más bien parecía un panal de abejas. Cientos de mujeres llevaban ya días y días peregrinando hasta la calle frente a la delegación, preguntando por uno, dos o tres familiares que les acababan de capturar. Para entonces, El Salvador tenía ya nueve días bajo régimen de excepción, una medida extrema aprobada el domingo 27 de marzo en la madrugada por la Asamblea oficialista controlada por el presidente Nayib Bukele. Una medida que consistía, inicialmente, en restringir cuatro garantías constitucionales a los ciudadanos por treinta días: el derecho a la defensa, el derecho a reunión, el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones y con la cual se extendió el plazo de detención administrativa de tres a quince días.
Esa fue la respuesta del gobierno ante un súbito e inigualable incremento de homicidios organizado por las pandillas que en un solo día dejó 62 homicidios en las calles y 87 en tres días.
Pero en la práctica, esta medida consistió en militarizar varias comunidades con fuerte presencia de pandillas, principalmente de la MS-13, a la que las autoridades le atribuyeron casi todos los homicidios, y en realizar redadas masivas en todo el país que, a día de hoy, ya suman más de 19,000 nuevos reos, según los tuits del presidente Bukele, que es la única información oficial que en estos días se puede obtener. Todos los detenidos son acusados de ser pandilleros y, según las publicaciones del mandatario, nunca más van a volver a ver el sol.
Desde entonces, las denuncias de familiares por capturas arbitrarias ya se contaban por montón. Para entonces, la fachada de “El Penalito” ya se había convertido en un muro de lamentos, donde cientos de madres se reunían a diario a preguntar y a justificar a la inocencia de sus parientes.
Madres, compañeras de vida, padres o hermanas acuden desesperadamente a las oficinas de la Procuraduría General de la República para presentar la documentación pertinente para liberar a quienes fueron capturados bajo el régimen de excepción. Foto FACTUM / Gerson Nájera
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Mi hijo bajando bultos de ropa para vender estaba cuando los policías lo capturaron.
Mi esposo jugando con mi niña en la cuna estaba cuando entraron a agarrarlo.
A él por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada se lo llevaron.
Él iba conmigo y las dos niñas al parque cuando lo agarraron.
Ella vendiendo en el mercado estaba cuando la capturaron.
Él bajándose del bus de vender verduras iba.
Ella ni pandillera es, y deja a una niña en brazos.
Él es estudiante y trabajador.
Él no se mete en nada.
Él ni a la calle sale.
Él no es nada.
Él no es.
Él no.
Él.
Él es autista.
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Luego de gritarle al policía que su hijo es autista, la madre de Cristian se desvaneció en el pavimento caliente frente a “El Penalito”. Un grupo de mujeres de su edad, probablemente también madres que buscaban a sus hijos, la llevaron cargada hasta una pequeña sombra que hace el techo frente a la pared de la delegación.
—¡Mi hijo va a morir preso! ¡Ahí se va a morir mi hijo! ¡Mi hijo va a morir encarcelado y ellos van a tener la culpa! ¡Mi hijo es autista y tiene asma! – gritaba desconsolada la madre.
Una mujer con un velo en la cabeza se le acercó y, en un intento por consolarla, puso sus manos sobre ella y empezó a orar. Le pedía a su dios que aplacara los demonios que estaban causando tribulación en el corazón y la mente de aquella señora; le pedía paz y calma, le pedía resignación.
Pero la madre de Cristian no paraba de repetir que su hijo va a morir encarcelado injustamente.
Decenas de mujeres llegaron a “El Penalito” a pedir información sobre sus parientes detenidos durante el régimen de excepción. Foto FACTUM/Bryan Avelar
Minutos después, una de las mujeres que consolaba a la señora se me acercó. Era mucho más joven que todas. Me dijo que era hermana del detenido.
— Esto que está pasando es una injusticia. Deberían de investigar bien. ¡Háganle un examen psicológico y vean que él tiene una condición! –, decía insistente, como si creyera que yo podía cambiar algo.
Y luego contó algo más:
— Mis tres hermanos nacieron con autismo. Solo yo no tengo ese déficit. A mis dos hermanos los desaparecieron. Sus casos están en la Fiscalía y nunca han hecho nada. Ahora se llevaron a Cristian que le ayudaba a vender frescos a mi mamá.
Al recomponerse un poco, la madre de Cristian explicó más su dolor.
— Yo no estoy en contra de la justicia, pero mi hijo además de ser autista es asmático. Él sangra cuando ya no puede respirar. Y estos policías que lo tienen detenido bien lo saben, por eso salió uno a traer los medicamentos con él. Yo se los dí (en la pequeña bolsa blanca que entregó), pero no le van a durar para siempre. La Policía me va a matar a mi hijo, y ese pecado se lo van a llevar.
La hermana de Cristian insistió.
— Mi hermano ya está grande. Tiene 22 años, pero es como un niño. ¿Cómo cree usted que iba a ser pandillero?
El lunes 25 de abril, Factum consultó con agentes de la subdelegación policial de San Jacinto sobre el caso de Cristian. A través de una llamada, el agente de recepción dijo que el caso le parecía extraño, pero que para obtener más detalles este medio podía llamar al puesto policial de la colonia donde vive la madre de Cristian. Al llamar a ese puesto policial, un agente respondió diciendo que no podría brindar más detalles del caso y que para obtener más información este medio debía volver a llamar a la subdelegación San Jacinto. Al final, el agente dijo: “Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros somos gatos, usted lo entiende bien”. Y colgó.
Entre el lunes 25 y el jueves 28 de abril, Factum también buscó la versión de la defensora pública asignada a Cristian en la Procuraduría General de la República. La encargada de comunicaciones aseguró en reiteradas ocasiones que estaba tramitando la entrevista, pero al cierre de esta nota y tras cuatro días de insistencia, no hubo respuesta.
Casi un mes después de que Cristian fue arrestado, ni su madre ni su hermana saben exactamente de qué delitos es acusado, ni qué hechos le atribuyen.
Durante el primer mes de régimen de excepción, cientos de familiares se presentaron a las principales delegaciones para denunciar arrestos arbitrarios. Decenas de casos han sido documentados por medios de comunicación y muchas de las víctimas han sido liberadas tras los escándalos mediáticos. Como el caso de Kevin Rivas, un exestudiante de la escuela de comunicaciones Mónica Herrera, quien fue capturado y posteriormente liberado. O los cuatro empleados de la cafetería “1,200 Café”, quienes fueron exhibidos en redes sociales, sin camisa y señalados de pandilleros, y horas después de su captura fueron liberados.
Solo en este mes, la organización de derechos humanos Cristosal ha recibido 168 denuncias de detenciones arbitrarias. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha intentado restarle importancia a las denuncias e insiste en que todos los detenidos son miembros de pandillas. A principios de abril, el funcionario escribió en su cuenta de Twitter que apenas el 1 por ciento de los arrestos podía llegar a ser un error.
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El 21 de abril, 17 días después de la captura de Cristian, finalmente su familia recibió una respuesta: durante las vacaciones de Semana Santa, Cristian fue llevado ante un juez. El juez le decretó detención provisional y lo envió a prisión durante tres meses mientras la Fiscalía investiga si es o no un pandillero.
Las últimas dos semanas han sido duras para la hermana y la madre de Cristian. La semana pasada, la alcaldía de San Salvador desalojó a decenas de vendedores ambulantes para reubicarlos en un nuevo edificio que funcionará como mercado municipal. “Nosotras ahí teníamos el negocio y fuimos de las personas que fuimos desalojadas. Hemos andado con la cabeza como una licuadora dando vueltas, porque además de las vueltas de mi hermano estamos en la casa y sin trabajo. A ver qué nos tiene preparado diosito más allá”, dijo la hermana de Cristian a través de un mensaje de voz por Whatsapp.
Quizá Cristian aún no comprende bien, pero su madre y su hermana, aún sin los recursos y sin tener información, no pararán de luchar para que él salga de prisión.
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