Redes sociales, la defensoría de los capturados

Miles de familiares de detenidos durante el régimen de excepción están tratando de suplir el silencio estatal con grupos dispersos, reuniones fortuitas, mensajes de redes sociales para informarse sobre aspectos tan básicos tales como dónde está interno su familiar, qué protocolos hay que seguir para llevarles insumos y cuándo se realizan audiencias. Muchos de ellos, incluso, se pronuncian a favor del régimen, pero en contra de la captura de inocentes. 

Fotos FACTUM/Gerson Nájera

La familia de *Rosa se esfumó en un mes. Tres de sus hijos, dos hombres y una mujer, y sus dos nueras fueron capturados bajo el régimen que, tras una quinta prórroga consecutiva, dejó de ser una excepción. Todos vivían en un mismo terreno, con casas pequeñas cercanas una de la otra. Ahora Rosa vive únicamente con su hijo más pequeño mientras su familia está repartida en tres cárceles de El Salvador. 

“Cuando trasladaron a mi hija de Ilopango (cárcel de mujeres) a Apanteos (cárcel) a través del grupo (de mensajería) me enteré. De ahí por lo demás no me hubiera dado cuenta”, dice Rosa a través de un mensaje de voz. 

Rosa vive en Ahuachapán y su familia fue detenida entre el 28 de marzo y el 27 de abril de 2022, durante el primer mes de vigencia del régimen de excepción -una serie de reformas al proceso penal que restringen derechos fundamentales. Pero ahora Rosa no está en Ahuachapán; este 9 de agosto, un soleado martes, Rosa camina junto a doscientas personas, mujeres en su mayoría, los casi tres kilómetros que separan el redondel del Monumento a la Constitución de la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador. Rosa, que casi no ha bebido agua y lleva solo las monedas para el bus de regreso en sus bolsillos, marcha porque cree en la inocencia de su familia. 

A la marcha respondieron unos pocos -unas pocas, en realidad-, como ha sucedido en otras manifestaciones públicas de familiares de privados de libertad durante el régimen de excepción. Entre el 7 y el 27 de agosto hubo una vigilia en la Plaza Divino Salvador del Mundo, un plantón frente al portón de ingreso de diputados en la Asamblea Legislativa y otras dos manifestaciones públicas exigiendo respuestas al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

No hay partidos políticos que las acompañen, solo algunas oenegés, y cero parafernalia de vehículos con megáfonos o torres de sonido. Son, en su mayoría, un grupo reducido de mujeres con carteles que tienen pegadas las fotos impresas de sus hijos, sus compañeros de vida, hermanos, padres, hijas. Algunas ni siquiera tienen certeza de en qué penal deben buscar a sus familiares.

“Si uno va a pedir información, no le dan ninguna. Incluso, si uno va a pedir información a la Procuraduría (General de la República), ahí no le dan nada a uno. Estar en el grupo (es útil) pues  cualquier cosa sucede y las demás personas le informan y uno se entera”, agrega Rosa, que le habla a un teléfono para mandar mensajes porque no sabe leer ni escribir.  

El grupo de Rosa es virtual. Y no es el único. En redes sociales y en chats de mensajería instantánea pululan grupos que aglutinan cientos, y en algunos casos miles, de parientes de detenidos que han buscado montar una estructura -aún precaria- de información para ayudarse unos a otros: contenido y precios de los paquetes de insumos para llevar a los centros penales, días de entrega, traslados de reos de una prisión a otra, cultos religiosos virtuales y hasta las rutas de buses que deben tomar, en vista de que muchos de ellos no conocen San Salvador o Izalco. 

Y es en estos espacios virtuales donde los familiares han encontrado la información y el apoyo que escasea en los canales oficiales. La falta de comunicación ha llegado a ser tal que algunas familias ni se enteran cuando un privado de libertad ha fallecido, como publicó La Prensa Gráfica a mediados de agosto. Desde que la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, los familiares de detenidos empezaron a aglomerarse afuera de los centros penales para saber algo tan básico como si su pariente estaba en ese lugar. Esas reuniones súbitas, que llegaron a un punto crítico en mayo, cuando cientos de personas se tomaron las calles y acamparon fuera de los penales, se han trasladado hoy a redes sociales. 

Revista Factum tuvo acceso a algunos de estos grupos y solicitó autorización para divulgar parte de esos mensajes, protegiendo la identidad de sus emisores. En los textos y audios, los familiares detallan parte de sus historias, dificultades que enfrentan y el abandono en el que se sienten.

El discurso oficial sostiene que van más de 50 mil detenidos durante el régimen y que la mayoría de ellos son miembros de pandillas. Las capturas masivas, en las que los acusados pueden estar hasta 15 días sin ver a un juez, fue la respuesta gubernamental a los 88 homicidios ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo. Una investigación de El Faro reveló que la matanza se debió a la ruptura del pacto entre el gobierno salvadoreño y la pandilla MS-13.

“No estoy en contra del régimen, estoy en contra de que se lleven a las personas inocentes”, añade Rosa. 

Seis de cada 10 salvadoreños creen que la proporción de personas inocentes detenidas durante el régimen es mayor a lo que reconocen las autoridades, según una encuesta presentada en junio por el Instituto de Opinión Pública de la UCA.

A mediados de agosto, una mujer preguntaba en uno de estos grupos si alguien tenía el detalle de cómo debe estar compuesto el paquete de insumos, con comida y artículos de higiene personal, que las familias pueden llevar a los que están detenidos. Rápidamente alguien contestó con una foto, bien sea para el caso del Penal de Izalco o para el Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, con el listado específico que pueden incluir los paquetes. 

Listado del paquete de insumos que los familiares de detenidos bajo el régimen de excepción pueden llevar a los centros penales. Foto FACTUM.

Se trató de una fotografía de un listado con jabones, champú, avena y algún que otro producto para paliar la desnutrición que otro pariente tomó en una de sus visitas a la cárcel. Las fotos de traslado de reos, audiencias por venir, o listado de detenidos pegados en papeles deteriorados fuera de las prisiones, o los tribunales, menudean en estos grupos. 

El 11 de agosto, afuera de la cárcel de Izalco, en el departamento de Sonsonate, *Natalie aclaraba que los familiares no están obligados a llevar todo. El listado es un máximo: cada quien lleva lo que puede. Ella llegó ese día a dejarle el paquete de insumos a su hermano. Para llegar ahí, a esa fila de unas 150 personas afuera de la prisión, debió caminar cerca de medio kilómetro en una calle de tierra y atravesar un puente metálico quebrado, desvencijado, mohoso. La Policía no permite el ingreso de vehículos cerca de la cárcel. Por eso ahí caminan personas en sentido contrario que llevan pequeños fardos con papel higiénico, barras de jabón, ropa blanca, un vaso plástico, entre otros. Todos rotulados con el nombre del interno. Son los que no tuvieron suerte: tienen que ir a buscar a sus familiares a otra prisión, pues fueron trasladados sin avisar. 

Esta fue la primera vez que Natalie llevó el paquete a su hermano a Izalco. Ya lo había hecho antes, a unos 76 kilómetros de este lugar, a la cárcel de Mariona, en San Salvador. “Mi hermano desde los 15 años se dedicó a trabajar. Él no quería estudiar, pero le enseñaron a manejar y a eso se dedicaba, a la picachada. Y él es enfermo de los oídos y un poquito malo de la vista”, relata Natalie. Ese 11 de agosto su hermano cumplió 68 días preso.

Natalie explica que a su hermano lo arrestaron mientras estaba trabajando en el cantón Cangrejera, en el Puerto de La Libertad. Apenas había pagado un mes de un crédito bancario que le sirvió para comprar el pick up. Natalie agrega que lo acusaron de extorsión. Los policías le incautaron el dinero que había recogido haciendo viajes. “Al final le pusieron agrupaciones ilícitas”, cuenta. 

Ella dice que ha tenido que hacer préstamos para poder pagar y llevarle paquetes a su hermano: el primero de $130, el segundo de $76 y el último de $80. Cuando llevó el segundo paquete, a su hermano lo trasladaron. Solo a él, no con el paquete. “Ese se perdió”, lamenta Natalie.

El hermano de Natalie, José F., de 21 años de edad y sordo de un oído, era el único sostén de su hogar. Ahí aún lo esperan una hija y tres hijastras. 

Likes y falta de información

El 22 de agosto de 2022, un grupo de familiares de detenidos acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) para intentar reunirse con el procurador Apolonio Tobar. No lo consiguieron. Afuera de otra institución, la Procuraduría General de la República, encargada de proporcionar defensa legal para quien no pueda pagarla, las filas y las caras alargadas de preocupación reafirman el sentimiento de abandono. Un reportaje de El Faro reveló en junio de este año que la cantidad de casos que recibían los 263 defensores públicos -hasta 95 en un solo día- volvía imposible la defensa de los detenidos durante el régimen de excepción. 

De ahí que sea más factible recurrir a las redes sociales que esperar la intermediación de la PDDH o que la PGR gane un caso en los tribunales para que un detenido quede en libertad. Un puñado de likes es más útil que una resolución de Apolonio Tobar. El 17 de julio, una publicación en Facebook que denunciaba la captura de dos jóvenes -uno de ellos con discapacidad auditiva- fue compartida casi 600 veces. En ella, como muchas otras que le siguieron, fue mencionado el presidente de la República. El joven con discapacidad fue liberado tres días después.

Algo similar ocurrió con cuatro empleados de un café ubicado en el volcán de San Salvador que fueron detenidos el 9 de abril y liberados horas después tras una publicación que recibió atención en Facebook. 

Pero esa suerte no es para todos. La mayor parte de los detenidos ha permanecido en las cárceles. Un reporte publicado el 18 de agosto por diario El Mundo, que citaba a su vez un informe del ministerio de Seguridad, señalaba que 653 personas -de las supuestamente 50,183 detenidas entre el 26 de marzo y el 16 de agosto- han sido liberadas por un juzgado. En ese universo de capturas la información oficial es esquiva: cuesta saber cuándo hay un traslado, cuesta saber cuándo hay una audiencia y no se informa cuando alguien muere en la cárcel. 

Cada vez que surge la sospecha de un nuevo fallecimiento -o cuando una ambulancia entra a las cárceles- levanta comentarios angustiados en cientos de familiares dentro de los grupos virtuales. Incluso, un traslado de reos a tribunales u otra prisión provoca comentarios tales como “si escuchan este nombre, avisen, es mi hermano”, “mi esposo se llama así, informen por favor”, “¿cuáles son los nombres de los liberados?”. Algunos grupos hacen las veces de un canal de información para casos urgentes: “Para los familiares de (…) preséntese al Hospital Zacamil, fue trasladado grave”.   

Factum habló con algunos empleados de funerarias que esperan afuera del Hospital Nacional Jorge Mazzini, en Sonsonate. Hasta el 31 de agosto, 72 personas detenidas bajo el régimen de excepción fallecieron bajo custodia del Estado, según datos recabados por la organización Cristosal. Treinta y cinco de ellos murieron en este hospital. 

Los muerteros, empleados de las funerarias que pidieron no ser identificados, confirmaron lo obvio: ellos sí obtienen información y saben cuándo se trata de un detenido bajo el régimen. Ellos admiten que pagan comisiones por saberlo. No dicen a quién. No dicen cuánto, pero lo suman como parte de sus gastos operativos básicos. Esto explicaría porqué, en muchos de los casos de fallecidos de detenidos en el régimen, según ha documentado Cristosal y diversos medios de comunicación, han sido los empleados de funerarias los que avisan a los familiares.

La iniciativa colectiva ha permitido a los familiares enterarse, de manera independiente, de detenidos trasladados a hospitales, fallecidos, fechas de audiencias, marchas y vigilias, fases de los procesos judiciales y cómo deben ir rotulados los paquetes, entre otros. También se ha informado ahí cómo algunos privados de libertad -la minoría- han pagado fianzas de hasta $2,000 para salir libres bajo medidas. El ansia por saber qué pasa con sus parientes provoca que algunos dejen sus números de contacto a custodios y policías fuera de los centros penales. 

Factum pudo comprobar la existencia de al menos 10 grupos de mensajería instantánea que tienen entre 200 hasta 500 personas cada uno. Algunos familiares tienen participación en varios de ellos. Además están las páginas de redes sociales: públicas y también grupos privados. En ambos casos, los miembros oscilan entre las 20 mil y 50 mil personas.

Decenas de madres se concentraron afuera del penal de Izalco al inicio del régimen de excepción. Foto FACTUM/Gerson Nájera

Sin respuesta de los fallecidos

La organización Cristosal se ha encargado de brindar asesoría jurídica, hacer denuncias y levantar reportes desde el inicio del régimen de excepción. Hasta finales de agosto, habían recibido 3,186 denuncias por detenciones arbitrarias junto a otras organizaciones. Cristosal también señala que 72 personas (70 hombres y dos mujeres), detenidas durante el régimen, han fallecido en custodia del Estado. Algunos familiares han denunciado la falta de información en estos casos o incluso que ha habido manipulación en las causas de algunas muertes. 

“Todas las personas que sus familias han ido a dos o tres lugares y no les dan información están en una condición de detenido-desaparecido, y aplica la figura de desaparición forzada”, valora Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal. 

Según un artículo de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada es mucho más que una violación de los Derechos Humanos. Afecta tanto a la persona capturada como a sus familiares y comunidad. En El Salvador se han desarrollado múltiples redadas en zonas empobrecidas, donde suelen recluir a la persona que lleva ingresos al hogar. Las consecuencias de esto van desde lo económico hasta lo psicológico. De acuerdo a la ONU, “desaparecer” a alguien de la sociedad funciona también como una maniobra para inculcar temor. 

Factum solicitó a Medicina Legal, vía Ley de Acceso a la Información Pública, las estadísticas de personas detenidas durante el régimen de excepción y que han fallecido bajo custodia del Estado. La institución resolvió que la información era inexistente porque los forenses no tienen conocimiento de en qué fecha ha sido detenida una persona cuando se realiza el reconocimiento del cadáver. 

Navas opina que muchas de estas muertes encajan dentro del perfil de homicidios precedidos de tortura. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) presentó un estudio y análisis casuístico sobre los primeros meses del régimen, a inicios de agosto, y llegó a la misma conclusión: muchos de los detenidos bajo este decreto están siendo torturados. 

Grupos infiltrados

La existencia de los grupos virtuales de familiares no ha pasado desapercibida. Factum pudo comprobar que en al menos dos de los grupos ingresan de forma obsesiva números extranjeros con códigos +52 (México), +234 (Nigeria), +1 (Estados Unidos), +502 (Guatemala), +56 (Chile), +51 (Perú), +92 (Pakistán), +94 (Sri Lanka), +212 (Marruecos), entre otros. Aunque los administradores se dediquen a eliminarlos, los números vuelven a ingresar, pues los grupos están abiertos. 

Esos contactos se dedican en su mayor parte al envío de pornografía –incluso infantil–, memes, o stickers. También insultan a los familiares y distraen la conversación. Familiares de detenidos aseguran que desde algunos de esos números han recibido llamadas con amenazas. 

Factum también comprobó que estas infiltraciones solo ocurren en los grupos donde la organización implica manifestaciones políticas claras, como marchas y plantones. Los grupos con tinte religioso no han sido afectados. 

Familiares integrados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), el grupo con más exposición en los últimos meses, han organizado diferentes marchas y demostraciones públicas. El pasado 22 de agosto, durante la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, sus integrantes intentaron entregar una carta al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar. Al grupo se le impidió el paso y únicamente se permitió el acceso a tres manifestantes. Un día después, Tobar otorgó un reconocimiento al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, por su participación y ponencia en el evento. Villatoro ha sido el encargado de solicitar cada mes, desde marzo pasado, las prórrogas al régimen de excepción.

Tobar, que cambió su postura crítica ante el gobierno y que busca la reelección en el cargo, visitó a finales de julio la cárcel de Mariona junto a funcionarios de Seguridad Pública y validó los frutos del régimen de excepción. 

No todos los familiares buscan el cuestionamiento a las instituciones públicas por el régimen de excepción y sus parientes detenidos. Cientos de ellos se sienten más cómodos a través de manifestaciones religiosas. El 13 de agosto, unas 200 personas procedentes de Cojutepeque, Ahuachapán, Apopa y otros lugares realizaron una vigilia y culto religioso en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador. Empezaron a las 9 de la noche y finalizaron a las 4 de la mañana. Rezaron, cantaron, lloraron y se abrazaron. La mayoría, como fuera de las prisiones y en las marchas, eran mujeres. Esa noche no llovió y bajo tres toldos plásticos los asistentes cerraban los ojos y bajaban la cabeza pidiendo la liberación de sus familiares. 

Rolando Gómez fue uno de sus organizadores. Él tiene a un hijo detenido y explica que han buscado apoyo en algunas iglesias para cubrir insumos muy básicos para sus eventos, como equipos de sonido y sillas. El café y hasta las ollas las ponen los asistentes. En la vigilia, Gómez tenía una petición clara: “que nuestros hijos, al menos, puedan salir con vida de los lugares de donde ahora se encuentran”.

No es una súplica aislada. “Yo no voy a querer que a mi hijo me lo vayan a entregar muerto. No voy a aguantar”, decía Juana Antonia, otra de las asistentes. Su hijo, un trabajador de Fovial, según ella comenta, lleva cuatro meses capturado. 

Muchos parientes están corriendo contra el tiempo ahora. Buscan reunir la mayor cantidad de “papeles” posibles para las audiencias que se avecinan en septiembre: arraigos, cartas de recomendación, actas notariadas de buena conducta, inexistencia de antecedentes penales, partidas de nacimientos de hijos; todo lo que pueda ayudarlos para que sus parientes puedan recuperar su libertad. Miles de los detenidos fueron enviados de forma exprés a prisión durante 6 meses, en espera de una audiencia preliminar en la que la Fiscalía General de la República deberá presentar las pruebas para justificar los arrestos. 

Los familiares siguen hablando con otros familiares. Buscando respuestas y mejores estrategias para tener de regreso a sus esposos, hijos, hermanos y madres. El gobierno, hasta el momento, solo les ha devuelto el silencio.

• Estos nombres han sido modificados para proteger la identidad de las personas.