Un total de 338 denuncias de violaciones a derechos humanos fueron recibidas por cinco organizaciones sociales salvadoreñas durante el primer mes de vigencia del régimen de excepción. La mayoría de los abusos, según los denunciantes, son detenciones arbitrarias perpetradas por policías y militares. El soldado Maynor Aristeyde Pérez Ortez está entre las más de 24,000 personas arrestadas. Su madre y su pareja, con su hijo de cuatro meses en brazos, buscan explicaciones sobre su captura.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
No habrá globos ni pastel para las madres de la familia Pérez este 10 de mayo. No tienen nada que festejar. Solo acumulan preocupaciones. Jefferson*, el bebé de la familia, está por cumplir cinco meses de edad y ha bajado de peso. Su tarjeta de control médico detalla que pesaba 14 libras hace un mes y ahora pesa 13. Ha perdido una libra durante la ausencia de su padre: el soldado Maynor Aristeyde Pérez Ortez, quien fue capturado el pasado 2 de abril, en la cancha del caserío Charamo Arriba, de Osicala, Morazán.
El sexto día del régimen de excepción, aprobado en El Salvador luego del día más violento del siglo, la familia Pérez perdió al único integrante que tenía a su cargo los gastos familiares. No está quien pagaba los frijoles y compraba el maíz para hacer las tortillas.
Lo único que se sabe del soldado Pérez Ortez es lo que observó su familia y sus vecinos. El mismo día de la captura lo trasladaron a la subdelegación de Osicala. Sus familiares se enteraron de que lo llevaron a la delegación de San Francisco Gotera y que después lo movieron al penal de Izalco, en Sonsonate, ubicado a 245.2 kilómetros del caserío donde residía.
Lorena, la pareja del soldado, no para de llorar. La ausencia de Pérez Ortez, que sostenía el hogar con su salario de $250 mensuales, le robó su tranquilidad, le trajo un insomnio permanente y le arrebató los proyectos que estaban construyendo desde enero de 2020, cuando decidieron irse a vivir juntos. Y el hijo de ambos, según ella, también siente esa tristeza.
“El doctor me dijo que me calme, que no pase solo llorando, porque le va a hacer daño al niño que ni pecho quiere y que ha sentido como me siento yo. Para la leche no hay dinero, cuesta decirlo pero es la realidad”, dice la joven morena, con sus ojos grandes irritados por tanto llorar.
Hasta los tres años, según recomendaciones médicas, los niños pueden consumir únicamente un sustituto de leche materna que se conoce como fórmula. Una lata de 900 gramos que tiene hierro, zinc y vitaminas es consumida, en promedio, en cuatro días. Lorena no tiene $14 para comprarle una lata a su hijo de cuatro meses.
Tampoco tiene dinero para comprar comida, ni para viajar desde Morazán hasta el penal de Izalco, en Sonsonate, para preguntar por Pérez Ortez. Tienen que caminar una hora desde el caserío donde residen para salir a la carretera Longitudinal del Norte, que conecta con el casco urbano de Osicala, un municipio que tiene clasificación de extrema pobreza y bajo desarrollo humano. Pagar los pasajes y hospedajes para recorrer en tres días más de 200 kilómetros es un lujo que ella y su suegra no se pueden dar.
Lorena y su suegra caminan durante una hora, con un bebé de cuatro meses en brazos, para obtener información sobre su familiar detenido. Foto FACTUM/Natalia Alberto
Lorena y su hijo residen en la casa de Mariluz, la madre del soldado, junto a los dos hermanos menores del militar, una niña de siete y un niño de 11 años que también han quedado sin un sustento después del arresto.
El día de la captura
El pasado 2 de abril de 2022, tres soldados y un policía caminaron 1.3 kilómetros por la calle encementada del caserío El Charamo, de Osicala, hasta la cancha de la comunidad con la misión de arrestar a su compañero de armas del Destacamento Militar Número 4 de San Francisco Gotera.
Eran las 5:30 de la tarde del sexto día del régimen de excepción cuando uno de los militares se acercó al soldado Pérez Ortez, que estaba debajo de un marco de fútbol con dos adolescentes, y le dijo: “Vos sabés a qué venimos, verdad”. Lo arrestaron y no valieron las explicaciones ni el carné firmado por el Ministro de Defensa René Merino Monroy.
“Si sos militar, nos lo vas a demostrar”, le recalcaron, y frente a los habitantes de la comunidad, que se aglomeraron para observar el arresto, lo pusieron a hacer ejercicios de control, fuerza y resistencia, según su familia.
Las lagartijas y abdominales dejaron exhausto al soldado, quien integraba las filas de la Fuerza Armada desde el 1 de agosto de 2019. Para decenas de jóvenes de la zona rural, inscribirse en la Fuerza Armada o en la Policía Nacional Civil es la opción más accesible para obtener un salario.
Cuando la madre del capturado llegó a la cancha para ver lo que estaba pasando, después de recibir la llamada de un vecino, encontró a su hijo sudado y esposado. No recibió una respuesta clara cuando le preguntó a los integrantes del comando cuáles eran los motivos del arresto.
Esposado lo exhibieron en la comunidad y se lo llevaron en una patrulla a la subdelegación de Osicala. Indagando entre conocidos, los familiares se han enterado de que es acusado de querer formar una pandilla en el caserío.
“Les dije: ‘déjenme a mi hijo, no se lo lleven porque él no ha hecho nada’. Se los repetía, pero me dijeron que no podían soltarlo porque lo reclaman”, relata la madre del soldado, quien considera una humillación la rutina de ejercicios impuesta por los militares antes del arresto.
El soldado Maynor Pérez pertenecía al Destacamento Militar Número 4 de San Francisco Gotera. Su familia conserva su carné. Foto FACTUM/Natalia Alberto
Una fotografía de Pérez Ortez esposado, asustado, vistiendo ropa deportiva y siendo escoltado por dos soldados con fusil fue difundida en los grupos de Whatsapp de militares del oriente salvadoreño. “Compañero de ustedes. La regó el cabrón”, fue el comentario que acompañó la imagen.
Después del arresto, la pareja y la madre del soldado han peregrinado en las delegaciones policiales de Osicala y Gotera, Morazán, para preguntar la situación judicial del capturado sin tener, a la fecha, una respuesta detallada del caso. Siempre llevan en brazos al bebé de cuatro meses, pues no tienen a una persona de confianza que lo cuide mientras ellas hacen las diligencias.
Los vecinos han relegado a toda la familia y apenas los saludan. Llaman a la policía cuando ven a desconocidos hablando con ellos. El escarnio público ha marcado a la compañera de vida y al hijo de cuatro meses del militar.
Días antes del arresto ocurrieron dos situaciones que levantan la sospecha de la familia Pérez. Un comerciante de electrodomésticos que vende productos casa por casa conocía el nombre del soldado. “Un día compramos unas cacerolas y cuando iba a anotar el nombre de él, nos dijo: ‘se llama así, verdad’. Se podía el nombre”, recuerda la compañera de vida de Pérez Ortez.
Además, les resultó extraño que le concedieran el fin de semana libre en medio del régimen de excepción, cuando los permisos de soldados y policías fueron suspendidos. Un día antes del arresto, el 1 de abril de 2022, el soldado Pérez Ortez fue dado de baja en la Fuerza Armada por presentar “antecedentes desfavorables en su contra” durante el tiempo que prestó su servicio militar en la institución, según detalla la constancia del militar que entregaron al defensor asignado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los excesos durante el régimen
El régimen de excepción aprobado por el oficialismo restringe garantías constitucionales a los ciudadanos. Fue prorrogado un mes más y ha limitado cuatro derechos ciudadanos: defensa, reunión, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha extendido el plazo de la detención administrativa.
Según las cifras oficiales, más de 24,000 personas han sido arrestadas en los últimos 35 días. En el discurso gubernamental, a todos los capturados los identifican como “terroristas”. Pero familiares y amigos de personas capturadas han denunciado irregularidades, a través de redes sociales, en las últimas semanas. Las denuncias tienen un factor común: al momento de las capturas, a la mayoría de personas no les notifican el delito que les atribuyen, violando lo que ordena el artículo 12 de la Constitución de la República.
Cinco organizaciones sociales salvadoreñas recibieron 338 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes de implementación del régimen de excepción. La mayoría de casos son detenciones arbitrarias ejecutadas por la policía.
Cristosal, FESPAD, Azul Originario, el Idhuca y el Servicio Social Pasionista, organizaciones de la sociedad civil que llevan los registros, también han identificado casos de desplazamiento forzado por intimidación o amenazas de policías o militares; limitación a la libre circulación y agresiones físicas y verbales. Lesiones, robo, e incluso la muerte en una cárcel.
Fachada de la subdelegación policial de Osicala. Foto FACTUM/Natalia Alberto
Personas que estaban afuera de su casa cuando ocurrieron los cateos, obreros que fueron bajados de los buses cuando iban a trabajar, jóvenes que tienen tatuajes artísticos, propietarios de tiendas, entre otros, están entre los 24 mil arrestados por las autoridades en el último mes.
Dos características comunes en los casos recabados, según detalló Azul Originario, es que la mayoría de capturados residen en comunidades y barrios pobres y son menores de 30 años. Las organizaciones han logrado identificar que decenas de arrestados no tienen vínculos con pandillas.
A los familiares, en su mayoría mujeres, no les dicen a qué bartolina o penal trasladarán a los capturados, ni cuál es el avance del proceso judicial. Afuera de los penales de Mariona e Izalco hay decenas de mujeres esperando una noticia o la libertad de los detenidos.
El artículo dos del Código Penal establece: “No podrán imponerse penas o medidas de seguridad, que afecten la esencia de los derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes”. Una garantía que, para muchos de los familiares de los detenidos, quedó eliminada con el inicio del régimen.
La interminable búsqueda
Desde el 2 de abril, Lorena centra sus energías en buscar documentos y visitar la Procuraduría General de la República de Gotera con la esperanza de que liberen a su pareja. Desde el arresto, junto a su suegra y su hijo viajan a distintos lugares en el departamento de Morazán buscando información básica que les permitan recobrar la tranquilidad.
Las dos mujeres jóvenes se turnan para cargar al niño y taparlo con una sombrilla porque la temperatura de Morazán no baja de 32 grados centígrados.
“Quiero saber si le están dando comida a mi hijo, porque el presidente Bukele puso (en Facebook) que ya no les iban a dar”, dice la madre del soldado.
Su fe evangélica profética le hace creer que esté mal momento pasará y que las “envidias” que lo provocaron pronto serán eliminadas por un poder divino.
Lorena sostiene a su hijo de cuatro meses, quien ha perdido peso en el último mes, desde que su padre, el único que tenía ingresos en la casa, fue capturado. Foto FACTUM/Natalia Alberto
A un mes del arresto, la familia no tiene información. En la Procuraduría General, institución que brinda el servicio de defensores públicos, únicamente les dijeron que los arrestados del 2 de abril ya habían tenido la primera audiencia. Sin darles información del caso específico, también les aseguraron que si no había sido liberado 15 días después del arresto fue porque seguramente les decretaron arresto provisional.
Esta revista visitó la subdelegación de Osicala y la oficina de la Fiscalía General en San Francisco Gotera, para preguntar sobre la captura del soldado Pérez Ortez, pero no se obtuvo respuesta. La policía dijo que no podía brindar información y una fiscal recomendó buscar la oficina central de la Fiscalía para gestionar la consulta. Se llamó a Comunicaciones del Ministerio Público, pero no respondieron el teléfono.
Lorena y Mariluz no quieren quedarse sentadas a esperar el desenlace del arresto. Están reuniendo dinero, del poco que ganan lavando ropa ajena, para viajar hasta el penal en Sonsonate. Llevarán en sus brazos al bebé de cuatro meses. No tienen otra opción.
* El nombre del bebé fue cambiado para esta publicación.
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