Una defensora de derechos humanos, una emprendedora, un ayudante de albañilería, un repartidor de tortillas y un tractorista fueron detenidos en el Bajo Lempa durante el régimen de excepción. Sus familiares señalan que sus capturas son ilegales. Por eso presentaron un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Hasta ahora se registran 51 denuncias de capturas arbitrarias en la zona.
Texto/fotos: Natalia Alberto
EEsmeralda se dirigía a su casa cuando la detuvieron los policías. Ocurrió en el puente del caserío La Limonera, cantón Sisiguayo en el Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután. Ella regresaba de hacer diligencias en la Procuraduría General en Usulután porque Sergio Santos, su pareja y padre de su hija de cuatro meses, había sido capturado el 13 de abril. Eran las 3:30 de la tarde del martes 19 de abril, durante el primer mes del régimen de excepción.
“Se la llevaron sin saber nada, sin ninguna investigación, sin preguntarle nada. Solo la bajaron de la moto y la detuvieron”, comenta María Dolores, madre de Esmeralda, quien desde ese día se hizo cargo de sus dos nietas: una de 13 años y una bebé de cuatro meses.
Esmeralda Beatriz Domínguez era el sostén económico de la familia, según comenta su madre, quien, por ahora, ha podido alimentar a sus nietas gracias a la ayuda de sus vecinos.
Esmeralda es una reconocida defensora de derechos humanos y lideresa en su comunidad desde muy joven. Integró una asociación de desarrollo comunal. Actualmente lideraba un movimiento de agricultura orgánica en el caserío, y trabajaba como técnica en la Fundación Hermano Mercedes Ruíz (Fundahmer), que desde el año 2000 promueve el desarrollo en las comunidades más pobres trabajando con las comunidades eclesiásticas de base (CEB´s).
“Usted no me va a creer, pero desde los nueve años a Esmeralda le gustó la organización. A esa edad la eligieron para dar las catequesis a un grupo porque vieron que era buena. Ella era la que daba la obra en el aniversario de la masacre de La Quesera”, comenta María Dolores.
Y agrega: “Yo no tuve la oportunidad de participar en las comunidades por la guerra y porque no sé leer, entonces me propuse a darle la libertad a ella de participar, porque una mujer participativa siempre es más lista que una”.
María Dolores es sobreviviente de la masacre cometida en 1981 por el ejército salvadoreño en el oriente del país. El contexto actual le recuerda lo que vivió durante la guerra civil. “Ahora quizá está peor, al menos antes se los llevaban porque luchaban, pero ahora sin ninguna explicación se los llevan. Se han llevado hasta a mis familiares”, dice.
Capturas arbitrarias
51 denuncias de capturas arbitrarias en las comunidades del Bajo Lempa se registran a la fecha, según el recuento de Cristosal, una organización defensora de derechos humanos.
Alex y Omar Rodríguez, de aproximadamente 40 años, fueron de los primeros capturados en la zona y son primos de María Dolores. Ellos se dedican a la pesca y cultivo de camarones. También Sergio Santos, pareja de Esmeralda se dedicaba a la pesca, pues en el Bajo Lempa es el principal modo de supervivencia.
María Dolores asegura que ha recibido apoyo de las mujeres organizadas con las que Esmeralda trabajaba. Ellas la acompañaron a denunciar la detención arbitraria de Esmeralda a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). También le ayudaron a conseguir la documentación necesaria para comprobar el trabajo de Esmeralda en las comunidades del Bajo Lempa.
“A ella la acusaron de agrupaciones ilícitas y en la procuraduría me dijeron que después de la audiencia iba a saber si era culpable o no”, comenta María Dolores. La audiencia de Esmeralda se realizó el lunes 2 de mayo y, según informó la Procuraduría de Usulután a la familia, en esta se decretó la detención de todos los imputados.
Fundahmer, la organización con la que trabajaba Esmeralda, también se ha pronunciado por su captura. “Al día siguiente de la detención, presentamos un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional en nombre de ella. Me niego a pensar que no estamos en un Estado de Derecho; entonces, acudimos al sistema. Estamos evidenciando que los defensores de las víctimas no somos antisistemas”, expresa José Lazo, defensor de derechos humanos de Fundahmer y jefe de Esmeralda.
El habeas corpus fue presentado a favor de Esmeralda el 20 de abril. Hasta la fecha se registran 51 denuncias de detenciones arbitrarias en el Bajo Lempa, en 46 de estos casos las familias presentaron habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, según Cristosal y Salvador Gómez, representante de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa. Los cinco casos restantes no se presentaron porque los familiares tenían miedo de ser perseguidos, según Gómez.
Toda persona tiene derecho a un recurso de exhibición personal (habeas corpus) cuando “cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas”, según el artículo 11 de la Constitución de la República.
“Yo espero que este recurso funcione para proteger garantías constitucionales, para proteger derechos; por el bien de Esmeralda y por el bien de todos, porque esto abriría también una puerta para los otros casos que, al igual que Esmeralda, están ahí por un error, el margen de error que admitió el señor presidente”, agrega Lazo, en referencia a que el presidente Nayib Bukele admitió en sus redes sociales que hay errores en algunas capturas.
El 9 de abril, Bukele tuiteó “Siempre habrá un 1% de error que un sistema justo debe corregir. […] De los más de 8,500 arrestos (realizados hasta ayer), podemos esperar que también haya un 1 % de error, es decir, 85 personas aproximadamente. Pero el otro 99 % (+8,400) quedarán en prisión. Y eso sin contar todos los que sigamos capturando”. Hasta el 1 de junio, casi mes y medio después de aquel tuit, Cristosal, una organización defensora de derechos humanos, ya registra 858 denuncias por detenciones arbitrarias.
El 5 de mayo, 11 familias de las comunidades San Hilario, La Noria, Tierra Blanca, del Bajo Lempa, acudieron a la Sala de lo Constitucional para presentar los habeas corpus para exigir la libertad de sus familiares detenidos. El martes 24 de mayo, presentaron 34 habeas corpus más. Estas familias son parte de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa y se organizaron con la asesoría de Tutela Legal ‘María Julia Hernández’.
“Hemos hecho un comité de madres porque bastante gente se han llevado, gente inocente que trabaja y no debe nada”, dice Ana Lidia Chicas, una de las personas que presentó un habeas corpus en nombre de su hermana Alicia Amilet Pineda Chicas, quién fue detenida el 10 de abril en su negocio.
“Se la llevaron como a la 1:00 de la tarde del Domingo de Ramos. Ella estaba trabajando en el comedor que tiene en el turicentro de las playas camaroneras El Zompopero. Ahí llegaron los policías, sacaron a las cocineras, la dejaron solo a ella y se la llevaron”, cuenta Ana Lidia. Su hermana es madre de una adolescente de 15 años y de un niño de cinco. El 10 de mayo, Día de la Madre, cumplió un mes de estar detenida.
Alicia vendía productos por catálogo, ropa usada y sacaba fotocopias. Ganó un proyecto para cultivar alevines y tiene un comedor en el que la apoyan sus hermanos. “Somos nueve hermanos y en mi familia, gracias a Dios, nunca hemos tenido este tipo de problemas, hasta ahora que se han llevado a mi hermana”, asegura Ana Lidia.
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El Bajo Lempa es una zona habitada por excombatientes y demás desplazados por el conflicto armado en la década de los ochenta, en su mayoría afines al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En las pasadas elecciones municipales, aun siendo un bastión rojo, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ganó la alcaldía de Jiquilisco.
El Bajo Lempa es un territorio de 870 kilómetros cuadrados y, según un estudio de 2004, para entonces se estimaba que tenía entre treinta y cuarenta mil habitantes, distribuidos en aproximadamente 90 comunidades.
“Aquí, antes del régimen, no era peligroso como tal. El problema es que esta comunidad no ha sido bien vista por ser zona de excombatientes. El rico nos ve como criminales y ladrones a los pobres”, menciona Ana Lidia. Ella espera que se haga justicia por el caso de su hermana y asegura que no tiene miedo de denunciar. “Este señor no se puede llamar presidente porque un presidente es para que vele por el pueblo; no para que lo destruya”, agrega.
La Policía Rural de Usulután sostiene que todas las personas detenidas en la zona del Bajo Lempa han tenido vínculos o han colaborado con las pandillas. Sin embargo, los familiares de los detenidos afirman todo lo contrario: que ellos son inocentes. Pero cuando se le pide a la Policía o a la Fiscalía dar detalles de cada uno de los casos a la prensa, la respuesta es la misma: un rotundo silencio a las solicitudes de entrevistas realizadas por este medio.
Ana Lidia y su familia son originarios de Morazán. Abandonaron su hogar por el conflicto armado y se establecieron hace 30 años en esta tierra conocida hoy como comunidad San Hilario. Ella tenía 10 años cuando llegó a vivir allí. “Estas tierras fueron quitadas al poder, para obtenerlas hubo mucho derramamiento de sangre”, dice Ana Lidia.
Gloria Antonia Reyes llegó a San Hilario en la misma época que la familia de Ana Lidia. Ella es originaria de un caserío ubicado al norte de Santa Rosa de Lima, en La Unión. También tuvo que huir de su casa por la guerra y ahora su familia es víctima del régimen de excepción. Su hijo, Marvin Santos, de 21 años, fue detenido el 5 de abril a las 10:00 de la mañana.
“En los ochenta, yo era una niña y me daba cuenta de cómo perseguían a los jóvenes, los metían presos, los mataban y veía cómo los llevaban a la fuerza al servicio militar. Nosotros tuvimos que huir para que no nos quitaran la vida”, recuerda Gloria.
“La gente pensó que el presidente Nayib Bukele iba a ser diferente; pero no, él es peor que los presidentes que ha habido. Es un abuso lo que está haciendo. Eso se daba solo en el tiempo de la guerra. Él trae el mismo sistema de la guerra”, agrega la madre de Marvin.
Marvin estudió hasta cuarto grado y desde entonces decidió trabajar. Es ayudante de albañilería e iba de camino a su casa a almorzar cuando lo detuvieron frente a la escuela de San Hilario. Hoy se encuentra recluido en el Penal de Izalco, en Sonsonate.
Días después, Gloria viajó en bus y en taxi para llegar hasta ese penal. “Preguntando llegué hasta ahí, pero me dijeron que a nadie se le está dando información y no dejan pasar nada”, relata. Una señora de una tienda cerca del penal le comentó que a veces sacan a algunos reos y preguntan por sus responsables; si no hay nadie quien los reclame, los regresan al penal y no los vuelven a sacar. La señora de la tienda anotó los datos de Gloria en una libreta y le prometió que, en caso saliera Marvin, ella podía reclamarlo y avisarle.
El 22 de abril, Gloria fue a la Procuraduría General en Usulután para preguntar por la audiencia de su hijo. Le dijeron que ese mismo día había sido la audiencia, a las 10:00 de la mañana, en un juzgado especializado de San Miguel, 18 días después de su detención. Le dijeron que muy probablemente fue virtual, por lo tanto, Marvin no estaba ahí.
“Imagínese… Esto es doloroso para una madre porque no sabe si lo están golpeando. Si mi hijo fuera un criminal, se lo dejara a voluntad de Dios; pero no es así. Él es inocente”, asegura Gloria. El 5 de mayo, junto con las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa, presentó un habeas corpus para exigir la liberación de Marvin.
Mileydy García también presentó un habeas corpus por su esposo, Julio Constanza, de 35 años. Ella y Julio tienen un negocio de tortillas desde hace nueve años en el caserío La Noria, en el cantón Tierra Blanca. “Cuando él estaba, era una gran ayuda porque él lavaba el maíz, lo cocía, lo molía y se dedicaba a repartir las tortillas. Ahora a mí me toca hacer todo el trabajo”, cuenta Mileydy.
Julio llevaba un pedido de tortillas a las 12:00 del mediodía del 17 de abril cuando unos policías lo detuvieron frente a la iglesia católica. Un conocido que pasó por la escena recogió la moto de Julio y se la llevó a Mileydy. “Cuando él me trajo la moto, yo perseguí la patrulla hasta la delegación de Tierra Blanca. Llegué y vi que lo tenían sin camisa. Él tiene tatuajes, pero ninguno alusivo a pandillas. Le estaban tomando fotos y cuando me vieron llegar lo apartaron para que yo no lo viera. Y desde entonces no sé nada de él”, relata Mileydy.
El 19 de abril, dos días después de la detención de Julio, lo trasladaron al penal de Mariona, en San Salvador. Mileydy no puede ir a verlo porque no puede descuidar el negocio y porque no puede dejar solos a su hijo de 8 años y a su hija de un año.
“Desde que a él se lo llevaron, la niña llama a su papá porque es bien apegada a él. Cuando íbamos a comer, el niño no comía porque me decía: «a saber si mi papá está comiendo»”, cuenta Mileydy.
A Julio, el esposo de Mileydy, lo deportaron de Estados Unidos hace una década. Juntos trabajaban en la tortillería desde hace nueve años. “Cuando él recién había venido, siempre lo paraban, pero ya luego no lo hacían porque sabían que andaba dejando tortillas. Yo pido que termine este régimen porque mucha gente está pagando cosas que no debe”, agrega la mujer.
En el caserío La Noria, la policía también detuvo a José Duval Mata, un jóven de 25 años que trabaja como tractorista en la Cooperativa “Hermanos Borgonovo”, en la hacienda “La Haciendita”. Él es el tercero de seis hermanos. Es el sostén de su esposa, quien está embarazada, y de su hija, de tres años. A él lo acusaron de agrupaciones ilícitas y de ser colaborador de pandillas.
“Él venía de trabajar, como a las cinco de la tarde, cuando me lo agarraron en la calle hacia La Noria. Le llamó a su esposa para decirle que lo habían agarrado y que le iba a mandar la moto, el teléfono y la cartera con un conocido”, relata Marcela Alvarado, madre de José.
Después de la detención, Marcela viajó todos los días durante dos semanas a la Procuraduría en Usulután, para pedir información. La audiencia fue el lunes 2 de mayo, en San Miguel. “Cuando terminó la audiencia, el abogado nos dio una esperanza porque nos recibió los documentos que llevamos: fotocopias de recibo de luz, de escrituras del terreno donde vive, partida de nacimiento de su hija, partida de él, constancia de trabajo”, comenta ella. Pero nada de eso sirvió. A José le decretaron seis meses de detención provisional.
Marcela planea ir pronto al penal de Mariona donde está su hijo. Ha preparado $50 dólares para un viaje de cuatro días, pues tiene la esperanza de que lo liberen y poder estar ahí para recibirlo. Tiene miedo de que se lleven a su otro hijo, quien tiene 27 años, y que también trabaja en Tierra Blanca, porque en las últimas semanas han capturado a tres jóvenes en la zona.
Las familias de Esmeralda Domínguez, Alicia Pineda, Julio Constanza, Marvin Santos, José Duval han construido redes de apoyo que les han orientado sobre qué hacer ante una detención arbitraria. Han encontrado en la organización comunitaria, como en el pasado lo hicieron para los desastres naturales, una vía de acción.
Afuera de la Corte Suprema, el 5 de mayo, cada una pronunció una frase para defender la inocencia de su familiar: “Alicia es emprendedora y madre de familia y no es delincuente”, dijo Ana Lidia. “Marvin Alexander es un albañil y no es delincuente”, afirmó Gloria. “Julio es mi esposo y no es delincuente”, aseguró Mileydy.