El fiscal Douglas Meléndez lo dijo en febrero de este año, cuando la Fiscalía presentó la acusación contra tres oficiales, y lo repite después de la publicación de Factum: hay una red enquistada en la Fuerza Armada dedicada a cometer ejecuciones y torturas.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El fiscal general, Douglas Meléndez, insistió en que existe una red criminal al interior de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), al responder sobre una investigación de Factum que reveló cómo un grupo de altos oficiales, con el conocimiento del Estado Mayor Conjunto, se valió de recursos de la Fuerza Armada para planificar torturas y asesinatos.
“Estos militares de alto rango mencionaban que iban a sacar a los dos jóvenes víctimas e iban a ver de qué forma les podían dar muerte”, dijo Meléndez al ser consultado este 4 de diciembre en un evento del Consorcio por la Transparencia.
El 22 de febrero de este año, la Fiscalía presentó acusaciones contra los oficiales teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, jefe del Batallón de Información y Análisis del Ejército, y a los coroneles Héctor Solano Cáceres, exjefe del Conjunto II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, y David Edilberto Iglesias Montalvo, sucesor de Solano Cáceres. Contra ellos, la Fiscalía estableció procesos penales por planificar asesinatos, agrupaciones ilícitas y otros delitos de forma individual como coacción y falsedad ideológica.
En su requerimiento, la Fiscalía advirtió que había utilizado el Centro de Intervenciones Telefónicas (CIT) para interceptar las llamadas telefónicas de estos oficiales y pudo constatar que existen fuertes indicios de que los tres coroneles podrían estar detrás de grupos de exterminio dentro de la Fuerza Armada.
Cuatro días después, el 26 de febrero, el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, negó el señalamiento en una conferencia en la que lo acuerpó todo el Estado Mayor Conjunto vestidos con sus uniformes militares de fátiga. En esa conferencia expresó que la Fuerza Armada estaba siendo acosada por la Fiscalía con acusaciones sin fundamento. Pero el fiscal general Meléndez, este martes pasado, reiteró sus sospechas y la investigación fiscal que continúa vigente, tras la publicación de Factum: “Sí había un grupo dedicado a eso (asesinatos y torturas)”.
El fiscal destacó que uno de los involucrados, sin detallar identidad, en una conversación telefónica intervenida, aceptó que se dedicaban a ejecutar a supuestos delincuentes. La investigación de Factum determinó que se trata de uno de los soldados del BIAE condenados a 14 de años de prisión por un caso de privación de libertad y tortura en Ahuachapán en 2016. Antes del juicio, en marzo de 2017, el soldado Enrique Antonio Alfaro, con el seudónimo de Chacal, le confesó por teléfono a su pareja que él se dedicaba a matar pandilleros y que no había tenido problemas con la justicia, hasta ese entonces. La Fiscalía registró esa llamada dentro de su requerimiento.
El fiscal Meléndez, este martes 4 de diciembre, añadió: “Aparte de eso mencionaron otro tipo de cosas, como por ejemplo, de que iban a falsear pruebas en el proceso en contra de los soldados que fueron condenados, también que le iban a interponer una denuncia a la fiscal del caso en forma fraudulenta y otros aspectos irregulares”.
Revista Factum realizó una investigación especial que reveló cómo militares de alto rango planificaron obstaculizar la justicia salvadoreña para liberar a los ocho soldados del BIAE, incluso hablaron de un plan para matar a las víctimas de tortura, con el fin de que no declararan en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán.
El 3 de junio de 2016, los ocho espías del BIAE, bajo las órdenes del teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, fueron descubiertos y detenidos por la Policía Nacional Civil mientras tenían a Víctor y Diego (nombres ficticos para preservar su identidad) como prisioneros. La Fiscalía abrió un expediente de investigación por el caso y logró la condena de 14 años de cárcel el 28 de marzo de 2017.
Ascencio Sermeño, Solano Cáceres e Iglesias Montalvo están siendo investigados y su caso lo conoce el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, a cargo de la jueza Lorena América Rodríguez, quien le decretó reserva al proceso. Rodríguez también se declaró incompetente para seguir conociendo el caso, pues, a su criterio, el de los oficiales militares no es un grupo de crimen organizado, y trasladó el expediente al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán. Si bien la jueza Rodríguez permitió que la Fiscalía continúe el proceso judicial y amplíe su investigación, decidió que los acusados sigan en libertad. La Fiscalía apeló a la Cámara Especializada de lo Penal todas las decisiones de la jueza Rodríguez.
Dos cabezas del alto mando de la Fuerza Armada, el general Félix Edgardo Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto, y el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, tuvieron conocimiento del caso en la búsqueda de soluciones para que los soldados evadieran la justicia.
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