Foto FACTUM/Salvador Meléndez

En una década, los militares se erigieron, sin serlo, como un poder extra en la República, con una autodeterminación que ha contrariado a las instituciones democráticas como la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General, sin un comandante general que los ordene y con un representante como el general David Munguía Payés cuyas conductas desafiantes reflejaron con fidelidad a su institución.

“A mí, particularmente, me gustaría declararme en estado de rebeldía como Fuerza Armada.”

El martes 31 de octubre de 2017, el general David Munguía Payés, entonces ministro de la Defensa Nacional, reaccionó aireado a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que las compras de insumos militares y de armamento deben someterse a los procesos de licitación pública, con lo que terminaba con la costumbre de la Fuerza Armada de hacer compras directas y en secreto para el funcionamiento de la institución.

Munguía Payés, en esa misma aparición ante la prensa, sentado en el salón de conferencias del Ministerio de la Defensa y flanqueado por las jefaturas del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, dijo que tenía sospechas de que los magistrados de la sala desconocían sobre seguridad nacional, pero también utilizó un discurso que a esa fecha ya era recurrente en él: lo que movía esas decisiones atentatorias contra su institución, posiblemente, era un “sentimiento” contra la Fuerza Armada.

Esa amenaza de rebelarse contra el poder civil no hubiera sido posible sin dos gobiernos del FMLN que en diez años facilitaron a la Fuerza Armada ser una especie de tercera fuerza política, privilegiada e influyente. Lejos de la institución que se acuarteló en 1992 con los Acuerdos de Paz y se plegó al poder civil, la Fuerza Armada actual vuelve a estar mencionada en casos de violaciones a los derechos humanos y mantiene presencia cotidiana en las calles, en nombre de la seguridad pública. El que fue su ministro casi por diez años fue uno de los precursores de la tregua con las pandillas; protegió los archivos históricos de la Fuerza Armada de las manos de la justicia civil, “incluso con la vida”; protegió a sus jefes militares acusados por casos penales del pasado y del presente; siendo ministro de Seguridad, aportó a la impunidad al dejar enterrados los expedientes contra jefes policiales; y se creyó un supervisor de la democracia al lanzar advertencias, fusil en mano, sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 2019.

La guerrilla del FMLN, que luchó contra aquella Fuerza Armada del conflicto armado, siendo gobierno le quitó las ataduras que los Acuerdos de Paz le habían asegurado.

Los arranques del general Munguía Payés fueron el síntoma inconfundible de esa preponderancia recuperada de los militares.

El exministro de la Defensa acudió cada vez que lo necesitó, para exhibir poder, al Estado Mayor Conjunto. Desde ese estrado, podía mostrar su capacidad bélica: todos los jefes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, en unidad, acuerpando sus palabras y sus posturas contra las instituciones. Fue un escenario repetitivo con el que buscó intimidar a la Sala de lo Constitucional, a la Fiscalía General de la República y al Instituto de Acceso a la Información Pública, cada vez que requirieron que la Fuerza Armada se sometiera a procesos judiciales y de acceso a derechos de los ciudadanos.

Los discursos retadores de Munguía Payés se enfocaron, en su mayoría, en su negativa de entregar archivos de la Fuerza Armada de la época de la guerra para el desarrollo de procesos judiciales abiertos como el caso de El Mozote. Las órdenes de dar acceso a esos documentos provinieron de juzgados de la República y del Instituto de Acceso a la Información Pública. El exministro desafió con sus palabras a los magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando requirió documentos por otras masacres atribuidas al ejército durante la guerra, pero también por fallos en los que la sala le ordenaba hacer investigaciones internas por desapariciones forzadas en tiempos de paz a manos de soldados de la Fuerza Armada, como las ocurridas en enero de 2014 en Armenia, en el departamento de Sonsonate, y en junio de ese mismo año en el municipio de San Martín, en San Salvador.

El general también retó en público a la Fiscalía General cuando acusó a soldados de abusos y en algunos casos de asesinatos contra civiles, pero su ataque más acentuado al ministerio público fue por la acusación de tres jefes del conjunto de inteligencia militar acusados en febrero de 2018 de organizar una red criminal.

Munguía Payés, al expresar en aquella ocasión que se quería declarar en rebeldía, confirmó un axioma sobre la Fuerza Armada que tomó más fuerza en los últimos diez años y que ha sido corroborado con defensores de derechos humanos, con jueces, con exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, con funcionarios del gobierno saliente y con expertos en psicología social y sociología: la resistencia constante del estamento militar salvadoreño a someterse al poder civil.

Una resistencia que no podría entenderse sin el apoyo silencioso de los gobierno de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

El nuevo ministro de la Defensa, René Francis Merino, capitán de navío de la Fuerza Naval. Foto: Capres

Militares para garantizar impunidad

“De manera que nadie piense que este nombramiento podría implicar una militarización de la seguridad ni que significa un retroceso en cuanto al espíritu de los Acuerdos de Paz.”

El 22 de noviembre de 2011, el entonces presidente Mauricio Funes trasladó a su ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, a dirigir el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en medio de críticas sobre una vuelta al poder de los regímenes militares y, peor para el caso, dentro de un gobierno considerado de izquierda. Al final sí hubo una remilitarización de la seguridad pública y sí hubo un retroceso sobre los Acuerdos de Paz.

David Munguía Payés fue ascendido a general de brigada por el expresidente Funes como un gesto de cercanía luego de darle la dirección del Ministerio de la Defensa en 2009. El nuevo ministro era un coronel en situación de retiro cuya candidatura a la promoción a general, en la década de los noventa, fue bloqueada por el entonces presidente Armando Calderón Sol. Funes llamó al coronel a la actividad y entonces lo ascendió a general.

Para ello, Munguía Payés y Funes se involucraron en un proceso de sustitución del presidente del Tribunal de Selección para el Ascenso a General de Brigada para cumplir su cometido.

Más adelante, Funes volvió a ascender a Munguía Payés a general de división, con lo que el militar pasó a tener el rango más alto en la Fuerza Armada. Fue entre 2009 y 2011 que el general activó un discurso que martilló una idea en la sociedad a través de los medios de comunicación: la Policía Nacional Civil fue superada por la delincuencia y El Salvador urge del auxilio de la Fuerza Armada.

Jeannette Aguilar, del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) y autora de “Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018”, define en su libro que el planteamiento de Munguía Payés reforzó una sentencia que terminó siendo una verdad para la sociedad salvadoreña: “A este discurso subyace la idea de que cuando los civiles no resuelven, deben ser llamados los militares para resolver el problema”.

Aguilar apunta que también se terminó desvirtuando “la reforma política derivada de los Acuerdos de Paz que sustrajo a la Fuerza Armada de la seguridad interna y dejó en manos de civiles el control de la seguridad”.  Además de nombrar a Munguía Payés ministro de Justicia y Seguridad en 2011, Funes  también colocó en la subdirección del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) a un militar asesor del general, el coronel Simón Alberto Molina Montoya, y a finales de enero de 2012 nombró como director de la Policía Nacional Civil al general Francisco Ramón Salinas. La remilitarización estaba en curso.

Mientras Funes insistía en que los nombramientos no correspondían a una militarización de la seguridad pública, el paso de Munguía Payés y Salinas por esas instituciones sirvió para iniciar una negociación que desembocó en la tregua con las pandillas que iba a disminuir -momentáneamente- los homicidios en el país. La presencia de militares en las calles, que ya había sido promocionada por Funes desde el inicio de su gobierno como una buena práctica de seguridad pública, continuó.

El exministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, para sentar su posición sobre el aumento en los casos de homicidios contra agentes policiales y efectivos militares, en Casa Presidencial. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Munguía Payés se encargó también de garantizar que la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil enviara al archivo expedientes en contra de más de una veintena de jefaturas policiales involucradas en delitos. David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que desde la procuraduría condenaron las acciones del general que desbarató investigaciones para combatir la impunidad en la corporación policial.

El expresidente Funes, que en un principio apoyó a la exinspectora general Zaira Navas para abrir los expedientes contra los jefes policiales y aseguró en varios discursos que no iba a permitir la impunidad en la Policía Nacional Civil, cambió por completo su dirección y permitió que la administración de Munguía Payés sepultara las investigaciones internas de la Policía.

“En la PNC cualquier persona tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia, el problema es probarlas. Eso no nos va a detener a nosotros para hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”, dijo Munguía Payés el 31 de enero de 2012, con el general Salinas dirigiendo a la Policía, para justificar el cierre de los expedientes contra los oficiales policiales de alto nivel.

La Sala de lo Constitucional sentenció, el 17 de mayo de 2013, que los nombramientos de los dos militares en las instituciones de seguridad pública eran inconstitucionales y ordenó la destitución de Munguía Payés y de Salinas. Con las investigaciones contra jefes policiales enterradas y con la tregua con pandillas en marcha, Funes regresó entonces en 2013 a Munguía Payés a donde lo colocó en un principio: al Ministerio de la Defensa. El general anidó un resentimiento contra la sala que luego estalló en las demostraciones de poder que protagonizó junto al Estado Mayor Conjunto.

El general Munguía Payés no respondió a una solicitud de entrevista desde hace casi dos semanas para discutir sobre su administración al frente de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública. La oficina de prensa del Ministerio de la Defensa no trasladó, hasta el cierre de este reportaje (cuando todavía el general estaba a cargo), ninguna respuesta sobre la solicitud formal al exministro.

Las masacres que según Munguía Payés no existieron

“Estos acontecimientos del pasado se han distorsionado mucho con el tiempo y algunos se han convertido en leyendas.”

El 7 de mayo de 2019, durante la celebración del Día del Soldado salvadoreño, Munguía Payés negó de nuevo que la Fuerza Armada tuviera información sobre los operativos militares que derivaron en masacres contra poblaciones civiles en los primeros años de la guerra de los ochenta.

El exministro de la Defensa, durante diez años, no solo rechazó la existencia de la documentación militar, sino que defendió a la Fuerza Armada de cualquier intento de las autoridades civiles por obtener archivos militares, fueran así desde comisionados de acceso a la Información Pública hasta fiscales, jueces y magistrados.

La Sala de lo Constitucional, entre 2014 y 2016, emitió tres fallos que orientaron a las autoridades a ordenar a la Fuerza Armada que entregara información sobre operativos militares durante la guerra. En febrero de 2014, la sala resolvió un amparo que obligaba a la Fiscalía a investigar un homicidio masivo ocurrido en Tecoluca, en julio de 1981, a manos de la Fuerza Armada. En julio de 2015, los magistrados concedieron un hábeas corpus a favor de diez personas desaparecidas durante la Guinda de Mayo en Chalatenango, en 1982, una operación contrainsurgente en la que la población denunció desapariciones forzadas de familiares, incluidos niñas y niños. Y en noviembre de 2016, la sala decidió otorgar un amparo para que se reabriera el caso de la masacre de El Calabozo, ocurrida en San Vicente, en agosto de 1982, a manos de militares.

El juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, también ha requerido a la Fuerza Armada información sobre los nombres de los efectivos y oficiales y de los operativos militares en 1981 en el departamento de Morazán, para avanzar en el proceso judicial sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños que sigue abierto a la fecha.

La respuesta del exministro Munguía Payés, en todos los casos, fue la misma: no existe información. Pero el 7 de mayo de 2019, hace unas semanas, el discurso del general subió de tono al asegurar que hay masacres atribuidas a la Fuerza Armada que son “leyendas”.

El general Rafael Bustillo durante una audiencia en el juzgado de San Francisco Gotera, donde es uno de los principales acusados por la masacre de El Mozote. Foto FACTUM/Archivo

La Sala de lo Constitucional no solo resolvió sobre masacres durante la guerra de los años ochenta, también falló a favor de dos hábeas corpus por desapariciones forzadas en tiempos de paz en la que estuvieron involucrados efectivos militares. Se trató de las desapariciones forzadas de Armenia en febrero de 2014 y de San Martín en junio de ese mismo año.

En los dos casos hubo un patrón: se trató de militares asignados a tareas de seguridad pública que detuvieron a jóvenes sin que mediara la autorización de la Policía Nacional Civil, en pleno día y a la vista de testigos. Los amarraron y se los llevaron a comunidades donde residían pandilleros de barrios adversarios de donde provenían los desaparecidos. La sala le ordenó al exministro David Munguía Payés que investigara al interior de la Fuerza Armada quiénes eran los responsables de esas desapariciones. El exmagistrado de la sala Florentín Meléndez recuerda en una plática para este reportaje que nunca tuvieron una respuesta de Munguía Payés. Meléndez dejó el cargo en 2018 y, al menos hasta esa fecha, nunca tuvo información de que el general haya hecho una investigación interna.

“La orden para la Fiscalía era que le diera seguimiento al caso y que estuviera informando periódicamente a la sala hasta que encontraran los cadáveres o si estuvieran vivos. También implicaba que la Fuerza Armada iniciara investigaciones internas para que sirvieran de insumo a la Fiscalía. Se dieron órdenes para el fiscal, para la cúpula militar, para el ministro y para el Estado Mayor, y no se cumplió la sentencia”, dijo Meléndez.

La Fiscalía, sin embargo, alcanzó a procesar a un sargento y a cinco soldados por el caso de Armenia. El Juzgado de Sentencia de Sonsonate absolvió a los militares, pero la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión y ordenó que se volviera a hacer el juicio. Los militares resultaron condenados el 29 de noviembre de 2018.

El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales dice que al conocer los casos de desapariciones forzadas por militares en tiempos de paz se impactó. Incluso recuerda que desde la Procuraduría (PDDH) se emitió una exhortación para que la Fuerza Armada pusiera a disposición de la justicia a los responsables por lo ocurrido en Armenia.

“Yo, como defensor que trabajó casos de los años ochenta, más de dos décadas después me vengo a encontrar con denuncias de efectivos policiales y militares debidamente uniformados, fuertemente armados, se los llevaron, niegan su participación, se desentienden del paradero de los desaparecidos, destinos desconocidos. Es decir, vengo a encontrarme con el mismo formato de las denuncias que recibíamos en los años ochenta”, dijo Morales durante una entrevista que concedió para este reportaje.

Las condenas contra sus efectivos por el caso de Armenia no cayeron en gracia a Munguía Payés y ello avivó los desencuentros que desde años atrás traía con la Fiscalía General y en específico con el exfiscal Luis Martínez y su sucesor, Douglas Meléndez.

La perseguida Fuerza Armada

“Estamos aquí para mostrar nuestra inconformidad y nuestra indignación por el acoso fiscal a nuestros efectivos.”

El 26 de febrero de 2018, Munguía Payés volvió a recurrir a la vieja costumbre: reunir a todas las jefaturas del Estado Mayor Conjunto para intimidar al entonces fiscal general, Douglas Meléndez, que lideró una investigación en la que la Fiscalía descubrió una red criminal encabezada por jefes de la inteligencia militar en la que vincularon a policías, abogados, médicos, pandilleros e informantes para manipular procesos judiciales y urdir asesinatos.

Esa investigación sería el culmen de descubrimientos sobre operaciones secretas e ilegales de la Fuerza Armada en las que utilizaban soldados élite para torturar y participar en ejecuciones extrajudiciales. La relación entre el ejército de Munguía Payés y la Fiscalía General, sin embargo, se venía deteriorando desde años atrás.

El 30 de mayo de 2014, un grupo de fiscales de la administración del exfiscal general Luis Martínez que investigaban un posible tráfico de armas que involucraba a oficiales de alto rango llegó a los almacenes de la Fuerza Armada para secuestrar el Registro Nacional de Armas. Soldados armados impidieron la entrada. Más tarde, Munguía Payés iba a declarar que los fiscales actuaron con “prepotencia” y que no podían llevarse ninguna información del ejército, pues se trataba de asuntos de “seguridad nacional”.

El exfiscal Martínez, días después, informó que había ampliado la investigación sobre un posible tráfico de armas y que había incluido en ella al general Munguía Payés. Los desencuentros entre el exministro de la Defensa y el entonces fiscal general Martínez fueron numerosos. Martínez confesó en 2014 que desde dos años atrás, cuando Munguía Payés era ministro de Justicia y Seguridad Pública, tenía sospechas de que el general estaba detrás de la tregua con las pandillas.

Martínez ya había señalado antes que Munguía Payés, en febrero de 2013, interfirió en capturas de pandilleros en Soyapango: “Desde el 28 de febrero de este año teníamos coordinada la operación para desactivar catorce estructuras de pandillas ―dijo Martínez en una conferencia de prensa en junio de 2013, cuando Munguía Payés ya había sido destituido de Justicia y Seguridad Pública por orden de la Sala de lo Constitucional―. No se realizaron estas operaciones por decisiones del anterior ministro (Munguía Payés)”.

El exministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, en un recibimiento a periodistas de Revista Factum, en su despacho ministerial, el 6 de mayo de 2016. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El expresidente Funes intercedió para que Martínez y Munguía Payés dejaran de hacer declaraciones adversativas en público, pero las tensiones entre los militares y los fiscales regresaron con la administración de Douglas Meléndez, hasta el punto de que el exministro de la Defensa calificó las detenciones y acusaciones en juzgados de soldados y oficiales como un “acoso” de la Fiscalía.

Carlos Iván Orellana, doctor en ciencias sociales y catedrático de la UCA, plantea que las conductas de Munguía Payés en los últimos diez años no se pueden remitir a su carácter individual, sino que son parte de patrones y doctrinas propias de la institución armada. “Este problema no es microscópico, no es un problema del exministro, de la personalidad del exministro. Se trata de una institución que lo suyo es la fuerza, que hace alardes de fuerza y entonces lo manifiesta de esa forma”, dijo Orellana.

La defensa a ultranza de los archivos militares, la puesta en escena de un Estado Mayor Conjunto amenazante y la constante réplica a los cuestionamientos a la Fuerza Armada por violaciones a los derechos humanos es una forma violenta de autoprotección, según Orellana. Pero, en todo caso, ¿a quién se está protegiendo?

El director de la Asociación Pro Búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, Eduardo García, da una luz hacia una posible respuesta. “Una cosa es la Fuerza Armada y otra cosa es la reserva de la Fuerza Armada. Si vemos con detenimiento quiénes son la reserva, las organizaciones de veteranos, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los señalados por graves violaciones a los derechos humanos son los líderes de estas reservas y esa es la otra Fuerza Armada que no vemos, pero que la vigente le tiene respeto, por doctrina. Eso no lo hemos terminado de superar. El que es general, aunque sea retirado, sigue siendo general, y lo siguen respetando como general, y yo diría más, le obedecen como general”, dijo García en una entrevista a la que accedió en abril pasado.

La Fuerza Armada acumuló entre 2009 y 2017 (último año del que tiene registro publicado la PDDH) 998 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque la mayor cantidad de denuncias las tiene la Policía Nacional Civil, el número que acumula la Fuerza Armada es considerable si se tiene en cuenta que su participación en la seguridad pública es “excepcional”.

Pero la excepcionalidad de la presencia de la Fuerza Armada en las calles de El Salvador se volvió una cotidianidad en los últimos diez años. Incluso, hacia 2019, en carreteras y calles residenciales pueden verse en ocasiones patrullas de soldados sin la supervisión de un policía nacional civil. Un funcionario de alto rango del Ministerio de la Defensa Nacional que aceptó hablar en el anonimato aseguró que estas patrullas exclusivas de soldados son del conocimiento de la Policía, que incluso pide esas colaboraciones sin utilizar agentes, pues no cuenta con suficiente recurso humano para supervisar a los militares.

Los comandantes generales de la izquierda

Son los últimos meses de 2018. Un funcionario de la Casa Presidencial ha accedido a conversar sobre la Fuerza Armada y los gobiernos del FMLN. Su identidad, lo pide, no será revelada. En esa plática, va a advertir que los dos gobiernos efemelenistas mantuvieron una relación cordial con el estamento militar salvadoreño porque no se inmiscuyeron en los asuntos militares.

“Los dejamos ser”, dice el funcionario para advertir que la permisividad llegó al punto de que los dos presidentes, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, como comandantes generales de la Fuerza Armada, no necesariamente usaron su cargo para dar órdenes a los militares.

Aunque el matiz entre Funes y Sánchez Cerén se acentúa con dos acciones específicas del primer presidente del FMLN: Funes fue un comandante general activo que mimó a los militares al regalarles aviones de combate usados, comprados a Chile, que costaron alrededor de 9 millones de dólares y también dio refugio a los militares acusados por la masacre de los jesuitas (cometida en noviembre de 1989) cuando fueron requeridos por la justicia española y los buscó Interpol en el país.

Sánchez Cerén, en cambio, no fue tan dadivoso con los militares, aunque fue en su presidencia cuando decidió que el Ministerio de Hacienda tomara dinero de los impuestos para pagar las pensiones de los militares que dejaron de ser cubiertas por el colapso que sufrió el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Más allá de ese gesto, la relación del excomandante guerrillero con sus antiguos enemigos fue fría.

El funcionario de Casa Presidencial va a dar una explicación que pasará por reconocer la conflictividad de los militares centroamericanos y el poder que ejercen en países como Honduras, en donde derrocaron al expresidente Manuel Zelaya, y en Guatemala, cuyos crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado de ese país todavía siguen procesos tortuosos en los tribunales. “¿Te imaginás lo que serían capaces de hacer aquí con nosotros que fuimos enemigos? ¿Tienen poder? Lo tienen. Ellos lo saben”, dice la fuente.

Nunca existió un papel firmado ni un acuerdo explícito, anotará el funcionario. La cordialidad entre los efemelenistas y los militares siempre tuvo tras de sí una condición amenazante. “Y no creás que solo fue con nosotros. Decime: ¿qué presidente de Arena viste que se impuso en todo su mandato ante los militares?”, preguntó el funcionario.

Eduardo García, de Pro Búsqueda, lo dirá en abril de 2019 de forma más detallada a la grabadora: “Hasta ahora, no ha habido un presidente que haya tenido la tenacidad, la entereza e incluso el valor de dar una orden directa a sus subalternos de la Fuerza Armada, como comandante en jefe, en los temas de archivos o cambio de nombres de cuarteles o actos de perdón o reconocimiento de lo ocurrido (durante la guerra)”.

El presidente Nayib Bukele, quien recién asumió el cargo el 1 de junio de 2019, ordenó a la Fuerza Armada ese mismo día que retirara el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel. Monterrosa, quien falleció durante la guerra, fue el comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRIA), señalado como autor de la masacre del caserío El Mozote y otros lugares aledaños, en diciembre de 1981, en la que fueron asesinadas alrededor de mil personas, todas civiles, en su mayoría mujeres y niños.

El nombre pintado en la fachada de la brigada en San Miguel fue borrado al día siguiente, el 2 de junio, pero las insignias en los uniformes y el escudo de la Tercera Brigada de Infantería mantienen el apellido “Monterrosa”.

En mayo de 2019, durante el Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico El Faro, el secretario de Comunicaciones del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Roberto Lorenzana, admitió en la entrevista de clausura que el gobierno del FMLN temió reacciones de la Fuerza Armada si llegaba a inmiscuirse en su doctrina, como ordenar el cambio de nombre a cuarteles que mantienen honores a militares señalados por crímenes de lesa humanidad.

Lorenzana incluso le confesó a El Faro que los gobiernos efemelenistas en que participaron exmiembros de la extinta guerrilla de los años ochenta temieron un golpe de Estado. El general David Munguía Payés, en los últimos diez años, fue el catalizador de un “juego de poder” al que se refirió Roberto Lorenzana, en el que el gobierno prefirió no intervenir a profundidad en los asuntos militares.

El exministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés en la plaza Barrios, en San Salvador, el sábado 1 de junio de 2019. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

David Morales también notó la ausencia de los presidentes para ordenar en la Fuerza Armada e incluso para controlar los exabruptos del exministro Munguía Payés en sus apariciones públicas. “Crímenes gravísimos, como las masacres y las desapariciones forzadas, siguen encontrando lógica de impunidad en las más altas autoridades militares de hoy, del ministro David Munguía Payés, con un presidente y una Presidencia de la República débiles para exigir información. Es decir, estamos ante un poder fáctico militar todavía muy grande”, dijo Morales, quien ahora se desempeña como director de litigios en la organización Cristosal.

El general político

“Esperamos que no tengamos que intervenir en caso de que haya un levantamiento popular en función de que la gente crea que las elecciones no se han desarrollado cómo deben desarrollarse”.

El 14 de diciembre de 2018, a un poco más de un mes y medio para las elecciones presidenciales, Munguía Payés participó en la entrevista República, del canal 33, donde pidió un “juego limpio” a los partidos políticos contendores y lanzó la advertencia de que su Fuerza Armada estaba “preparada” para cualquier escenario.

Las declaraciones del general convergían con las del candidato que resultó ganador, Nayib Bukele, quien estuvo denunciando de forma constante intentos de un fraude electoral por parte de sus adversarios, aunque nunca mostró evidencias de sus señalamientos.

Munguía Payés usó sus discursos para implantar la idea de una Fuerza Armada imprescindible para la seguridad pública; defendió la impunidad de los militares señalados en crímenes de lesa humanidad durante la guerra y a los acusados por delitos en tiempos de paz; fue el precursor de la tregua con las pandillas; impidió que las instituciones civiles se sobrepusieran a la Fuerza Armada y, también, jugó a la política, erigiéndose como un árbitro electoral armado.

“Soy el político de la Fuerza Armada de El Salvador porque soy un miembro del gabinete del gobierno”, dijo, cuando se le cuestionó por qué contravenía la Constitución de la República, que ordena que la Fuerza Armada es “obediente, profesional, apolítica y no deliberante”.

Munguía Payés llegó a coquetear con una candidatura a la vicepresidencia en 2014 junto al candidato Elías Antonio Saca, de Unidad, que albergaba a los partidos GANA, PCN y PDC. Dirigentes de GANA aseguraron entonces que había acercamientos con el general. Los acuerdos no cuajaron y Munguía Payés pasó de ser el ministro de la Defensa de Mauricio Funes a ser el ministro de la Defensa de Salvador Sánchez Cerén.

Eduardo García cree que el boleto de entrada de Munguía Payés al gobierno de Sánchez Cerén se lo ganó el día de la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando el candidato efemelenista ganó por un poco más de seis mil votos al candidato arenero Norman Quijano.

“El día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, (los areneros) fueron al redondel d’Aubuisson a llamar a la Fuerza Armada a que saliera a las calles porque según ellos les habían robado en un fraude. Nadie denunció ese intento de golpe de Estado. ¿Y por qué no dieron un golpe de Estado? Porque el ministro de Defensa que estaba es el mismo que estuvo después. Por eso es preocupante que Munguía Payés haya mostrado su beneplácito por Nayib Bukele antes de las elecciones”, dijo García.

En todo caso, los llamados a la Fuerza Armada de parte de un político que resintió una derrota y la calificó de fraude le sirvieron a Munguía Payés en su discurso de una Fuerza Armada imprescindible para poner orden cuando a los civiles se les salen de control los conflictos, como lo apunta Jeannette Aguilar en su libro.

Si bien la Fuerza Armada es parte de los procesos democráticos, aunque “no es el árbitro de ese partido”, según Eduardo García, el sociólogo Carlos Iván Orellana retoma un punto sobre la sociedad salvadoreña que le suma valor a la doctrina militar. Orellana apunta que las encuestas son la mejor evidencia de la concepción que tiene la sociedad sobre los militares. “Si ves las encuestas, cuando se le pregunta a la gente en qué instituciones confía más, la mayoría siempre dirá que la Iglesia (católica) y la Fuerza Armada”, dice Orellana. Y explica que se trata precisamente de las dos instituciones “más retrógradas, más autoritarias, más dogmáticas y más verticalistas de la sociedad”.

El Salvador, planteará el sociólogo, con sus matices, es una sociedad acostumbrada al autoritarismo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia falló en abril pasado que la sustitución del presidente del Tribunal de Selección para el Ascenso a General de Brigada que fraguaron entre Mauricio Funes y David Munguía Payés para ascender a este último a general de brigada en 2009 fue ilegal. Los efectos de la resolución, acerca de si a Munguía Payés se le anulará su ascenso a general, todavía es una incógnita.

Mauricio Funes es prófugo en Nicaragua, acusado de lavado de dinero y peculado. Salvador Sánchez Cerén ha finalizado su presidencia que empezó en 2014 sin lograr someter al poder militar al poder civil. La Fuerza Armada permanece inerte ante los requerimientos de información sobre operativos durante la guerra para esclarecer crímenes de lesa humanidad atribuidos a sus efectivos y oficiales.

El presidente Bukele juramentó al capitán de navío (equivalente al rango de coronel en el ejército) René Francis Merino como el nuevo ministro de la Defensa el 1 de junio pasado. Merino fue jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval desde 2015 hasta su nombramiento como ministro. En diciembre de 2018, el capitán Merino era candidato para el ascenso a contralmirante de la Fuerza Naval, equivalente al rango de general en el ejército. Pero no fue promovido. Militares en retiro que fueron consultados para este reportaje hablan del capitán de la Naval como un militar que tiene buenas relaciones con las autoridades de Estados Unidos en el país.

El teniente coronel Domingo Monterrosa, de los principales responsables de la masacre de El Mozote, el genocidio más grande en la historia reciente de Latinoamérica, aún se mantiene dentro de la historia y doctrina de la Fuerza Armada. El expresidente Funes montó una comisión de estudio sobre los símbolos de los militares, como una promesa que hizo en enero de 2012, en el caserío El Mozote de Morazán, donde ocurrió la masacre, en donde lloró y pidió perdón por los crímenes del ejército durante la guerra.

La comisión determinó que el nombre de Monterrosa podía seguir pintado en la fachada de la brigada y que su historia podía seguir sirviendo de inspiración para los nuevos soldados. Sánchez Cerén ni siquiera intentó modificar ninguna simbología de la Fuerza Armada. Fue hasta el pasado 1 de junio que el nuevo presidente, Nayib Bukele, ordenó el retiro de su nombre en la brigada, aunque en los escudos su apellido se mantiene intacto.

En 27 minutos, 6 soldados ejecutaron hoy la orden que anoche dio @nayibbukele, presidente de #ElSalvador y comandante general de @FUERZARMADASV, de borrar el nombre de Domingo Monterrosa, de la Tercera Brigada, comandante del batallón Atlacatl, que ejecutó la masacre de El Mozote pic.twitter.com/jj2j989HCI

— Jorge Beltrán Luna (@Jbeltranluna_) 3 de junio de 2019

El reflejo de la legitimación que le otorga la sociedad salvadoreña a la Fuerza Armada no solo se ve en las encuestas, como apuntó el sociólogo Orellana, también se materializa en las acciones y en las decisiones de los gobernantes.  El miércoles 24 de octubre de 2018, diputados de derecha de la Asamblea Legislativa de El Salvador acordaron hacer, en público, en televisión nacional, un minuto de silencio en conmemoración de la muerte de Domingo Monterrosa.

La masacre de El Mozote sigue en impunidad. El general Munguía Payés pudo aportar a la justicia dando acceso a los archivos de la Fuerza Armada, pero no lo hizo, y los gobiernos del FMLN lo consintieron haciendo silencio.