Organizaciones de derechos humanos temen que la burocracia legislativa, se supere o no el veto a la “nueva amnistía”, prolongue indefinidamente la aprobación de una verdadera ley de reconciliación.
El amor de los salvadoreños por lo militar es infinito: esta semana la Asamblea aprobó una nueva ley de amnistía y además una encuesta reveló que la mayoría de ciudadanos aprueba la toma militar del 9F.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el presupuesto para 2020 del gobierno de Nayib Bukele, concedieron una amnistía para morosos con Hacienda y autorizaron que el presidente endeude al Estado con más de $700 millones.
La Asamblea no le alcanzaron 3 años para aprobar una ley de reconciliación nacional. Incumplió por segunda ocasión el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional para dar una respuesta verdadera a las víctimas de la guerra civil salvadoreña.
Salvador Sánchez Cerén esperó hasta su último día de Gobierno para crear una comisión que revise los archivos militares de la guerra, pese a que adquirió esa obligación desde 2010.
En tres semanas vence el plazo que tienen los diputados para aprobar una Ley de Reconciliación. La última propuesta legislativa mantiene los puntos cuestionados por las organizaciones de víctimas: evita cárcel para los criminales de guerra mayores de 65 años y ordena una lista cerrada de casos a investigar.
La Corte IDH vigila si el proyecto de los diputados garantiza el derecho de las víctimas de El Mozote al acceso a la justicia. El Salvador debe enviar un informe a más tardar el próximo 14 de junio.
Después de la oposición civil y una gran ofensiva diplomática, FMLN y ARENA no alcanzaron los votos para aprobar una nueva amnistía, una ley que tal como estaba redactada dejaba en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Hay trampas en la nueva amnistía. Entre ellas: sustituir penas de prisión por servicios comunitarios o prohibir por decreto que las investigaciones de la Comisión de la Verdad sean pruebas en procesos penales. La nueva amnistía perpetúa la impunidad.
“Yo no busco hacer venganza, lo que necesito es vivir en paz, con dignidad… Quiero que haya una ley con justicia”, dice Cirilo Castro, de 80 años, al que le mataron tres hijos en el conflicto armado. Cirilo está en contra de la nueva ley de amnistía que quiere aprobar la Asamblea.
La propuesta del diputado Parker, una reedición de Ley de Amnistía de 1993, que libró de culpa a los criminales de guerra del ejército y la guerrilla, ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil que la señalan como fraude constitucional.
