El Ministerio de Defensa intentó entorpecer la inspección judicial de los archivos militares del caso El Mozote, programada para el 21 de septiembre. El ministro Merino Monroy envió una nota al pleno de la Corte Suprema en la que, además de pedirle a los magistrados que ordenaran suspender la inspección, advierte que el Ministerio de Defensa no cumplirá una orden judicial que, según él, no tiene sustento legal.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, envió un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares programada para el próximo lunes 21 de septiembre, como parte de las diligencias ordenadas por un juez en la causa penal por la masacre ocurrida en El Mozote en 1981.
El titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional.
El ministro cree que no está obligado a cumplir la orden judicial para la inspección emitida por el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, ubicado en Morazán. Merino alegó que la causa penal del Mozote se desarrolla con el Código Penal de 1973, ya derogado, que estaba vigente cuando ocurrió la masacre y que, por tanto, el Ministerio de Defensa “no está en obligado a cumplir una decisión judicial sin un sustento legal vigente”. Para convencer a los magistrados, el mismo ministro hizo alusión a una normativa que tampoco está vigente: la Constitución Política de 1962, que establecía que la Asamblea Legislativa no podía tener acceso a los planes militares de aquella época.
Defensa se saltó el conducto que deben seguir las apelaciones cuando hay una inconformidad con una decisión judicial. Si un juez emite una resolución, las partes involucradas pueden acudir al tribunal inmediato superior, que en esto caso sería una Cámara de lo Penal, para tratar de revertir la decisión. La Corte Plena, que es la máxima autoridad administrativa del órgano Judicial, no tiene facultades legales para modificar las decisiones jurisdiccionales que toma cada juzgado del país.
El pleno, integrado por 15 magistrados de las cuatro salas, conoció la solicitud del ministro en la reunión del pasado jueves 10 de septiembre, pero decidió rechazarla, según diferentes fuentes consultadas.
En junio pasado, el juez del caso juramentó a los tres peritos archivistas que deben buscar en los archivos los planes y la normativa militar de la época. Se trata de los salvadoreños Fernando Rafael Díaz y Jorge Juárez; y la guatemalteca Velia Muralles Bautista. El ministro Monroy también puso reparos al nombramiento de Muralles porque considera que su participación podría significar espionaje por tratarse de una persona extranjera.
El ministro de defensa nacional, Francis Merino Monroy (derecha), durante la interpelación 21 de agosto de 2020 en la Asamblea Legislativa. Foto Archivo FACTUM/Gerson Nájera
Las razones de la inspección
El tribunal ha programado que la inspección dure un mes porque buscarán documentos en varios lugares: el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, la Brigada de Artillería, la Tercera Brigada de Infantería, el Destacamento Militar Número 4 y el Archivo General de la Nación.
La revisión de los archivos militares es inédita en El Salvador. Por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordena entrar a instalaciones militares a buscar evidencia de la masacre de casi mil civiles, cometida en diciembre de 1981. El juzgado tuvo que ordenar una inspección directa luego de que, tras cuatro años de reabrir el caso, le negaran todos los documentos que solicitaba al Ministerio de Defensa, a través de la Presidencia de la República. El juez de instrucción de Gotera, Jorge Guzmán, ha hecho al menos 10 solicitudes de información durante todo el proceso.
Hasta el pasado miércoles 16 de septiembre, en el juzgado desconocían sobre el escrito que presentó Defensa para detener la revisión de los archivos. En agosto pasado, la Presidencia intentó persuadir al juez para que desistiera de la búsqueda de evidencia en los archivos militares, pero él contestó que las decisiones judiciales no son negociables y deben ser acatadas. El Juzgado ya ha rechazado en el pasado el argumento de que la inspección puede poner en peligro la seguridad nacional porque no están solicitando planes militares próximos a ejecutarse.
En el proceso consta una contradicción de parte de Defensa. “Han dicho que los planes militares no existen, pero entregaron los planes del 85 y del 87”, explicó Dalila Salmerón una de las colaboradoras judiciales asignadas al caso desde la reapertura.
María Rosario López, una superviviente de la masacre de El Mozote en 1981, observa fijamente al ex General Rafael Bustillo, cuando llegó a declarar como imputado en el juicio desarrollado en San Francisco Gotera, Morazán. Gerson Nájera/Revista FACTUM
El juzgado ha recibido un promedio de 50 declaraciones desde que se reactivó el caso. En algunas han detectado otras contradicciones. “Hay unas donde ubican al comandante Domingo Monterrosa en el lugar de los hechos, pero cuando hemos solicitado informes al Estado Mayor hay un apartado de su hoja de servicio que son los hechos de armas a los que asistió, y en ningún momento aparece que haya ido a un hecho de armas en la zona norte de Morazán”, dijo Salmerón.
En el caso de El Mozote son procesados 18 militares. “Algo que también llama la atención es que solo aparecen en hechos de armas imputados que están fallecidos, no los que están siendo procesados. O están ocultando información, y nos hace hacernos la pregunta de qué es lo que pasa”, añadió Salmerón.
El ocultamiento histórico
El carácter de ultratumba de los archivos militares va más allá de El Mozote. El Ministerio de Defensa, ya con la actual administración del presidente Nayib Bukele, obstaculizó el ingreso de una autoridad administrativa a una instalación militar. En marzo de 2020, impidió el acceso de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que buscaban los archivos militares vinculados a los operativos militares realizados dentro de la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1995.
“Hay un patrón histórico de ocultamiento de la información militar desde muchos años, pero a partir de la inconstitucionalidad de la amnistía este patrón se evidencia ante las autoridades, y escuchamos a un ministro de Defensa, David Munguía Payes, diciendo que los archivos habían sido destruidos y que no existían”, señaló la semana pasada David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, la organización que junto a Tutela Legal forman parte de la querella del caso El Mozote.
Morales recuerda que el bloqueo a los archivos militares se mantuvo incluso en los 10 años de gobierno del FMLN, por lo que Cristosal considera que la inspección prevista para este lunes “constituye un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad acaecidos en el contexto del conflicto armado interno”.
El coronel Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad Pública (1989-1992) fue condenado el pasado 11 de septiembre por la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, perpetrada en noviembre de 1989, otro de los casos más emblemáticos de la guerra civil salvadoreña. La Audiencia Nacional de España lo condenó a 133 años de prisión. Varios altos funcionarios del Gobierno salvadoreño salieron a pronunciarse públicamente por esa condena: “Alegrémonos, uno de los magnicidas ha sido condenado, pero vayamos a lo profundo. ¿Hasta cuándo pagarán por sus crímenes los terroristas políticos, económicos y militares de nuestra historia?”, publicó en su cuenta de Twitter el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.
Alegrémonos, uno de los magnicidas ha sido condenado, pero vayamos a lo profundo. ¿Hasta cuándo pagarán por sus crímenes los terroristas políticos, económicos y militares de nuestra historia? Y cierro: ¿quién era el comandante general de la FAES y qué intereses representaba?
— Ernesto Castro (@ECastroES) September 11, 2020
Diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador le exigen al Ejecutivo que no se preste a la protección de violadores de derechos humanos, y que coopere plenamente con las autoridades judiciales para la inspección para recopilar evidencia para el caso de El Mozote. Consideran inadmisible que se repitan bloqueos como el que enfrentaron los comisionados del IAIP en marzo pasado.
“Instamos al ministro de la Defensa Nacional y a su alto mando, así como al presidente de la República y comandante general de la FAES, señor Nayib Bukele, a otorgar una plena colaboración a las autoridades judiciales y sus auxiliares que desarrollarán las inspecciones”, se lee en un comunicado de las organizaciones de la sociedad civil.
El próximo 30 de septiembre se cumplirán cuatro años desde que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera reabrió el caso, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de La Ley de Amnistía. Desde entonces, según cálculos del mismo juzgado, el proceso ha avanzado un 80%.
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2 Responses to “Ministerio de Defensa recurrió a la Corte Suprema para no abrir sus archivos de la guerra”
Excelente trabajo. La memoria hostorica para acabar con la impunidad, en el contexto de la bostilidad histiorica y la fabricacion de una nueva imagen para lavarle. la cara a una instutucion de violencia es una iniciativa valiente y digna
Adelante juez de Gotera .