Dos militares del archivo general de la Fuerza Armada fueron llamados por el juez del caso de El Mozote para explicar cómo han buscado la información relacionada con la investigación. Hace 25 años que el informe de la Comisión de la Verdad documentó la masacre de más de 900 personas en 1981 y la negativa del Ejército alegando que esa información del conflicto armado no existía. Levantar este bloqueo permitiría definir responsables y saber también si hubo o no destrucción de archivos en este y otros crímenes de lesa humanidad.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, ha hechos dos requerimientos de información a la Fuerza Armada desde que se reabrió este histórico caso hace dos años. De toda la información solicitada solo ha obtenido resultados superficiales.
El primer requerimiento de información fue en 2016. Entonces pidió el detalle de la nómina de los integrantes del Alto Mando militar y del Batallón Atlacatl, y las unidades que participaron en las operaciones militares en Morazán en 1981. Esta información es necesaria para definir la responsabilidad de los 18 militares acusados por nueve delitos relacionados con esta masacre cometida entre el 9 y 11 de diciembre de 1981.
El segundo requerimiento, en 2017, fue más amplio e incluyó el listado de militares que integraban el régimen especial durante las operaciones militares en esa zona; el cargo de los 18 imputados entre 1980 a 1992; el listado de las tropas participantes; documentos de organización de equipos; y los directores y jefes superiores de las escuelas de defensa, entre otros.
Pero ambas respuestas no han logrado satisfacer las peticiones del juez para investigar el caso. Según la versión de la Fuerza Armada de El Salvador, toda esta información relacionada con la Operación Rescate, responsable de la masacre de El Mozote, no existe en sus documentos oficiales. Tampoco aparecen otros documentos como la ley y reglamentos institucionales que precisamente obligan al Alto Mando a documentar operaciones militares durante la guerra.
Ante este vacío de información, el juez decidió llamar este 16 de febrero a declarar a dos nuevos testigos, dos militares que trabajan en el archivo general de la Fuerza Armada para que explicaran cómo se buscaron los documentos solicitados y el funcionamiento del archivo militar: el mayor Noé Antonio Pineda, jefe del departamento del archivo general; y el coronel José Rolando Morales Belloso, jefe de personal del archivo.
Según ambos testigos, que declararon por separado, en el archivo general se guarda la información de las unidades desmovilizadas después de los Acuerdos de Paz, como la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la relativa a los seis extintos Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), incluido el Batallón Atlacatl, señalado como el principal ejecutor de la masacre de El Mozote.
Morales Belloso trabaja en el archivo desde agosto de 2016, no tiene una formación especial para el manejo de un archivo y su cargo es elegido por el Alto Mando de la Fuerza Armada, que es la dependencia encargada del archivo.
Los militares citados por el Juzgado que lleva el Juicio de la Masacre de El Mozote se retiran del tribunal después de haber declarado que no saben nada de los archivos que tengan que ver con la masacre de El Mozote. Foto FACTUM/María Cidón Kiernan
El juez Guzmán, al iniciar la audiencia con el primer testigo, le hizo saber sobre la falta de información precisa: “En los expedientes personales hay aspectos en los cuales tal vez no sea creíble, por ejemplo, campañas a la que asistió. Hay algunos expedientes que no tienen absolutamente ninguna información acerca de las campañas, de personas que han permanecido en la institución por décadas, entonces pareciera que hay alguna omisión al incorporar esa información …”
El testigo Morales Belloso le respondió que el archivo general no produce información ni la actualiza, solamente gestiona y conserva la que es remitida por las distintas unidades militares. Es decir, cada unidad tiene su archivo central y cuando hay elementos que se dan de baja, esta documentación debe pasar al archivo general.
“No encontramos ningún documento del requerimiento que se nos hace y por eso ponemos que es inexistente – dijo Morales Belloso – habría que preguntar al personal del archivo de cada unidad militar”.
Las sospechas de destrucción de documentos históricos
El Archivo General de la Fuerza Armada se encuentra en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional y resguarda información clasificada como confidencial e información de carácter histórico que no puede ser destruida.
La información del archivo que es destruida debe seguir un proceso de verificación por el Archivo General de la Nación, que depende de la Secretaría de Cultura. Así se verifica que los documentos no tienen ningún valor histórico.
Los problemas de acceso a la información sobre masacres ocurridas durante la guerra tienen un precedente importante en 2013. Entonces, la FAES declaró inexistente la información solicitada por la Asociación Madeleine Lagadec en relación a varias masacres de civiles atribuidas al Ejército durante el conflicto armado.
Algunos documentos destruidos entre 2013 y 2015 hacían referencia a esa información solicitada, sostuvo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al conocer el proceso, y por ello ordenó a Defensa reconstruir la información. Sin embargo, el ministro de Defensa David Munguía Payés negó la destrucción de documentos históricos y tampoco permitió el acceso de personal del IAIP a las oficinas del archivo para verificar qué sucedió.
En marzo del año pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema respaldó la decisión del IAIP y ordenó a la Fuerza Armada que reconstruyera esa información militar. El ministro y todos los oficiales del Estado Mayor dieron una conferencia de prensa para desmentir la destrucción de información histórica y ofrecieron el acceso a los documentos expurgados para verificarlo.
Sin embargo, la destrucción se ha repetido recientemente. El testigo Morales Belloso dijo durante la audiencia que en 2017 se realizó la destrucción de más documentos en algunas unidades militares, fuera de su competencia, pero que no recordaba en cuáles ni el tipo de información que se destruyó. A las preguntas de la representación fiscal dijo que ese detalle se podría obtener de las actas de destrucción en la unidad militar correspondiente.
Un niño corre frente al Jardin de los Niños asesinados durante la masacre de El Mozote, pintado sobre los muros de la Iglesia, donde los nombres de las víctimas permanecen como documento histórico. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
La audiencia con los testigos militares permitió que el juez, los fiscales y los acusadores pudieran consultar sobre terminología militar y la forma cómo se gestionan los archivos en cada dependencia militar.
Tanto para el juez del caso, como para los acusadores particulares, la Fiscalía debe investigar qué sucedió en el archivo general de la Fuerza Armada, y evaluar si pudo o no haberse cometido algún delito, como el de encubrimiento.
El presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, Salvador Sánchez Cerén, participó en un acto conmemorativo en el caserío El Mozote el pasado 9 de diciembre. En ningún momento habló de justicia por la masacre cometida. Su vocero, Eugenio Chicas, brindó declaraciones a los medios en su nombre y fue consultado por Revista Factum sobre la falta de entrega de información militar por parte de Munguía Payés.
“Somos respetuosos del sistema judicial, y es el sistema judicial el que tiene iniciativa en este tipo de casos, como en todos los de orden judicial – dijo Chicas-. Y en todos los casos el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha dado órdenes expresas (al ministro de la Defensa) de colaborar y cooperar”.
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