En el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, no parece haber transcurrido el tiempo de guerra e impunidad en El Salvador. Un coronel le niega acceso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada al juez que ventila el juicio contra altos mandos militares procesados por la masacre de aproximadamente mil campesinos en el caserío de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981.
Una ley de amnistía bloqueó la posibilidad de que la justicia pudiera avanzar contra la impunidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en el país. Dos décadas después, en julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que esa ley era inconstitucional y ello dio lugar a la reapertura del caso de El Mozote en el tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán.
La sentencia de la sala fue clara en prohibir la obstaculización a la justicia en la investigación de violaciones a los derechos humanos. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, ya había anunciado la semana anterior ante la misma corte que no cumpliría con la orden del juez Jorge Guzmán de dar acceso a las instalaciones del Estado Mayor para inspeccionar archivos militares correspondientes a los años en que ocurrió la masacre. El juez no ha tenido otra alternativa que tomar la vía legal que le queda, la de recurrir a la Fiscalía General de la República por el desacato cometido, que a su vez constituye complicidad en favor de los imputados en el juicio y negación a los derechos de las víctimas de la masacre.
Durante la guerra fue común que militares negaran acceso a sus instalaciones a cualquier entidad civil, eran ellos los que mandaban. No había poder alguno que se les interpusiera. Una débil esperanza se esparció en el aire cuando al inicio de la presente gestión gubernamental se ordenó borrar el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel, lo que parecía una acción hacia el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de El Mozote. Atrás quedaron esas expectativas que ilusionaron a muchas de las víctimas que desencantadas una vez más no ven nada de nuevo en la continuidad por parte de la Fuerza Armada de encubrir a criminales de guerra y responsables de crímenes de lesa humanidad.
Este mismo año, esta publicitada como “nueva” Fuerza Armada también bloqueó el ingreso a comisionados del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) para que pudieran revisar archivos castrenses correspondientes a 1975, fecha en que se perpetró una masacre de estudiantes universitarios en la capital. Es claro que el presidente de la República, ni siquiera en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, está en posibilidad de cumplir con su afirmación de que abriría desde la A hasta la Z los archivos militares para dar paso a la verdad, justicia y reparación.
Aunque parecieran situaciones diferentes, no debe olvidarse que también un militar negó el acceso al mismo fiscal general de la República este año, bloqueando con ello la realización por parte del funcionario de una inspección a una supuesta instalación de cerco sanitario en el Puerto de La Libertad organizado por el gobierno. Tampoco debe pasarse desapercibido que, alegando medidas de prevención por Covid-19, fue desplegado este fin de semana un operativo en San Francisco Gotera, municipio en el que está destacado el juez Guzmán.
Diferentes funcionarios gubernamentales hicieron eco este mismo mes de la sentencia en España contra el coronel Inocente Montano por el crimen contra los mártires jesuitas ocurrida en noviembre de 1989 y arremetieron contra el diputado Rodolfo Parker por su responsabilidad en el ocultamiento y encubrimiento en favor de los responsables de este hecho como asesor legal de la Fuerza Armada en esa época. Se disocian totalmente estos mismos funcionarios con las acciones actuales de encubrimiento y complicidad que implican protección institucional a los mismos responsables de tortura, desaparición forzada y ejecuciones cometidas en El Mozote, en la que se cruzan incluso los mismos nombres entre los imputados que no fueron procesados en España por la negación oficial a su extradición.
Las últimas palabras del coronel Montano ante la corte española al escuchar su sentencia se enfocaron en negar una vez más la responsabilidad de la conocida promoción “La Tandona” del alto mando militar de la Fuerza Armada, que condujo la guerra y justificó, en nombre de la doctrina de seguridad nacional, violaciones a los derechos humanos como estrategia institucional contra lo que calificó como “enemigo interno”. Esos ecos resonaron en el discurso presidencial del Día de la Independencia, al igual que la ya tradicional y desmesurada gala de fuerza militar que acompaña los actos públicos de la Presidencia de la República.
Lo sucedido este 21-9 no debe olvidarse, al igual que no debe olvidarse el 9-11. Ante nuestros ojos va imponiéndose el autoritarismo y el regreso de escenas que quisimos dejar en el pasado. El viejo pacto de silencio e impunidad prevalece y con él la negación de facto a la garantía de no repetición.
*Celia Medrano es periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.
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