Sánchez Cerén se acordó de las víctimas de la guerra el último día de su Gobierno

El FMLN decidió  hasta el último día de su Gobierno que intentaría abrir los archivos militares, una obligación que adquirió nueve años atrás y que nunca cumplió. Representantes de las organizaciones de víctimas señalan que el gobierno de Sánchez Cerén dio pasos insuficientes para asegurar el acceso a archivos militares.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El 31 de mayo de 2019, el último día de su Gobierno, Salvador Sánchez Cerén aprobó la creación de una  Comisión Revisora de Archivos Militares relacionados al conflicto armado de El Salvador. Ese mismo día, el entonces presidente mandó a publicar el decreto ejecutivo en el Diario Oficial.

El decreto entró en vigor el 7 de junio y se convirtió en una herencia para el gobierno del presidente Nayib Bukele, que todavía no ha logrado instaurar la comisión. Así, el Ejecutivo dio el primer paso para abrir los archivos militares, una obligación que tenía el Estado desde 2010, según resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 reforzó la obligación del Estado de abrir los archivos militares.Según Florentín Meléndez, exmagistrado de la Sala de lo constitucional, la sala no hizo una petición o una recomendación al Ejecutivo cuando ordenó, en julio de 2018, abrir los archivos militares, sino que “dio una orden directa” que no se cumplió.

El FMLN, que gobernó el país por 10 años, siempre tuvo paños tibios con la Fuerza Armada. Esto lo reconoció en mayo pasado Roberto Lorenzana, ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, al admitir, durante el Foro Centroamericano de Periodismo, que a los gobiernos del FMLN les faltó valentía y que existió un “juego de poder” por parte de la Fuerza Armada, que hizo temer al gobierno si  tocaban algunos puntos de honor para los mandos militares.

La Comisión Revisora será la encargada de determinar la existencia y facilitar el acceso a “archivos militares útiles y relevantes para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cometidas en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador, finalizado el 16 de enero de 1992”. Pese a la aprobación, las organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo la apertura de los archivos militares.

“La impunidad de ayer sigue siendo la impunidad de hoy. Y la impunidad no se resuelve solo con leyes si no existen decisiones políticas que las acompañen”, resume David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

La aprobación de la Comisión Revisora pasó desapercibida para muchas de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas del conflicto armado. Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), califica el decreto como “tardío, insuficiente y con un alcance real muy limitado.”

“Efectivamente, la creación de la Comisión Revisora fue un paso que se dio muy tarde, pero intentamos que fuera un acuerdo ejecutivo, con las limitantes que esto tiene, fuerte”, reconoce María Silvia Guillén, excomisionada presidencial de Derechos Humanos en la presidencia de Sánchez Cerén.

Según ella, “el tema de los archivos militares, como el de los nombres de destacamentos, fueron algo que se tocó con cautela en el gobierno pasado. Incluso Sánchez Cerén envió notas oficiales al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para abrir los archivos. ¿Por qué no se cumplieron? no lo sé”, comenta.

Según el decreto, la comisión estará integrada por un delegado de la presidencia, quién la presidiría; el comisionado presidencial de Derechos Humanos; un delegado del MDN; y, un delegado de las organizaciones de derechos humanos, elegido por el presidente de una terna presentada por las organizaciones de derechos humanos bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación.

El mismo decretó menciona a 19 organizaciones de derechos humanos con facultad de participación en la elección de la terna de comisionados, la mayoría de ellas coaligadas en la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, el Grupo Gestor para una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.

“Fue un intento de dar el primer paso real, después del compromiso asumido con la CIDH; pero hasta el decreto fue un ir y venir de revisiones en Casa Presidencial y el MDN. El texto final que quedó se tuvo poco antes de terminar el período. Esa clasificación de ‘útil y relevante’ fue una discusión larga”, recuerda Guillén.

Organizaciones de víctimas están llegando a la Asamblea Legislativa para frenar una nueva ley de amnistía.

Los proceso a paso lento en la gestión Bukele

La integración de la Comisión Revisora está en el limbo: sólo el MDN ha nombrado a su representante: el general de brigada Juan de Jesús Morales Guzmán, quien, según su hoja de vida, es el comandante del Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM) desde mayo de este año y vicepresidente de la junta directiva del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA).

Revista Factum presentó una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Gobernación. Este respondió que en el trascurso del último trimestre de 2019  iniciará el proceso de elección de la terna de representantes de la organizaciones de derechos humanos, para que el presidente elija al único civil en la Comisión Revisora. De este proceso, según representantes de las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, a la fecha no se tiene conocimiento alguno.

La presidencia, por otra parte, tiene un problema de forma en sus manos: determinar quién ocupará el puesto que el decreto dejaba en manos del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, un cargo que desapareció en la reestructuración hecha por Bukele.

Y, por otro lado, Casa Presidencial debe designar a la persona que presidirá la Comisión Revisora. Según una resolución de la Oficina de Acceso a la Información de Casa Presidencial,  la Secretaría Jurídica informó sobre ambos puntos que las designaciones que tiene que hacer la Presidencia de la República a la Comisión Revisora, “se encuentra en proceso de deliberación” y por ello “es información reservada”, con base al artículo 19 literal “e” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El 26 de septiembre pasado, durante la 173 Sesión de la CIDH, Wendy Acevedo, representante interina de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA),  aseguró que el gobierno tiene como prioridad la promoción y protección de los derechos humanos. Pero no explicó por qué en ese momento no se había integrado la Comisión Revisora.

Más allá de archivos militares
Cuestionados sobre la integración de la Comisión Revisora y la tardanza para que esta empiece a funcionar, diferentes miembros de la Mesa contra la Impunidad creen que los alcances reales de una comisión dependerán más de decisiones políticas que de decretos.

Escalante considera que el decreto de Sánchez Cerén limita la búsqueda de información al describir la comisión. Primero, porque los archivos deben de ser “útiles y relevantes” y porque se limitará a documentación “que contengan información que guarde relación con los graves hechos ocurridos durante el conflicto armado”.

Escalante recuerda  investigaciones de casos de graves violaciones de derechos humanos realizadas en otros países, en las cuales documentos administrativos, no exclusivos en manos de militares, han permitido determinar quiénes fueron los hechores. “Es como en el caso del niño Molina Theissen, en Guatemala, donde un registro de una gasolinera permitió identificar el número de placa de un vehículo en el que se llevaron secuestrado al menor pertenecía a un cuerpo de seguridad estatal”, ejemplifica.

Escalante es de la opinión que limitar la búsqueda de información a archivos militares es limitar la investigación: “No se trata solo de encontrar un documento que diga ‘se ordena matar a la población civil en un lugar’. Hay información relevante en los informes que los ministros de Defensa dieron en su momento a la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa; o en documentos del Ministerio de Hacienda o de Relaciones Exterior”, afirma el abogado.

La aritmética de la Comisión Revisora creada por Sánchez Cerén deja en desventaja a los representantes de las víctimas del conflicto en cualquier decisión, incluyendo determinar qué es y qué no es información “útil y relevante”. Más allá, según David Ortiz, de Fespad, estaría la decisión política de abrir los archivos militares.

“El presidente Bukele debe tomar la decisión de ordenar la apertura de archivos. ¿Es necesaria una comisión cuando él como Comandante general de las Fuerzas Armadas puede hacerlo?”, se pregunta. “No lo ha hecho hasta el momento. Es una decisión política lo que falta”, afirma.

Representantes de la Mesa contra la Impunidad señalan que el gobierno de Sánchez Cerén dio pasos insuficientes para asegurar el acceso a archivos militares o información en general, aún con las obligaciones asumidas con la Corte Interamericana.

Compartimos la carta entregada este miércoles a @presidencia_sv. pic.twitter.com/Z4hj3uFAOM

— Cristosal (@Cristosal) July 24, 2019

“Con el gobierno de Nayib Bukele lo que tenemos es muchas expectativas y promesas. Pero hasta el momento no registramos una apertura real a los archivos y documentación militar”, señala Ortiz, y recuerda que desde el 24 julio pasado solicitaron una audiencia a Casa Presidencial  para tratar este tema, y aún no han recibido respuesta.