El diputado de Arena, quien ha participado en la discusión para la nueva ley de reconciliación, se considera víctima porque perdió a varios familiares durante el conflicto armado. Pese a ello, no quiere cárcel para los victimarios.
Salvador Sánchez Cerén esperó hasta su último día de Gobierno para crear una comisión que revise los archivos militares de la guerra, pese a que adquirió esa obligación desde 2010.
En tres semanas vence el plazo que tienen los diputados para aprobar una Ley de Reconciliación. La última propuesta legislativa mantiene los puntos cuestionados por las organizaciones de víctimas: evita cárcel para los criminales de guerra mayores de 65 años y ordena una lista cerrada de casos a investigar.
