“Bukele ha logrado en dos años lo que a Hugo Chávez le tomó diez”: HRW

No hay garantías de que las autoridades de El Salvador estén deteniendo únicamente a criminales. Y tampoco hay instituciones independientes que puedan proteger a la ciudadanía de los atropellos durante el régimen de excepción. Esas son dos de las preocupaciones que expresa la directora para las Américas de Human Rights Watch.  La defensora de derechos humanos también advierte que las recientes reformas legislativas que penalizan por informar sobre pandillas podrían ser utilizadas para perseguir penalmente a críticos y periodistas.

Fotografía cortesía HRW

Human Rights Watch (HRW) defiende los derechos humanos en América Latina. La directora para las Américas de esta organización, Tamara Taraciuk Broner, está siguiendo lo que ocurre en El Salvador desde que el oficialismo decretó el régimen de excepción para contener el incremento súbito de homicidios del pasado 26 de marzo. El gobierno de Nayib Bukele ha abierto la puerta a todo tipo de atropellos, advierte Taraciuk. “Parece estar más preocupado por hacer un show de los arrestos en redes sociales que por investigar a las personas detenidas”, señala.

HRW ha recibido insultos  por condenar las amenazas a derechos fundamentales. “Nadie defiende a delincuentes, lo que defendemos es que sea una justicia independiente y una investigación las que determinen quién ha cometido un delito y que no se haga arbitrariamente”, subraya la directora de la organización.

Taraciuk Broner, venezolana de nacimiento, también se refiere al deterioro democrático en El Salvador y advierte que el presidente Bukele tiene “un total desprecio hacia el equilibrio de los poderes democráticos”, algo que lo coloca en la línea de autócratas como el expresidente  venezolano Hugo Chávez.

El gobierno de El Salvador dice haber declarado una “guerra contra las pandillas”. ¿Hacia dónde puede llevar reciclar una fórmula para resolver el problema de violencia?

 El Salvador ha sufrido por décadas violencia a manos de las pandillas que han cometido crímenes atroces. Los salvadoreños tienen derecho a que estos delitos sean debidamente investigados y los responsables juzgados, y a vivir en un ambiente sin ese nivel de violencia. Sin embargo, históricamente, las respuestas de distintos gobiernos para combatir la criminalidad no han sido efectivas para hacer frente a una situación de inseguridad tan compleja.

Desde el comienzo de su gobierno, la respuesta de Bukele a la violencia ha sido militarizar el país, impulsar medidas de ‘mano dura’ contra los pandilleros en las cárceles, y detener a cualquiera que se presume que es pandillero por estar tatuado. En lugar de adoptar medidas serias y robustas para prevenir el delito y desmantelar estos grupos criminales, el discurso del gobierno se ha concentrado en deshumanizar a los pandilleros para justificar el uso de la violencia como la única herramienta posible, lo cual abre la puerta a todo tipo de atropellos.

Al final de cuentas, los resultados en materia de seguridad de los cuales se jacta el gobierno son, por lo menos, frágiles, como quedó en evidencia con el aumento de asesinatos que llevó a la última serie de normas represivas.

Ustedes señalaban que la estrategia de este gobierno parece ser ‘primero arrestar, luego twittear y después investigar’. ¿Qué elementos les llevan a sostener esto? ¿Se perdieron las garantías de un debido proceso?

Te diría que, en general, el presidente Bukele parece obsesionado con gobernar por Twitter. En relación con este tema en particular, efectivamente, el gobierno parece estar más preocupado por hacer un show de los arrestos en redes sociales que por investigar a las personas detenidas y acusadas de pertenecer a una pandilla. La Asamblea Legislativa permitió al gobierno avanzar con estas medidas al aprobar un amplio régimen de excepción que suspendió hasta por 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.

 ¿De qué manera el régimen de excepción aprobado representa un riesgo para que se cometan abusos o violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía en general?

Esta situación se agrava por el propio contexto de El Salvador, en donde el gobierno ha cooptado a un ritmo acelerado las instituciones democráticas que podrían poner un freno a sus abusos. En este contexto, no quedan instancias independientes en el país para proteger a los salvadoreños de abusos y arbitrariedades. Y el resultado es que tampoco hay garantías de que se estén deteniendo a los que son efectivamente responsables de delitos.

 La Asamblea Legislativa aprobó reformas para encarcelar a niños desde los 12 años. ¿Qué es lo que les preocupa del paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo?

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una serie de leyes contra las pandillas, a pedido de Bukele, que permiten a los jueces encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años. Esto va contra una obligación elemental del derecho internacional, que indica que la edad mínima de imputabilidad penal son los 14 años y los Estados deben aumentarla progresivamente.

Otras reformas restringen gravemente la libertad de prensa y violan garantías básicas del debido proceso. Estas leyes contienen disposiciones que son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas. Ello no sorprende, dado que la sociedad civil y el periodismo independiente cumplen hoy una función esencial de fiscalización y denuncia de los abusos del Ejecutivo, dada la ausencia de instituciones democráticas sólidas e independientes.

El presidente Bukele ha encabezado una cruzada para criminalizar el trabajo de HRW. Los llamó “Homeboys Rights Watch”. ¿Qué opina al respecto? ¿Tienen antecedentes de gobernantes de otros países que hayan seguido el mismo guion?

 No se trata solamente de Human Rights Watch. Bukele ha utilizado de manera intensiva sus redes sociales como una plataforma para difamar, estigmatizar, y crear un ambiente sumamente hostil para el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas, que se exponen a ser insultados y amenazados por seguidores del gobierno y troles cada vez que cuestionan al presidente o sus políticas.

En otros lugares, a nosotros nos han acusado de tener vínculos con las FARC o con la CIA. Cuando los gobernantes autoritarios atacan al mensajero, en vez de hablar sobre los problemas de fondo por los cuales se los cuestiona, es porque les duele la crítica.

Y no solo contra HRW. El discurso oficial es atacar el trabajo de cualquier organización que defienda los derechos humanos en El Salvador. “Las ONGs necesitan que haya baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven, para eso son, por eso han sido creadas”, dijo también el presidente. ¿Por qué permanece el estigma que las organizaciones no defienden a las víctimas, si no que son defensoras de criminales?

Insisto en que aquí nadie promueve la impunidad, de ningún tipo. Todos los que cometan delitos, incluyendo desde las pandillas, deben ser debidamente investigados y sancionados. Desde Human Rights Watch hemos documentado gravísimos delitos cometidos por las pandillas, incluyendo asesinatos, desapariciones y extorsiones, y todas las víctimas de estos delitos merecen justicia y que los responsables sean sancionados. El punto es cómo se hace. Cuando se hace saltándose el debido proceso y sin investigaciones sólidas ni independencia judicial, realmente no hay ninguna garantía de que se esté metiendo preso a quienes efectivamente hayan cometido los delitos. Y cuando ello ocurre, al final de cuentas, todos los salvadoreños pierden. Nadie defiende a “delincuentes”, lo que defendemos es que sea una justicia independiente y una investigación las que determinen quién ha cometido un delito y que no se haga arbitrariamente por Twitter o desde el Ejecutivo.

¿Ha recibido respuesta a la carta que envió al presidente para solicitar una reunión?

Justamente porque nuestro trabajo busca abordar los problemas de fondo, me pareció importante sacar la discusión de Twitter y por eso le hemos enviado una carta formal al presidente Bukele solicitando una reunión para conversar sobre los numerosos problemas de derechos humanos y seguridad pública que enfrenta el país. Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido una respuesta; aunque sí hemos recibido insultos públicos por parte de algunos diputados.

La OEA y Unión Europea siguen sin pronunciarse sobre lo que está pasando en El Salvador. ¿A qué debemos el silencio y que no exista una condena global ante los abusos y violaciones de derechos humanos que se están registrando?

 No le encuentro una justificación razonable. Bukele ha demostrado un total desprecio hacia el equilibrio de los poderes democráticos y ha logrado en dos años lo que a Hugo Chávez le tomó diez años hacer en Venezuela. Mientras Bukele logró controlar la Corte Suprema y borrar los límites a ser reelecto en 2021, o sea, a dos años de asumir el poder, Chávez tardó cinco en subordinar la justicia al Ejecutivo (lo hizo en 2004 con la adopción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y diez en saltearse los límites a la reelección. Resulta urgente que las democracias del mundo alcen la voz para frenar los impulsos autoritarios de Bukele. De lo contrario, se corre el riesgo que él entienda el silencio como una luz verde para seguir arremetiendo contra los espacios democráticos, la prensa independiente y la sociedad civil.