Una empresa salvadoreña asegura que la empresa mexicana le retuvo casi medio millón de dólares en concepto de soborno por haberle dado una porción del contrato con el Indes.
La crisis climática golpea más a 113 municipios del Triángulo Norte de Centroamérica, pero los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que podrían aplicar a un fondo de emergencia, están desaprovechando esa oportunidad.
Las altas temperaturas, la sequía y la pobreza extrema golpean con fuerza a 113 municipios que forman parte del Corredor Seco en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las esperanzas se evaporan en el Corredor Seco Los habitantes del cinturón…
Consulta mapas sobre históricos de lluvias en los departamentos del Corredor Seco de Guatemala y Honduras, así como los datos de desnutrición.
Un escenario difícil se vive en el Corredor Seco Mesoamericano, una franja de bosque tropical seco que abarca desde el sur de Chiapas hasta Panamá.
Meses después de finalizar su cargo, el exfiscal general Luis Martínez registró en El Salvador una sucursal de la empresa colombiana Adalid Corp., presidida por el ahora comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero.
La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, expulsó a jueces mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de corruptos. La Corte Suprema nombró a 168 nuevos jueces mediante un procedimiento que violó la Constitución.
Los máximos ganadores son los proveedores que adecuaron – a medias – los escenarios deportivos.A la empresa mexicana Prodisa le fueron asignados contratos por $55 millones, a pesar de que incumplía el requisito de ley de estar inscrita en El Salvador.
Una veintena de personas con familiares arrestados durante el régimen de excepción se reunieron el domingo 11 de junio en el monumento Salvador del Mundo para exigir la liberación de sus parientes. Algunos no han visto a sus allegados desde hace unos 14 meses.
La comparación del tratamiento informativo que el espectro de medios salvadoreños da al abordaje de su realidad muestra dos postales de un mismo país: la publicada por medios de investigación periodística y la propaganda desde Diario El Salvador.
Entre los máximos ganadores de fondos asignados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) están tres empresas cuestionadas: una compañía mexicana inhabilitada en su país, una empresa costarricense investigada por pagar sobornos y otra que la misma DOM inhabilitó.
El contrato para reconstruir el Mercado San Miguelito es el segundo más caro otorgado por la DOM, por $33.6 millones. Se lo dio a una empresa mexicana, que ya no ejecuta la obra, y que incumplía los requisitos para ser un proveedor.
La única empresa que la DOM ha sancionado públicamente había logrado adjudicaciones por más de $30 millones en apenas dos carteras de Estado. Uno de sus fundadores está actualmente procesado por corrupción y vínculos con pandillas.
La creación de la DOM y su ley ad hoc estuvo investida por discursos anticorrupción y promesas de transparencia de parte de la bancada cian. El otorgamiento opaco de contratos, la reiteración de los mismos nombres y el beneficio de empresas de pasado cuestionable ha sido la realidad.
