CICIES denunció por corrupción al círculo de Bukele

En la denuncia presentada a la Fiscalía el 23 de marzo de 2021, la Comisión contra la Impunidad detalló que realizó las auditorías atendiendo el llamado que hizo el presidente Nayib Bukele en la cadena nacional del 18 de marzo de 2020, cuando le  solicitó a la CICIES dar seguimiento a la ejecución de los fondos para atender la emergencia sanitaria. 

La CICIES destinó 60 auditores para que revisaran los expedientes de compra y proyectos ofrecidos en una emergencia mundial, según informó Bukele en esa transmisión.  

“He llamado a Ronalth Ochaeta, es el comisionado de la CICIES en El Salvador, y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para construir el hospital, para pagar las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamento, para compras internacionales… Aquí no va a pasar un Taiwán dos, que se robaron el dinero que iba para donaciones, el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”, dijo Bukele en Casa Presidencial, frente a sus ministros y a Ochaeta, cuando anunció el primer caso de coronavirus en El Salvador.

Una promesa que no cumplió ni dos años de vida, pues tres meses después de que la CICIES presentó las denuncias a la Fiscalía, Bukele anunció, también en una cadena nacional, la disolución del organismo. La excusa pública que dio fue que no quería tener tratos con la Organización de Estados Americanos (OEA), porque esta había contratado como asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, antes de que este fuera arrestado. 

El presidente Bukele junto con un representante de la OEA en el lanzamiento de una carta de intenciones para, eventualmente, crear una CICIES. Foto: Casa Presidencial

La CICIES había nacido el 6 de septiembre de 2019 con el apoyo de la OEA. El propósito de la Comisión, según el acuerdo de creación, era apoyar a las autoridades salvadoreñas en su lucha contra la corrupción, promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

La OEA reaccionó luego de la decisión del Gobierno de Bukele y negó haber contratado a Muyshondt, adelantó que ya habían encontrado “irregularidades de apariencia delictiva” que el oficialismo se esmeró en ocultar, y señaló “la recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente”, así como acciones de la actual administración para entorpecer las investigaciones.

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_Oficial sobre CICIES: https://t.co/15Xjb86R7j pic.twitter.com/YAMxGnpEhF

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 7, 2021

Esta revista consultó vía telefónica a Ronalth Ochaeta, el excomisionado de la CICIES, sobre los avisos que la Comisión presentó a la Fiscalía, pero respondió  que firmó una cláusula de confidencialidad que le impide hablar sobre el tema. 

Caso 1: Contrato con sobreprecio para el círculo de Bukele

La CICIES revisó los expedientes de compra de las instalaciones de red y de fibra óptica y señales de baja tensión para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el pabellón Centroamericano del Hospital El Salvador. El proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con apoyo del Ministerio de Salud (MINSAL). 

Hospital El Salvador, 2024. Foto Factum/Gerson Nájera

Según la evidencia recabada por la CICIES, el 25 de mayo de 2020, el entonces subsecretario de Innovación Fabrizio Mena ordenó la adjudicación directa por $859 mil a la empresa COATL SA de CV, en la que en 2018 fue directivo el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y en 2021 y 2022 fue vicepresidenta Claudia Juana Rodríguez, la encargada del despacho presidencial de El Salvador. 

El proyecto consistió en implementar un sistema de conexiones en la red de telecomunicaciones y videovigilancia para la digitalización de la información de los pacientes, la red para un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia controlado por los médicos y un sistema de perifoneo para atender emergencias. 

Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea por Nuevas Ideas, formó parte de la junta directiva de COATL en 2018. Fue el vicepresidente suplente, según el acta de la empresa del 23 de julio de 2018 que fue consultada por Factum. Castro dejó de aparecer en las siguientes reestructuraciones de la junta directiva. 

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP), vigente cuando fue otorgado este contrato, estipulaba que no podían ser ofertantes del Estado los funcionarios, representante de autónomas, diputados ni empleados de la administración pública. 

La Ley de Compras Públicas, que sustituyó a la LACAP, también estipula la misma prohibición, pero para que funcionarios no provean en su misma institución.  

El artículo ocho de la Ley de Ética Gubernamental, en su literal c, dice que “se presume legalmente que existen beneficios indebidos en los casos de aceptación o solicitud de cualquier bien o servicio de valor económico, u otras ventajas adicionales…si proviene de una persona o entidad que… sea ofertante, contratista de bienes o servicios de la institución para la cual labora”. La naturaleza de esa Ley prohíbe que los funcionarios se beneficien con proyectos del Estado. 

Claudia Juana Rodríguez de Guevara, a quien Bukele dejó encargada de su despacho presidencial para buscar la reelección inconstitucional, tuvo participación en COATL un año después de que esta sociedad ganara el contrato del Hospital El Salvador y ocupó el cargo de directora vicepresidente propietaria en los años de 2021 y 2022. 

Castro y Rodríguez han pertenecido al círculo de confianza de Bukele desde que el ahora presidente fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, en el periodo 2012-2015. Castro fungió como secretario y asesor del alcalde, un cargo que repitió en la alcaldía de San Salvador y después, como secretario privado, en la presidencia de la República.  

Rodríguez de Guevara es la mujer con más poder en el Gobierno de Bukele y trabajó con él como gerente financiera desde que este asumió como alcalde en Nuevo Cuscatlán. Ha ostentado numerosos cargos de confianza, como gerente financiera de la Presidencia. Además de ser coordinadora de las millonarias becas Fantel, ha sido la secretaria privada de la Presidencia, y ha estado a la cabeza de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). También ha cuidado las empresas del presidente y ha tenido a su cargo la custodia de las finanzas de Nuevas Ideas. 

La CICIES señaló la contratación directa ordenada por Mena. Una entrevista con la administradora del Hospital El Salvador, efectuada el 25 de mayo de 2020, y dos cartas de otros proveedores dirigidas al entonces subsecretario de Innovación, confirman su participación en la adjudicación, a pesar de que no existía un convenio formal para hacerlo. 

Vladimir Hándal (izq.), exsecretario de Innovación, junto a Nayib Bukele y el exsubsecretario de Innovación, Fabrizio Mena. Foto: X

Mena, quien recomendó a la empresa contratada, trabajó como jefe de soporte técnico, infraestructura y telecomunicaciones en la alcaldía de San Salvador en el período 2015-2018 durante la gestión de Bukele como alcalde capitalino. Mena dejó la subsecretaría en 2022 sin dar explicaciones, según su perfil público. La Presidencia tampoco explicó su salida.

La Comisión contra la Impunidad cuestionó que cuando COATL SA de CV recibió el contrato estaba integrada por dos personas que estuvieron en la administración de Bukele en la alcaldía de San Salvador en el período 2015 y 2018. El exconcejal Edwin Núñez, y el austríaco Uwe Christian Martinz, quien ha sido el representante legal de la sociedad del Nuevo Sistema de Mercados, un proyecto creado por esa administración municipal, fueron señalados en la auditoría de la CICIES por sus vínculos con COATL.  

Factum llamó al teléfono celular de Núñez, pero cuando la periodista se identificó, dijo que estaba en una reunión y colgó la llamada. Después se consultó a través de su WhatsApp y desde otro teléfono, pero bloqueó el número.

Edwin Núñez, presidente de Etesal y directivo de COATL, junto al presidente Nayib Bukele. Foto: X

Martinz y Núñez se conocen bien, pues ambos han tenido participación en la sociedad de economía mixta Nuevo Sistema de Mercados, inscrita en el Registro de Comercio el 4 de octubre de 2016, como representante legal y directivo, respectivamente. 

Se enviaron mensajes a la cuenta de Facebook e Instagram de Martinz, pero tampoco respondió.

COATL SA de CV es una empresa de telecomunicaciones que se publicita por sus servicios de colocación de fibras ópticas. Sus finanzas crecieron exponencialmente desde su origen en 2017, según la información disponible en el Centro Nacional de Registros (CNR). Inició con un capital de $50,000, pero para 2019 su patrimonio incrementó a $4.9 millones. En 2020, durante la pandemia, los números se dispararon hasta alcanzar los $34.3 millones. En 2021, alcanzó los $35.4 millones.

Factum visitó la oficina de COATL, ubicada en la Colonia Escalón, y entregó una carta para preguntar por qué participan en procesos de compras públicas a pesar de que en la junta directiva ha habido funcionarios públicos; también para preguntar cómo se enteraron del proceso de compra para el Hospital El Salvador en 2020 y cuál es su postura respecto al hallazgo de la CICIES sobre la venta con sobreprecio. Esta revista envió a la empresa un correo electrónico con las mismas preguntas, pero no hubo respuesta. 

Desde 2018 hasta 2022, durante los años de mayor crecimiento financiero, COATL  estuvo encabezada por Uwe Christian Martinz, un licenciado en comercio internacional, que fungió como director presidente propietario. Su presencia ha estado desde el origen de la sociedad, el 15 de noviembre de 2017, cuando participó como accionista y representante legal de la sociedad Blue Comm, S.A. de C.V. Esta empresa, que se dedica a servicios de telecomunicaciones, tuvo el 60% de las acciones de COATL, lo que representó $14 millones, según documentos de 2021 consultados por Factum. 

En la última actualización de la junta directiva de COATL en 2023, Martinz tiene el cargo de primer director suplente. 

El otro 40% de las acciones es de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal, S.A. de C.V.), que en 2021 representaba un total de $9.3 millones. Etesal es la empresa encargada de transportar la energía eléctrica en el país y está representada como su presidente por el exconcejal de Bukele, Edwin Núñez. Su participación en COATL comenzó el 9 de diciembre de 2019. 

Núñez fue el director presidente propietario de COATL hasta marzo de 2023.  

Otra persona que pasó por la junta directiva de COATL fue Tanya Elizabeth Cortez Ruiz, quien fue directora ejecutiva del Centro Nacional de Registros de 2019 a 2021, y es la directora Propietaria por el Sector Patronal del Fondo Social para la Vivienda (FSV) desde 2019. Está registrada en una de las juntas directivas de COATL como primera directora suplente, junto a Ernesto Castro. 

Cortez también ha sido apoderada de Plan B, una empresa dedicada a servicios de publicidad, favorecida con contratos para el Estado y donde el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara participó como fundador según una investigación de Focos.

Esta revista también llamó a Cortez a su oficina en el FSV, la asistente anotó el número de la periodista para gestionar la solicitud y devolver la llamada, pero hasta la publicación de esta nota, no lo hizo. Factum también mandó un correo electrónico al despacho del MOP para hablar del caso, pero tampoco hubo respuesta. 

Con sobreprecio de 500%

Fachada de Coatl, empresa que vendió a sobreprecio el sistema de fibra óptica para Hospital El Salvador, durante la pandemia por Covid 19. Foto FACTUM/Gerson Nájera

La auditoría de la CICIES encontró otras cuatro irregularidades entre técnicas y financieras. La comisión cotizó en dos almacenes y determinó que COATL vendió con sobreprecio de hasta 500% en los suministros e instalación de materiales proporcionados, que equivale a haber pagado $137,864 más. 

“El equipo CICIES procedió a desarrollar un análisis de precios unitarios de algunos rubros aleatorios y relevantes. Es de destacar que algunas partidas clave presentan sobreprecio en el costo unitario de hasta de más de 500%”, enfatizó la CICIES. 

Por ejemplo en el cableado del Hospital El Salvador, un tubo metálico que sirve para cubrir cables y alambres fue cobrado a $10.34 el metro lineal, cuando su precio en el mercado es de $2. En total, en 6,842 metros lineales de ese material ocupados en la edificación el sobreprecio ascendió a $57,062.28. 

Los 726 puntos de red para datos y wifi, por su parte, fueron vendidos por COATL a un precio unitario de $155.46, cuando en el mercado local en 2020 tenía un costo individual de $35. Lo anterior generó un sobrecosto de $87,453.96.

La misma historia se repitió en los 204 puntos de red certificados para monitores y ventiladores en UCI para 102 camas: COATL los vendió a $93.28 cada uno y la CICIES los cotizó a $35. Esa diferencia le costó a los salvadoreños $11,889.12 más de sus impuestos. 

La instalación de la fibra óptica para el hospital también fue vendida por el proveedor a un mayor precio: $254,930.91. En un sondeo de mercado, la CICIES encontró ese mismo producto en $160,636.14. 

Otro aspecto que llamó la atención de los auditores es que COATL comenzó a trabajar días antes de que le otorgaran el contrato. La orden de compra estableció el 17 de mayo de 2020 como fecha de inicio de los trabajos; sin embargo, en la visita técnica que la CICIES efectuó el 19 de mayo de 2020, los auditores identificaron que el proyecto tenía un avance considerable. Los auditores anexaron fotografías al informe para documentarlo. 

Hospital El Salvador, 2024. Foto Factum/Gerson Nájera

Los términos de referencia del proyecto establecieron una conexión de fibra óptica entre el Hospital El Salvador con un centro de llamadas ubicado en el Museo Nacional de Antropología y otro en un centro de control en las proximidades de Casa Presidencial. La CICIES concluyó que no se identificó una justificación razonable para que el sistema de datos estuviera conectado entre esos lugares. 

La falta de comprobación de la capacidad técnica y financiera del proveedor también fue destacado en el aviso  entregado a la Fiscalía. “El proveedor adjudicado no posee referencias documentadas y no se ha identificado experiencia de equipamiento o servicios similares en el país o en la región”, concluyeron los auditores de la CICIES. 

La falta de los estados financieros de COATL en el expediente de compra también levantó sospechas en la CICIES, pues dejó en duda el soporte financiero de la empresa para poder ejecutar el proyecto tecnológico de alto costo.

Caso 2: Las dudas sobre Diario El Salvador

Una persona sostiene un ejemplar de Diario El Salvador. Foto Factum/Gerson Nájera

Después de un análisis del uso de fondos públicos, la CICIES giró otro aviso a la Fiscalía para que investigara el origen de los fondos con los que se financia Diario El Salvador (DES) y Noticiero El Salvador, dos de los instrumentos de propaganda oficial del gobierno salvadoreño. La Comisión contra la Impunidad enfatizó que los fondos públicos no pueden ser ocupados para financiar sociedades o empresas privadas, como es el caso del DES.

Para hacer ese aviso, la CICIES citó el artículo 22 de la Ley de Presupuestos que dice textualmente que “no se podrán utilizar recursos públicos, incluidos los de las instituciones autónomas, para financiar directa o indirectamente, operaciones de sociedades, empresas o entidades, que no correspondan a las funciones o giro que por disposición legal expresa, les compete”.

Según el análisis de la CICIES, al incumplir esa disposición, el Gobierno podía estar incurriendo en una responsabilidad patrimonial. “Las instituciones de Gobierno, si quieren pagar a una empresa privada, tienen que modificar la Ley de Presupuesto”, dijo la CICIES. 

En lo que respecta al funcionamiento de Canal 10, la CICIES señaló que el Ministerio de Cultura modificó las partidas presupuestarias de su presupuesto para trasladarlas al canal gubernamental. “(El) Ministerio de Cultura (para que) haga modificaciones de su presupuesto para trasladar a otro ministerio o autónoma necesita decreto legislativo”, escribió la CICIES. 

La CICIES reforzó su aviso basándose en la resolución 15-2011AC de la Sala de lo Constitucional del 4 de noviembre de 2011, en lo relativo a la petición de inconstitucionalidad de la transferencia de fondos entre instituciones con patrimonios separados. En esa resolución fue declarada la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto 2011 por violar el artículo 86 de la Constitución, pues estableció que los ministros no tienen habilitación para hacer transferencias de recursos entre diferentes instituciones del Ejecutivo sin autorización de la Asamblea Legislativa. 

Diario El Salvador fue constituido como empresa bajo el nombre de El Diario Nacional, S.A. de C.V. (EDN, S.A. de C.V.), el 4 de marzo de 2020 y su inscripción quedó establecida cinco días después, el 9 de marzo de 2020.

Desde esa fecha, su junta directiva no ha variado. Su representante legal continúa siendo Clarissa Araujo Wimmers, quien ya había tenido cargos directivos en las empresas Inversiones Santa Bárbara y Perforadora Santa Bárbara, esta última la accionista principal de EDN. Según el acta de constitución de EDN, o Diario El Salvador, Perforadora Santa Bárbara es la propietaria del 99% de las acciones de la compañía y es una de las empresas de La Geo, propiedad de Grupo CEL, la institución que controla la venta de energía eléctrica en El Salvador.

Una publicación de Factum reveló que al haber sido fundado como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, el periódico oficialista quedó fuera del radar de instituciones que fiscalizan el uso de fondos públicos como la Corte de Cuentas. 

La empresa EDN, S.A. de C.V. no ha presentado ningún balance comercial desde el año 2020, cuando el periódico comenzó a circular en el país, más allá del balance inicial, donde consta que la compañía fue constituida con $2,000. 

El último documento presentado ante el Registro de Comercio fue una pequeña modificación en el asiento de la empresa, sobre la dirección consignada como su sede. El documento tiene fecha del 25 de mayo de 2021. Una semana antes, su junta directiva solicitó la renovación de la matrícula de la empresa ante el Registro de Comercio. Anexo a la solicitud, constaba un balance financiero con algunos datos extra: en un año, Diario El Salvador ya declaraba activos por $2.1 millones. Casi la totalidad de esos fondos, $1.9 millones, correspondía a los fondos de una deuda.

Hasta la fecha, el Registro de Comercio no había admitido la designación de los auditores fiscales externos contratados por Diario El Salvador, por la falta de actualización de su matrícula. La compañía designada para ejercer las labores de auditoría fiscal tienen como representante legal a Otto Karim Guzmán Barrera, actual director presidente del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, quien en el pasado se vio envuelto en un caso judicial ambiental por el desvío de un río.

Se buscó a Guzmán Barrera y a la representante legal de El Diario Nacional, S.A.  de C.V., Clarissa Araujo, para preguntarles su postura sobre el aviso que hizo la CICIES, pero no hubo respuesta. 

Caso 3: Dos desembolsos de $495 mil para una ciudadana checa

Dos estudiantes usan mascarillas plásticas para protegerse del contagio del coronavirus, el 6 de abril de 2021. Foto Archivo Factum/ Salvador Meléndez

La exministra de Salud, Ana Orellana, y la directora del Seguro Social, Mónica Ayala, fueron investigadas por la CICIES por una compra de $990,000 en mascarillas quirúrgicas procedentes de China, en marzo de 2020. La adjudicación fue hecha a la empresa Shanghai Beyond Import and export CO LTD, que se dedica a vender condones y peluches en máquinas dispensadoras. 

La Comisión cuestionó la entrega de un anticipo por $495,000 a la intermediaria del contrato: Jana Nemcova, una mujer de República Checa, de 31 años, quien nunca presentó un poder legal que la acreditara para representar los intereses de la compañía china. En otras palabras, el Gobierno le pagó por un producto a una desconocida.

Fue un negocio visionario.  El 23 de enero de 2020, dos meses antes de que fuera declarada la cuarentena en El Salvador, y cuando el virus acaparaba la atención mundial, Nemcova entró al país procedente de Alemania y salió rumbo a ese mismo país el 18 de febrero de 2020, según consta en la investigación hecha por CICIES. Después de esa visita, los empleados de Gobierno únicamente supieron de ella por la comunicación que tenían a través de correos electrónicos en su cuenta personal ja.ne@icloud.com.

A pesar de no tener las credenciales, Nemcova cambió los términos de contrato en lo que respecta a la forma de entrega de la primera parte de la compra (1.5 millones de mascarillas), que pasó de aérea a marítima, y cedió la continuidad del contrato a Lasca Desing, una empresa estadounidense importadora de cerámica. La CICIES no encontró los documentos que comprobaran que lo que restaba del pedido (1.5 millones de mascarillas) fuera entregado al Ministerio de Salud.

De lo que sí existe evidencia es de las dos notas de abono que hicieron el Ministerio de Salud y el Seguro Social a la compañía china el 30 de marzo de 2020 por $495,000 cada una. Después de ese desembolso, la entrega de las mascarillas se efectuaría el 20 de abril de 2020. Sin embargo, el único lote de mascarillas del que existe evidencia de entrega llegó al puerto de Acajutla el 28 de mayo de 2020.  

En el expediente de compra no fueron archivados los correos electrónicos de cotizaciones o cartas que indiquen la manera en que el proveedor se enteró de la necesidad de las mascarillas, según la CICIES.

“La nota de información de no poder seguir con el cumplimiento de la Orden de Compra No. 104/2020, solamente está firmada por Jana Nencova, no tiene nombre de la persona que la remite, no tiene fecha de emisión, no tiene sello de la empresa adjudicada, no se encontró correo de envío. Finalmente, esta nota no fue enviada por el representante legal de la empresa Shanghai Beyond Export Import Co.”, escribió la CICIES en la auditoría efectuada al Ministerio de Salud. 

La solicitud de mascarillas fue elaborada por la coordinadora nacional de Hospitales, Karla Marina Díaz,  y la orden de compra fue firmada por la exministra de salud Ana Orellana Bendek, según consignó la CICIES. Además, los auditores comprobaron que el proveedor no tenía idoneidad para suministrar el insumo, no hubo sondeo de mercado que permitiera encontrar un producto a un mejor precio y no se encontró la ficha de especificaciones técnicas para la compra de mascarillas quirúrgicas que fueron entregadas al personal de salud de distintos hospitales. 

Se le mandó un correo electrónico a Jana Nemcova, pero no pudo ser localizada. 

La CICIES no era la única que investigaba irregularidades en las compras gubernamentales. Meses antes de que la Comisión presentara sus 12 avisos, la Fiscalía de Raúl Melara investigaba por su cuenta a varias instituciones del Ejecutivo. El 9 de noviembre de 2020, un grupo de fiscales realizaron un allanamiento en distintas dependencias del Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Fonaes y ANDA por irregularidades en procesos de compra efectuados en lo más crítico de la pandemia por coronavirus. Horas después de empujones protagonizados por Policías, la Fiscalía escribió en su cuenta de X que “a pesar de cualquier obstáculo, la @FGR_SV continuará cumpliendo con lo que nos manda la Constitución de la República: defender los Intereses de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y dirigir la investigación del delito”.

El excomisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta (izquierda), junto al entonces fiscal general, Raúl Melara, durante el anuncio de la FGR sobre el acuerdo de cooperación entre ambas instituciones, el 9 de diciembre de 2019. Foto Archivo Factum/ Salvador Meléndez

En mayo de 2021, cuando Nuevas Ideas consiguió la mayoría legislativa tras las elecciones de febrero de ese año, la Asamblea Legislativa removió de forma abrupta al exfiscal general que dirigía esas investigaciones. El partido de Bukele puso en su lugar a Rodolfo Delgado, un aliado del oficialismo, cuya primera decisión fue anunciar la revisión del acuerdo con la OEA. 

Factum envió mensajes al celular de Delgado para preguntarle por los avisos que dejó la CICIES,  pero el fiscal general no contestó. También se le consultó a la secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, y al secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, pero ellos tampoco contestaron a las gestiones de esta revista.

La CICIES, según su acuerdo de creación, buscaba fortalecer las instituciones, como la Fiscalía y la Policía, para cuidar el patrimonio de la ciudadanía y pretendía copiar el modelo de comisión contra la corrupción que habían funcionado en Guatemala y Honduras. 

David Gaitán fue mandatario judicial de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que también fue disuelto de forma abrupta en ese país y muchos de cuyos miembros debieron salir al exilio tras una férrea persecución judicial. Según Gaitán, los dos elementos fundamentales para que una entidad de este tipo funcione son “el compromiso político de apoyar a estos órganos independientes, pero además se tiene que tener la conciencia limpia y tranquila de que las investigaciones no van a arrojar actos de corrupción de ese gobierno que apoya estas iniciativas”. 

Para el investigador guatemalteco, el panorama ideal es que las investigaciones pendientes de este tipo de organismos deben finalizarse, debido a que “el sistema de justicia no puede depender todo el tiempo de estas instituciones: el mandato es temporal”. Por ello, enfatiza, son los ministerios públicos locales los que deben retomar las pesquisas.

Después de sepultar una de sus promesas de campaña más icónicas, Bukele volvió a revivir su discurso anticorrupción el 1 de junio de  2023, al cumplir cuatro años de Gobierno. Ese día anunció la construcción de una cárcel para corruptos. En señal abierta, les dijo a sus ministros que el fiscal Rodolfo Delgado los investigaría. 

Volvió a repetir el mismo discurso meses después: “Yo no voy a ser el Presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones”, dijo en una cadena nacional más reciente, el 28 de noviembre de 2023, cuando ya se había inscrito como candidato ilegal a la reelección. A la fecha, ningún funcionario de su Gobierno ha sido llevado a los tribunales por indicios de corrupción.