La DOM expropió un inmueble en el cantón El Mozote, lugar de la mayor masacre de Latinoamérica, para la construcción de una planta de tratamiento de aguas. Lo que la DOM no ha explicado es la pretensión gubernamental de intervenir un área más grande de lo que han llamado “Ciudad Transformada El Mozote”. El Gobierno también compró dos propiedades más en la zona.
Ilustración: Mariana Matal
El día que J buscó arreglar una herencia y poner a su nombre – y a nombre de sus hermanos – la propiedad que su papá les heredó después de morir, se dio cuenta de que no podía hacerlo. Alguien se le había adelantado. El terreno, ubicado en el caserío El Mozote, cantón La Guacamaya, del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, tenía una anotación preventiva judicial: no podía ser vendido, transferido, ni donado, a solicitud de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
El 29 de junio de 2022, la Fiscalía General de la República demandó a J ante el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, en Morazán, para que se declarara el dominio eminente a favor de la DOM. Es decir, para que la institución fuera declarada como nueva propietaria del inmueble. Según la demanda, desde la DOM ya se había intentado negociar la venta de la propiedad, pero su dueño se había negado.
Alejandro Díaz y Ovidio Mauricio, miembros de la organización Tutela Legal, aseguran que es falso que el expropietario haya sido debidamente contactado. La organización ha ejercido como querellante dentro del proceso llevado contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) por la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 y que se constituyó en una de las matanzas más extensas perpetradas por miembros del Estado en contra la población civil. J es hijo de una víctima de ese hecho, según Díaz y Mauricio, y, por lo tanto, amparado por la sentencia de la Corte IDH.
La expropiación del terreno de J ha sido justificada por la DOM como parte del cumplimiento de esa resolución, ya que, según los documentos judiciales, planean construir una planta de tratamiento de aguas. Lo que la DOM no ha admitido, ni el Gobierno salvadoreño ha dicho públicamente, es que en realidad se pretende la construcción de un proyecto más grande bajo el nombre de “Ciudad Transformada El Mozote”, para el que ya adquirieron dos propiedades más siguiendo el patrón de otros megaproyectos en el país: poca o nula consulta pública, falta de transparencia en el financiamiento y contrataciones, vaguedad en su justificación y, en ocasiones, el despojo de propiedades; como ha ocurrido en la carretera de Surf City 2, el Aeropuerto Internacional del Pacífico y el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En diciembre de 2012, la Corte IDH condenó al Estado salvadoreño por violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la propiedad privada. También lo declaró responsable de violar la prohibición de tortura y otros tratos crueles, violación del derecho a la libertad de circulación, entre otros. En su sentencia, la Corte Interamericana estableció una serie de puntos que el Estado salvadoreño sigue sin cumplir en su totalidad.
Algunas de las disposiciones de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño eran identificar y juzgar a todos los responsables de la masacre que implicó más de 900 víctimas mortales y cientos de víctimas más afectadas, entre familiares y sobrevivientes; identificar posibles lugares de inhumación, programas de desarrollo y de atención integral a los habitantes de las comunidades afectadas, indemnizaciones y garantía de las condiciones para el retorno de desplazados por la violencia.
Revista Factum tuvo acceso al expediente judicial del caso contra J. En él se encuentran detalles de lo que la DOM ha planteado como parte del proyecto “Ciudad Transformada El Mozote”. En uno de los documentos anexos, la declaratoria de utilidad pública que debe preceder a cualquier proyecto para aplicar la Ley de Dominio Eminente de la DOM que posibilita la expropiación, se detalla literalmente que: “El sub-ejecutivo de la DOM, Ricardo Zepeda, presenta para su aprobación Planta para Tratamiento de Aguas Residuales, caserío El Mozote, Meanguera Morazán, expresa que el mismo forma parte del proyecto denominado CIUDAD TRANSFORMADA EL MOZOTE, ubicado en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán que mejorará la vida de los habitantes del lugar, convirtiéndose en un ejemplo de justicia y dignificación a efecto de reparar los daños causados a las familias de las víctimas de la masacre de el caserío El Mozote.”
Otros documentos dentro del mismo expediente judicial dan el listado completo que conformará el proyecto: rehabilitación de la Plaza Memorial, construcción de la Policía Comunitaria, salón de usos múltiples parroquial, construcción de Centro de Atención Geriátrica y Club de Retiro para personas adultas mayores, construcción de Polideportivo municipal, mejoras urbanas de pavimentación y conexión terrestre con otros caseríos; y la construcción de “un área gastronómica y de artesanías para emprendedores locales, CUBO y anfiteatro”.
Según el mismo documento, tales construcciones están planificadas para abarcar unos 36,987 metros cuadrados del caserío, el equivalente a poco más de 5 manzanas de tierras.
Díaz critica no solo la manera en cómo la DOM realizó el proceso, presentando la demanda sin haber negociado con profundidad el precio del terreno expropiado a J. Cuestiona, además, que aunque esté planteado como una forma de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, esto no es así.
“La sentencia dice que se debe garantizar el retorno de los desplazados, eso no lo están tomando en cuenta”, valoró. Según Tutela Legal, J migró hacia Estados Unidos y estaba planificando su regreso al país, en el terreno heredado por su padre a él y sus hermanos.
Tutela Legal también cuestionó que mientras la construcción del megaproyecto ha venido a pasos acelerados, el proceso judicial en contra los acusados de la masacre se ha estancado. Meses atrás, David Morales, abogado querellante del caso, afirmó que el cambio de juez en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera congeló las diligencias judiciales.
Díaz explicó que, hasta la fecha, ni siquiera hay certeza clara de todos los sitios de inhumación de las cientos de víctimas de la masacre perpetrada por el Ejército salvadoreño.
Revista Factum consultó a un abogado especialista en derecho civil, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, sobre cómo fue llevado a cabo la expropiación en contra de J. Según el abogado, hasta el momento no podría alegarse el riesgo de perjudicar sitios de inhumación. “Primero, la fiscalía tiene que determinar dónde están todos esos lugares”, explicó, pero como ya se mencionó, el proceso judicial no ha tenido avances significativos en los últimos meses.
El Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera realizó una “audiencia única”, a través de un proceso abreviado, para otorgar la porción del terreno de J a la DOM, el pasado 23 de enero de 2023. El terreno de J tenía un área de 17,500 metros cuadrados, al que se le segregaron poco más de 12 mil metros cuadrados (18,439.50 varas cuadradas), que eran la porción de interés de la DOM.
Un primer avalúo realizado por Valuaciones Profesionales Portillo, la empresa contratada por la DOM, S.A. de C.V. (Vappor), fijó el precio de la propiedad en $181,583.94, a razón de $8 por vara cuadrada, en abril de 2022.
Durante la audiencia, la defensa de J planteó que, posterior a la fecha del primer avalúo, la familia propietaria construyó una vivienda y pagó el ingreso de tuberías que no estaban siendo tomados en cuenta. Es por ello que un segundo avalúo valoró la propiedad en $837,554 pero, según la defensa, los propietarios estaban dispuestos a recibir $500,000.
Según la Ley de Dominio Eminente de la DOM, un propietario de un inmueble solo puede apelar a una decisión judicial respecto al dinero recibido como indemnización, no respecto a conservar la propiedad.
Díaz, de Tutela Legal, explicó que J al final de la audiencia recibió un cheque por $200,000. “Ni siquiera lo ha cobrado, porque él no quería vender la propiedad”. La inconformidad de ser despojado de su legítima propiedad llevó a que J y Tutela Legal buscaran otros caminos para evitar la entrega.
Una demanda ante el Juzgado Ambiental de San Miguel mantiene detenida la inscripción definitiva de la propiedad a nombre de la DOM, al menos hasta octubre de 2023. Según Díaz, la planta de tratamiento de aguas residuales empezó a ser construida sin haber cumplido siquiera disposiciones ambientales, como contar con un permiso.
Pero la propiedad de J no es la única a la que la DOM le ha echado mano para el proyecto de “Ciudad Transformada El Mozote”. Otras ya fueron compradas.
Un estándar difuso o inexistente
Vappor S.A. de C.V. también fue la empresa encargada de hacer el avalúo de otros dos inmuebles que también serán utilizados para el proyecto Ciudad Transformada El Mozote. Según un acta de consejo de la DOM del 25 de febrero de 2022, en esa fecha fue aprobada la compra de uno de los inmuebles por $40,267.29, cifra del valúo realizado por Vappor. La propiedad es de una extensión de 2,680.24 metros cuadrados, equivalentes a 3,834.88 varas cuadradas, y el precio por vara cuadrada resultante es de $10.50.
Según datos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR), la compraventa se realizó el 14 de marzo de 2022, tres semanas después del acuerdo del consejo de la DOM.
En la misma acta, los directivos de la DOM plantearon que el propietario del otro inmueble se negó a vender su propiedad por el precio que la institución le ofreció. El documento añade que el propietario haría su propio valúo. La propiedad, mucho más pequeña que la de J y la otra adquirida, revestía una importancia clave: está destinada a ser el lugar del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, o mejor conocidos como CUBO, una de los proyectos clave del gobierno de Nayib Bukele y publicitado como estrategia fundamental dentro de su plan de seguridad. El inmueble, según el acta, es de 26.12 metros cuadrados.
Aunque la DOM sí adquirió un segundo inmueble en El Mozote no es claro si se trata del mismo que su propietario decidió no vender en febrero de 2022. Según los documentos de compraventa, el inmueble fue vendido por su propietario el 14 de octubre de 2022 por $30,885.29. La extensión del terreno es de 145.96 metros cuadrados, equivalentes a 208.83 varas cuadradas. Es decir que la DOM pagó $147.89 por vara cuadrada.
El precio es similar al que puede encontrarse en zonas urbanas de altos ingresos, como lo demuestra un anuncio publicado en la red social Facebook en diciembre de 2022, que ofertaba un terreno en las cercanías de la avenida Masferrer, en el municipio y departamento de San Salvador, por un precio de $160 por vara cuadrada. A la vez, lo pagado se queda lejano a los $0.80 por vara cuadrada que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y CEPA están ofreciendo a los agricultores del cantón Loma Larga, del municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión, donde está proyectado construirse el Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Revista Factum solicitó una entrevista con la DOM para conocer más detalles sobre el proyecto, pero no contestaron la petición.
Los abogados de Tutela Legal han criticado el planteamiento del megaproyecto. Según ellos, el enfoque pareciera volcado más hacia el turismo que a realzar un sitio memorial.
Una plancha de concreto amenaza, según ellos, la memoria de las más de 900 víctimas de la masacre de El Mozote, ejecutada por el Batallón Atlacatl en diciembre de 1981.
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