El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) ha financiado tres estudios técnicos relacionados al transporte público. En uno de estos proyectos, el Estado ya prevé desplazamiento de comunidades. Mientras, los transportistas del sector público advierten una crisis: señalan que debido a la situación actual del país ven más cerca una paralización del servicio urbano.
El Gobierno salvadoreño ha pagado desde el año 2021 tres estudios para determinar la factibilidad de un nuevo sistema de transporte público para el área metropolitana de San Salvador, por un total de $36 millones, que incluye un metro de al menos tres líneas, un metrocable y un proyecto de sistema de interurbano.
En 2020, el Ministerio de Hacienda autorizó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) a iniciar un trámite de financiamiento con el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). Un año después, inició el estudio de factibilidad para el proyecto “Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador”.
La extensión del proyecto se divide en diferentes puntos: desde Las Delicias en Santa Tecla hasta el kilómetro 3 de la carretera de Sonsonate, con 7.8 kilómetros; desde el Aeropuerto de Ilopango hasta San Martín, con 7.4 kilómetros; otra línea adicional en San Marcos, que conectaría con Apopa; una línea periferia de la zona central de San Salvador con Mejicanos, Antiguo Cuscatlán, Paseo General Escalón y Avenida Jerusalén; un metrocable desde la Terminal del Sur a San Marcos y Los Planes de Renderos; otra línea de metrocable que conecte Escalón Norte y Plaza Masferrer con los caseríos de la Calle al volcán de San Salvador. La longitud total de la línea de metro está considerada en poco más de 91 kilómetros, según un acta del FOSEP, de julio de 2021.
La empresa contratada para desarrollar el estudio fue la española Intecsa – Inarsa S.A, sucursal El Salvador. Según el acta CDF-29/2021 del FSOSEP, el MOPT solicitó la ampliación del costo del estudio de $8,491,697.61 a $26,274,718.41, debido a que agregó una línea más de metro al proyecto.
La sucursal de Intecsa – Inarsa fue inscrita en julio de 2020 en el país, según datos del Registro de Comercio.
En primer lugar, el FOSEP rechazó la solicitud del MOPT sobre el aumento de los costos y la modificación del contrato, pero después lo aceptó con la justificación de recibir el mandato desde la Presidencia de la República, por considerar el estudio de alta prioridad para brindar a corto plazo un sistema de transporte integral en el área metropolitana de San Salvador.
El FOSEP aprobó la ampliación del contrato durante la sesión de Consejo Directivo el 30 de septiembre de 2021 y estipuló varias cláusulas a cumplir, entre ellas un “plan de acción de reasentamientos estratégico” y de adquisición de derechos de vía. “Programación para la implementación total del PAR-DDV, que debe incluir la Ejecución de Reasentamientos, que si bien no forman parte de los alcances del Consultor, su finalización permitirá liberar el derecho de vía para la ejecución del proyecto”, detalla el documento.
La estrategia es similar a la que el Estado salvadoreño ha venido empleando en diversos megaproyectos como la carretera entre las playas El Cuco y Punta Mango, denominada como Surf City II; el Aeropuerto del Pacífico; el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el proyecto Ciudad Transformada El Mozote. En todos estos proyectos, el Gobierno se ha apropiado de decenas de inmuebles de habitantes de comunidades vulnerables a través de la compra directa, expropiación y donación forzada.
Aunque el MOPT ingresó el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) desde el año 2020, el proyecto aún no tiene ningún documento anexo, como resoluciones o estudio de impacto ambiental. En su descripción se especifica que el proyecto incluirá una veintena de trenes de seis vagones cada uno, para recorrer una ruta desde Las Delicias (Santa Tecla) hasta el Aeropuerto de Ilopango.
Los otros dos contratos ejecutados por el FOSEP son el “Estudio de Tránsito en la red vial nacional urbana e interurbana”, a un costo de $4.8 millones de dólares y adjudicado a la empresa mexicana Cal y Mayor y Asociados, SC, con sucursal inscrita en el país desde 2006; y el estudio “Actualización del Sistema de Gestión de la red vial nacional”, por un costo de $3.3 millones y adjudicado al consorcio chileno Servicios Especializados Ingeniería Vial, S.A. (Gauss) y Equipos de Auscultación, S.A. (Index), con sucursal inscrita desde el año 2015.
En julio de 2023, el FOSEP aprobó aumentar por $1.6 millones el monto del contrato a Cal y Mayor Asociados, debido a que estos rindieron un informe en el que planteaban la necesidad de aumentar las estaciones de monitoreo para obtener datos más fiables.
Transportistas dicen estar en la quiebra
Un empresario de transporte recibe el informe de uno de sus conductores la mañana del 17 de noviembre: al autobús, en el horario matutino, no le fue bien. En vez de obtener ganancias, el viaje le ha dejado pérdidas, según le explica el motorista. “El sector transporte tiene una quiebra técnica”, señaló ese día el transportista, quien pidió mantener el anonimato.
Otros transportistas afirman lo mismo: dicen que los costos de operación los están agobiando. A algunos, incluso, el Banco Hipotecario ya les ha quitado unidades de transporte pues, según ellos, no tienen manera de continuar pagando.
El parque vehicular de servicio urbano ha ido en descenso. De acuerdo con cifras del Registro Público de Vehículos Automotores, publicadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta octubre de 2023 se contabilizaban 6,692 autobuses y 3,333 microbuses. “Desde 2021 hemos perdido 479 unidades”, dijo recientemente Lucio Vásquez, representante de la Mesa Nacional del Transporte, en una entrevista televisiva. También afirmó que le han dicho al Gobierno que están en una crisis económica.
“Este proyecto, si se llega a dar, definitivamente será manejado por una empresa privada o el Gobierno; no los transportistas”, declaró el empresario de transporte que habló con Factum.
Salvador Chacón, presidente de la comisión Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea, se presentó al Primer Foro Nacional de Transporte Público Colectivo el 21 de noviembre y mencionó que el sector fue olvidado en gestiones anteriores. “Soy consciente que como Gobierno se va a tratar de puntualizar o focalizar cada problema y a la vez darle una solución definitiva en cuanto al tema del transporte”, dijo. Cuando le preguntaron por el nuevo sistema de transporte masivo de pasajeros aseguró que es un proyecto que maneja el Viceministerio de Transporte (VMT), pero que espera que puedan sentarse en el futuro la comisión, el Ejecutivo y la Mesa Nacional de Transporte.
Romero Herrera, ministro de Obras Públicas, mencionó el 15 de enero de 2021 que espera que con este proyecto se pueda brindar una solución técnica, “que resuelva los problemas principales del área metropolitana de San Salvador, porque sabemos que no es ampliando carreteras, ni construyendo nuevas carreteras, ni construyendo más pasos a desnivel con el cual vamos a solucionar el problema del tráfico vehicular”, mencionó.
Esta revista solicitó una declaración más amplia al diputado Chacón, pero no atendió la petición. El pasado 22 de noviembre, también se solicitó una entrevista con el viceministro de Transporte Nelson Eduardo Reyes Rivas, pero tampoco hubo respuesta.
“Estamos en el limbo”, dijo, por su parte, Luis Regalado, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, frente a la interrogante de qué pasará con el sistema de transporte actual en San Salvador. A pesar de que a los transportistas les han hablado del nuevo sistema urbano comentan que en realidad hay mucha incertidumbre. Se preguntan en cuál parte del proyecto podrán ser tomados en cuenta.
“Esto es una posición política. Lastimosamente, el transporte, aunque no quiera verse involucrado, lo involucran en el tema político de país de acuerdo a la conveniencia y a la necesidad de cada gobierno en turno”, recalcó Regalado.
El 66% de la población de San Salvador viaja en bus o microbús, según la Encuesta de Calidad de Vida 2022, San Salvador de El Salvador Cómo vamos. O sea, 60 de cada 100 hombres y 70 de cada 100 mujeres usan el sistema público como principal medio de transporte.
La economista e investigadora Iliana Álvarez señala que hay dos factores que influyen en relación a la calidad y el costo del transporte público: uno de ellos es que los ingresos del sector no son suficientes; y el segundo es que no existe una fiscalización de parte del Gobierno para que se cumplan normativas como la Ley de Protección al Consumidor y el Código de Trabajo.
“Normalmente, el tema del transporte público suele estar en agenda por dos factores: el primero es cuando el Gobierno deja de pagar el subsidio y el segundo cuando se disparan los precios del petróleo a nivel internacional, que dispara el precio del combustible a nivel nacional”, dijo, y señaló que es preocupante la reciente postura técnica de la Mesa Nacional de Transporte por a la crisis de ingresos.
El costo por el uso de las unidades de transporte no ha variado por 20 años, según directivos de la Mesa Nacional de Transporte. El subsidio que reciben está atrasado entre seis y ocho meses, según ellos. En febrero de 2023, representantes del MOPT dijeron en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que no habían asignado en su presupuesto de funcionamiento los fondos para pagar el subsidio al transporte público. Es decir, omitieron la compensación para los transportistas.
“Si el sistema de transporte cambia no creo que lo operen con las tarifas que tenemos actualmente. Si el sistema actual se moderniza, por sencillo que sea, esa utilización de servicio es diferente”, dijo Regalado.
La Asamblea Legislativa les dio un ultimátum a los transportistas, desde junio de 2023, para renovar sus unidades. El objetivo es cambiar los autobuses que sobrepasen los 20 años de antigüedad. A finales de este año deben reemplazar las primeras 800 unidades. Lucio Vásquez teme un mayor declive en la circulación de transporte público: “Estamos amarrados. La banca nacional nos ha cerrado los créditos”, expresó Vásquez, quien advierte una paralización sistemática del servicio.
“Con el nuevo sistema, si no se le da un trato puntual al sector prácticamente lo estarían desapareciendo”, sentenció Regalado.
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