El diputado de Arena, quien ha participado en la discusión para la nueva ley de reconciliación, se considera víctima porque perdió a varios familiares durante el conflicto armado. Pese a ello, no quiere cárcel para los victimarios.
El subdirector del IDHUCA, Manuel Escalante, habla de justicia y memoria histórica a 30 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. También hace un balance del proceso para aprobar una ley de reconciliación.
En tres semanas vence el plazo que tienen los diputados para aprobar una Ley de Reconciliación. La última propuesta legislativa mantiene los puntos cuestionados por las organizaciones de víctimas: evita cárcel para los criminales de guerra mayores de 65 años y ordena una lista cerrada de casos a investigar.
La Asamblea tiene menos de un mes para aprobar una ley de reconciliación, que reemplace la Ley de Amnistía. La discusión se enfrió en los últimos meses, pero los diputados tomaron una decisión reciente: dejar fuera de la discusión a las víctimas, nuevamente.
La Asamblea Legislativa está obligada a aprobar una ley de reconciliación, que sustituya la Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional, antes del 13 de noviembre de 2019. Los diputados han hecho poco.
Comisionados de la CIDH pidieron al Gobierno de El Salvador acciones concretas para atender a las víctimas del conflicto armado. Las organizaciones señalaron los obstáculos para la reparación y justicia, y los impedimentos para tener acceso a archivos militares sobre la guerra civil.
La Sala de lo Constitucional le pidió explicaciones a la Asamblea por la ley que reemplazará a la de amnistía. Los magistrados de la CSJ están analizando si conceden una prórroga. Los demandantes han pedido cinco meses más.
La Corte IDH vigila si el proyecto de los diputados garantiza el derecho de las víctimas de El Mozote al acceso a la justicia. El Salvador debe enviar un informe a más tardar el próximo 14 de junio.
La Sala de lo Constitucional evalúa una demanda promovida por un familiar de tres indígenas detenidos por fuerzas estales en 1932, que ahora puede convertirse en un amparo inédito a favor de los descendientes de pueblos indígenas.
Después de la oposición civil y una gran ofensiva diplomática, FMLN y ARENA no alcanzaron los votos para aprobar una nueva amnistía, una ley que tal como estaba redactada dejaba en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
