Un poco más de un centenar de personas caminó horas para conmemorar el pasado 14 de mayo el 41 aniversario de la “Masacre del Sumpul”, un hecho ocurrido en 1980 en un asentamiento de personas civiles en el caserío Las Aradas, Ojos de Agua, Chalatenango.
Hacer memoria es uno de los actos más revolucionarios que nos podemos permitir. Es bueno acentuar el carácter destructor ante una memoria hegemónica y nacionalista que, tradicionalmente, se nos ha impuesto.
¿Por qué son importantes los Acuerdos de Paz para El Salvador? y ¿Por qué es peligroso trivializar lo que representaron? Esta fue la respuesta de académicos e historiadores a la campaña del presidente Bukele que intenta desdeñar los Acuerdos de Paz.
En 2016, un histórico fallo de la Sala de lo Constitucional abrió la posibilidad para que los crímenes de la guerra civil salvadoreña no quedaran impunes. Este ha sido el camino para una nueva ley de reconciliación y la búsqueda de justicia.
Asesinatos de mujeres embarazadas torturas, violencia sexual y muertes de niños pequeños fueron relatados por sobrevivientes durante las siete jornadas de consultas con las víctimas en el marco de la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional.
Tehuicho, un cantón de San Juan Opico, era una zona de paso de la guerrilla. A veces escondite, a veces retaguardia. Por eso los vecinos creían que la zona estaba «quemada», un objetivo permanente de soldados y escuadrones de la muerte.
El 17 de marzo de 1982, soldados del Batallón Atonal emboscaron a cuatro periodistas holandeses en Chalatenango. El equipo filmaba un documental sobre las condiciones de vida de las familias salvadoreñas durante la guerra.
El general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, se sentó en el banquillo de los acusados durante el juicio de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981.
Este gráfico muestra las cifras del trabajo que el grupo para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado ha hecho (o ha dejado de hacer) desde su creación.
Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para El Salvador. Observaciones preliminares de visita in loco realizada entre el 2 y 4 de diciembre de 2019.
La justicia transicional es el grupo de medidas judiciales y políticas que toman los países para reparar los daños ocasionados por abusos masivos a los derechos humanos.
Fernando Díaz es un joven historiador que nació después de finalizado el conflicto armado, pero su profesión y haber trabajado en el archivo de Tutela Legal le dio la oportunidad de conocer la historia de la guerra. Es una historia, dice, que va más allá de los bandos y que debe pasar necesariamente por lo que vivieron las víctimas.
Julio César Larrama Barahona es coordinador del Grupo para la Investigación de los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado. Trabaja con cuatro fiscales con quienes investiga 182 casos. Pero para él, el principal problema no es la cantidad de casos, sino las trabas en la obtención de documentos y testimonios.
¿Qué ha hecho El Salvador para sanar a su sociedad de la guerra? En opinión de un psicólogo que trabaja con víctimas del conflicto, el Estado tiene muchas deudas. La principal: una deuda con la memoria de los sobrevivientes, porque se instauró una cultura de amordazar a los que no han podido contar su verdad.
Amanda Castro, hija de madre y padre desaparecidos en el conflicto armado salvadoreño, cuenta cómo se asumió como víctima, y qué ha significado para ella crecer sin reconocimiento y reparación de parte del Estado.
