En 2016, un histórico fallo de la Sala de lo Constitucional abrió la posibilidad para que los crímenes de la guerra civil salvadoreña no quedaran impunes. Este ha sido el camino para una nueva ley de reconciliación y la búsqueda de justicia.
Asesinatos de mujeres embarazadas torturas, violencia sexual y muertes de niños pequeños fueron relatados por sobrevivientes durante las siete jornadas de consultas con las víctimas en el marco de la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional.
Tehuicho, un cantón de San Juan Opico, era una zona de paso de la guerrilla. A veces escondite, a veces retaguardia. Por eso los vecinos creían que la zona estaba «quemada», un objetivo permanente de soldados y escuadrones de la muerte.
El 17 de marzo de 1982, soldados del Batallón Atonal emboscaron a cuatro periodistas holandeses en Chalatenango. El equipo filmaba un documental sobre las condiciones de vida de las familias salvadoreñas durante la guerra.
El general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, se sentó en el banquillo de los acusados durante el juicio de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981.
Este gráfico muestra las cifras del trabajo que el grupo para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado ha hecho (o ha dejado de hacer) desde su creación.
Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para El Salvador. Observaciones preliminares de visita in loco realizada entre el 2 y 4 de diciembre de 2019.
La justicia transicional es el grupo de medidas judiciales y políticas que toman los países para reparar los daños ocasionados por abusos masivos a los derechos humanos.
Fernando Díaz es un joven historiador que nació después de finalizado el conflicto armado, pero su profesión y haber trabajado en el archivo de Tutela Legal le dio la oportunidad de conocer la historia de la guerra. Es una historia, dice, que va más allá de los bandos y que debe pasar necesariamente por lo que vivieron las víctimas.
Julio César Larrama Barahona es coordinador del Grupo para la Investigación de los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado. Trabaja con cuatro fiscales con quienes investiga 182 casos. Pero para él, el principal problema no es la cantidad de casos, sino las trabas en la obtención de documentos y testimonios.
