El proyecto que aterriza con engaños en La Unión

El Gobierno construye el Aeropuerto Internacional del Pacífico sobre parcelas que fueron transferidas directamente por el ISTA a CEPA, a espaldas de sus ocupantes, o que fueron pagadas a precios que algunos de sus expropietarios consideran injustos. Hasta octubre de 2023, el Estado había invertido poco más de $400 mil en la adquisición de terrenos para el proyecto, que fue una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele. La tierra donde avanza la construcción es una comunidad habitada por agricultores, es zona de siembra que se peleó desde la Reforma Agraria, y parte de  un área natural protegida. 

Foto Factum/Natalia Alberto

Florencia y Ramón* acudieron al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) a finales de 2022 para preguntar por la escritura de una parcela por la que pagaron cuotas mensuales durante más de 20 años. Sus primeros pagos fueron en colones y los habían finalizado recientemente. En el ISTA se enteraron de que no les darían la escritura porque esa institución ya no tenía la propiedad bajo su responsabilidad, si no la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El ISTA, sin avisarles, transfirió su propiedad y otras 49 más a CEPA, como parte de los terrenos necesarios para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión.

La pareja reside en el caserío Flor de Mangle, del  cantón Loma Larga, en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, uno de los lugares directamente afectados por la construcción del megaproyecto. El otro es el caserío El Condadillo. En ambos, la mayor parte de sus residentes son agricultores que cargan encima décadas de pelea por la obtención de parcelas agrícolas para su subsistencia. 

Florencia y Ramón, esposos, decidieron permanecer anónimos para este reportaje. Su parcela formó parte de una transferencia de 50 propiedades que el ISTA destinó a CEPA desde el 14 de septiembre de 2022, amparándose en la Ley para la Construcción, Administración Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, vigente desde cinco meses antes. 

Florencia y Ramón no sabían qué pasaría con su propiedad hasta junio de 2023; y aún esperan que CEPA les dé una respuesta sobre la sustitución de ese terreno. Ambos firmaron el Plan de Reasentamiento que conlleva el megaproyecto. 

Hasta inicios de octubre de 2023, el Estado salvadoreño ya tenía bajo su poder al menos 62 propiedades en el sector y dos inmuebles más en el vecino municipio de Intipucá, por un total de 225 mil 383 metros cuadrados, unas 32 manzanas, según datos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registros (CNR). 

Revista Factum corroboró que no existe evidencia de pago alguno por las 50 propiedades transferidas por el ISTA a CEPA. Las doce restantes son compraventas pagadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por un costo de $407,711.91.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico es uno de varios proyectos bandera de la administración de Nayib Bukele y promesa de su campaña política. Esta, como otras megaobras, tiene varios puntos en común, como leyes ad hoc que le dan absolutas garantías al Estado para expropiar y fijar los precios de las propiedades de las comunidades, bajos niveles de transparencia, casi nula consulta pública con los habitantes, vaga justificación de su necesidad y desarraigo por parte de sus residentes. 

Las otras obras que cumplen estos patrones son la megacárcel de Tecoluca o Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Tren del Pacífico, la carretera entre El Cuco y Punta Mango y Ciudad Transformada El Mozote. En todas, excepto en el Tren del Pacífico, el Estado salvadoreño ha comprado, expropiado, o forzado donaciones de propiedades a sus habitantes. 

Herederos de la Reforma Agraria

Es media mañana y Blanca viste zapatos cómodos, una camisa rosa manga larga , gorra y gafas negras para protegerse del intenso sol. Camina hasta el centro de una de sus parcelas que ocupan  sus vacas para pastar, y que ella también utiliza para el cultivo de hortalizas. En cada paso que da, el suelo se torna, de a poco,  húmedo y lodoso, debido a que colinda con las tierras del  manglar El Tamarindo. Blanca camina sin dificultad, como si supiera de memoria dónde poner el pie.

Blanca Lilian Cruz de López tiene 60 años y nació en el cantón Loma Larga, en La Unión. Desde que se casó con su esposo, hace 41 años, vive en el caserío El Condadillo, en el municipio de Conchagua. Ella estuvo involucrada desde joven en la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de la zona, tras la Reforma Agraria, que inició por ley desde 1980. “Nosotros somos nativos de acá, como decía mi papá, que acaba de cumplir 101 años”, cuenta.

Una mañana de finales de diciembre de 2022, Blanca Cruz muestra las siete parcelas que perdería con la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Foto Factum/Gerson Nájera

En el cantón Loma Larga, donde ella vive y trabaja, según el último censo proporcionado por el Ministerio de Economía, para 2007 la población rural del cantón era de alrededor de mil 198 personas. Datos de la ADESCO de la comunidad estiman que en la actualidad, unas 150 familias resultarían afectadas por la construcción del aeropuerto. La mayoría de ellas se dedican a la agricultura y ganadería, así como a la producción pesquera en la misma zona.

Antes de la Reforma, Blanca no tenía una escritura de sus terrenos. Ella cuenta que, antes de 1980, el antiguo propietario de los terrenos en El Condadillo no los vendía, ni los prestaba. “No daba para vivir, no daba para vivienda. Todo esto era ganadería y algodonera”, dice. Ella trabajó en la algodonera, sembrando y cortando. “No daba lugar, no rentaban para sembrar, no rentaban para vivir, sino que uno era trabajo para ellos todo el tiempo y se trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde”, relata. 

Blanca cree que la Reforma Agraria mejoró la vida del campesino. “Cuando estaba en el poder Rodolfo Viera, expresidente del ISTA, fue cuando el campesino tomó control de la tierra”, dice. 

Viera fue asesinado en plena Guerra Civil, el 3 de enero de 1981, por dos guardias nacionales, junto a dos estadounidenses que también trabajaban en proyectos de redistribución de tierras. El caso volvió a tomar relevancia en 2019, cuando la Policía Nacional Civil informó sobre la recaptura de José Dimas Valle Acevedo, exmiembro de la Guardia Nacional, implicado en ese crimen.  

La Reforma Agraria trajo consigo la creación de Cooperativas de la Reforma Agraria, a la cual Blanca aportaba como secretaria. Esta iniciativa posibilitó cumplir hasta cierto punto con una demanda de décadas atrás: el acceso barato a tierras para los campesinos. Según Blanca, cuando apareció el programa de la extinta Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA), en diciembre de 1980, las personas que tenían cinco años o más de trabajar una manzana, tenían el derecho que FINATA pagara esa manzana al patrón y pasara bajo propiedad del  campesino. 

De esto se trataba la fase III de la implementación de la Reforma Agraria, es decir, el programa “tierra para el labrador”, que convirtió a todo arrendatario en candidato elegible para obtener la propiedad que trabajaba, sujeto a un máximo de siete hectáreas de extensión. Los beneficiarios recibirían, entonces, los títulos definitivos después de un periodo de pago de 30 años. 

Blanca bromea en lo curioso que resulta que la Reforma Agraria fuese uno de los detonantes de la Guerra Civil que peleaba la guerrilla, es decir, el ahora partido político FMLN; y que el gobierno del actual presidente Nayib Bukele, que perteneció a ese partido, llegue a quitarles las tierras.

“El aeropuerto que ya viene”

Vista panorámica de terrenos expropiados por CEPA para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión. Foto Factum/Gerson Nájera

El día en que los pobladores del cantón El Condadillo se enteraron que la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico sería en sus tierras, presenciaron la llegada de carros llenos de personas que comenzaron a medir los terrenos sin su permiso. “Solo pasaba incluso la policía, una patrulla adelante y otra atrás de la gente, a nadie le dijeron nada”, agrega Blanca. 

“¿Y qué pasa? No, pues el aeropuerto… El Aeropuerto que ya viene”, narra Blanca.  “Incluso una vez yo venía de dejar las vacas, estaba un señor en mi parcela y le digo: ‘Buenos días, ¿qué pasó?‘ ‘No, pues aquí nos han mandado a medir estas tierras‘, me dicen”.  Y aunque todo eso comenzó en enero de 2022, no fue hasta junio que miembros de CEPA y del Ministerio de Obras Públicas les presentaron una hoja de permiso para solicitar el aval de sus propietarios.

Luego de eso, personal del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional llegó para preguntar si los habitantes tenían escrituras de las propiedades. Blanca prefirió no enseñarles la suya, porque pensó que de algún modo podían conseguirla. 

Durante otra visita de los empleados de Catastro, Blanca les comentó que todavía tenía una parcela que estaba pagando, les mostró sus recibos de pago. Luego, mes a mes, llegaban a tomar foto de cada nuevo recibo de pago, relata. “Me he sacrificado por cinco años para obtenerla, y no me están tomando en cuenta eso”, se queja. También les preguntaron, según su relato, si estaban de acuerdo con que el aeropuerto fuera en oriente, pero no les especificaron que sería en la zona que habitan.

Personal de CEPA y el MOP organizaron varias reuniones con habitantes de los dos caseríos afectados: Condadillo y Flor de Mangle. En la primera les dijeron que no iban a tocar el caserío, solo las tierras agrícolas. “La gente aquí ya está instalada, hace tanto tiempo. Nosotros por ejemplo vivíamos en un ranchito de palma de zacate. Pero a través de los años, fui a Estados Unidos y gané mi platita y me vine, hice mi casita y así hay muchas personas acá que primero adquirieron su lotecito y después han ido recogiendo para hacer su casita. Entonces no es fácil que le digan a uno eso: ‘te estamos dando tanto y tenés que venderme‘, porque en realidad cuando uno quiere comprar algo tiene que dar lo que le pida el dueño”, dice Blanca.

Siempre que preguntaban el precio por el que querían comprar sus terrenos nunca les respondían algo en concreto, sino que era una cuestión individual, según relatan los habitantes. Fue hasta que CEPA los citó en La Unión que les informaron  que el precio por manzana había sido publicado en el Diario Oficial: por cada vara les darían $0.80 centavos. Cada manzana equivale a 10 mil varas cuadradas. Es decir: $8 mil por cada manzana.  

Nunca hubo margen de negociación. Ese día ellos tenían la opción de firmar, lo cual varios pobladores hicieron, o de no hacerlo, como Blanca, y quedarse con la sentencia de un plazo de 15 días para pensarlo. Después de ese plazo, tenían que ir a la Fiscalía.  

En abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Para La Construcción, Administración, Operación Y Mantenimiento Del Aeropuerto Internacional Del Pacífico (LCAOMAIP). El artículo 16 señala que  CEPA, “a través de la Fiscalía General de la República, podrá seguir el procedimiento especial de adquisición de inmuebles en aquellos casos en los que no se logre un acuerdo con los propietarios”.  

Para octubre de 2022, varios vecinos de los caseríos Flor de Mangle y El Condadillo viajaron hasta San Salvador para denunciar lo que estaba pasando. Ese día no asistió Blanca, pero sí su hermano, Santos Eduvijes Cruz.

“Somos más de 150 personas las que vamos a ser afectadas”, reprochó Santos Cruz durante la conferencia de prensa. Los afectados denunciaron cómo se estaban llevando las negociaciones, de forma individual y no colectiva.  “Eso es una cosa que a mí no me gusta, siento como una traición que le están haciendo al agricultor, al campesino, al obrero, a la gente campesina que se dedica a trabajar para que el pueblo salvadoreño coma”, dijo. 

Según Ángel Flores, del Movimiento Red de Territorios Vida Digna y que apoya a los pobladores afectados, CEPA entregó tres documentos a los habitantes de ambos caseríos. Uno con el valúo que realizó sobre las propiedades; el segundo era un documento donde se solicitaba el permiso del personal de CEPA para medir las propiedades; y el tercero, un documento para las personas que decidían acceder a una vivienda y renunciar al valúo económico.  

“¿Qué puedo hacer yo con ocho mil  dólares que me están ofreciendo por manzana, 24 mil dólares por tres manzanas?” dijo con indignación Santos Cruz. “Como agricultor, mi petición es que nos busquen un terreno por lo menos de unas 200 manzanas ahí, o 100 manzanas aunque sea, y nos den una manzana a cada uno para que nosotros sembremos. Porque de ahí son nuestros ingresos. Esa es mi petición, que el Gobierno busque un medio, pero ahí cerca. Tampoco lejos porque ni vehículo tengo para trasladarme, sino que un lugar cerca, donde yo pueda caminar dos kilómetros, kilómetro y medio para poder trabajar las tierras”, agregó.

Los residentes de ambos caseríos  no sólo denunciaron la pérdida de las tierras de cultivo, sino la inversión que tienen en ellas como sistemas de riego, casa mallas, entre otras; costos que quedan cubiertos por los  $8 mil dólares por manzana de acuerdo al valúo realizado por CEPA. Santos Cruz calificó de “burla” la oferta de $24 mil por sus tres manzanas de terreno. 

Desde que CEPA llegó a El Condadillo muchos agricultores tuvieron prohibido trabajar sus tierras y dejaron de cultivarlas, ya que a mediados de año iniciaría la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Blanca Cruz, que se dedica a la siembra de chiles, tuvo que retirar la bomba de agua del sistema de regadío en su terreno. Foto Factum/Gerson Nájera

Los lugareños saben que algunos de sus vecinos han empezado a firmar y a aceptar la oferta del Gobierno por sus tierras. Blanca  les ha advertido que es un precio demasiado bajo. ‘Un vecino me dijo: yo voy a firmar ¿Y no dicen que si uno no firma de todos modos se la va a quitar el Gobierno pues?‘. En  lugar de perderlo todo, aunque sea eso ha aceptado” cuenta Blanca. 

Hay otro efecto inmediato del megaproyecto, según Blanca. El incremento del precio de la tierra en el cantón Loma Larga, donde están ubicados los caseríos El Condadillo y Flor de Mangle. Antes, según ella, el precio por manzana rondaba los $12 mil dólares en Loma Larga. En El Condadillo los lotes se negocian actualmente entre los $15 mil a $25 mil dólares. 

Viviendas en El Condadillo, municipio de Conchagua. Varios residentes deberán dejar sus hogares para que sus casas sean demolidas, pues allí se construirá parte del Aeropuerto del Pacífico. Foto Factum/Gerson Nájera

Los documentos de compraventa de los terrenos adquiridos por el MOP para la ejecución del aeropuerto fueron realizados por dos notarios: Fátima Esperanza Guzmán Gómez y Jouser Joaquín López Jerez, hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, y empleado de la fracción legislativa del partido GANA hasta al menos 2021.  

Guzmán Gómez, por su parte, es la procuradora auxiliar de la Procuraduría General de la República (PGR) en la oficina de Usulután, según la página oficial de esa institución. Según el artículo 124 de la Ley Orgánica de la PGR, aprobada en mayo de 2021, un abogado de esa institución no puede ejercer el libre ejercicio. 

El mismo artículo añade que los abogados de la PGR no podrán ejercer la función notarial en horas laborales, a menos que sea un servicio para esa institución. “Ningún servidor o servidora pública podrá ejercer la función pública notarial o cualquier otra profesión de manera privada en horas laborales, salvo que el nombramiento sea al servicio de la institución”, detalla textualmente ese artículo. Guzmán Gómez notarió ocho de las 10 compraventas realizadas por el MOP de los terrenos, siete de ellas el 29 de mayo de 2023, un día lunes, la otra la hizo un viernes. 

Revista Factum intentó contactar a Jouser López Jerez mediante su hermano Luis Ernesto López Jerez, pero este decidió cortar la llamada cuando se le planteó la solicitud de entrevista. También se solicitó una entrevista con Guzmán Gómez, a través del encargado de comunicaciones institucional, y este comentó que no podía ampliar detalles por tratarse de datos confidenciales, pero aseguró: “Los servicios brindados por la servidora pública en comento, ha sido en el ejercicio de su labor como notaria del área de la Procuraduría Especializada de derechos patrimoniales, por solicitud de los usuarios que requieren servicios notariales” y reiteró que se trataba de “servicios notariales por competencias que tiene la institución en beneficio de la población”. 

También se buscaron entrevistas con el MOP, CEPA, el ISTA, pero no respondieron las peticiones. 

Otro proyecto opaco

La Ley del Aeropuerto fue aprobada el 27 de abril de 2022. Durante el debate legislativo, el diputado de Nuevas Ideas Rodrigo Ayala aseguró que el proyecto cumplía con las normas ambientales y que habían estudiado nueve posibles sitios para la ubicación del aeropuerto.  Según él, escogieron el que implicaba menos impactos ambientales. Investigaciones periodísticas posteriores demostraron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) modificó sus directrices internas para que la construcción de la megaobra no chocara con la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y que incluso CEPA decidió ignorar las recomendaciones del MARN sobre trasladar el sitio de la obra, para no afectar el manglar El Tamarindo, un área natural protegida. 

Desde la segunda mitad de 2021, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) contrató a dos  empresas consultoras para realizar el  estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico. Las contratadas fueron Alben 4000 Consultoría, S.L. (España) y Peyco Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. (Colombia), bajo la figura de Unión de Personas (UDP), por un costo de $2.4 millones, según datos que constan en las actas de consejo del FOSEP. Meses después, el 8 de agosto de 2022, CEPA contrató a la empresa Rodio Swissboring por $248,627.16 para realizar los estudios geotécnicos. 

El 24 de febrero de 2022, Alberto Gómez Serranillos, gerente de estudio de Peyco -Alben 4000, aseguró que el aeropuerto “generará en fase de construcción 23,722 puestos de trabajo. Además, el proyecto permitirá una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del país”.

Esta revista solicitó una entrevista a las empresas Peyco-Colombia y Alben 4000, para conocer las motivaciones y los avances del estudio del proyecto de la obra, pero a la fecha no contestaron ninguna petición.

El estudio de factibilidad implicó que CEPA y el MOP, en conjunto con las empresas Alben 4000 y Peyco Colombia, hicieran visitas a los caseríos El Condadillo y Flor de Mangle, en las que se le proporcionó a los residentes un volante con información. En el papel se menciona de forma sucinta en qué consistía el estudio: “Identificar a las y los propietarios de inmuebles que se encuentran en la zona de influencia directa con el proyecto, informar a la población de los objetivos y alcances del estudio”, reseña literalmente el volante, al que Revista Factum tuvo acceso. También pedía la colaboración de los habitantes,  facilitándoles copias de sus documentos personales como el DUI y el NIT, así como la escritura de sus terrenos.

Revista Factum pidió la versión pública del estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico a CEPA, a través de una solicitud de acceso a la información. La institución rechazó el acceso y declaró como información reservada los datos de la consultoría.   

Pese a esto, algunos datos sí están disponibles públicamente a través de las actas de sesión del Consejo Directivo del FOSEP. El 27 de abril de 2023, justo un año después de la aprobación de la Ley del Aeropuerto, el FOSEP recibió la última actualización del estudio de factibilidad de parte de representantes de la UDP Alben 4000 y Peyco. 

Aunque el acta no ahonda en detalles, sí se hace referencia a que el consorcio empresarial presentó “lineamientos” para el diseño y redacción del Estudio de Impacto Ambiental, tomando en cuenta los impactos que se generarán. A nivel legal, los técnicos concluyeron que la construcción del aeropuerto es viable bajo tres posibilidades de edificación: obra pública nacional, concesión de obra, o asocio público privado. 

Respecto al área necesaria para la  construcción, Alben 4000 y Peyco explicaron a los miembros del Consejo Directivo del FOSEP parte de los entregables de su contrato: el valúo de inmuebles, proyecto de escritura de compraventa de estos y copias de las escrituras. El consorcio identificó 311 inmuebles, de los que 60 son parcelas “con problemas legales” y 251 “sin problema legal”. El acta no ofrece más detalles, pero algunos indicios pueden encontrarse en el Registro de la Propiedad del CNR y la misma Ley del Aeropuerto. 

Documento donde consta la no aceptación del valúo de las parcelas que doña Blanca no aceptó firmar. Ella justifica que CEPA está pagando las tierras tres veces más bajo a su precio real. Foto Factum/Gerson Nájera

Revista Factum comprobó que hasta mediados de octubre de 2023 el MOP, definido como institución de apoyo de CEPA para la operativización del Aeropuerto del Pacífico según la ley aprobada, pagó $407,711.91 a siete personas diferentes por un total de 12 inmuebles, diez de ellos ubicados en el sitio de la obra, el cantón Loma Larga del municipio de Conchagua; y dos más en el municipio de Intipucá. 

CEPA, por su parte, recibió una transferencia directa de inmuebles por parte del ISTA, institución que era propietaria de las parcelas del cantón Loma Larga en el sector. Esta transferencia consta en un documento relacionado a 50 propiedades de las que el ISTA era dueño. Se trata de una carta que el gerente general del ISTA, Julio Enrique Rosales Campos, envió al director del Registro de la Propiedad, Julio Amílcar Palacios. En el documento Rosales hace referencia textual al artículo 14 de la Ley del Aeropuerto, en el que se señala que: “Se transfiere por ministerio de ley, a favor de CEPA el dominio de los inmuebles (…) cuando estos estén inscritos a favor de alguna entidad del Estado”. 

La carta, de fecha 14 de septiembre de 2022, tiene como anexo el detalle de las matrículas, tamaño de parcelas, antecedentes de registro de 50 propiedades del ISTA, para que estas fueran inscritas a favor de CEPA.  Una de estas parcelas es la que Florencia y Ramón pagaron durante años y cuyo traspaso se realizó a sus espaldas. Los esposos, según documentos en poder de Revista Factum, firmaron el consentimiento para formar parte del Plan de Reasentamiento del proyecto del Aeropuerto. En este documento se detalla que ellos recibirían una vivienda en lugar de la parcela, pero la firma fue el 20 de octubre de 2022, más de un mes después que su propiedad hubiera sido transferida por el ISTA sin que ellos lo supieran, y pese a los pagos realizados. 

Documentación enviada por el gerente del ISTA para la transferencia de propiedades, algunas sin el conocimiento de los habitantes de los inmuebles, para la construcción del aeropuerto.

Documento que fue entregado a los afectados para aceptar la transferencia de sus terrenos.

Y aunque algunos agricultores, como Erme Martínez, han manifestado que aceptan el plan de reasentamiento siempre y cuando sea en una zona cercana; es decir, en territorio que ellos conocen y donde puedan desplazarse con facilidad, esta revista comprobó que la única propiedad adquirida e identificada para este plan está ubicada en Intipucá, a unos 40 kilómetros del cantón Loma Larga. 

Erme Martínez, un agricultor, acepta la reubicación con la condición de que no sea tan lejos y les permita seguir trabajando como agricultores. Sin embargo, el terreno que el estado ha destinado para este fin está en Intipucá, a unos 40 kilómetros de donde viven actualmente. Según él, policías entraron a la propiedad sin autorización y marcaron con pintura roja algunos árboles. Foto Factum/Natalia Alberto

El MOP pagó por esta propiedad $100 mil, según datos del Registro de la Propiedad. La institución pagó otros $90 mil por otra propiedad colindante con esta, pero el documento de compraventa no la identifica como parte del plan de reasentamiento. Una operación matemática permite concluir que el MOP pagó a $2.45 la vara cuadrada de la propiedad destinada para el reasentamiento de los habitantes desplazados por el megaproyecto; o sea, cerca de tres veces más que el precio ofrecido a los habitantes del cantón Loma Larga; aunque el avalúo de esa propiedad no consta, ni la variabilidad del precio del suelo entre ambos municipios. 

Si bien, este plan fue discutido por el Ministerio de Vivienda desde octubre de 2022; fue hasta finales de marzo de 2023 que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron una reforma al presupuesto para reorientar $5.8 millones para echar a andar el Plan de Reasentamiento.  

El Ministerio de Vivienda contestó que no tiene un plan de reasentamiento para los afectados por la construcción del aeeropuerto.

Arbitrariedad en los precios

Un análisis de los precios pagados por el MOP a los propietarios de los inmuebles permite concluir que, pese a que el precio fijado fue de $0.80 por vara cuadrada, ni la misma institución respetó ese estándar. Esto coincide con lo manifestado por los lugareños, que las negociaciones fueron de carácter individual, un patrón que también fue advertido en las propiedades que el Estado salvadoreño adquirió para la construcción de la megacárcel en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Así, entre las propiedades ubicadas en el caserío El Condadillo que fueron compradas hay variaciones en sus precios, aunque el área de terreno sea exactamente la misma. Por ejemplo, una ciudadana – a quien identificaremos como A.J. – vendió cinco propiedades al MOP por un total de $110,713.70; dos de ellas miden 30,446 metros cuadrados (equivalentes a 43562.1368 varas cuadradas), pero ambas fueron pagadas por precios diferentes: $38922.19 y $36,592.20. En los documentos no consta que dentro del precio se incluya el pago de alguna estructura adicional – como una vivienda o cerco -, además del precio de la tierra. A otro propietario de la zona, el MOP le pagó $34,971.51 por un terreno de esa misma dimensión.

Los datos del Registro de la Propiedad demuestran que el antecedente inmediato de buena parte de las propiedades que el ISTA transfirió a CEPA datan de 2015, año en que el ISTA efectuó la lotificación de las parcelas agrícolas. Según el documento de desmembración, del 5 de marzo de 2015, el ISTA era propietario de un terreno de poco más de 17 mil metros cuadrados en el caserío Flor de Mangle, en la Hacienda El Condadillo, del cantón Loma Larga. La división generó 66 parcelas que serían las “nuevas opciones de tenencia de tierras”, para darle cumplimiento al “Régimen Especial de la Tierra en propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria, en el Proyecto de Asentamiento Comunitario”, explica el documento. 

Las parcelas que fueron creadas para beneficiar a campesinos y cooperativas agrícolas fueron extinguidas mediante una simple carta menos de 10 años después.

Vista aérea de la zona donde se construirá el aeropuerto_del_Pacifico. Foto Factum/Gerson Nájera

Las formas con la que los habitantes están perdiendo sus propiedades quedaron claras desde el momento en que se aprobó la Ley del Aeropuerto. Durante la aprobación, la diputada del FMLN Marleni Funes hizo un comentario dirigido a los habitantes del cantón Loma Larga que resultó con tintes futuristas: “Organícense, porque si no se organizan les van a quitar hasta el terrenito donde viven, y no van a poder hacer nada”. 

La ley otorga garantías absolutas al Estado ya que, por ejemplo, los propietarios no pueden pelear mantener sus propiedades. Si se oponen, la Fiscalía está habilitada para demandarlos ante un juez de lo civil y, según la Ley, únicamente pueden alegar respecto al precio que el Estado les ofrece. Nada más. 

Incluso, el artículo 28, establece que “Si al efectuar la compraventa de los inmuebles, sea esta voluntaria o forzosa, sus propietarios fueren deudores del Ministerio de Hacienda o del Municipio, la CEPA o el juez en su caso, no harán efectivo el pago del valor correspondiente mientras el vendedor no cancele su deuda con el Ministerio de Hacienda o el Municipio”. Es decir: se admite que una compraventa puede ser por la fuerza y que, incluso, el propietario no recibirá el pago, mientras no  cancele deudas que tenga, aunque estas no estén relacionadas al inmueble. 

Además de la agricultura y la pesca, la ganadería es otra de las actividades económicas que se desarrollan en Flor de Mangle. Foto Factum/Natalia Alberto

En contraste, según la misma Ley,  “todas  las empresas que estén involucradas y que operen la obra serán exoneradas de pagos de impuestos como renta, IVA y tasas municipales durante 25 años”, según el artículo 29. Las compraventas de los terrenos, además, están exoneradas del pago del impuesto de inmuebles. 

Entre los cuestionamientos más generalizados durante el debate legislativo estuvo, precisamente, este punto: cómo el aeropuerto puede garantizar “desarrollo” o mejoras económicas en el sector

Varios diputados de Nuevas Ideas, sin embargo, mantuvieron un discurso unificado diciendo que el megaproyecto implicará la creación de hoteles, centros comerciales y hasta maquilas, lo que supuestamente conllevará generación de empleo local.

Pero el diputado del partido PDC, Reynaldo Carballo fue un paso más allá.  “El nuevo aeropuerto, yo quiero proponerle al presidente Nayib Bukele que, unido él, con este gran empresario Roberto Kriete, en este nuevo aeropuerto se puede instalar un ensamblaje de aeronaves”, comentó. Kriete es el accionista minoritario de mayor peso en Avianca, fue su director ejecutivo durante muchos años y es fundador de Aeroman, empresa dedicada a la reparación de aeronaves. 

El comentario de Carballo no pasaría de ser anecdótico de no ser porque desde el año 2020, una investigación periodística reveló que Kriete es uno de los empresarios que ha dado un decidido espaldarazo a Bukele. El presidente, con menos de ocho meses en el cargo, acudió a brindar un discurso en la celebración del primer centenario de la compañía, en febrero de 2020, en un gesto que poco se ha repetido para otros consorcios. La relación del Ejecutivo con la empresa ha tenido otros guiños públicos, como la promoción de la marca “Surf City” en el fuselaje de los aviones de Avianca, proyecto de honor para Bukele. 

El aeropuerto en un área que se inunda

En septiembre de 2021, Federico Anliker, presidente de CEPA, presentó el “Formulario ambiental del proyecto Construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico”, en el que se detalló la ubicación del proyecto: el Cantón Loma Larga, municipio y departamento de La Unión.

Posteriormente la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental inspeccionó el lugar y, tras la visita, dictaminó en el documento Resolución MARN- NFA1409- 2021-TDR-329-2021 que hay “áreas de manglar colindantes al sureste del proyecto”, bajo protección especial según el artículo 9 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, como parte de bosques salados.

El documento añade que el manglar es una barrera o amortiguamiento natural. Ante eventos climáticos extremos, como mareas o tsunamis, “el agua del océano será empujada hacia la bocana, incrementando el volumen del almacenamiento de la laguna y si este se excede en su capacidad, se direccionará agua a los cauces, e incluso rebalsar el excedente sobre el área del manglar y – muy probablemente – algunas áreas del sitio donde se proyecta el aeropuerto”.  

Esos no son los únicos impactos ambientales. Conchagua es uno de los municipios más vulnerables al cambio climático, según datos del “Estudio de Caracterización del Corredor Seco Centroamericano”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto a otras entidades. 

El análisis sitúa al municipio como propenso a sequías severas. 

Panorámica de el bosque manglar de Conchagua y el Golfo de Fonseca, La Unión. Foto Factum/Gerson Nájera

Parte de estas preocupaciones fueron planteadas por diputados no oficialistas durante la sesión plenaria 53 de la Asamblea Legislativa, donde se aprobó la Ley del Aeropuerto. “Las implicaciones de los efectos negativos que va  a tener esto tiene que ver con la importancia de estos bosques salados, estos manglares, en el tema de la captura del dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero”, manifestó el diputado del FMLN, Jaime Guevara. 

Sofía Rivera, arquitecta, urbanista y docente de la Universidad Centroamericana (UCA), apunta a que los efectos podrían ser peores: el funcionamiento del aeropuerto podría impactar en la soberanía alimentaria de los lugareños y en la calidad de vida. Para ella, el megaproyecto “a nivel medioambiental es una catástrofe” por la destrucción de manglares y “a lo que se suma este discurso vacío que un aeropuerto va a traer desarrollo cuando en la mayoría de países a nivel mundial se está tratando de hacer algún esfuerzo por la reducción de emisiones de CO2, y los aeropuertos son los mayores emisores de CO2”, dijo. 

El Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT, en inglés), un tanque de pensamiento que reúne a expertos para estudiar y proponer evidencia técnica y científica para la mejora en asuntos ambientales, estimó que para 2019 el transporte aéreo comercial generó 918 millones de toneladas métricas de CO2, lo que representó un aumento del 29% respecto a una medición realizada en 2013. 

Un comparativo publicado por BBC Science ayuda a entender el tema: el vuelo de un Boeing 747, que cubra una ruta de 250 kilómetros, emitirá un aproximado de 33 toneladas de CO2. Harían falta 336 vehículos terrestres para generar la misma cantidad de emisiones. 

El Aeropuerto Internacional del Pacífico, entonces, se construirá destruyendo parte de un área natural protegida, fundamental para mantener el equilibrio de los afluentes del sector; en una zona ya degradada por efectos del cambio climático, con vulnerabilidades severas ante la sequía; y le agregará una mayor presión al área con el aumento de emisiones de CO2 y demanda de agua y energía.  

Los lugareños son conscientes del impacto ambiental que el proyecto conlleva al ser ubicado en una zona costera, cerca del manglar El Tamarindo. 

Ceder por temor

Erme Martínez tiene 64 años y ha sido agricultor toda su vida. Cuenta que él y su familia llegaron a Flor de Mangle en 2001. “Nosotros nos venimos por el conflicto armado. Yo vengo de Carolina (San Miguel) porque allá fue más pesada la guerra”, dijo. Martínez explicó que “en ningún momento” el Estado les regaló la tierra. En su lugar, llegaron a una negociación, ya que pagaron un precio  como cooperativa de El Condadillo para tener las tierras. 

La tormenta Julia, en octubre de 2022, afectó todo el cultivo de maíz que Erme Martínez había cultivado en el caserío Flor de Mangle. Foto Factum/Natalia Alberto

Él estimó que hay un porcentaje considerable de residentes  que han aceptado la propuesta del Gobierno. Él  firmó la petición de su terreno, pero dijo que fue en contra de su voluntad. Martínez temió que si no firmaba,  no recibiría nada, ya que dudaba que en un juzgado resolviera a su favor.  “El gobierno tiene toda la ley en la mano, ahorita tiene toda la Fiscalía, los juzgados, todo”, comenta. No tenía mucho margen de maniobra: le han dicho que donde está su casa y sus  parcelas será  la entrada hacia el aeropuerto.

Cuando CEPA realizó  las primeras reuniones con ellos, Martínez asegura que le prometieron  que le iban a pagar bien las parcelas, a construir una nueva vivienda y también le dijeron que les iban a dar tierra para trabajar. “Yo puse que nosotros queríamos que nos pagaran todos los costos que tenemos, porque yo aquí he invertido dinero, he invertido $30 mil solo en la vivienda, en arreglo de unos tanques de agua y todo esto hace una inversión”, dice. 

Parte de las mejoras que le hizo a su vivienda es la construcción de un tanque de agua  que les favorece en temporada seca para regar sus cultivos.  “Veo que no lo está valorando porque solo me están dando $31 mil dólares. Y allí, la tierra queda regalada, los árboles quedan desaparecidos”, se queja. 

Según la hoja de valúo  que  CEPA levantó de la propiedad de Martínez y su familia, el terreno de 5,910 metros cuadrados tiene un valor de  a $20,158.31 dólares En este precio se incluye el valor del terreno  por $7 mil 273 dólares, a razón de $0.86 centavos de dólar por vara cuadrada. El resto, es decir la mayor cantidad de dinero, corresponde a las construcciones que Martínez efectuó, entre estas, su hogar. 

Erme Martínez y su esposa aceptan la reubicación con la condición de que no sea tan lejos y les permita seguir trabajando como agricultores. Foto Factum/Natalia Alberto

El documento, al que tuvo acceso esta revista, fue firmado y sellado por el presidente de CEPA, Federico Anliker, el 6 de octubre de 2022. Pese a que únicamente está diseñado como un valúo, en su parte final se detalla que con la firma del documento se iniciarán las gestiones para la adquisición del terreno. Es decir: en la práctica, es una compraventa. 

El documento también estipulaba que en un plazo de 180 días posteriores a la firma de  aceptación del valúo, Martínez y su familia  empezarían a recibir el pago. Pero hasta el 30 de junio de 2023, no habían recibido ni un centavo. 

La compraventa del terreno de Martínez quedó oficialmente registrada hasta el 19 de octubre de 2023, según datos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros. 

En junio, cuando aún no había recibido ningún pago, Martínez expresaba su preocupación ante el poco avance de las promesas de CEPA de otorgarle una nueva vivienda. “No ha habido eso, no sabemos si va a ser parejito, si va a ser mejor que aquí o va a ser en algún barranco que nos van a ir a ubicar”, dijo. 

La ministra de Vivienda, Michelle Sol se reunió con los habitantes de las comunidades El Condadillo y Flor de Mangle el 19 de octubre de 2022, junto con  Anliker. El encuentro sirvió para presentarles el  Plan de Reasentamiento. Según publicaciones en el sitio web oficial y redes sociales del Ministerio de Vivienda, la institución censó a 53 familias en ambos caseríos como potenciales beneficiarios de terrenos cercanos a sus hogares.   A los habitantes se les presentó un plano  de las viviendas que recibirían, proyectadas para ser de bloques de concreto, piso de cerámica y techo de lámina de zinc con 3 habitaciones, sala, comedor y cocina. 

Florencia, del caserío Flor de Mangle, recordó que en esa reunión la ministra Sol les habló de una “sorpresa”. “La ministra viera como prometió, ‘les voy a dar una sorpresa a todas las mujeres’ dijo, y de ahí salió diciendo ‘las escrituras las vamos a dar a nombre de las mujeres, las escrituras y las llaves a las mujeres.’ Pero no hemos visto nada, a saber”, cuenta Florencia.

Según ella y su esposo, a pesar de tener dos propiedades diferentes – una junto a la otra, separadas por un camino de tierra que cruza hacia el manglar El Tamarindo -, una abogada de CEPA intentó negociar con ellos como si se tratara de un solo inmueble. El esposo de Florencia aseguró, incluso, que únicamente le ofrecían el 50% del valor de su tierra.  

Ambos solo tienen las escrituras de sus parcelas, pero la del solar de su vivienda es la que les hacía falta y fueron a pedir al ISTA. “Tenemos todos los recibos. Pagamos el ingeniero que nos vino a medir, como $17 mil dólares. Y al ISTA le dimos como $22 mil dólares y luego otros $1 mil 100 dólares. Aquí no nos han regalado nada. Y a mí me da cólera que vengan los de CEPA a decir que esto es del gobierno”, comenta Ramón, esposo de Florencia. 

“Pagamos el 20% del capital, porque esta cooperativa de El Condadillo y nosotros pagamos la deuda al ISTA y ellos ya nos pasaron las tierras. Y ya por el 2003 nos entregaban las primeras escrituras de las parcelas, y ya después quedaron pendientes las escrituras de aquí (las casas). Una por una iban dando las escrituras, al año iban dando como cinco. Y eran 77 escrituras que tenían que dar. Yo, hasta este año, recibí la escritura mía y la de mi esposa.” aseveró Martínez. 

A diferencia de Martínez, Ramón y sus hijos se dedican a la pesca en la zona. El manglar es su principal fuente de ingresos. Recolectan curiles, punches y cangrejos. Blanca Cruz también utilizaba su parcela para cultivos de subsistencia. Con su familia se dedicaban a sembrar chile, tomate, pepino, sandía, entre otras hortalizas.

El proyecto ha mantenido en ascuas a los habitantes de ambos caseríos. Martínez  lamenta que no ha podido sembrar desde mediados del año 2022. Según él, la imposibilidad de usar sus parcelas les acarreó pérdidas desde el inicio, porque en diciembre de 2022, por ejemplo, hubiesen cosechado y vendido chiles. Para julio de 2023, solo había cosechado pipianes.

Martínez perdió su cultivo de maíz en octubre de 2022, tras el paso y posterior inundación de la Tormenta Julia. Él comentó los riesgos de inundación de la zona a empleados de CEPA, dijo, pero no le prestaron atención. 

El ahora tras la Reforma Agraria

La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Condadillo de R.L. registró en el CNR más de 80 solares. Muchos de los residentes actuales son personas que fueron refugiados durante el conflictor armado en la década de 1980 y gracias a la reforma agraria obtuvieron títulos de propiedad del ISTA. Foto Factum/Gerson Nájera

Mauricio Valencia, sociólogo enfocado en el estudio de políticas públicas, explicó  que para entender la Reforma Agraria hay que entender las exigencias políticas de los años Setenta, pero cuyo origen se remontaba en demandas sobre la tenencia de la tierra desde décadas atrás. Ese contexto político de inestabilidad, dice, posibilitó el  surgimiento de  los primeros grupos guerrilleros. 

“Podríamos decir que no cuajó del todo, que no funcionó todo y que no generó los resultados que se esperaban con cualquier juicio. Fue una reforma fallida, digámoslo así, porque el tema de la productividad agrícola se vino abajo con la Reforma Agraria”, explica  Valencia.

La Reforma Agraria marcó la ruta para establecer una nueva redistribución de la tierra en el país con los Acuerdos De Paz, matizó el académico. Si bien no se potenció la producción agrícola, pero, en su opinión, sí se logró poner un freno a la acumulación de la tierra. 

Para Valencia, la Reforma Agraria logró colarse en la Constitución de la República, aprobada en 1983, y que establece en su artículo 105 un límite de posesión de doscientas cuarenta y cinco hectáreas de tierra, para personas naturales y jurídicas. 

“Después con los Acuerdos de Paz, se trata de marcar ese límite, es decir, de reformar la Constitución, para que no vuelva a existir ese proceso de acumulación de la riqueza, pero ya la tierra en ese momento no era el principal medio de producción. La producción agrícola dejó de ser la fuente generadora de la riqueza y empezamos a enfocarnos a otras áreas del mercado”, añadió

El negocio ahora, explica Valencia, es el mercado inmobiliario. 

“Se está generando otra vez el proceso de acumulación en la tenencia de la tierra, porque estos grupos (empresariales) están accediendo a la compra de grandes áreas de terreno. Y las personas afectadas se están viendo con el problema de enfrentar, ya sea los desalojos que hemos visto que se han suscitado en muchos lugares del país, o incluso tener que vender sus tierras obligadamente”, dijo. 

Rivera, la urbanista de la UCA, cuestiona por su parte la imposición del proyecto para los habitantes. “En el caso del aeropuerto, lo más macabro es que ahí ni siquiera hay un problema ahí que se crea que se puede solucionar con una obra, así es como se disfraza la gentrificación. Pero en el caso del aeropuerto, son personas que han vivido ahí por décadas, y dentro de la precariedad, son gente que vive de esas tierras. Lo que hay ahí es un desplazamiento forzado”, dijo. 

La académica criticó que si bien el Estado tiene la potestad para expropiar inmuebles por razones de utilidad pública, incluso en la Constitución, en realidad nunca la ha usado con el gran capital por cobardía; y actualmente está haciendo uso de esa facultad con poblaciones vulnerables. 

En tema social, Valencia piensa que es prioritario poner la atención al tema del ordenamiento territorial y el derecho a la vivienda digna, ya que no es sorpresa que las personas que son desalojadas y que no tienen el recurso económico necesario para obtener una vivienda adecuada se asienten en zonas vulnerables como quebradas, cerca de ríos, tierra propensa a deslizamiento o volcanes. Y señala que hay datos del Ministerio de Medio Ambiente que indican que más del 80% del territorio salvadoreño es territorio vulnerable.

“Estamos viendo que en el fondo el tema del desarrollo territorial sí importa, pero también importa verlo desde una visión integral del derecho humano, de la visión del impacto social, ambiental, económico. Ver el procedimiento jurídico que va a respaldar todos estos procesos, que al final están generando un problema cada vez más complejo que nadie ha querido asumir. Y digo, nadie ha querido asumir, porque esto no viene de ahora, es decir, esto viene de décadas. Entonces, es algo que ningún gobierno ha querido asumir, porque seguramente existen también intereses más allá de lo social, intereses económicos que están marcando la agenda pública o la agenda política del gobierno. Es algo que dentro de unos años nos va a estallar y es una situación que tenemos que resolver lo más pronto posible”, puntualizó Valencia.

*Los nombres de algunos afectados por la construcción del aeropuerto fueron cambiados por petición de ellos por temor a represalias.