En las últimas décadas, muchos países en América Latina han experimentado importantes turbulencias en sus regímenes políticos, resultado en gran medida de la poca capacidad de los Estados para brindar garantías esenciales a su población, tales como empleos dignos, seguridad a la integridad personal, acceso a sistemas de salud y educación de calidad, libertades y derechos de distinta índole, entre otros aspectos. En la medida que los ciudadanos y ciudadanas no perciban estas garantías, la efervescencia social permanecerá latente, colocando en riesgo la ya frágil estabilidad democrática y la legitimidad social de nuestro sistema político.
El desafío de asegurar condiciones de vida socialmente básicas no recae únicamente en los Estados. Existen otros actores que, desde diferentes aristas, deberían aportar a la solución de esta problemática. En esta ocasión concentro mi breve reflexión en la academia, instancia que comprende el conjunto organizado de instituciones educativas, sociales y culturales, que se dedican a la generación y divulgación de conocimiento, estudio, enseñanza, reflexión y debate sobre la realidad desde diferentes disciplinas.
Mediante el constante cuestionamiento intra e interdisciplinario, la academia debe ser una instancia con la capacidad de aportar diagnósticos o propuestas oportunas en torno a problemas locales, nacionales o regionales (según su alcance), brindar insumos a los tomadores de decisión (asumiendo que existen canales directos de comunicación entre academia y gobierno) para el diseño de intervenciones públicas y privadas encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas.
No obstante, en algunas ocasiones, ciertos sectores de la academia sufren de un enclaustramiento que, lamentablemente, puede terminar abonando a los mismos problemas en los que debería, más bien, aportar soluciones.
Los debates académicos quedan delimitados por una burbuja con mucha impermeabilidad, donde pareciera que únicamente eruditos y expertos pueden participar, cuando en realidad se trata de preocupaciones que conciernen y afectan a muchas más personas.
En otras circunstancias, la academia todavía no ha sido completamente capaz de traducir conclusiones elegantes –pero complejas– en mensajes sencillos y contundentes, que contribuyan a la formación y generación de consciencia en otros actores de la sociedad civil y en la población en general.
Por otro lado, si bien su misión final no es el ejercicio del poder político, el riesgo más grande que enfrentan algunos sectores dentro de la actual academia es que su tartamudeo social o silencio sepulcral –por estrategia de supervivencia o simple conveniencia– se puede convertir en un aliado de esquemas políticos que llevan a los países lejos del respeto a derechos que deberían ser universales e irrenunciables.
En contextos donde los tomadores de decisión huyen de la evidencia y donde los espacios de diálogo se cierran poco a poco, la academia debe reflexionar y replantear su misión y visión en la sociedad.
Esto debe surgir desde su mismo interior, impulsado por liderazgos emergentes, y retroalimentarse de otros sectores, sin perder su objetivo de aportar y poner conocimiento a disposición de las personas para mejorar el bienestar de las mayorías.
¿Qué elementos innovadores puede implementar la academia para incidir en la mejora paulatina de la sociedad? ¿Qué riesgos adicionales experimenta la academia ante contextos políticos desafiantes, propios de la región latinoamericana? Asimismo, para mis colegas que se dedican a esta labor social y educativa: ¿Academia para qué? ¿Para incidir de manera favorable en nuestra sociedad o para otros intereses menos loables? Estas son apenas algunas de las premisas en las que personas dentro de este círculo debemos reflexionar periódicamente; caso contrario corremos el riesgo de continuar hablando frente a un espejo o estrechar la mano con la incoherencia y la demagogia.
*Carlos Eduardo Argueta es economista, estadístico e investigador. Máster en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), máster en Estadística Aplicada a la Investigación y licenciado en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador). Cuenta con publicaciones académicas en temas sobre mercado de trabajo, sistemas de pensiones, migración, análisis de opinión pública, seguridad ciudadana y macroeconomía aplicada.
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